REFUTACIÓN DE LAS CRÍTICAS DE CARLOS CARNICER A LA LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES: EL “MIEDO A LA LIBERTAD”.

Anteproyecto Ley Servicios Profesionales

Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, el pasado día 31 de agosto de 2014 despedía en su blog el año judicial con una entrada que lleva por título La asignatura pendiente para septiembre, y en la cual sometía a crítica los que a su juicio, eran los principales errores del Gobierno en materia de justicia. Sus reproches iban dirigidos principalmente al Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, una andanada en toda la línea de flotación de los mismos (que no de los profesionales, entiéndase bien la distinción), lo que provocado la inmediata reacción de la casta dirigente de tales entidades, que, al ver peligrar sus privilegios, ha iniciado un ataque frontal al anteproyecto, si bien disfrazando sus reproches con el más vistoso y presentable ropaje de los presuntos “derechos ciudadanos” vulnerados con el mismo. El autor de estas líneas, haciendo uso de su legítimo y constitucional derecho de libertad de expresión, discrepa abierta y manifiestamente de las afirmaciones realizadas por el señor Carnicer quien, dicho sea de paso, parece que su auténtica vocación frustrada es la de haber sido presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, pues sus manifestaciones responden más por su contenido a dicho cargo que al máximo representante de la Abogacía española, y a las pruebas me remito: escuchen, analicen y reflexionen atentamente todas sus intervenciones y anoten cuantas veces habla del “justiciable” (término que repite hasta la extenuación y por el que parece tener un auténtico fetichismo) y cuantas lo hace preocupándose del estamento al que teóricamente representa. Pero no nos desviemos por los cerros de Úbeda y entremos ya en materia, es decir, expongamos las razones por las que a nuestro juicio el señor Carnicer yerra notablemente al hacer de la Ley de Servicios Profesionales objeto de tan injusto ataque.

Primero.- Se inicia la crítica apuntando al retraso en la aprobación de la ley, demora que “tal vez se deba a que el Gobierno está reflexionando sobre los perjuicios que esta ley puede causar a profesionales, a ciudadanos y a la economía del país”. No creo que esa sea la causa principal, sino que más bien el retraso se debe a la presión ejercida por todos y cada uno de los Colegios Profesionales, que a estos efectos constituyen un lobby tan poderoso a estos efectos como lo es la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos de América. Son muchas las zancadillas y obstáculos que estos vetustos, decimonónicos, arcaicos (el propio Carnicer lo reconoce implícitamente al indicar que “Tampoco se aprovecha la oportunidad para modernizar los colegios profesionales”, reconocimiento explícito de su anquilosamiento apergaminado) y superfluos entes están poniendo en el camino para mantener artificialmente su supervivencia. Pero volvamos al tema principal: me gustaría saber qué perjuicio le va a causar la ley al profesional. ¿Económico? Imposible, porque lo que va a hacer esta norma es precisamente aliviar la economía del profesional al reducir las obligaciones económicas eliminando o reduciendo las draconianas cuotas de inscripción obligatoria (que en ocasiones suponían un auténtico latrocinio –siendo con el calificativo tan generoso como prudente, para evitar expresiones quizá más adecuadas-, como en el caso de Gijón, que hasta hace muy poco cobraba por darse de alta la nada despreciable cifra de 1.300 euros cuando en otros lugares no se llegaba ni a los 300) y reduciendo drásticamente las cuotas trimestrales, auténtico impuesto revolucionario en ocasiones absolutamente confiscatorio si tenemos en cuenta la relación cuota/servicios prestados. ¿Profesional? ¿En qué va a notar el colegiado la desaparición más que en una inmensa sensación de libertad? ¿Por qué las élites tienen tanto miedo a que se ofrezca al profesional titulado la libérrima potestad de decidir si pertenecer o no a tales entidades? Quizá porque son conscientes de que si desaparece el ominoso yugo que aún hoy permanece bajo la forma de colegiación obligatoria, si se da a la gente la libertad para decidir si pertenecer o no a tales corporaciones no llegaría quizá ni la cuarta parte los que se inscribieran voluntariamente en las mismas.

