LA PAJA EN EL OJO AJENO Y LA VIGA EN EL PROPIO. EL DOBLE RASERO EN ERRORES DE JUECES Y DE ABOGADOS

Paja en el ojo ajeno

Dice un viejo refrán español que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. En efecto, es muy frecuente adoptar un papel de severo censor a la hora de valorar comportamientos ajenos mientras que se juzgan con una comprensiva laxitud o tolerancia los propios. Dicho principio general consagrado en el refranero se proyecta sobre todos los ámbitos de la vida y, como no podía ser menos, en la Administración de Justicia.
En efecto, por regla general los miembros del Poder Judicial utilizan una doble vara de medir a la hora de valorar comportamientos generadores de responsabilidad en miembros de la judicatura y de la abogacía: el listón se coloca a alturas inalcanzables en el primer caso, mientras que se sitúa prácticamente a ras de suelo en el segundo. El objetivo de la presente entrada es demostrar empíricamente dicha afirmación. Y así, se demostrará, resoluciones judiciales mediante, que para apreciar un error judicial como causa determinante de responsabilidad de la Administración de Justicia, la jurisprudencia no es que sea ya estricta, sino tan draconiana y utiliza conceptos tan extremos para ello que en la práctica se hace imposible el ejercicio de dicha acción; es decir, que la justicia no ve la viga en sus propios ojos. Por contra, a la hora de ver la paja en el ojo ajeno, las elevadas dioptrías en los órganos oculares desaparecen como por ensalmo, y la generosidad sin límites demostrada con los compañeros de estrado se trasmuta en severidad y rigor sin límites a la hora de valorar la responsabilidad de profesionales liberales. Veámoslo.

PARTE PRIMERA. LA PAJA EN EL OJO AJENO: RESPONSABILIDAD DE PROFESIONALES DE LA ABOGACÍA Y DE LA PROCURA

Emulando a Erle Stanley Gardner, el célebre abogado y escritor estadounidense universalmente conocido por uno de sus personajes que traspasó el ámbito de la literatura para saltar al cine y, sobre todo, a la gran pantalla (nos estamos refiriendo al inmortal Perry Mason) podríamos titular el presente asunto El caso del mail en la cola de spam. Resumamos los hechos brevemente y veremos cómo han actuado los Tribunales en este caso.
Una empresa contrata los servicios profesionales de un abogado y un procurador para instar la nulidad de diversos productos financieros. El asunto es fallado de forma desfavorable para la empresa y el procurador remite la sentencia vía correo electrónico al letrado, constándole el mensaje como “leído”; pero el mensaje llegó directamente no a la bandeja de entrada, sino a la de spam, con lo que el abogado no llegó a recibir realmente el mismo, agotándose los plazos de recurso y, en consecuencia, confirmando la sentencia de instancia. La empresa entabló un procedimiento de responsabilidad civil contra los profesionales. El abogado aportó un informe pericial en el que se reflejaba “la posibilidad de que el sistema…enviase el acuse con o sin intervención humana dependiendo del grado de automatización del programa”. El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Vitoria-Gasteiz estimó parcialmente la demanda frente al abogado, desestimándola frente al procurador porque “no tenía obligación de hacer un recordatorio antes de que venciera el plazo del recurso y desconocía si se iba a recurrir o no”. El demandante y el abogado demandado apelan la sentencia.
La Sentencia 25/2014 de 3 de febrero de la Audiencia Provincial de Álava dictada en recurso número 360/2013 resuelve los recursos de apelación interpuestos. La Sentencia contiene algunos razonamientos que son absolutamente chocantes a no ser que se parta de una predisposición de la Sala a fallar de una determinada manera:

1.- En cuanto al automatismo, es decir, que fuese el propio sistema quien enviara el acuse sin que el usuario lo hubiese leído, la Sentencia razona (por decir algo) de la siguiente forma: “Lo cual significa que en cualquier caso, bien en la definición del automatismo o en la destrucción manual del mensaje, es la intervención humana del propio usuario la que propicia la ignorancia y desconocimiento en la recepción de un correo trascendente que en definitiva causó un perjuicio para el cliente”. Confieso que la anterior frase me ha dejado perplejo, pues no logro entender qué quiere decir que “en la definición del automatismo” sea la “intervención humana del propio usuario” la que provoca la ignorancia. Porque si sus señorías se hubiesen molestado en consultar el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, comprobarían que el término “automatismo” tiene tres acepciones: “1. Desarrollo de un proceso o funcionamiento de un mecanismo por sí solo. 2. Cualidad de lo que es automático. 3. Psicol. Ejecución mecánica de actos sin participación de la conciencia.”, siendo así que el término “automático” tiene varias acepciones, la segunda de las cuales implica “Dicho de un mecanismo: Que funciona en todo o en parte por sí solo”. En los tres casos se excluye la intervención humana, salvo para el peculiar criterio de la Sala, que se ha erigido así en una especie de intérprete de la neolengua o haya creado una nueva acepción del término a efectos estrictamente procesales.

