SOBRE TERCEROS GRADOS Y REQUISITOS DE CONCESIÓN: CASOS Y CASOS

Tercer Grado

Ayer se hacía público el Auto de 17 de noviembre de 2014 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número Uno de Valladolid dictado en asunto 1497/2014 y en virtud del cual se estima el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal frente a la Resolución de fecha 29 de octubre de 2014 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en virtud de la cual se otorga a Jaime Matas el tercer grado penitenciario. Se trata de una resolución bastante extensa (cuarenta y cinco páginas), en la que el magistrado se nota no sólo que ha estudiado cuidadosamente el asunto sino que, consciente de la trascendencia mediática del mismo, ha querido “blindar” jurídicamente su resolución. Tras detallar en los extensos antecedentes de hecho la fase previa o concesión del tercer grado (que, podríamos calificar de alguna forma como administrativa pese a que el fondo del asunto revista el carácter de penal al tratarse de normativa penitenciaria) se adentra a desarrollar las tesis de la fiscalía.

Sin disculpar en modo alguno al sujeto objeto de condena penal (que bien merecida se la tiene) sí que deseo llamar la atención sobre varios de los argumentos utilizados para revocar la concesión del tercer grado, sobre todo si se tiene en cuenta la interpretación que se ha hecho de ellos en casos anteriores:

I.- Ni la reinserción es la finalidad de la pena ni existe un derecho fundamental a la reinserción. El Ministerio Fiscal insistió mucho en este punto, que igualmente el magistrado desarrolla inextenso en el fundamento jurídico primero (que intitula “del fin de la pena”). Con apoyo en la jurisprudencia constitucional, se deja bien claro que la finalidad de la pena no es la reinserción, como machaconamente se ha venido insistiendo desde determinadas fuerzas políticas con un desconocimiento absoluto del propio texto constitucional. En efecto, el artículo 25.2 de la Constitución dice que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”; en otras palabras, establece una finalidad, pero no un basamento o fundamento de la pena, que no es otro que el ejercicio del ius puniendi del Estado con una finalidad tanto punitiva como preventiva. Es más, el fundamento jurídico concluye con que “las penas privativas de libertad pueden satisfacer finalidades diversas a los exclusivos fines de prevención especial, o si se prefiere, resocializadores y reeducadores”, incidiendo en la tesis del Ministerio Fiscal sobre la prevención general. También queda bien claro, con cita de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que no cabe hablar de un derecho fundamental a la reinserción protegible por vía de amparo.

Conviene retener esta idea, porque la finalidad de prevención general “no es ajena a la fase de aplicación de la norma penal”, como concluye el fundamento jurídico segundo de la resolución comentada.

II.- Percepción social de los delitos de corrupción. El fundamento jurídico tercero lleva por rúbrica “de los delitos de corrupción política y su significado para la sociedad” y, con todo el respeto aquí es donde creo que el Auto se desliza por consideraciones sociológicas y de opinión pública más que estrictamente jurídicas y donde se nota que, en este caso concreto, el juez ha cedido más a la opinión general que a la letra de la ley. Porque, en efecto, el Auto en cuestión varios principios que, considerados a nivel abstracto, son irreprochables:

A.- Constatación de la sensación de impotencia de la Comunidad en base a la percepción de impunidad: “Si la aplicación de la norma es susceptible de proyectar sobre la Comunidad la sensación de vaciamiento e incluso cierta impunidad, cosa que puede ocurrir por la clasificación prematura en tercer grado de un interno, los fines de la pena puede verse pervertidos……”.

B.- Propia merma de la confianza en el Estado de Derecho: “El daño que se causa al cuerpo social puede generar una ruptura en la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático, en la validez del propio Estado de Derecho consagrado en el artículo primero de nuestra Carta Magna”.

Ahora bien, la resolución, tras reconocer expresamente una crisis general de valores que se superpone de alguna manera a la crisis económica, (“En una época de crisis económica, a la cual no es ajena una subyacente crisis de los principios y valores esenciales de convivencia y solidaridad”) entiende que “las normas de protección de la sociedad no pueden verse arrastradas por tal corriente”. Y, recuerda, la realidad social es un criterio de interpretación de las normas. En definitiva, el reproche social generalizado contra los escándalos de corrupción ha de conducir a una interpretación restrictiva

III.- A la hora de establecer la concreción personal, se hacen unas consideraciones realmente extrañas. No porque las mismas sean jurídica o socialmente irreprochables, sino por su aplicación vía de contraste con otros comportamientos similares. Así, frente a la alegada reinserción social del penado, indica que “Precisamente en la delincuencia de guante blanco la reinserción no es un problema, antes bien son los principios y valores asumidos por el delincuente los que han de ser cambiados, si es que es posible. Y esta situación se da no sólo en esta clase de delincuencia, antes bien, en otros muchos casos, sirva de ejemplo ciertos supuestos de delincuentes sexuales, maltratadores, narcotraficantes, etc. Sujetos éstos que tienen una vida sociofamiliar normalizada y sin embargo presentan carencias en sus respectivos esquemas de valores”. Aquí Su Señoría se olvidó constatar (quizá lo incluye dentro del “etc”) a los autores delitos terroristas, muchos con una “vida sociofamiliar normalizada”.

El juez niega que exista la menor prueba de arrepentimiento dado que “no hay concienciación alguna, antes bien simplemente un intento de eludir, por cauces legales, la responsabilidad por los hechos por los cuales ha sido condenado

Los razonamientos jurídicos son impecables, pero esa misma realidad social que invoca el Juez sirve para constatar de forma expresa que, una vez más, el Ministerio Fiscal es una institución esquizofrénica que parece actuar mediante el mismo sistema científico que utilizaba el siniestro villano “dos caras” (por cierto, un antiguo fiscal de distrito) y que los jueces no les van a la zaga. ¿Cuántas veces en los medios de comunicación hemos visto la concesión del tercer grado penitenciario a miembros de organizaciones terroristas condenados por asesinatos, violadores en serie o maltratadores? De aplicar estrictamente esos razonamientos ¿Cuántos condenados que actualmente gozan del beneficio del tercer grado penitenciario deberían ver dicho beneficio revocado?

Es de agradecer que Sus Señorías se hagan eco del clamor de la sociedad frente a los delitos de corrupción. Pero sería de agradecer que extendieran tal agudeza auditiva a otro tipo de delitos no menos graves y que tienen el agravante de contar con víctimas de carne y hueso, pero en los cuales los autores de los delitos cuentan con poderosísimas plataformas de apoyo.

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