Segundo- En el tercer párrafo se apuntan ya alguna de las razones que se esgrimen contra el proyecto: “La nueva regulación fija las cuotas colegiales en 240 euros al año, lo que condenaría a la desaparición a muchos Colegios, con la siguiente pérdida de puestos de trabajo. En un país en el que cerca de 6 millones de personas no tienen un empleo, la aprobación de esta norma tal y como está actualmente supondría aumentar esta cifra en hasta 10.000 personas”. Bien, son en realidad dos las razones que se esgrimen, aunque íntimamente ligadas:
A.- La reducción o limitación máxima de cuotas colegiales a 240 euros anuales. Bien, pensemos: si la colegiación es obligatoria basándose en que las Corporaciones profesionales tienen la consideración a ciertos efectos de Administración pública, lo lógico es que se sufragasen vía presupuestaria a través de ingresos públicos ordinarios, no de cuotas colegiales, pues siguiendo esa tesis, debería imponerse la colegiación obligatoria a los jueces y que las retribuciones tanto del Consejo General del Poder Judicial como de la Magistratura se sufragasen con las cuotas de los interesados. Si la colegiación es obligatoria e impuesta, lo lógico es que o no se exijan al obligatoriamente inserto en la organización compensación pecuniaria o que esta sea reducida al mínimo. Con todo el respeto, las cuotas colegiales recuerdan lejanamente la situación existente en el Chicago de la prohibición, cuando algunos establecimientos se veían obligados a satisfacer determinadas cantidades por “protección del negocio” a quienes, en caso de no abonarlas, se encargaban de hacer necesaria dicha “protección”.
B.- En relación al aumento de la cifra de desempleados. Con tan peregrina y manida tesis, me gustaría saber qué hubiera hecho el defensor de la misma para mantener empleos tradicionales como el afilador, el aguador, el carbonero, el lechero –profesión ésta, por cierto, de mi bisabuela paterna- porque si la memoria no me falla, el suministro de agua en los edificios ha supuesto la desaparición de los aguadores; la venta de leche en los supermercados la de los lecheros; la desaparición de las cocinas de carbón la de los carboneros; no hablemos ya de otros que hasta hace bien poco pululaban por las calles, como los boleros (léase, limpiabotas), afiladores o los míticos butaneros. Con dicha tesis jamás se hubiera debido introducir la informática en los negocios ni en las Administraciones, dado que ello efectivamente arrojó también a decenas de miles de personas a la cola del paro; o, centrados en la Administración de Justicia, supongo que el señor Carnicer con el paraguas de dicho argumento también estará en contra de la implantación del expediente electrónico, pues quizá al igual que ha ocurrido en otros sectores ello eliminará miles de puestos de trabajo; al fin y al cabo, aún puede trabajarse con amanuenses, pluma, papel (o pergamino) y tinta. Por esa regla de tres, no implantemos el expediente digital, porque ¿se imagina la cantidad de gente que podría perder directa o indirectamente su empleo –en fábricas de papel, establecimientos de venta, fábricas de utensilios para la escritura [innecesarios en una edición digital]? Este argumento no es ya que no sea de recibo, es que es, simplemente, ridículo.