2.- Indica la Sala que existe negligencia por “falta de control o revisión, siquiera somera, de la bandeja de spam” e incluso llega a manifestar que “se debe extremar la diligencia en el control y gestión del correo electrónico cuando éste es admitido como un medio de comunicación con la representación causídica [sic] del cliente”. La bandeja de spam, por albergar precisamente el correo deseado, no se suele revisar o se hace cuando se acumulan en la misma un número importante de mensajes, y lo normal es que uno compruebe diariamente varias veces la bandeja de entrada, pero que no lo haga así con la del spam. Sacarse de la manga esta tesis es inaudita. Sería como si en el caso de utilizar el correo ordinario en lugar del electrónico, la Sala dijese que el letrado no ha extremado la diligencia abriendo su buzón personal, sino que debería haber mirado el que se habilita para la publicidad.

Por cierto, hablando de “diligencia“, me gustaría saber qué opinaría esta misma Sala si, por ejemplo, se viera obligada a enjuiciar un caso (el supuesto les aseguro que es real) en el que una Magistrada deniega el despacho de ejecución de la tasación de costas por litigar el ejecutado con justicia gratuita….¡cuando la propia magistrada había dictado un Auto revocando el beneficio! Supongo que en este caso argumentarían que fue un “error excusable”, pese a que lo que revela es que una juez ni tan siquiera ha consultado los autos que maneja. O si una juez a quien en un juicio de faltas se le dan las conclusiones de un pleito por escrito precisando detalladamente las solicitudes de condena, en la sentencia dice que se piden cosas que no se han pedido.

3.- Retorciendo aún más los criterios de imputación, la sentencia reconoce que el desconocimiento de que la sentencia se hubiese dictado y notificado al letrado “tiene causa precisamente en el deficiente o inseguro funcionamiento en la recepción del correo electrónico, lo cual representa ya la generación de un riesgo, no sanado o limitado por una razonable y exigible diligencia consistente en comprobar que efectivamente el correo categorizado como spam efectivamente es desechable o por error se ha desviado un correo que realmente es relevante”. Es más, incluso reconociendo que el mensaje de “leído” se generara automáticamente, la sentencia imputa la responsabilidad al abogado porque “en el sistema que gestiona es donde se genera una confirmación desviada de la realidad” (sic). En otras palabras, que aunque el defecto esté en el sistema informático, la responsabilidad es del abogado. Bonísimo criterio si lo extendiésemos a la Administración de Justicia, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado a Jueces, Secretarios Judiciales y personal echar pestes del sistema informático e imputar errores clamorosos a “fallo del sistema” precisamente para descargarse de responsabilidad?

4.- Revoca la sentencia al apreciar responsabilidad del Procurador, dado que entiende que la misma “debía comprobar que no se recurriría o avisar de que el plazo se agotaba”. Es decir, que implícitamente la sentencia reconoce que el abogado ni conocía la sentencia ni el procurador se lo comunicó, pero aun así le imputa una negligencia omisiva.

5.- Reitera la jurisprudencia sobre el daño moral por pérdida de oportunidad, indicando en este sentido que “si bien no puede deducirse un criterio seguro sobre la prosperabilidad del eventual recurso de apelación, que no se interpuso, también lo es que no podemos deducir tampoco elementos suficientes para descartar la posibilidad, pues en nada cabe valorar como manifiestamente infundada o improcedente por cualquier razón la acción impugnatoria de la referida sentencia”. En definitiva, que en una actitud muy propia del actual jefe del ejecutivo, la respuesta a la pregunta de la prosperabilidad de un recurso no sería otra que “sí, sí….o no, vaya usted a saber”.

En definitiva, que en este caso lo que conviene retener son dos cosas: la diligencia que se debe de extremar y la pérdida de oportunidad como criterio generador de responsabilidad aun reconociendo dudas sobre la viabilidad del recurso.

PARTE SEGUNDA. LA VIGA EN EL PROPIO: EL ERROR JUDICIAL SÓLO CABE EN RESOLUCIONES “ESPERPÉNTICAS”….. Y NO SIEMPRE.

