HISTORIAS DE CONSEJOS CONSULTIVOS.

Consejos Consultivos

Esta primera semana de octubre, don Bernardo Fernández, a la sazón presidente del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, hubo de salir un par de veces a la palestra a realizar declaraciones en relación a dos noticias, una nacional y otra local, para intentar marcar distancias y defender a la institución que preside y de la cual, por tanto, es la cabeza visible. Curiosamente, en ambos casos tenía la razón de su parte, si bien en el segundo con algún que otro matiz.

1.- En la primera de las ocasiones, se enfrentaba a la noticia relativa al afortunadamente ya ex ministro de Justicia, don Alberto Ruíz Gallardón, quien pese a sus solemnes declaraciones y promesas de retirarse de la vida pública, no tardó ni tan siquiera un par de días en desmentirlas con los hechos al solicitar su ingreso en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, garantizándose con ello unos nada desdeñables ocho mil quinientos euros mensuales (lo cual, teniendo en cuenta el salario medio de un titulado superior en nuestro país, es un auténtico escándalo). Bernardo Fernández indicaba que si ello podía ocurrir en el órgano consultivo autonómico de la Comunidad de Madrid, ello sería impensable en el equivalente autonómico asturiano. Y en efecto, en este punto la razón se sitúa inequívocamente al lado de Bernardo Fernández. Baste para ello simplemente con analizar la regulación legal de ambos organismos consultivos:

A.- Le Ley 6/2007 de 21 de diciembre, reguladora del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, regula su composición en el Título I, distinguiendo en su artículo séptimo entre consejeros permanentes y consejeros electivos. A la condición de consejero permanente, cargo de carácter vitalicio, únicamente pueden acceder quienes hayan sido Presidentes de la Comunidad de Madrid; y es que, en efecto, el artículo 7.1 de dicho texto legal establece que “Son Consejeros permanentes los ex Presidentes de la Comunidad de Madrid. Quienes ostenten tal condición podrán solicitar su incorporación al Consejo Consultivo en cualquier momento, previa declaración de no estar incursos en causa de incompatibilidad”; norma que en cierta medida es la versión “manola” del artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/1980 de 22 de abril, del Consejo de Estado, según la cual “Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del Gobierno adquirirán la condición de Consejeros natos de Estado con carácter vitalicio, y en cualquier momento podrán manifestar al Presidente del Consejo de Estado su voluntad de incorporarse a él”. En definitiva, que de lo que se trata es de garantizar una prebenda vitalicia a quienes hayan ostentado el cargo de jefes del ejecutivo estatal o autonómico.

Dicho sea de paso, no deja de producir cierta perplejidad la composición del órgano consultivo madrileño, pues si los consejeros permanentes son los ex presidentes de la Comunidad de Madrid, observen los lectores del blog quienes son los electivos. Se establecen dos posibilidades: o bien juristas con más de quince años de experiencia, o bien personas que hayan desempeñado determinados cargos públicos (Presidente de la Asamblea legislativa de la Comunidad de Madrid, Consejero o Viceconsejero de la Comunidad de Madrid, Alcalde de Madrid o Alto Cargo de la Administración General del Estado con la categoría mínima de subsecretario). Teniendo en cuenta que los consejeros electivos se nombran por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad, ya me dirán ustedes si se prefiere a los juristas o a los altos cargos. Dada la procedencia de los consejeros, ya podrá barruntar el humilde ciudadano la imparcialidad que los mismos tendrán a la hora de realizar los dictámenes en cuanto afecten a la Comunidad de Madrid.

B.- Por el contrario, en el caso de Asturias, la organización interna del Consejo Consultivo difiere sobremanera. En efecto, la Ley 1/2004 de 21 de octubre, del Consejo Consultivo, establece en el Capítulo I del Título I la organización interna, que la integran un Presidente y cinco vocales. Ya existe una primera variación terminológica, pues sus miembros se denominan “vocales” y no “consejeros”. Pero en cuanto a los requisitos para ser vocal son mucho más amplios que los del órgano consultivo madrileño, dado que el artículo 6.1 establece que podrán ostentar tal condición las “personas que, gozando de la condición política de asturianos sean juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia profesional efectiva”. Además, se restringen las facultades del Consejo de Gobierno autonómico, pues aunque los vocales son nombrados por Decreto de dicho órgano, tres de ellos son, sí, de designación administrativa, pero los dos restantes ha de hacerlo a propuesta de la Junta General del Principado (órgano legislativo) por mayoría de 3/5, lo que necesariamente implica la necesidad de un consenso entre los diferentes grupos parlamentarios.