Tercero- Una nueva vuelta de tuerca lleva al máximo representante de la abogacía española a manifestar: “Los Colegios Profesionales tienen su razón de ser en la protección de materias sensibles que afectan a los ciudadanos, como la salud y la justicia. Una de las labores más importantes de los Colegios es garantizar que los profesionales que atienden a los ciudadanos cumplen las normas deontológicas de cada profesión. Con la nueva norma, la no colegiación obligatoria de los abogados que tengan una relación laboral con su cliente, como los abogados de empresa, implicaría una absoluta falta de control deontológico y disciplinario”. De nuevo ello nos plantea varios motivos de reflexión que, a mi humilde entender, desvirtúan dichos asertos.
A.- La razón que se expone para justificar la existencia de los colegios profesionales es absolutamente peregrina. Llevando esta tesis a sus máximos extremos, el noventa por ciento de las profesiones, tituladas o no, debieran estar sujetas a colegiación obligatoria por afectar directa o indirectamente a los ciudadanos. ¿O es que un fontanero o una persona encargada de reparar averías en los suministros de luz y gas no realizan tareas que pueden afectar indirectamente a la salud de las personas?
B.- Si uno lee atentamente el código deontológico verá que muchos de sus preceptos son meras proclamaciones vacuas de unos preceptos éticos o filosóficos que el abogado debe seguir; en otras palabras, la concreción en el ámbito de la abogacía del deberes metajurídicos generales como la educación, respeto e integridad que no deberían ser exclusivos al abogado, sino inherentes a toda persona con independencia de su profesión u oficio. Ahora bien, la vulneración de normas éticas en muy reducidos casos se traduce en infracción de preceptos legales. Su incumplimiento puede ser socialmente reprochable y personalmente lamentable, pero no legalmente punible.
C.- Decir que la ausencia de la colegiación obligatoria implica una desprotección para el ciudadano es un disparate tan monumental que se resiste a todo comentario. ¿Está jurídicamente desprotegido un ciudadano si desea reclamar frente a una compañía suministradora del servicio de telefonía móvil, de electricidad o de agua? ¿Están cercenados los derechos del usuario de los servicios bancarios? ¿Un profesional de la fontanería, de la electricidad, del gas e incluso quienes desempeñen su trabajo en servicios técnicos oficiales y que realicen defectuosamente sus tareas están blindados ante toda reclamación frente al usuario por el simple hecho de no existir colegiación obligatoria?. El ciudadano que deposita su confianza en un abogado para que le lleve un asunto tiene todos los instrumentos que a su alcance pone la legislación de consumo, y como tal puede acudir a los Tribunales en defensa de sus derechos, y ello ni lo cercena ni lo restringe la ausencia de colegiación.
Alguien podrá objetarme que la Administración de Justicia es diferente. Bien, limitémonos a dicho ámbito: los funcionarios que integran los Servicios Jurídicos de las distintas Administraciones públicas no están sujetos a la colegiación obligatoria…¿Acaso ello implica una falta de “control deontológico y disciplinario” de los mismos? Porque el profesional del derecho, que yo sepa, puede con su actuación no sólo perjudicar a su propio cliente, sino a la otra parte o incluso a terceros (por ejemplo, a un compañero, si teóricamente se vulneran las normas deontológicas). Ni fiscales, ni funcionarios de los servicios jurídicos tienen que estar colegiados. Por cierto, no me resisto a indicar que en la otra orilla del Atlántico los equivalentes a los fiscales españoles pueden ser expulsados de la profesión por el mismo comité que puede enjuiciar la labor de un letrado.

Cuarto- Last, but not least, concluye sus reproches el señor Carnicer indicando que “En cuanto al lugar de colegiación, es evidente que ésta debe efectuarse en el lugar donde esté el domicilio profesional del abogado. La libre elección por los abogados del Colegio al que adscribirse supondría una desvinculación real del colegiado con respecto al Colegio y afectaría a servicios eminentemente territoriales, como la prestación del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita”. Reflexionemos un momento sobre este aspecto concreto. Si se ha impuesto definitivamente la colegiación única y un profesional de la abogacía puede ejercer la misma en cualquier parte del territorio nacional mediante la incorporación a un único colegio, lo lógico es que pueda desempeñar igualmente los servicios de asistencia jurídica gratuita en todo el territorio nacional pues sería paradójico, por no decir esquizofrénico, que para unas cosas se pueda ejercer en todo el territorio y para otras no. Ello no obsta, claro está, para que en la práctica todo letrado en ejercicio sepa que en determinadas ramas del ordenamiento será difícil ejercer si uno no tiene residencia en determinado lugar, por ejemplo, en los procesos penales, que sí exige una presencia física inmediata; no obstante, en procesos civiles, contencioso-administrativos y sociales no habría inconveniente alguno; los procesos contenciosos son predominantemente escritos, salvo en el procedimiento abreviado donde únicamente se exige la presencia física del letrado en la vista oral, ocurriendo lo mismo en los pleitos civiles y laborales. Es más, incluso con la generalización del sistema Lexnet para abogados, donde incluso se podrán presentar por vía telemática escritos dirigidos a los órganos judiciales, la presencia física del letrado se diluirá con el tiempo, no siendo imprescindible la misma salvo en contadísimas ocasiones. Cuando en el ámbito administrativo existe la posibilidad de presentar escritos por vía telemática sin necesidad de salir del domicilio personal o profesional, no veo por qué en la Administración de Justicia ello ha de ser distinto.
Lo que en realidad revela esta crítica es que determinadas personas aún no han comprendido íntegramente las implicaciones que la implantación de los medios telemáticos van a implicar en el mundo de la Administración de Justicia, algo que en contadas ocasiones puede explicarse por motivos exclusivamente biológicos o de edad. Esta crítica revela, una vez más, que los dirigentes colegiales se encuentran manejando esquemas más propios de la época de don Antonio Cánovas del Castillo que de la actual.

