LO QUE LA CRISIS NOS DEJÓ (II): ASPECTOS JURÍDICOS

Crisis

En nuestra anterior entrada hacíamos unas reflexiones genéricas sobre el impacto de la crisis económica en nuestro país. Complementando las mismas, efectuaremos hoy una reflexión más fundada en Derecho, incidiendo en aquello no ya que la crisis nos ha traído, que es evidente, sino con más propiedad, lo que la crisis “no se llevó”.

I.- Imposición del “pensamiento único” en relación al modo de solventar la crisis. Esta tesis se encuentra magníficamente expuesta en el trabajo que con el título Crisis económica y crisis constitucional en Europa, publicó Francisco Balaguer Callejón en el número 98 (mayo-agosto de 2013) de la Revista Española de Derecho Constitucional. Defiende dicho autor que se está imponiendo el “pensamiento único” en relación al modo de solventar la crisis, que pasa por la reducción del gasto público y la imposición del equilibrio presupuestario como única vía para salir de la crisis. No es, aclara el autor, que no sea deseable dicho fin, ni tampoco es cuestionable que la impuesta sea una posible salida legítima a la difícil situación de crisis, sino que la misma trate de imponerse como la única posible hasta el punto incluso de cercenar el simple debate de otras posibles alternativas. Ello supone, según el autor, en un retroceso de la democracia, en cuanto ésta supone la representación de los distintos sectores sociales.

II.- Quiebra de los procedimientos jurídicos. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, en su artículo Sobre las transformaciones del Derecho Público de León Duguit (publicado en el número 190 [enero-abril de 2013] de la Revista de Administración Pública), sostenía que en la actualidad se está “intentando reducir el Derecho, ni más ni menos, a un mero procedimiento a usar como convenga por el poder político o el poder económico y financiero de cada momento”; es decir, que el Derecho ya no sería un instrumento para resolución pacífica de conflictos, sino un mero conjunto de reglas procedimentales que el poder público debe respetar en su actuación, sin límite material alguno en cuanto al contenido. Pues bien, incluso hasta de eso se está prescindiendo. Como indica muy acertadamente Francisco Balaguer en el artículo citado en el punto anterior, en el ámbito europeo “las decisiones que se adoptan no siempre se mueven dentro del marco competencial de la Unión Europea ni se desarrollan de acuerdo con los procedimientos establecidos en los Tratados”. Ahora bien, esas decisiones o acuerdos “informales” sorprendentemente tienen su reflejo en los ordenamientos estatales, como, por ejemplo, nada menos que la reforma constitucional (modificación urgente del artículo 135 de la Constitución). Por otra parte, en los ordenamientos internos la misma existencia de “irregularidades no invalidantes” permite a los poderes públicos salirse en determinados casos de los rígidos cauces procedimentales sin efectos invalidantes. Por tanto, el Derecho ni tan siquiera puede identificarse con la imperatividad de unos cauces formales que las autoridades pueden evitar.

III.- Cuarteamiento del estado social. Es absolutamente cierto e incuestionable que el Estado social precisa de un serio replanteamiento que, sin renunciar a sus postulados o principios básicos, permita garantizar la sostenibilidad del mismo racionalizándolo. La edad de oro del Estado Social, es decir, el cuarto de siglo que transcurre desde el final de la segunda guerra mundial hasta la crisis energética de 1973, ha pasado a mejor vida, y es lógico, indiscutible, preciso y necesario una profunda revisión del mismo, pero sin abdicar del fin que el mismo pretende. No se trata de acabar con el Estado social, sino de introducir las reformas precisas para la supervivencia del mismo. Ahora bien, la crisis económica ha servido de coartada para que los distintos gobiernos se carguen de un plumazo servicios esenciales que en ningún caso deberían haber dejado de ser públicos ni debieran haberse introducido restricciones en los mismos. La introducción del erróneamente denominado “copago” sanitario (en puridad, un “repago”), la reimplantación de las tasas judiciales con finalidad esencialmente recaudatoria y ajena al fin para el que fueron nuevamente exigidas, las continuas y persistentes erosiones en campos tan básicos como la asistencia social y la educación son ilustrativos. Más que “racionalizar” se ha “razzionalizado” (es decir, se ha practicado una severa “razzia” al Estado social).

