“SÍNDROME JUDICIAL DEL DOCTOR JEKYLL”: MISMOS HECHOS, MISMAS PARTES, MISMO TRIBUNAL, MISMA SECCIÓN Y DIFERENTES SOLUCIONES

Jekyll & Hyde

En el seno de la Administración de Justicia, uno de los hechos que produce auténticos quebraderos de cabeza a los operadores jurídicos, fundamentalmente a los Abogados, es la existencia de sentencias contradictorias. Jueces que discrepan entre ellos, órganos judiciales diferentes que mantiene criterios opuestos, resoluciones judiciales que enfrentadas a los mismos hechos los resuelven de forma diferente sin argumentos de peso que avalen tales resultados. Pero lo que ya es sumamente inquietante, cuando no decir inexplicable, es que ante supuestos literalmente idénticos un mismo órgano resuelva de forma diametralmente distinta, inadmitiendo el asunto en un supuesto por falta de competencia territorial y en otro declarándose competente y resolviendo en cuanto al fondo. Y rizando aún más el rizo, dicho comportamiento no lo hace en una sola ocasión, sino cuando menos en dos y en el mismo año. Toda una muestra de esquizofrenia procesal o de lo que podríamos denominar “síndrome del doctor Jekyll” en su vertiente jurídica. Veámoslo.

1.- Situémonos en el 9 de mayo de 2013, cuando se dicta la Sentencia 292/2013 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictada en recurso administrativo número 1173/2011. Dicho órgano jurisdiccional se enfrenta al recurso contencioso-administrativo “interpuesto contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, por el Ministerio de Educación, de la reclamación de 5 de Noviembre de 2010, en pago de la cantidad de 5.089,76 euros, correspondiente a la liquidación final de la obra en relación al expediente EP4/98 Cubierta y Varias CP Barcia Luanda, de fecha 15 de julio de 1999”, existiendo además, un saldo a su favor por dicha cantidad informado favorablemente por la Unidad Técnica de la Dirección Provincial del MEC en Asturias (fundamento jurídico primero). Pues bien, los Servicios Jurídicos del Estado alegan la inadmisibilidad del recurso alegando la inadmisibilidad del recurso por dos razones: la primera, por falta de legitimación pasiva del Estado (tras la aprobación del Real Decreto 2081/1999 de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones) y, además, falta de competencia del órgano madrileño, dado que la reclamación, en su caso, correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Pues bien, en el fundamento jurídico segundo el Tribunal sostiene que “El contrato que nos ocupa se encontraba en vigor en la fecha de la efectividad del traspaso, por cuanto que, aún no se había producido el pago del principal reclamado en este recurso así como de los intereses de demora, ni siquiera se había reclamado su pago, ya que, según la entidad mercantil recurrente, el primer escrito en dicho sentido tiene fecha de 15 de diciembre de 2003. Dicho expediente se encontraba, por tanto, en tramitación, aplicándose en consecuencia lo establecido en el artículo 20.1 Ley 12/1983 de 14 de octubre del Proceso Autonómico […] El expediente se debía entregar a la Comunidad Autónoma, a la que correspondía a partir de ese momento la competencia para adoptar la resolución definitiva, siendo de su cuenta las consecuencias económicas resultantes, que en este caso se circunscribirían al abono de la cantidad correspondiente al principal reclamado e intereses moratorios”. En consecuencia, estima la falta de legitimación pasiva del Ministerio de Educación y Ciencia (por cuanto la reclamación debería dirigirse frente a la Administración del Principado de Asturias) y la falta de competencia del Tribunal para conocer el asunto, por corresponder su enjuiciamiento a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Este mismo criterio mantiene la misma sección de la misma Sala en su Sentencia 594/2013 de 25 de septiembre dictada en recurso número 1167/2011, que resuelve un supuesto absolutamente idéntico (mismas partes, mismos hechos), y por tanto, la resolución judicial se remite en el fundamento jurídico segundo a su sentencia anterior, que transcribe literalmente.
Ha resuelto, pues, la Sala en su versión “doctor Jekyll”, inadmitiendo la pretensión por no ser competente el Ministerio de Educación al haber sido transferida la competencia al Principado de Asturias y debiendo, por tanto, dirigirse la acción contra este y, además, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

2.- Sin embargo, cuando aún no habían transcurrido los dos meses desde la segunda resolución judicial citada en el punto anterior, cuando la misma Sala ha de resolver un supuesto absolutamente idéntico en todos sus extremos. Pero si entonces la sala había resuelto como el bondadoso Jekyll, en esta ocasión debió hacer uso de la pócima que desprende la envoltura externa del buen doctor para transformarse en Edward Hyde, y como tal Hyde dicta la Sentencia 751/2013 de 20 de noviembre de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictada en recurso número 1166/2011. Como ya hemos dicho, las partes en disputa son las mismas que en las dos sentencias anteriores, y el objeto es el mismo, dado que basta una lectura del fundamento jurídico primero para comprobar que el objeto de impugnación es la “desestimación por silencio administrativo, de la solicitud formulada por la mercantil […] ante el Ministerio de Educación de fecha 5 de noviembre del 2010 relativa al pago de la cantidad de 20.465,23 en concepto de liquidación de obra correspondiente al expediente EM 06/97 Implantación de Ciclos FP IES Juan Antonio Suances de Avilés así como los intereses de demora de la cantidad anterior”. La primera reclamación se produce el 15 de diciembre de 2003, es decir, cuando han transcurrido más de cinco años de la liquidación del contrato. Observen, por tanto, que la fecha de la reclamación es incluso la misma en todos los casos.
Pues bien, la Sala rechaza expresamente la inadmisibilidad del recurso por falta de competencia al entender, de forma extrañísima, que “de dicho expediente no resulta sin [sic] la mencionada Dirección Provincial actuó en el ejercicio de facultades propios o delegadas por algún órgano central del Ministerio”; y digo extrañísima porque no parece creíble que expedientes tramitados por un mismo órgano con un mismo objeto y con un mismo contratista utilicen documentos tan diferentes como para que no conste expresamente dicho particular. También desestima la alegación de prescripción y la sentencia es íntegramente estimatoria, eso sí, sin costas.