Existen algunos argumentos contra el proyecto de ley de servicios profesionales que sinceramente uno no sabe si son un ejercicio de cinismo sin precedentes o una bufonada siniestra. Ejemplo: la noticia que el pasado nueve de agosto publicaba la edición digital de El Economista, según la cual el colegio de gestores administrativos pide al Gobierno que “reconsidere el anteproyecto que tal y como está concebido tiene un carácter antidemocrático” (sic). Hace falta una caradura sin límites para realizar estas manifestaciones ¿Existe algo más “antidemocrático” que la colegiación obligatoria? ¿Existe algo más dictatorial que imponer a un ciudadano que desea ejercer una profesión la pesada losa de incorporarse a unos entes a quienes debe sufragar? ¿Se permiten usar el calificativo de “antidemocrático” unos entes que si perviven es precisamente por tener el “antidemocrático” privilegio de beneficiarse de un comportamiento “antidemocrático” que persiste nada más que por pura inercia histórica, al igual que otras tantas cosas en este país? En definitiva, que se vuelve al lema de la Ilustración: “Todo para el pueblo…..pero sin el pueblo“, o lo que es lo mismo, los jerarcas colegiales consideran a los colegiados como menores de edad.

En una de las viñetas del gran e ilustre Francisco Ibáñez, que tantas y tan sanas carcajadas nos ha sonsacado con sus álbumes, Mortadelo describía su disfraz de extraterrestre con estas palabras: “Cuando lo vió Supermán le dio un calambre en el intestino grueso”. Mucho me temo que las críticas al proyecto de Ley de Servicios Profesionales no están motivadas por el perjuicio (a mi entender inexistente) que ello supondrá para el profesional o para el ciudadano, sino al efecto que la lectura del mismo ha ocasionado a la casta dirigente de los colegios profesionales, que probablemente no ha sido muy distinto del que, según Ibáñez, a Supermán le produjo la visión del disfraz de extraterrestre de Mortadelo. O, si esta metáfora no les es grata, lo que experimentan no es más que (permítaseme utilizar el título de un libro de Erich Fromm) un incontrolable “miedo a la libertad“, pero a la libertad de los colegiados. ¿Darles libertad de elección? Ni hablar, por Dios! No se coma de la fruta del arbol del bien y del mal, no sea que el hombre alcance definitivamente el conocmiento.

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5 comentarios el “REFUTACIÓN DE LAS CRÍTICAS DE CARLOS CARNICER A LA LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES: EL “MIEDO A LA LIBERTAD”.

  1. Fantástico análisis.

    Solo añadiría que hay uso y costumbre, que el aparato burocrático se retroalimenta desde ya hace muchos años entre maderas nobles y terciopelos de los despachos de relumbrón, mirando, eso si, para otro lado cuando es menester.

    Es nuestro uso y costumbre.

  2. Bingo y si además observas que se da la contradiccion de estar defendiendo la colegiacion al tiempo que de estar loando al no colegiado… apaga y vamonos.

  3. Me ha gustado su post. Por lo menos se nota que quien lo escribe sabe hacer un análisis con un nivel intelectual y no los despropósitos voluntarios pero infumables que nos solemos encontrar por la red.
    De acuerdo en muchas cosas y en desacuerdo en algunas otras, pero eso es lo de menos. Tampoco aspiro a tener razón en lo que pienso aunque lo tenga por cierto.
    Creo que la cuestión fundamental se refleja perfectamente al extractar la expresión del Sr. Carnicer “Tampoco se aprovecha la oportunidad para modernizar los colegios profesionales”.
    He ahí la cuestión, la LSCP ha servido como excusa para que los colegios se encastillen y sigan como están, más o menos, con el cuento de “A mí mis valientes que nos invade el enemigo que se quiere cargar la profesión”.
    Y así seguiremos con organizaciones prediluvianas.

    Un arquitecto colegiado.

  4. Magnífico artículo. Solo hay qué ver a estos “castos” personajes de la foto para darse uno cuenta de lo que se han convertido los Colegios Profesionales; entidades empeñadas en seguir con el sustento obligado al profesional. Actos demenciales como algunos Colegios Profesionales que practican el apadrinamiento para los nuevos colegiados (verídico), que venden en exclusiva toda clase de servicios, que se saltan a la torera las Leyes de la Competencia. Espero que no tarde mucho más esta Ley y acabe con la patente de corso y tengamos entidades que velen por los intereses de los profesionales.

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