WOOD v MOSS: CONFLICTO ENTRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PROTECCIÓN FÍSICA DEL PRESIDENTE.

Secret Service

Es sumamente interesante la lectura sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Wood v. Moss, hecha pública el pasado 27 de mayo de 2014. Y ello por varias razones. En primer lugar, porque afecta nada menos que al derecho de libertad de expresión, que el caso protege sobremanera; en segundo lugar, porque la propia sentencia reconoce sin tapujos y de forma expresa la “abrumadora importancia que la protección del presidente tiene en nuestro sistema constitucional”; y en tercer lugar, porque la misma fue adoptada por unanimidad.
Los hechos se remontan a octubre de 2004, cuando el presidente George Bush afrontaba la campaña electoral para su reelección, y en su agenda estaba la pernocta en una pequeña casa en Jacksonville, estado de Oregón. Como es lógico, ello concitó que se concentrasen en el lugar tanto partidarios como detractores del mandatario. Las autoridades locales, en coordinación con el servicio secreto, habían ubicado a los manifestantes de manera que, respetando obviamente las medidas de seguridad tendentes a proteger a Bush, tanto detractores como opositores pudiesen estar a una distancia similar en relación a la comitiva presidencial sobre la ruta prevista (la sentencia del caso incluso tiene un mapa con la ruta prevista, las ubicaciones de detractores y partidarios). No obstante, la situación da un giro cuando, rompiendo el protocolo, el presidente decide hacer una parada y cenar en una taberna de la localidad, y ello hubo de provocar necesariamente la intervención del servicio secreto (en colaboración con las autoridades locales) para hacer frente al dispositivo de seguridad derivado de esa imprevista decisión de Bush. Dado que la distancia existente entre el presidente y sus detractores situaba a aquél a una distancia de alcance de tiro de éstos, los agentes encargados de proteger al presidente solicitaron una reubicación de todos los manifestantes de manera que los mismos se situasen en una distancia de tal manera que el presidente se encontrase fuera del alcance de un arma de fuego o de explosivos. Hasta ahí, todo parece razonable (ha de cohonestarse el libre derecho de manifestación y protesta con la seguridad que ha de tener el Presidente). El problema es que a la hora de salir del lugar donde había cenado, la situación de los manifestantes se hizo de tal forma que en su salida la comitiva presidencial pasó por delante de sus partidarios, pero no de los detractores, que quedaron por detrás.
Los demandantes entablaron una acción judicial frente a los Servicios Secretos presidenciales, no porque su decisión de establecer un perímetro de seguridad en torno al Presidente fuese ilícita o irracional, sino por la forma concreta en que se había hecho, de tal forma que al situarles físicamente más lejos del presidente que sus partidarios, ello suponía una vulneración del derecho a la libertad de expresión consagrado en la primera enmienda. Los demandados solicitan el archivo alegando no sólo insuficiencia probatoria, sino que por su cargo son beneficiarios de una “inmunidad cualificada”. El juzgado rechaza la petición de archivo de los demandados, pero el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito revoca la sentencia, no obstante lo cual, dado que mientras tanto se había producido un cambio jurisprudencial en la materia, devuelve el caso al jugado para que los demandantes puedan completar su demanda para adecuarla a la nueva situación (ya imagino que los lectores españoles esto les sonará algo raro, dado que un cambio jurisprudencial una vez iniciado un caso jamás llega al caso de permitir un nuevo planteamiento para ajustarlo). Los demandantes añaden nuevas alegaciones en el sentido de indicar que esa actuación no fue casual, sino que respondía a una política deliberada de la Casa Blanca de eliminar toda posible protesta en las apariciones públicas del Presidente. En esta ocasión, tanto el juzgado como la Sala del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito estimaron la petición de los recurrentes. Los miembros del Servicio Secreto solicitaron una revisión del caso ante el Pleno del Tribunal de Apelaciones, pero dada la división existente, éste rehusó hacerlo. El asunto llega, vía certiorari, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