Es necesario, pues, abrir un sosegado, profundo y riguroso debate acerca del alcance y extensión del Estado social y de los servicios públicos, así como de la forma de garantizar su prestación sin que ello conlleve un excesivo coste a las arcas públicas, pero la actual tendencia a dinamitar los mismos es, sencillamente, intolerable.

IV.- Superación del legislativo por parte del ejecutivo. Ello se ilustra con toda su crudeza en un magnífico, interesantísimo e ilustrativo trabajo que, con el título Uso y abuso del Decreto Ley, se publicó en el número 191 (mayo-agosto de 2013) de la Revista de Administración Pública. Este importantísimo trabajo contiene una serie de afirmaciones (demostradas empíricamente a lo largo del mismo) que no sólo deberían poner los pelos como escarpias a cualquier jurista, sino que debería incluso plantear un debate serio entre la propia ciudadanía. No sólo indica el autor que el uso excepcional de esta figura “ha pasado a mejor vida, legislándose de manera cotidiana y habitual a través de esta figura” (algo evidente desde el año 2008 y que se explicita con toda su crudeza en el año 2012) sino que a través del mismo “se está atentando de forma peligrosa a los derechos de los ciudadanos, al entrar a regular situaciones individuales y singulares a través de normas con rango de ley”. Con el paraguas de la crisis y del concepto jurídico indeterminado de la “extraordinaria y urgente necesidad”, el ejecutivo estatal (y los autonómicos, dado que tras las reformas estatutarias que siguieron la senda del Estatuto de Autonomía de Cataluña han generalizado en los ejecutivos autonómicos la posibilidad de utilizar esta figura jurídica) han acudido a este tipo de regulación, simple, lisa y llanamente porque, como bien indica el autor del trabajo citado “a los gobiernos estatal y autonómicos les resulta más sencillo dictar un decreto ley que un simple reglamento”, pero esa facilidad para el ejecutivo se traduce en una indefensión para el ciudadano, que no puede impugnar las disposiciones que le afecten de forma directa ante el Tribunal Constitucional al estar jurídicamente “blindada”. Cosa distinta sería si nuestro sistema de control constitucional fuese difuso, como ocurre en los Estados Unidos, pero mientras persista esa bomba de relojería que es el Tribunal Constitucional (uno de los grandes culpables de esta situación con una generosísima interpretación inicial que está intentando corregir tarde, mal y nunca en la actualidad) la situación sigue siendo preocupante.

V.- Interés general: paso de concepto jurídico indeterminado a excepción procesal o bufonada siniestra. El término “interés general”, antaño concepto jurídico indeterminado, está pasando a convertirse poco a poco en una especie de excepción procesal encubierta, invocada por las Administraciones públicas ante los Tribunales para evitar un pronunciamiento sobre el fondo o buscando, en última instancia, avalar mediante la apelación al mismo comportamientos jurídicamente intolerables. Lo más preocupante es que algunos jueces están entrando al capote que hábilmente suelen tenderles los defensores de la Administración, quizá porque con ello se evitan entrar en el fondo de cuestiones que aun siendo jurídicamente sencillas, son políticamente enojosas. Uno de los aspectos más siniestros en este punto es el concepto de “grave detrimento para la hacienda pública” como vía para intentar diluir lo más posible el cumplimiento de las resoluciones judiciales, todo ello con el aval de los propios órganos jurisdiccionales, que aún en una época como la actual con las arcas de los distintos entes públicos vacías incluso de telarañas, aún continúan hablando en sus resoluciones de “solvencia de las Administraciones” en una de las bufonadas más siniestras del ordenamiento jurídico español.

 En fin, estas son, a vuela pluma, algunas reflexiones de Lo que la crisis no se llevó.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s