¿DEBE INTRODUCIRSE EN EL ORDENAMIENTO PROCESAL EL CONCEPTO DE “SENTENCIA SUCINTA”?

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En nuestro ordenamiento jurídico procesal existe el término “demanda sucinta”; la utiliza, por ejemplo, el artículo 437.1 de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, como forma de iniciar los juicios verbales. Según dicho precepto, en tal demanda sucinta “se consignarán los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o los domicilios en que pueden ser citados y se fijará con claridad y precisión lo que se pida”; es más, el artículo 437.2 establece la posibilidad, en el caso de los juicios verbales de cuantía no superior a dos mil euros, de formalizar la demanda cumplimentando impresos formalizados que estarán a disposición del interesado en el tribunal correspondiente. Lo mismo ocurre en los casos de oposición a la petición inicial del procedimiento monitorio, donde el artículo 815 de la Ley 1/2000 faculta a la persona frente a quien se dirige esa petición inicial para que “alegue sucintamente en el escrito de oposición las razones por las que, a su entender no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada”. El diccionario de la Real Academia Española ofrece dos acepciones al término “sucinto-a”, la primera de las cuales es “breve, compendioso”. La jurisprudencia suele acoger este criterio pues, por ejemplo, a la hora de interpretar el término “sucintamente” utilizado en el artículo 817.1 de la Ley 1/2000 lo hace de ordinario en los mismos términos. Así, por ejemplo, el fundamento jurídico segundo de la reciente Sentencia 151/2014 de 28 de febrero de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo dictada en recurso número 205/2013 recuerda que: “La exigencia de exposición sucinta de los motivos de oposición es por tanto imperativo legal procesal e impone la determinación aunque sea escueta de las razones de la falta de pago por su parte de la deuda reclamada o de porqué no debe la misma y en general tal exigencia legal impide que baste con afirmar de forma genérica que se formula oposición o, en los términos en que se alega en el recurso, que se manifieste en abstracto la voluntad de oponerse sin más concreción de motivos, en tal caso así lo habría dispuesto la LEC que, por el contrario, determina que el deudor debe exponer aun resumida o sucintamente las razones de oposición, sin que ello implique como alega la recurrente que haya de contestar la demanda como si se tratase de tal trámite en el juicio declarativo correspondiente”.
Pues bien, tras la lectura de la Sentencia 159/2014 de 28 de febrero de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en recurso número 459/2012 uno se pregunta si no debería en justicia trasladarse el término y hablar de “sentencias sucintas” o incluso de “formularios puestos a disposición de los magistrados”. Dicha sentencia resuelve un procedimiento de responsabilidad patrimonial instado frente a la Administración del Principado de Asturias derivada de las lesiones sufridas a consecuencia de una caída que tuvo lugar durante unas acciones de formación de un curso de técnico deportivo en una estación de esquí. La verdad es que las resoluciones de dicho órgano judicial no es que sean para tirar cohetes, ni en cuanto a su estructura, ni en cuanto a su extensión, ni en cuanto a su contenido, ni tan siquiera en cuanto al uso de las más elementales normas de estilo, dado que cada vez con más frecuencia los escritos emanados de tal Sala son raquíticos en cuanto a su extensión, penosos en cuanto a su motivación jurídica y ramplones (cuando no pedestres) en su prosa. Pero la Sentencia a la que hemos hecho referencia se lleva la palma, y se hace acreedora a encabezar lo que podría denominarse “sentencia sucinta”, porque resuelve una cuestión a la que la propia Sala le otorga el calificativo de “compleja” en nada menos que diez líneas. Todo un record. En efecto, tras una lectura de dicha Sentencia (que no llevará mucho tiempo ni aún al lego en derecho, pues ocupa nada menos que dos folios y medio), podemos extraer lo siguiente:

1.- El encabezado y los antecedentes de hecho no son más que formularios en los que únicamente se alteran los nombres de las partes del caso concreto resuelto (los antecedentes de hecho ni tan siquiera eso, dado que únicamente se “personaliza” la fecha de votación y fallo). Pues bien, esta ardua tarea le ocupa a la Sala folio y medio.

2.- En los tres primeros fundamentos jurídicos, la Sala resume los antecedentes fácticos del caso (ignorando, pues, la más elemental distinción entre hechos y fundamentos de derecho) y las pretensiones de las partes. Tres fundamentos jurídicos que ocupan, conjuntamente, diez líneas y media de extensión. Burla burlando, ya tenemos casi dos folios.

3.- En el fundamento jurídico cuarto se resumen los requisitos legales de la responsabilidad patrimonial. Es el fundamento jurídico más extenso, dado que es claro y manifiesto para cualquiera con una mínima formación jurídica que a la hora de resumir el régimen legal y los requisitos necesarios para que opere la responsabilidad patrimonial las sentencias suelen echar mano de formularios, lo que evidentemente ha ocurrido en este caso. Con la salvedad de que una resolución judicial que se precie suele contener un mínimo resumen de jurisprudencia (véase, por ejemplo, el fundamento jurídico tercero de la Sentencia de 29 de octubre de 2014 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada en recurso número 348/2012). Aquí, ni tan siquiera eso. Pero la cosa va a mayores, puesto que además en las dos líneas y media que ponen fin a un fundamento jurídico dedicado a resumir las circunstancias que han de darse para que opere la responsabilidad patrimonial nos enteramos que la defensa de la Administración había opuesto una causa de inadmisibilidad (resuelta en veinte palabras, incluyendo artículos y preposiciones), cuando resulta que en el antecedente de hecho segundo ninguna referencia se hacía a este particular.

4.- El fundamento jurídico quinto, es decir, el que resuelve el caso concreto, solventa la cuestión en diez líneas y media, todo un ejercicio de laconismo. Pero resulta que en la última línea y media de esta resolución, que por méritos propios debería figurar en la lamentablemente desaparecida “enciclopedia pulga” (de calidad, por cierto, infinita, pero infinitamente superior a esta penosa sentencia), se dice que “al no poderse ligar lo dispuesto en los referidos art. 139 y ss. De la Ley 30/92 a la circunstancia de contar o no con seguro la Administración demandada”. Ahora bien, ¿Qué se decía en la demanda? ¿Qué la Administración no contaba con seguro o que, habiendo anunciado que contaba con él, en realidad carecía del mismo? En el primer caso, la Sala lleva razón, pese a que hubiera sido de agradecer que los magistrados se hubiesen estrujado algo más la mollera para resolver; en el segundo, sí que la Administración tendría cierto grado de responsabilidad por haber inducido a error. Desgraciadamente, como la sentencia es un ejemplo de desinformación, han de detenerse aquí nuestras reflexiones.

5.- Para finalizar, uno se sorprende cuando en el fundamento jurídico sexto se refiere explícita y textualmente a la “complejidad de la cuestión planteada”. Pues es de justicia indicar que la motivación jurídica de esta resolución es inversamente proporcional a la complejidad.

En definitiva, que como decíamos anteriormente, debería introducirse en nuestro ordenamiento procesal la “sentencia sucinta” o incluso la “sentencia formulario”. La resolución que acabamos de glosar es un ejemplo de lo que podría ser esa novedosa figura, que pese a no estar expresamente recogida en nuestra legislación procesal, sí que goza de cierto arraigo en determinados órganos judiciales. Los mismos, además, que suelen ser severos censores de los escritos procesales cuando éstos emanan de un profesional ajeno a la función pública. Paradojas de la vida que hacen evocar el célebre dicho sobre el maestro Ciruela…….

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