SOBRE LAS “NUEVAS” 282 PLAZAS DE JUECES: BREVES REFLEXIONES SOBRE EL REAL DECRETO 918/2014 DE 31 DE OCTUBRE

 

Juez

El pasado viernes día treinta y uno de octubre de dos mil catorce, víspera del día de difuntos (símil bastante apropiado teniendo en cuenta que el actual gabinete que dirige la política interior y exterior se asemeja bastante a un muerto en vida) anunciaba la creación de un gran número de plazas de jueces, argumentando que ello se hacía para luchar contra la corrupción que ahoga literalmente el sistema, o cuando menos así se ha vendido a los medios de comunicación. Ahora bien, si el ciudadano con un mínimo de interés decide consultar la articulación jurídica de la medida, lo que se ha efectuado merced al Real Decreto 918/2014 de 31 de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 1 de noviembre, uno comprobará varias cuestiones que le dejarán auténticamente perplejo. Detengámonos brevemente en ello:

I.- Para empezar, no deja de llamar la atención la justificación de la medida adoptada. Veamos cómo lo explica el Preámbulo o Exposición de Motivos (por decir algo, dado que el antecedente expositivo no recibe ni una ni otra denominación): “ Por razones presupuestarias para reducir el déficit público, en los años 2011, 2012 y 2013 no se ha procedido la creación de nuevas unidades judiciales, por lo que la planta judicial no se ha incrementado en estos años mientras que, por el contrario, han seguido incorporándose nuevos miembros de la carrera judicial, como consecuencia de la convocatoria de pruebas selectivas de acceso, proceso necesario para afrontar el número de procedimientos judiciales existentes e igualar el promedio de número de jueces por número de habitantes con otros países de nuestro entorno. Esta situación ha originado un desequilibrio entre los miembros de la carrera judicial que se encuentran en activo y el número de unidades judiciales creadas en la planta judicial y de plazas de juez de adscripción territorial que se les pueden ofertar, existiendo un déficit de ambas para poder asignar una plaza a todos los miembros de la carrera judicial en servicio activo. Ello ha generado un elevado número de jueces en expectativa de destino, cuya situación es preciso regularizar, mediante la creación de plazas […] lo que se pretende es destinar definitivamente a los miembros de la carrera judicial que no disponen de plaza y actualmente desarrollan las funciones que le son propias a través de diferentes figuras reguladas en nuestro derecho orgánico judicial, como las comisiones de servicio, los refuerzos, o las sustituciones”.

En definitiva, que la fría prosa del Boletín Oficial del Estado indica que el objetivo último no es otro que cuadrar o intentar acercar lo más posible la típica y clásica distinción entre la “España vital” y la “España oficial” a la que se refiriera Ortega y Gasset hace ya un siglo. Personas que han sacado plaza en anteriores convocatorias pero que se encuentran en expectativa de destino, y por tanto, se ha tenido que buscar “apaños” (por utilizar una terminología castiza) para que puedan desempeñar sus funciones. Nada, pues, de nuevas convocatorias, sino de dar salida a los ya existentes.

II.- La ampliación de plazas se hace por una doble vía: la de aumentar el número de magistrados de órganos colegiados (en concreto, Audiencias Provinciales) así como el aumento de jueces de adscripción territorial.

A.- Recordemos que los jueces de adscripción territorial son “miembros de la Carrera Judicial que tendrán el cometido de cubrir las vacantes, ausencias temporales del titular del órgano judicial o llevar a cabo funciones de refuerzo en la provincia para la que han sido designados”. Es decir, se trata de miembros de la carrera judicial que realizan funciones que hasta la fecha desempeñaban jueces sustitutos (es decir, personas que ejercían funciones judiciales sin pertenecer a la carrera judicial). El Real Decreto objeto del presente comentario crea en su artículo 6 hasta 167 plazas. Habrá que esperar verificar la efectividad de la medida, pero mas bien parece que son insuficientes. Pongamos un ejemplo práctico: en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias existe un único juez de adscripción territorial, y el Real Decreto 918/2014 crea otras dos más, es decir, un total de tres plazas. Si tenemos en cuenta que hasta la fecha las convocatorias de jueces sustitutos alcanzaban para dicho territorio las 27 plazas, uno puede hacerse una idea de por donde van los tiros.

B.- Creación de nuevas plazas de Magistrado en las Audiencias Provinciales. Sus titulares no ocupan dicho cargo por oposición libre, sino mediante provisión, lo que determinará que personas que ostenten ya la categoría de Magistrado puedan pasar a ocupar dicho puesto. Es presumible que las vacantes que los nuevos titulares dejen en los órganos unipersonales sean cubiertas por ese número de jueces que se encuentran en expectativa de destino. También es conveniente precisar que en algunos supuestos ese incremento de plazas únicamente puede tomarse como una bufonada tan siniestra propia de la fecha en la que fue publicada oficialmente la norma reglamentaria. Volvamos a un ejemplo práctico: en Asturias se crea una única plaza, en concreto para la Sección Tercera de la Audiencia Provincial (artículo 5.c del Real Decreto)

Desgraciadamente, no se pone solución a dos de los grandes problemas que creo continúan aquejando a la Justicia española: la politización de la misma y el deficiente sistema de acceso.

1.- La politización de la Justicia ha sido algo progresivo desde la malhadada Ley Orgánica 6/1985, Orgánica del Poder Judicial, y de la nefasta e impresentable Sentencia 108/1986 de 29 de julio, del Pleno del Tribunal Constitucional, que avaló la adecuación del nuevo texto legal a la Constitución (aunque el máximo intérprete de la Constitución pretendió convertirse en una mezcla de Casandra y Pilatos haciendo tibias admoniciones y advertencias acerca de hacia dónde podía conducir tal sistema). Por desgracia nadie tiene interés en poner coto a dicha situación porque, como indica magníficamente Alejandro Nieto en su obra El desgobierno judicial, en el fondo todos comparten el mismo objetivo: la sumisión de los jueces.

2.- En cuanto a la formación, el actual sistema de oposiciones es no sólo arcaico, sino inadecuado. No es de recibo fomentar un memorismo absurdo (que es lo que –aunque se niegue- fomenta la oposición pura y dura tal y como hoy en día se concibe en nuestro país) pretendiendo que el opositor memorice casi cuatrocientos temas de los cuales, siendo absolutamente generoso, en menos de un año la mitad habrá perdido su vigencia. Ya no hablemos (aunque es la tesis que he defendido y que seguiré defendiendo) del sistema inglés, centrémonos en nuestro país y aportemos soluciones constructivas. Sin prescindir de la oposición, sí que habría que racionalizar la misma. Por ejemplo, permitir el acceso por ramas del derecho (no tiene sentido que alguien que tiene auténtica vocación por el ordenamiento contencioso-administrativo o laboral se le imponga un peregrinaje por más de doscientos temas penales y procesales-penales así como dos años en un juzgado de instrucción o de primera instancia e instrucción), fomentar el aprendizaje centrado en cuestiones prácticas, no siendo suficiente la Escuela Judicial, convertida en una especie de Universidad bis.

En definitiva, que la situación actual puede describirse de una forma gráfica y certera simplemente reproduciendo las palabras iniciales con las que José Eugenio Soriano García abre su imprescindible estudio El poder, la Administración y los Jueces, obra de lectura obligada para cualquier jurista: “No hay mejor negocio jurídico y político que tener buenos Jueces, algo que sin embargo no ha sido tenido en cuenta por nuestro legislador, ni en cantidad ni en calidad

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