2.- La segunda de las ocasiones es más reciente, el Presidente del Consejo Consultivo pedía respeto al Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, Alejandro Roces, a raíz de las manifestaciones de éste respecto al máximo órgano consultivo autonómico en relación al Dictamen emitido en el peliagudo asunto de la licencia denegada en su día a Forum Sport, dictamen cuyas tesis no fueron tenidas en cuenta por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón, que se apartó del criterio jurídico sostenido por tal institución consultiva. Aquí, la razón está de nuevo con don Bernardo, aunque en esta ocasión tan sólo parcialmente. Cierto es que las manifestaciones de don Alejandro Roces fueron muy desafortunadas pues en un nuevo exceso verbal (no es la primera vez que teniendo razón en el fondo el meritado edil, la pierde por su habitual falta de elegancia dialéctica) manifestaba textualmente que dicho organismo no es independiente, sino que depende del Principado. Ya hemos visto la regulación jurídica del órgano consultivo madrileño y la del asturiano, y si bien es cierto que la composición en ambos casos hace que la mayoría de sus miembros se incline de forma inequívoca hacia las tesis autonómicas, en el caso del Consejo Consultivo del Principado de Asturias la regulación es mucho más amplia que en el caso madrileño. Puede coincidirse con el edil en que el Dictamen del Consejo puede ser jurídicamente discutible, estilísticamente mejorable e incluso (esto lo digo yo) excesivamente riguroso si tenemos en cuenta la genuflexa docilidad manifestada por ese mismo órgano consultivo ante el informe solicitado por el Presidente del Principado de Asturias a la hora de limitar las ocasiones en que un candidato puede ser reelegido para el máximo órgano ejecutivo autonómico (planteada en términos realmente penosos y a los que el Consejo Consultivo, tan picajoso y puntilloso en ocasiones, ni tan siquiera hizo las más elementales correcciones en cuanto a la forma de ser expuesta la consulta). Ahora bien, don Bernardo Fernández (persona, por cierto, intelectualmente brillante y de honestidad personal fuera de toda duda) debería ser más prudente, pues alguien podría recordarle el vergonzoso affaire protagonizado por la institución que preside hace apenas medio año. Pues podríamos sacar del baúl de los recuerdos lo acaecido el 9 de abril de 2014 (oh casualidad casualidad), justo al día siguiente de hacerse pública la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón que declaraba conforme a Derecho el cese de Dora Alonso (la Secretaria del Ayuntamiento de Gijón), cuando súbitamente aparecía en la página web del Consejo Consultivo una oferta de empleo en la que se requería, para el puesto de Letrado Jefe en comisión de servicios, un licenciado en Derecho que ostentase la condición funcionario con habilitación de carácter nacional, cargo para el cual las instancias deberían presentarse en el plazo de diez días naturales. Ante el escándalo que la noticia provocó, el propio Bernardo Fernández se vio en lo que para él seguramente hubo de ser una penosa obligación: negar públicamente la evidencia al argumentar, cito textualmente según declaraciones realizadas al Diario El Comercio el día 17 de abril de 2014, que el puesto en modo alguno estaba “dado” y que la urgencia o premura se debía a que “el puesto debe quedar cubierto como muy tarde el 1 de mayo, que es cuando expira la comisión de servicios. de la actual letrada jefe”. Pues bien, el propio Consejo Consultivo se encargó de dejar en evidencia a su presidente, pues en su página web aparecía el 22 de mayo de 2014 una oferta para “Cobertura del puesto de trabajo Letrado Jefe en Comisión de Servicios”, y donde ya no aparece (al menos formalmente en la oferta) el requisito de ser funcionario habilitado. Ahora bien, la pregunta salta a la vista: si según el Presidente, el puesto debía quedar cubierto “como muy tarde” el 1 de mayo, ¿cómo es que la oferta se reitera el día 22 de dicho mes de mayo?