3.- También como Edward Hyde la Sala dicta su Sentencia 847/2013 de 13 de diciembre de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictada en recurso número 1172/2011. Demandante y demandado vuelven a ser los mismos que en el caso expuesto los puntos anteriores, e incluso la fecha de reclamación es la misma, pues si uno observa el fundamento jurídico primero se observa que el recurso se interpone frente a la “desestimación por silencio administrativo, de la solicitud formulada por la entidad mercantil […] ante el Ministerio de Educación de fecha 5 de noviembre de 2010, relativa al pago de la cantidad de 51.727,16 en concepto de liquidación de obra correspondiente al expediente EM 15/98” Transformación 3ª Fase IES Los Campos Corvera” Según el fundamento jurídico tercero, la primera reclamación tiene lugar el 15 de diciembre de 2003. Pues bien, en esta ocasión, la Sala declara la competencia, argumentando, al igual que la sentencia indicada en el punto anterior, que: “de dicho expediente no resulta si la mencionada Dirección Provincial actuó en el ejercicio de facultades propios o delegadas por algún órgano central del Ministerio” (sic), algo sumamente extraño pues, como se indicó anteriormente, la misma Sala ha resuelto dos expedientes anteriores que vinculaba a las mismas partes y por supuestos idénticos. En este caso, la Sala, como hemos dicho, entra en el fondo del asunto, pero desestimando la pretensión acogiéndose a la prescripción, pues hubo dos reclamaciones (la primera el 15 de diciembre de 2003 y la segunda el 19 de septiembre de 2008), entre las cuales se aprobó la Ley 47/2003 General Presupuestaria (que entró en vigor el 1 de enero de 2005) reduciendo el plazo prescriptivo de cinco a cuatro años. La Sala hace un razonamiento (jurídicamente más que discutible) en el fundamento jurídico cuarto para desestimar la pretensión por prescripción.

Recapitulemos. Tenemos un mismo interesado que formula cuatro reclamaciones frente a la misma Administración (la del Estado, en concreto frente al Ministerio de Educación y Ciencia) en la misma fecha (5 de noviembre de 2010) que no son resueltas en tiempo y forma por el ente público ante el que se presentaron y que, por ende, deben entenderse desestimadas. Todos los supuestos se refieren a contratos administrativos anteriores al año 2000, y todos ellos referentes a obras que no fueron abonadas por la Administración. A cuatro reclamaciones que deben entenderse desestimadas en la misma fecha siguen lógicamente cuatro procedimientos contencioso-administrativos presentados ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y además, todos ellos los conoce la misma Sección, la tercera. Ahora bien, en cuanto al resultado, parece propio de un bingo: dos son inadmitidos por falta de legitimación pasiva e incompetencia territorial de la Sala; uno desestimado por prescripción y otro estimado.

¿Qué explicación puede darse a este hecho? Pudiéramos, en puridad, animus iocandi, hablar, como ya hicimos antes, del “síndrome del doctor Jekyll” y entender que los magistrados al resolver los dos últimos recursos lo hicieron bajo los efectos de la pócima ideada por el célebre doctor británico creado por Stevenson que desataba la envoltura carnal para sacar a la superficie el otro yo que todo ser humano posee. Pudiéramos, igualmente ánimus iocandi, hablar de una versión judicial de La invasión de los ultracuerpos, donde los cuerpos de los magistrados habrían ocupados mientras dormían por entes extraterrestres, por lo que al demandante en los cuatro casos debió quedársele la misma sensación que al personaje interpretado por Kevin McCarthy en la escena final de la citada película, cuando intentaba advertir a los ciudadanos que mientras éstos dormían sus cuerpos eran ocupados por entes extraterrestres. He aquí la escena:

En todo caso, lo que queda claro es que más que una Administración de Justicia, el ciudadano parece que en ocasiones se encuentra ante un auténtico juego de ruleta de los que tanto abundan en la célebre ciudad americana fundada en pleno desierto de Nevada por Benjamín “Bugsy” Siegel. En fin, para ilustrar este ilustrativo ejemplo de confrontación entre la misma Sala, ofrecemos al lector otra “confrontación” algo más lúdica: la que tiene lugar al final del célebre musical de Broadway “Jekyll & Hyde”, y donde el mismo intérprete (en este caso, Robert Cuccioli) tiene que adoptar ante las tablas los dos papeles.

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