PALMER v DISTRICT OF COLUMBIA: UN JUEZ FEDERAL DECLARA INCONSTITUCIONAL LA PROHIBICIÓN DE PORTAR ARMAS FUERA DEL DOMICILIO.

Second Amendment

El pasado día 24 de julio de 2014, el juez federal Frederick J. Scullin jr, titular del juzgado del Distrito de Columbia, dictaba la sentencia en el caso Palmer v. District of Columbia, que aborda el polémico tema de la extensión de la segunda enmienda constitucional y que declara la inconstitucionalidad de una ley federal que prohíbe portar armas fuera del domicilio. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya se había pronunciado en dos ocasiones sobre el tema. La primera, en 2008, cuando en su sentencia District of Columbia v. Heller declaró la inconstitucionalidad de una legislación del Distrito de Columbia que obligaba a los propietarios de armas de fuego a tenerlas descargadas o inoperativas incluso en su propio domicilio, a la vez que declaraba como doctrina general que la segunda enmienda, o lo que es lo mismo, el derecho a portar armas, es un derecho de naturaleza estrictamente individual y no colectiva; la segunda en 2010, cuando en el asunto McDonald v. Chicago sostuvo que dicho precepto constitucional no era aplicable única y exclusivamente a la federación, sino a los estados, en virtud de lo que en terminología jurídico-forense norteamericana se denomina incorporation (es decir, la extensión de los derechos protegidos por las diez primeras enmiendas de la federación a los estados).
Pero en esta ocasión la cuestión es ligeramente distinta, dado que se impugnaba la constitucionalidad de una norma legal que prohíbe portar armas en la vía pública. En la página 9 de la sentencia, que es donde comienza propiamente el análisis jurídico del asunto, el juez reconoce que las dos sentencias anteriormente indicadas, sobre todo el caso Heller, nada dice expresamente sobre la posesión de armas fuera del recinto privado del hogar, si bien parece apuntar a una cierta dirección que es la que siguen otros tribunales federales, cuyas resoluciones cita. Para ello, el juez enfoca o centra jurídicamente el asunto indicando que para resolver el caso se precisan determinar si la restricción legal impuesta por la normativa, en el sentido de proscribir a todo ciudadano el portar armas fuera del domicilio choca con el derecho constitucionalmente protegido por la segunda enmienda constitucional, autorizando el derecho a portar armas para la autodefensa.
Aquí la sentencia se apoya fundamentalmente en la filosofía que inspira todo el caso Heller, es decir, en una interpretación de la segunda enmienda de tipo “originalista”, utilizando para ello “texto e historia”, es decir, una lectura estrictamente gramatical del precepto así como lo que realmente pretendían quienes redactaron dicho precepto. Para ello es menester dilucidar el significado que ha de otorgarse al término “portar” (“bear”), para lo cual la sentencia recurre de nuevo al caso Heller donde, a su vez, se remitía al voto particular que en el caso Muscarello v. United States hizo la juez Ruth Bader Gisburn, para la cual dicho vocablo implicaba “llevar, portar o transportar….personalmente, en el vestido o en un bolsillo, con el propósito….de estar armado y listo para su uso ofensico o defensivo en caso de conflicto con otra persona”. Lo que es más relevante, que el portar un arma en el interior del domicilio no agota la definición. Por cierto, es muy a tener en cuenta la cita textual que en esta resolución judicial se hace del caso United States v. Masciandaro, un caso resuelto el 24 de marzo de 2011 por el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, donde se interpretaba la sentencia Heller en un sentido ciertamente peculiar, dado que protegería: “el derecho de defenderse tanto de la violencia pública como privada….extendiendo tal derecho a cualquier persona que se encuentre expuesta a la violencia tanto pública como privada” (nótese el alcance de esta afirmación: el derecho a portar armas está pensado para garantizar la autodefensa del individuo incluso frente a la violencia ejercida por el poder público, siempre, claro está, que la misma sea ilegítima). Además, se cita igualmente el caso Moore v. Madigan (sentencia de 11 de diciembre de 2012 del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito Judicial), según la cual “una prohibición absoluta de portar armas en lugares públicos impide a una persona defenderse en cualquier otro lugar que no sea su domicilio, y una restricción tan absoluta del derecho a portar armas para la autodefensa requiere una motivación más amplia que la mera alegación que el público pueda beneficiarse de la misma, aunque en este caso no exista prueba que avale tal afirmación”. La sentencia, finalmente, estima la demanda y ordena a las autoridades se abstengan de ejecutar la ley declarada inconstitucional.
Con independencia de las opiniones que uno pueda tener sobre el particular, ha de reconocerse que el juez ha realizado un esfuerzo de motivación y un análisis del asunto impecable, determinando las cuestiones básicas que habrían de resolverse y dando una respuesta absolutamente razonada y motivada de las razones que le llevan a la conclusión que finalmente adopta. En temas tan polémicos (más en esta orilla del Atlántico que en la opuesta, donde una amplia mayoría está a favor de la libertad de armas) se puede estar o no de acuerdo con los argumentos, pero lo que en ningún caso se puede criticar al juez es que no esté claro lo que dice y por qué lo dice.
Es absolutamente cierto que los padres fundadores, a la hora de redactar la segunda enmienda, tenían muy cercana la actuación del gobierno británico que, para sofocar la revuelta de los colonos, tomó como una de las medidas fundamentales la de privar a las poblaciones de armas y municiones, medida ésta que los norteamericanos estimaron mucho más nocivas que las leyes fiscales que originaron la revuelta. Bien es cierto que los habitantes de las colonias creían honestamente que la mejor forma de asegurar un gobierno tiránico era desarmar a los súbditos. Lo que quizá es más discutible es trasladar esas premisas al mundo actual. Bien es cierto que en el propio caso Heller se admitían limitaciones, tanto respecto al tipo de armas a las que se extendía la segunda enmienda (no se encuentran protegidas todas las armas de fuego, sino un número limitado de ellas) pero abordar la materia con un mínimo de rigor nos obligaría a unas reflexiones mucho más amplias que exceden con mucho de lo pretendido con la presente entrada.
En fin, que la segunda enmienda y el derecho a portar armas va a seguir dando mucho jugo jurídico y mucho juego legal.

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