En definitiva, se trata de pequeñas historias que afectan a unos organismos autonómicos en cuya creación y proliferación tiene gran culpa ese nefasto organismo, nunca lo suficientemente criticado, que se llama Tribunal Constitucional, auténtico cáncer del sistema. El origen se encuentra en la cuestión de inconstitucionalidad que en su día presentó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana frente al artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado; la Sala, pese a conocer la “polémica doctrinal y jurisprudencial surgida sobre este precepto ni la STC 56/1990, donde este Tribunal ha afirmado que el Consejo de Estado no es un órgano exclusivamente vinculado al Gobierno, sino que tiene en realidad el carácter de órgano de relevancia constitucional al servicio de la concepción del Estado que la propia Constitución establece”, argumentaba que el informe del Consejo de Estado a un proyecto de Decreto autonómico podría ser contraria al principio de autonomía. Pues bien, esta cuestión dio lugar a la Sentencia 204/1992 de 26 de noviembre del Pleno del Tribunal Constitucional que rechaza tajantemente que tal circunstancia pueda vulnerar competencia autonómica alguna y el fundamento jurídico segundo lo deja bien claro: “que el art. 107 C.E. no contemple expresamente sino la función consultiva que el Consejo de Estado desarrolla para el Gobierno de la Nación, no quiere decir que ese órgano haya de quedar confinado al ejercicio de esa específica función y que no pueda extenderse el alcance de su intervención consultiva. En realidad, el ámbito de actuación del Consejo de Estado es mucho más amplio, y se ha venido configurando históricamente como órgano consultivo de las Administraciones públicas. El hecho de que no forme parte de la Administración activa, su autonomía orgánica y funcional, garantía de objetividad e independencia, le habilitan para el cumplimiento de esa tarea, más allá de su condición esencial de órgano consultivo del Gobierno, en relación también con otros órganos gubernativos y con Administraciones públicas distintas de la del Estado, en los términos que las leyes dispongan, conforme a la Constitución […] De esta manera, el Consejo de Estado puede ejercer esa función de órgano consultivo con relevancia constitucional “al servicio de la concepción del Estado que la propia Constitución establece”, a que nos referíamos en la STC 56/1990 (fundamento jurídico 37). Y ello sin merma del principio de autonomía sancionado por los arts. 2 y 137 C.E., puesto que, según subraya esa Sentencia, “no forma parte de la Administración activa”, sino que es “un órgano consultivo que actúa, en todo caso, con autonomía orgánica y funcional en garantía de su objetividad e independencia”. Su actuación no supone, pues, dependencia alguna del Gobierno y la Administración autonómica respecto del Gobierno y la Administración del Estado, y ello aunque se trate de un órgano centralizado, con competencia sobre todo el territorio nacional. Por otra parte, tampoco puede estimarse que cualquier intervención del Consejo de Estado en el ámbito de competencia de las Comunidades Autónomas esté excluida a contrario sensu por el art. 153 C.E., que regula el control externo de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas. Por último, el mero hecho de que se prevea la consulta preceptiva al Consejo de Estado en relación con determinadas actuaciones administrativas de las Comunidades Autónomas no significa en absoluto insertar un órgano de la Administración del Estado en el esquema organizativo de aquéllas, infringiendo así su potestad de autoorganización…”. Ahora bien, tras negar la principal, este nefasto y peligrosísimo órgano se creyó en la obligación de manifestar lo siguiente en el fundamento jurídico cuarto: “Ningún precepto constitucional, y menos aún el que se refiere al Consejo de Estado, impide que en el ejercicio de esa autonomía organizativa las Comunidades Autónomas puedan establecer, en su propio ámbito, órganos consultivos equivalentes al Consejo de Estado en cuanto a su organización y competencias, siempre que estas se ciñan a la esfera de atribuciones y actividades de los respectivos Gobiernos y Administraciones autonómicas”. La caja de Pandora ya estaba abierta nada menos que por el máximo intérprete de la Constitución; y al igual que en el mito griego, los males se desperdigaron por los distintos territorios en forma de proliferación de organismos autonómicos.

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