EL INFORME DE LA AMERICAN BAR ASSOCIATION SOBRE LA SELECCIÓN DE JUECES.

 

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En nuestro país, la selección de jueces es bien sabido que se produce en general (el denominado “cuarto turno” no pasa de ser una excepción) mediante un sistema basado exclusivamente en la oposición pura y dura concebida con tintes decimonónicos. Casi cuatrocientos temas que el esforzado opositor habrá de memorizar para enfrentarse a una prueba tipo test y a una lotería de varios temas. A continuación, deberá peregrinar por la Escuela Judicial (reconocimiento implícito de que la nefasta memorización acrítica de temas no es suficiente y que se necesita una “formación” adicional). Considero que ese sistema, que pudo ser (observen que digo “pudo ser” no que “haya sido”) adecuado en tiempos pretéritos, no lo es en la actualidad. La razón de ser está en la época actual, caracterizada por las denominadas “leyes-medida”, y en la continua proliferación de normas que el legislador y el ejecutivo emanan día sí y día también (obsérvese que el Boletín Oficial del Estado ya descansa únicamente los domingos). En el siglo XIX e incluso hasta el último tercio del siglo XX las leyes eran más o menos estables, y además en cualquier rama del ordenamiento bastaba tener en mente un sólido tronco central de la disciplina. Pero hoy en día quien desee adentrarse por cualquiera de los subconjuntos existentes, por ejemplo, dentro de la rama administrativa comprenderá que es imposible retener en la memoria toneladas de legislación cuyo conocimiento material es imposible sin la consulta directa al precepto. Desafío a cualquiera a que intente memorizar lo que son los hechos imponibles exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido (a los que la Ley 37/1992 de 28 de diciembre dedica íntegro el Título II, que contiene la friolera de cuarenta y siete artículos), o alguno de los preceptos de la inabarcable Ley 2/2011 de 4 de marzo, de economía sostenible. Si a ello añadimos algunos Decretos Leyes, figura ésta de la que se ha abusado en las dos últimas legislaturas. Hoy en día no es aconsejable (en el supuesto de que fuese posible, cosa que personalmente dudo) retener quintales de material inútil en la memoria, En su extenso estudio introductorio a las Leyes Administrativas, el profesor Martín Rebollo dice expresamente que el jurista de hoy ha de ser experto en saber dónde localizar la norma, no en dominar memorísticamente una legislación, algo que ni aun teniendo el palacio mental del que goza el protagonista de la serie Sherlock serviría de mucha ayuda.

Por ello, no puedo menos que recomendar encarecidamente la lectura del informe que en junio de 2008 elaboró la American Bar Association acerca del proceso de selección de miembros de la judicatura, informe que lleva precisamente por título Judicial selection: the process of choosing judges. El mismo es revelador por varias circunstancias:

Primera.- El hecho de que la más importante de las asociaciones de abogados a nivel federal, que goza de un merecidísimo prestigio, elabore un informe sobre la materia con las propuestas sobre el tema. Algo que en nuestro país no es muy frecuente.

Segundo.- El hecho de que la propia abogacía considere que no debe monopolizar la materia. Para ello, nada mejor que la lectura del segundo párrafo del informe: “Las consideraciones sobre el proceso de selección de jueces no deben ser de dominio exclusivo de juristas y asociaciones de abogados. Las decisiones judiciales a todos los niveles –desde los tribunales de tráfico al Tribunal Supremo- afectan todos los días a cada uno de los ciudadanos. Aunque la ABA cree firmemente que las asociaciones de abogados y sus líderes deben situarse a la vanguardia en este esfuerzo, el progreso no puede y no debe realizarse sin la colaboración de ciudadanos de diversas procedencias e intereses”. En definitiva, que no se trata únicamente de una labor de juristas, sino que también los ciudadanos han de tener su voz en este tema.

