APROBADO EL ANTEPROYECTO DE LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. ANÁLISIS DE URGENCIA SOBRE EL MISMO.

Reforma Administración

Ayer día nueve de enero de dos mil quince el Consejo de Ministros aprobó tanto el Anteproyectos de Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y como el Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Llama la atención el hecho de que, según la información ofrecida en la rueda de prensa que siguió a la reunión del gabinete, no cabe duda que el contenido material de la actual Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, va a desdoblarse en dos textos normativos distintos: uno que aborde las relaciones entre los ciudadanos y la Administración (procedimiento administrativo) y otro que se limite a las relaciones interadministrativas (sector público). No otra cosa puede deducirse de la siguiente explicación: “Esta reforma se basa en dos ejes complementarios: el referido a las relaciones externas de la Administración con ciudadanos y empresas, del que se ocupa el Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el referido a la organización y relaciones internas dentro de cada Administración y entre las distintas Administraciones, en el que se centra el Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

Como siempre, habrá que esperar a conocer la redacción material de los proyectos normativos. No obstante, me parece que, como siempre, algunas de las presuntas novedades no intentan más que elevar a nivel legislativo o plasmar en la ley positiva hechos o realidades cotidianas. Me explico con dos ejemplos concretos:

1.- Entre las que se denominan explícitamente “principales novedades” se encuentra la siguiente, que además se coloca en primer lugar: “Se facilitan las relaciones electrónicas de los ciudadanos con la Administración. Con este objetivo se habilita la presentación de escritos en cualquier momento en el registro electrónico de cualquier Administración, con independencia de a quien se dirijan.” Ahora bien, eso no es una novedad, pues desde la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, esa “facilidad” estaba reconocida ya a nivel legislativo, bastando para ello la mera lectura de los artículos 1, 3 apartados 1 y 2 y 6 y siguientes. Cosa distinta es que ese reconocimiento legislativo se vea acompañado por una disponibilidad de medios o una adaptación de las Administraciones y de su personal al uso de tales medios, algo que no se logra mediante un simple reconocimiento legislativo. Pero a lo que vamos, que no se trata de una “novedad”.

2.- Otra de esas “principales novedades” consiste en que “Se reducen las cargas administrativas y se establece como regla general la no solicitud de documentos originales (por ejemplo, la declaración de la renta o los certificados de empadronamiento, etcétera). No será preciso que los ciudadanos presenten fotocopias de documentos, sino que, registrados éstos electrónicamente, la Administración elaborará las copias que necesite”; o, refiriéndose a las empresas, “Se reducen cargas administrativas al no exigir como regla general documentos que hayan sido presentados con anterioridad, o elaborados por la propia Administración (por ejemplo: licencias o autorizaciones ya expedidas).”. En realidad tampoco es esta una novedad, puesto que en cuanto a la presentación de documentos originales una simple aplicación del artículo 35.f de la actual Ley 30/1992 (que incluye entre los derechos de los ciudadanos el “no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante”) hubiera conllevado a que en muchos procedimientos no fuese necesario presentar la documentación que exigen, pero ya se sabe que en este país cuanto más hecho te den otros el trabajo (y no me estoy refiriendo exclusivamente al sector público) mejor.

Sí que constituiría, en principio, una novedad el hecho de que existirá “un único procedimiento común, más fácil de conocer, prescindiendo del abundante número actual de procedimientos especiales, y se prevé un procedimiento administrativo “exprés” para supuestos de menor complejidad, con lo que se gana en agilidad al reducir plazos.”. En efecto, contra lo que puede ser creencia general, ni existía con la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 ni existe en la actual Ley 30/1992 un “procedimiento administrativo común”, pese a que sea esa precisamente la rúbrica de la actual ley, como lo prueba el hecho de que el Título VI lleve como encabezamiento “disposiciones comunes a los procedimientos administrativos”. La situación la describió magníficamente la Sentencia 133/1986 de 12 de febrero de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que, aun refiriéndose a la Ley de 1958, contiene un razonamiento que continúa manteniendo su vigencia con la normativa actual: En el Ordenamiento español es posible distinguir, con toda claridad, a partir de la Ley de 17 de julio de 1958, norma preconstitucional de singular relieve por su calidad técnica y que aún hoy constituye la cabecera del correspondiente grupo normativo, dos tipos de procedimientos administrativos: aquéllos cuya tramitación viene preestablecida por el Derecho positivo (y que por eso se les ha podido llamar “procedimientos formalizados”) y aquellos otros en que se deja en libertad al instructor para fijar la tramitación (que son la mayoría de los procedimientos que se emplean y que se les designa como “procedimientos no formalizados”). Precisamente el Título IV de la Ley citada lo que contiene no es un procedimiento tipo –que pudiera equipararse al mayor cuantía civil-, sino un arsenal de herramientas procesales a disposición del instructor que las utilizará, según convenga en cada caso, o según la norma aplicable se lo imponga en otros. Es así como el legislador de 1958 solucionó inteligentemente el arduo problema de establecer una regulación general del procedimiento administrativo en que pudieran tener cabida el sinfín de actuaciones de la Administración pública”. Ahora el Anteproyecto aprobado ayer pretende reducir los procedimientos a dos: el ordinario y el abreviado (al que se denomina con terminología jurídicamente no muy correcta, “express”). No dudo de que la ley responda a ese principio, pero mucho me temo que con este tema ocurrirá como con el silencio administrativo, donde la Ley 30/1992 pretendió generalizar el silencio positivo estableciéndolo como regla general, pero salvando la posibilidad de que por normativa sectorial o específica se pudiese variar dicha consecuencia, que es precisamente lo que ha ocurrido, por lo que hoy en día tenemos que la regla general normativamente hablando es el silencio positivo pero en la realidad lo normal es que sea negativo. Pues bien, desearía equivocarme, pero no me extrañaría nada que previamente a la regulación de ese procedimiento administrativo general se incluya una expresión del tipo “a salvo de lo establecido en la legislación específica”, “sin perjuicio de la regulación contenida en leyes especiales” o similar, aunque quizá esto se pueda deber a la malevolencia de quien suscribe.

El afán recaudatorio no podía faltar, y así se pone el caramelo al ciudadano generalizando lo que actualmente ya se contiene en determinados sectores (tráfico, sanciones tributarias), cual es la de reducir el importe de las sanciones por pago voluntario (se supone que implicando dicho pago la renuncia a la impugnación administrativa o judicial).

Por último, quisiera referirme a otra presunta novedad, cual es la obligatoriedad de que las empresas, en su relación con las Administraciones, utilicen exclusivamente la vía electrónica, aunque en este caso ya se reconoce expresamente que “como vienen haciendo ya con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social”. No se puede achacar al redactor de estas líneas estar en contra de la plena incorporación de los instrumentos y medios electrónicos, informáticos y telemáticos a la Administración en general (y a la Administración de Justicia en particular). Ahora bien, mi opinión en este sentido es que ello debiera ser un derecho, una facultad, y no una obligación o carga, de manera que lo que debe es facilitarse a quien desee relacionarse con la Administración por dicho medio que pueda hacerlo, pero sin ser imperativo, ni para ciudadanos ni para empresas.

En fin, estas son, a vuela pluma, mis reflexiones sobre el particular, que, como siempre, someto gustoso a cualquier otra mejor fundada en Derecho.

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