A la hora de valorar comportamientos judiciales como generadores de indemnización por errores, la situación da un giro de ciento ochenta grados, pues los criterios utilizados son tan estrictos, cicateros y rigurosos que en la práctica suponen una negación in totum de la posibilidad de acudir a esta vía con unos mínimos visos de prosperar. Y ello lo demuestra la recentísima Sentencia de 2 de septiembre de 2014 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso número 38/2012, que resuelve el recurso interpuesto por un particular que consideraba incursa en error judicial una resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, organismo este último, por cierto, que no se caracteriza precisamente por un excesivo rigor y calidad jurídica a la hora de resolver los asuntos. En este caso lo de menos es el supuesto de hecho enjuiciado, en el que un particular reclamaba una indemnización por error judicial debido a que la Sala le había inadmitido la personación en una ejecución provisional de la sentencia de un asunto en el que no había sido parte (por cierto, no deja de ser curioso que de una lectura del antecedente de hecho séptimo, parece deducirse que la justificación o motivación última de la decisión de la Sala no se habría hecho en la resolución judicial en el que no se admitía la personación en el proceso ejecutivo -algo nada extraño en dicha Sala-, sino en un informe ulterior). Lo cierto es que tanto la doctrina como, sobre todo, la jurisprudencia, vienen admitiendo pacíficamente que no sólo están legitimadas para instar la ejecución quienes obtuvieran la sentencia favorable, sino todos los interesados en la ejecución aunque no hubiesen sido parte en el proceso que se dictó la sentencia (así, por ejemplo, el fundamento jurídico segundo de la Sentencia 229/2000 de 2 de octubre del Pleno del Tribunal Constitucional). Pero dejemos de lado esa cuestión, quizá tangencial, puesto que lo decisivo es el fundamento jurídico segundo de la sentencia, que resume la doctrina jurisprudencial en cuanto a lo que ha de entenderse por error judicial, y no tiene desperdicio, no ya por lo draconiano e imposible de los requisitos exigidos, sino por los epítetos utilizados por el Tribunal. Dejemos hablar a la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo: “en particular, esta Sala viene señalando con carácter general (por todas, Sentencia de 3 de octubre de 2008 -recurso nº 7/2007-), que «no toda posible equivocación es susceptible de conceptuarse como error judicial, sino que esta calificación ha de reservarse a supuestos especiales cualificados en los que se advierta en la resolución judicial un error «craso», «patente», «indubitado», «incontestable», «flagrante», que haya provocado «conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas». Y, en relación con el error judicial en la interpretación o aplicación de la Ley, hemos señalado que sólo cabe su apreciación cuando el órgano judicial ha «actuado abiertamente fuera de los cauces legales», realizando una «aplicación del derecho basada en normas inexistentes o entendidas fuera de todo sentido». En todo caso, esta Sala ha dejado claro que no existe error judicial «cuando el Tribunal mantiene un criterio racional y explicable dentro de las normas de la hermenéutica jurídica», «ni cuando se trate de interpretaciones de la norma que, acertada o equivocadamente, obedezcan a un proceso lógico», o, dicho de otro modo, que no cabe atacar por este procedimiento excepcional «conclusiones que no resulten ilógicas o irracionales», dado que «no es el desacierto lo que trata de corregir la declaración de error judicial, sino la desatención, la desidia o la falta de interés jurídico, conceptos introductores de un factor de desorden, originador del deber, a cargo del Estado, de indemnizar los daños causados directamente, sin necesidad de declarar la culpabilidad del juzgador» [en este sentido, entre muchas otras, véanse las Sentencias de esta Sala y Sección de 27 de marzo de 2006 (rec. núm. 6/2004), FD Primero ; de 20 de junio de 2006 (rec. núm. 20 de marzo de 2006 (rec. núm. 13/2004), FD Primero ; de 15 de enero de 2007 (rec. núm. 17/2004), FD Segundo ; de 12 de marzo de 2007 (rec. núm. 18/2004), FD Primero ; de 30 de mayo de 2007 (rec. núm. 14/2005), FD Tercero ; de 14 de septiembre de 2007 (rec. núm 5/2006), FD Segundo; de 30 de abril de 2008 (rec. núm. 7/2006), FD Cuarto; y de 9 de julio de 2008 (rec. núm. 6/2007), FD Tercero].”

Lo cual no puede producir perplejidad, porque si, por ejemplo, el juzgador llega a una conclusión “absurda” o “esperpéntica” pero realizando un proceso lógico (ejemplo clásico en la historia de la filosofía: “Los gatos son mortales. Francisco es mortal. Conclusión: Francisco es un gato”). Pero vayamos a ejemplos más reales:

1.- Supuesto de un juez que deniega una ejecución de unas costas porque según ella el ejecutado goza de la justicia gratuita cuando esa misma juez había estimado la impugnación y revocado el derecho…¿Entraría de lleno en un error judicial al suponer “desatención” o “desidia” (pues implica que el juez en cuestión ni tan siquiera se molestó en consultar los autos)?

2.- ¿Qué ocurre en el caso de los jueces (que existen, y con nombres y apellidos) que aun siendo conscientes de que su criterio va en contra de la jurisprudencia no sólo del Tribunal Supremo, sino de la propia Audiencia Provincial que es su superior jerárquico, dictan resoluciones contrarias a ella simplemente porque “no comparten” dicho criterio? Se dirá que puede corregirse vía recurso, pero ¿Qué ocurre cuando por la cuantía el recurso no cabe?

En fin, que en esta, como en tantas otras ocasiones, hay categorías y categorías, privilegios en más y privilegios en menos.

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