Tercero.- Ofrece una evolución histórica de los medios de selección judicial. Desde el inicial nombramiento de los jueces por las legislaturas de los estados, hasta los nombramientos gubernamentales, hasta la elección mediante elecciones periódicas (esto último a raíz de la democracia Jacksoniana). En 1940 el estado de Missouri adoptó el sistema conocido como “Missouri plan” basado exclusivamente en una selección meritocrática donde un organismo independiente es quien valora los méritos de los candidatos y propone al gobernador quienes han de ser nombrados jueces. Dicho sistema ha tenido éxito y es el que existe en la actualidad en la mayoría de los estados, hasta el punto que como indica este documento, Rhode Island incluso lo ha llevado a su Constitución, finiquitando así el vetusto sistema de nombramiento gubernamental.

Con más o menos variaciones, es el que goza de mayor predicamento en la sociedad americana hasta el punto que, como ya hemos indicado en un post anterior, el célebre novelista John Grisham ofreció en su novela La apelación una furibunda crítica del sistema de elección popular de jueces, defendiendo el modelo o plan Missouri. La composición de los organismos encargados de la selección varían en cada estado, pero hay un rasgo que se mantiene: su composición paritaria entre juristas y no juristas. Hace tan sólo tres días nos hacíamos eco en esta misma bitácora de cómo en el estado de Missouri se buscaban ciudadanos para integrar el organismo encargado de seleccionar los candidatos a jueces.

Cuarto.- Se incide en la importancia de la ecuación selección de jueces/garantía del estado de Derecho. El párrafo inicial del informe ya destaca este tema, pero ulteriormente la página 8 del informe retoma esta idea precisamente para rechazar el sistema de elección de jueces mediante sufragio. Y lo hace con estas palabras: “Las elecciones judiciales debilitan, de muy importantes modos, las facultades del juez para desarrollar su tarea esencial. Todos los jueces deben ser responsables, pero a diferencia de otros cargos, no deben sujetarse estrictamente a la opinión pública. Por el contrario, se les exige adherencia al derecho.” Por ello las campañas electorales para cubrir vacantes judiciales, donde existen intereses encontrados “no avanzan en el camino de lograr una justicia recta e imparcial para cada ciudadano

Quinto.- Uno puede pensar que la Comisión encargada de seleccionar a los jueces tiene una discrecionalidad absoluta. Pues bien, el informe trata de ofrecer un par de medios para garantizar que los elegidos son, en efecto, los mejores candidatos para vestir la toga (recordemos que en Estados Unidos únicamente la portan los jueces, no los letrados):

A.- Estableciendo los requisitos o habilidades que ha de poseer el candidato, que han de incluir las siguientes: habilidad legal, integridad e imparcialidad, habilidades comunicativas, profesionalidad y temperamento, capacidad administrativa y sobre todo habilidades necesarias para desarrollar su actividad el juzgado cuya vacante se pretende cubrir. Este último es, a mi humilde entender, clave. Quienes se dedican a la abogacía sabrán por experiencia que en determinados órdenes jurisdiccionales existen, no faltaba más, jueces vocacionales, pero en muchas ocasiones la “vocación” consiste en huir de otro orden jurisdiccional o en acercarse al lugar de residencia u origen. Porque, por ejemplo, en nuestro país el temario de oposiciones a judicatura si algo demuestra es que para él únicamente existe el orden civil y en penal, mofándose del administrativo y del laboral, quizá por estar anclados aún en una época donde esas materias o bien no existían (caso del derecho laboral) o bien no e encomendaban al Poder Judicial (caso del contencioso-administrativo, que no se judicializa hasta le Ley de 27 de diciembre de 1956).

B.- La publicidad. En este caso, el informe establece que “El proceso de evaluación debería ser confidencial, pero que “el resultado final debe ser público y difundido lo más ampliamente posible”.

En definitiva, que se trata de lograr buenos jueces, experimentados y que conozcan la materia sobre la que van a juzgar.

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