La sentencia del caso Wood fue redactada por la juez Ruth Bader Gisburn, y contó con el apoyo de todos sus colegas. La frase inicial de la sentencia es ya en extremo significativa: “Es incuestionado e incuestionable que las fuerzas de seguridad no pueden excluir de lugares públicos a personas que ejercitan pacíficamente su derecho de manifestación simplemente porque el gobierno tema, le disguste o desagraden los puntos de vista expresados por dichas personas […] Es igualmente claro que el derecho fundamental a la libertad de expresión no autoriza a la gente a realizarlo cuando quiera, como quiera y donde quiera. A la hora de resolver el presente asunto ha de partirse de tales premisas.”. Se trata, por tanto, de cohonestar dos derechos incuestionables: el de libertad de expresión y el de protección del Presidente. La sentencia reconoce la inmunidad cualificada que poseen determinados funcionarios y que les hace inmunes a todo tipo de acciones o reclamaciones judiciales (ya hemos tratado tal cuestión en el post resumiendo la doctrina esbozada en el caso Ashcroft v. Al-Kidd), inmunidad que cede cuando el empleado público vulnera con su actuación un derecho reconocido a nivel constitucional y legal, derecho que ha de estar “claramente establecido” en el momento de cometer la acción; también acoge la sentencia el hecho de que la salvaguardia o protección física del Presidente tiene una importancia crucial en el propio sistema (la sentencia, para evitar suspicacias, cita en este punto a Stephen Breyer y a la propia Gisburn –ambos nombrados a instancias del demócrata Bill Clinton-). Es en este momento cuando la resolución judicial se adentra en el tema clave: ¿Han vulnerado los agentes del Servicio Secreto, a la hora de establecer el perímetro de seguridad, los derechos constitucionales protegidos por la primera enmienda?
La sentencia rechaza las alegaciones de los grupos de protesta. Y ello lo hace, en las líneas finales de la sentencia, sobre la base de dos motivos: el primero, que teniendo en cuenta la ruta inicial de la comitiva del presidente, tanto partidarios como detractores del mandatario norteamericano se encontraban a una distancia similar y, por tanto, tenían las mismas oportunidades de acceso al presidente; la segunda, porque tras la inesperada decisión de variar la ruta para hacer una parada en la taberna, el grupo de detractores se encontraba a una distancia que tenía al presidente a tiro, cosa que no ocurría con los partidarios y, por tanto, no se puede sostener que los mismos carecían de atribuciones para actuar reubicando a quienes potencialmente tenían al presidente en línea de tiro y al posible alcance de un arma. La sentencia rechaza entrar en las alegaciones relativas a una posible tendencia presidencial tendente a eliminar del campo de visión presidencial toda manifestación o forma de protesta o discrepancia. Por tanto, se revoca la sentencia de instancia y se reconoce que la inmunidad cualificada ampara las actuaciones del servicio secreto.
Es evidente que en este caso el Tribunal Supremo ha sabido actuar de manera muy hábil. Y ello por varias razones:
1.- La habilidad del chief justice, John Roberts. Una de las prerrogativas más importantes de su cargo es la de atribuir o encarga la redacción de la sentencia a un magistrado en concreto (siempre y cuando el chief justice se encuentre entre la mayoría, y no entre la minoría discrepante). En este caso ha optado por depositar su confianza en Ruth Bader Gisburn, nombrada a instancias de Bill Clinton, y una magistrada que ha sido siempre una ardiente defensora de los derechos de libertad de expresión y manifestación consagrados en la primera enmienda. Se disipa así toda posible acusación o sospecha de parcialidad.
2.- El magnífico equilibrio o ponderación que la ponente hace entre dos derechos igualmente sagrados: el derecho de libertad de expresión y el de salvaguardia del Presidente. Muy significativamente, la sentencia comienza con el reconocimiento del primero, pero poco a poco va desgranando las razones por las que en el caso concreto, el mismo ha de ceder en aras a otro derecho no menos fundamental.

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