GELPCKE v CITY OF DUBUQUE: CUANDO LA JUSTICIA MATERIAL PRIMA SOBRE LA LEGALIDAD FORMAL.

Noah Swayne

En su imprescindible blog contencioso.es, José Ramón Chaves reflexionaba en una de sus recientes entradas, en concreto la que lleva por título Sobre sentencias materialmente injustas, acerca de resoluciones que, apegadas estrictamente al ordenamiento jurídico vigente, chocan, sin embargo, con la idea de justicia material que ha de presidir (o, cuando menos, hacia la que debería estar orientada) la Administración de Justicia en sentido estricto. Pues bien, complementando de alguna manera dicha reflexión, me gustaría referirme a un viejo caso resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde el máximo órgano judicial de la federación norteamericana actuó de forma radicalmente distinta, ya que saltó literalmente por encima de la normativa en vigor para resolver un asunto basándose estrictamente en criterios de justicia material. El caso en cuestión, es el asunto Gelpcke v. City of Dubuque (68 US 175 [1864]), resuelta además en unos momentos en que el país estaba inmerso en plena guerra de secesión. El fondo del asunto era muy delicado, dado que afectaba a algo tan delicado como si los titulares de deuda pública emitida por un ente local tenían derecho a recuperar su dinero en el caso de que la emisión de la deuda hubiese sido declarada ilegal. Pero, para conocer el fondo del asunto, es preciso hacer una breve referencia al entorno histórico y social en el que el mismo se planteó.
Si las ciudades medievales competían entre sí por la magnificencia de sus catedrales, en el territorio estadounidense a mediados del siglo XIX la rivalidad entre distintos entes locales tenía como objeto la cercanía del ferrocarril. En efecto, el siglo XIX está íntimamente ligado en el territorio americano al tendido y expansión del “camino de hierro”, cuya gesta se inmortalizó en numerosas novelas y películas. Cada ciudad ansiaba tener su propia estación o, cuando menos y en el peor de los casos, lograr que el tren pasase lo más cerca posible de su territorio. Ello llevaba lógicamente a plantearse en problema del coste que la operación acarreaba pero, sobre todo y por encima de todo, el modo de financiar la operación. Ello determinó que muchas ciudades optasen por emitir deuda pública con la finalidad expresa de obtener recursos para llevar a cabo esa tarea. Y es en este ambiente de frenesí cívico por contar con ese nuevo medio de transporte la que originó los hechos que ulteriormente darían lugar al caso Gelpcke.
El Tribunal Supremo del Estado de Iowa, en una serie de sentencias dictadas en interpretación de la constitución de dicho estado (que había sido aprobada en 1846), indicó que no era contrario al texto constitucional que la legislatura pudiese autorizar a las ciudades a emitir deuda pública; en otras palabras, que los entes locales no están originariamente facultados para dicha emisión, pero el estado puede autorizarles debidamente para ello. Al tratarse de un asunto de interpretación no de leyes federales, sino estatales (en este caso, las de Iowa) el Tribunal Supremo del Estado tiene la última palabra, por lo que, al amparo de la doctrina avalando la constitucionalidad de la emisión de deuda local mediando la precisa autorización del estado, la legislatura de Iowa aprobó el 27 de enero de 1857 una ley autorizando a la ciudad de Dubuque a emitir deuda pública por importe de 250.000 dólares para sufragar la construcción de la vía ferroviaria, lo que se haría abonando un cierto interés y reintegrando las cantidades el día 1 de enero de 1877 en el Banco Metropolitano de Nueva York. La ciudad emitió la deuda y los compradores suscribieron la misma. Pero entonces, súbitamente el Tribunal Supremo de Iowa muta su criterio, rectifica la jurisprudencia anterior y sostiene, en interpretación de la constitución estatal de 1846, que no es lícito que el estado autorice a un ente local a emitir deuda pública. Y entonces estalla el conflicto ante el incumplimiento por la ciudad de Dubuque de sus compromisos contractuales, al no abonar los intereses estipulados. El conflicto era peliagudo, porque todas las partes en conflicto habían actuado de buena fe: lo había hecho la legislatura de Iowa (basándose en el criterio mantenido hasta entonces por el Tribunal Supremo del Estado) a la hora de autorizar a la ciudad de Dubuque a emitir deuda; lo había hecho la ciudad de Dubuque, amparada en la autorización estatal; e indudablemente los compradores, que habían comprobado la legalidad de la emisión. Si algún culpable podía existir era sin duda alguna la esquizofrénica postura del Tribunal Supremo del Estado, que a la hora de interpretar un mismo precepto constitucional había mutado súbita e inesperadamente su criterio.
El asunto acabó en un juzgado federal de Iowa (debido a la regla de la “residencia en estados distintos” de las partes en liza), pero el que la competencia objetiva para conocer el asunto radicase en el juzgado federal no implicaba que la legislación material aplicable fuese otra que la del estado de Iowa, cuyo intérprete máximo era, como ya hemos dicho, el Tribunal Supremo de dicho estado. El asunto acabó en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien hizo pública su sentencia el 11 de enero de 1864. La lógica jurídica implicaba que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos debía aplicar la normativa estatal de conformidad con la reciente interpretación del Tribunal Supremo de Iowa, pero no lo hizo así, y se alió indudablemente con los compradores de la deuda. En una sentencia de la que fue ponente el juez Noah Swayne (cuyo retrato encabeza la presente entrada), quien en la última frase de la resolución judicial ofreció un resumen del principio jurídico del cual se apartaban para concluir indicando de una forma algo poética las razones por las que orillaban un principio jurídico esencial: “No desconocemos la importancia de la uniformidad en las decisiones de este Tribunal y aquellos de los más altos tribunales estatales interpretando las leyes y las constituciones de sus propios estados. Es un principio consolidado que en tales casos el Tribunal ha de seguir la interpretación de los tribunales estatales. Pero en la historia de este Tribunal han existido, y sin duda alguna existirán, muchos casos excepcionales. Nunca inmolaremos la verdad, la justicia y la ley por el hecho de que un tribunal del estado haya construido un altar y decretado el sacrificio.” El juez Samuel F Miller formuló un airado voto particular disidente por el hecho de que el Tribunal hubiese orillado un principio procesal consolidado a la hora de resolver un asunto.
En definitiva, que el Tribunal Supremo decidió orillar los sólidos principios legales existentes para actuar conforme a criterios de simple justicia material. Y lo hizo en nombre de la verdad, la justicia y la ley, que no debían ser “inmoladas” aunque otro tribunal hubiese “decretado el sacrificio”. Por desgracia, en nuestro país en demasiadas ocasiones el sacrificio se consuma, y la verdad, la justicia y la ley son orilladas en aras de un formalismo que prima conceptos tan venidos a menos a la vista de la época en que vivimos como el de “interés público”, que hoy en día más que un concepto jurídico indeterminado ha pasado a ser como una especie de excepción procesal encubierta.

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