WILLIAMS-YULEE v FLORIDA BAR: ELECCIONES DE JUECES, DINERO Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Judicial elections

Hoy martes día 20 de enero de 2015 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha celebrado la vista oral del caso Williams-Yulee v. Florida Bar, que tiene como fondo del asunto las elecciones populares de jueces. El asunto viene por vía de certiorari frente a la sentencia Florida Bar v. Lanell Williams-Yulee dictada el 1 de mayo de 2014 por el Tribunal Supremo de Florida. La cuestión que se plantea para que el máximo órgano judicial estadounidense fije doctrina es clara y directa: “¿Vulnera la primera enmienda una norma que prohíbe a los candidatos a jueces solicitar personalmente fondos para su campaña electoral?

Conviene hacer un poco de historia. Los jueces federales de todo el territorio norteamericano son nombrados de la misma forma: por el Presidente con el visto bueno del Senado (el famoso “advise and consent”); la delimitación de los ámbitos competenciales de cada órgano está perfectamente descrito en la sentencia Marbury v. Madison (que, no olvidemos, tiene como fondo del asunto la negativa del Secretario de Estado a entregar a un juez federal su nombramiento). Ahora bien, en el caso de jueces estatales, lo característico es la variedad. Inicialmente los mismos eran designados por los gobernadores o las legislaturas, pero en la década de los años treinta del siglo XIX, con el advenimiento de la democracia jacksoniana, se extendió el sistema de elección de jueces por votación popular, que es el predominante incluso hoy en día (remito al lector interesado al muy interesante libro La selección de jueces en los Estados Unidos, de Rosario Serra Cristóbal, publicado en la editorial Civitas). Ahora bien, en los últimos años el sistema de elección de jueces por sufragio ha comenzado a cuestionarse desde varios foros. A nivel literario, John Grisham lo ha hecho abiertamente en su novela La apelación; a nivel propiamente jurídico-político, Sandra Day O´Connor (juez del Tribunal Supremo entre los años 1981 y 2006) ha iniciado una campaña en contra de ese sistema. El argumento que se ofrece para acabar con ese medio de selección es claro: que la financiación de un candidato a cubrir un órgano judicial puede cuestionar su independencia, lo cual excede de las ventajas de una elección “popular” democráticamente legitimada. El argumento no deja de ser cierto, pero podría extenderse, por ejemplo, a las propias elecciones legislativas (donde la financiación de determinados partidos puede nada menos que orientar no las decisiones judiciales, sino la propia legislación). Este es el ámbito de debate en el que ha de situarse el caso concreto que hoy analizamos.

Descendamos al caso concreto. Los hechos se remontan a septiembre de 2009, cuando la demandada presentó su candidatura para un juzgado condal de Florida. Para ello remitió una carta anunciando su candidatura y solicitando fondos para la campaña; se le imputaba incluso que en su carta hacía referencia a su carrera profesional “de servidora de la comunidad como Defensor Público”, cuando lo correcto era “ayudante del defensor público” (aunque esto no dejaba de ser anecdótico, dado que en la carta para se ofrecía al público el enlace a su currículum en la web, donde figuraba correctamente como “ayudante del Defensor Público”). Pero, sobre todo, lo que motivó la protesta y el asunto fue la solicitud que la candidata hacía de fondos para su campaña judicial, dado que la normativa vigente impide a un candidato a cubrir un puesto de juez que solicite personalmente fondos para su campaña o demandar apoyo, sin perjuicio de que se reconoce su derecho a nombrar comités que sí lo hagan. El asunto fue sometido a un comité arbitral que estimó este último hecho como una infracción del código de conducta, pero tuvo en cuenta varias circunstancias atenuantes (el amplio historial de la abogada en cuestión –que se había incorporado a la abogacía en 1991, sin antecedentes disciplinarios, sin que se demostrase la existencia de mala fe o motivos deshonestos y, sobre todo, la colaboración total con el comité arbitral encargado de resolver el asunto). Hay que tener en cuenta otro hecho adicional, que no viene en los antecedentes de hecho de la sentencia pero que sí ofrece Lyle Denniston en su entrada publicada en el Supreme Court of the United States Blog (aclaremos que no es un blog “oficial” del Tribunal Supremo, sino uno mantenido por varios letrados donde se comentan asuntos resueltos o por resolver en dicho órgano judicial) comentando este caso: las cantidades solicitadas eran ridículas (la máxima que se solicitaba era de 500 dólares y la mínima de 25). La sanción impuesta fue también relativamente benévola: amonestación pública y reintegrar a la Abogacía de Florida la cantidad de 1.860,30 dólares. La sancionada impugnó tal resolución ante el Tribunal Supremo de Florida, quien confirmó la legalidad de la sanción. La sentencia de dicho órgano comienza indicando que su potestad de revisar los hechos es limitada, de tal manera que “si los hechos declarados probados se encuentran avalados por pruebas sustanciales obrantes en el expediente, este Tribunal no los revisará el juicio del arbitraje por el suyo propio”. Pero la sentencia da un paso más, y reconoce que la sancionada no cuestiona los hechos, y ni tan siquiera cuestiona que se aplique la norma en base a la cual se le sanciona, sino que su argumento es mucho más sutil: el precepto que prohíbe a un candidato solicitar personalmente fondos para su campaña es inconstitucional por vulnerar la primera enmienda.

Y aquí es donde se riza el rizo. La sentencia, a la hora de resolver este motivo de impugnación, comienza de forma significativa: “Este Tribunal reconoce que la prohibición impuesta a los candidatos a juez de solicitar personalmente contribuciones para su campaña restringen claramente la libertad de expresión del candidato. Por tanto, en orden a declarar su constitucionalidad y que dicho precepto no vulnere la primera enmienda, el precepto debe ser interpretado en función del interés estatal prevalente” Y el Tribunal Supremo lo encuentra en el interés del estado en “mantener la integridad de sus jueces y mantener la confianza pública en una judicatura imparcial”. También hace referencia a jurisprudencia de órganos judiciales de diferentes estados que avalan la constitucionalidad de normas prohibitivas similares a la existente en este supuesto, sentencias que glosa y comenta ampliamente. Pero resulta que en este sentido la jurisprudencia está dividida, pues como recuerda Lyle Denniston “En tres estados el Tribunal Supremo y en dos los Tribunales Federales de Apelación han avalado la constitucionalidad de dichas restricciones, mientras otros cuatro tribunales federales de apelación han declarado su inconstitucionalidad”. Es decir, que no existe una solución pacífica, sino una división jurisprudencial, siendo así que en el presente supuesto el Tribunal Supremo de Florida se alinea con quienes defienden la constitucionalidad del precepto, por entender que al solicitar personalmente fondos para su campaña por medio de correo masivo, puede mermar la confianza pública en la imparcialidad del juez.

Habrá que esperar a ver qué resuelve el Tribunal Supremo estadounidense, pero hay un hecho significativo, y es que la sancionada inicia su recurso ante el Tribunal Supremo citando una frase que el juez Anthony Kennedy introdujo en su voto particular concurrente en el asunto Republican Party of Minn v. White (536 US 765 [2002]): “un estado no puede optar por la elección popular de jueces y después sostener que su correcto funcionamiento exige restringir la libertad de expresión”. La cita de Anthony Kennedy no es sólo oportuna, sino muy adecuada teniendo en cuenta el papel central y clave que dicho magistrado tiene a la hora de inclinar el órgano judicial hacia uno u otro lado de la balanza.

En fin, que este asunto no deja de recordarme un supuesto análogo acaecido en nuestro país, donde cierto magistrado solicitó fondos a cierto banquero ilustre, no para su campaña electoral como juez (aunque evidentemente sí para una campaña de autopromoción personal), sino para ciertos cursillos donde el mismo figuraba como organizador y ponente.

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