RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DERIVADA DEL INCENDIO OCASIONADO POR UN INCAPAZ SOMETIDO A LA TUTELA DE UN ENTE PÚBLICO.

Incendio

La reciente Sentencia 16/2015 de 20 de enero de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictada en recurso número 1368/2014 resuelve un interesante supuesto, en concreto la condena a un organismo administrativo de la Comunidad Autónoma de Madrid como responsable civil subsidiario de los daños ocasionados en territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia por una persona incapacitada y cuya tutela había asumido la autonomía madrileña a través del organismo público correspondiente.

Resumamos los hechos. Una persona a la que se había diagnosticado un “trastorno esquizo-afectivo que le provocaba una importante alteración de la capacidad de juicio y una notable dificultad para poder valorar de manera adecuada su conducta” fue declarado por sentencia judicial firme de 8 de junio de 2007 “plenamente incapaz para regir su persona y bienes y sometido a la tutela de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos de la Comunidad de Madrid”, aceptando este órgano (que había actuado durante todo el proceso como defensor judicial de la persona a quien se pretendía incapacitar) el cargo de tutor el día 25 de septiembre de 2007. Pues bien, dos días más tarde, el 27 de septiembre de 2007, el incapacitado prendió tres focos de fuego en varios lugares de la localidad de Cangas de Morrazo, provocando un incendio que afectó a 2.5 hectáreas, ocasionando unos daños y perjuicios a una comunidad de montes en mano común de 29.018,2 euros y a la Junta de Galicia de 66.627,42 correspondientes a gastos por tareas de extinción. Pues bien, la Sentencia de la Sección Segunda Audiencia Provincial de condena al incapaz como autor del delito, pero, lo que es más interesante, contiene el siguiente pronunciamiento “Como civilmente responsable el condenado deberá indemnizar a la Comunidad de Montes en Mano Común de darbo en la suma de 29.018,02 euros por los daños y perjuicios producidos por el incendio y a la Xunta de Galicia en la suma de 66.627,42 euros por gastos ocasionados para su extinción. Del pago de las referidas sumas responderá de forma subsidiaria la Agencia Madrileña para la tutela de Adultos de la Comunidad de Madrid”. Como no podía ser menos, la Agencia Madrileña recurrió la sentencia ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que desestima el recurso en su integridad. No obstante, la Administración, impasible el ademán y dado que no suele preocuparse por los recursos económicos a la hora de litigar, acude al recurso de casación, alegando como único motivo la “indebida aplicación del artículo 120.1 del Código Penal”. La posición del ente administrativo era sumamente extraña, pues alegaba que “se atribuye responsabilidad a la agencia por hechos ajenos a la tutela, por actuaciones y en momentos en que no ostentaba la representación legal del condenado ni asumía responsabilidad alguna por su conducta [sic] así como niega la existencia de una relación de causalidad entre la eventual acción u omisión culposa o negligente del tutor y el hecho acaecido”, además de sostener que “dicho precepto penal no contempla la responsabilidad del defensor judicial y la Agencia en tal condición únicamente asumió la defensa en juicio de la persona sujeta al proceso de incapacitación, no estando obligada a hacerse cargo del cuidado o custodia del presunto incapaz. La AMTA asumió la tutela el 25 de septiembre de 2007 y el tutelado cometió los hechos dos días después, tiempo durante el cual no existían elementos que evidenciaran la urgencia de acometer cualquier decisión sobre el tutelado y además al no existir tiempo material para que cualquier decisión se hubiera ejecutado en ese escaso plazo de dos días” A mayor abundamiento, intenta escurrir el bulto desviando implícitamente las culpas al poder judicial, al indicar que “La sentencia de incapacitación no ordenó adoptar ninguna medida urgente (ingreso, por ejemplo)”.

Previamente a exponer los fundamentos jurídicos de la sentencia penal, conviene recordar al lector interesado la dicción literal del artículo 120.1 de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal: “Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente: 1.º Los padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los delitos o faltas cometidos por los mayores de dieciocho años sujetos a su patria potestad o tutela y que vivan en su compañía, siempre que haya por su parte culpa o negligencia.” Lo cual no es más que una traslación al ámbito penal del artículo 1903 del Código Civil, donde se establece la responsabilidad civil por hecho ajeno en los siguientes términos: “La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. Los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda. Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía […] La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.” Con una levísima diferencia: en el caso penal, la norma habla expresamente de “culpa o negligencia” como fundamento de derivación de la responsabilidad. Por el contrario, el artículo 1903 del Código Civil ha sido interpretado jurisprudencialmente en el sentido de que el mismo establece un régimen de responsabilidad cuasi objetiva. Así, por ejemplo, el fundamento jurídico tercero de la Sentencia 1135/2006 de 10 de noviembre de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictada en recurso número 1403/1999, sentencia ésta que hemos recogido a propósito para este caso, no sólo porque la misma afrontaba precisamente la responsabilidad civil derivada de un ilícito penal (la agresión sexual de un menor disminuido psíquico a otro menor) sino porque casaba la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que exoneraba de responsabilidad a los padres en unos términos similares a los utilizados por la Comunidad de Madrid para su defensa en el caso penal, si bien en el caso de la Audiencia Provincial de Valencia se cargaban las tintas contra la Administración (“el fallo no debe buscarse en los progenitores, que dentro de sus limitados medios buscaron la ayuda imprescindible, sino en las instituciones comunitarias y municipales que con evidente desidia y error no proveyeron el auxilio que les fue solicitado. Sin que ninguna responsabilidad sea imputable a los demandados que, por aplicación del último párrafo del art. 1903 del CC, deben ser absueltos”). La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo reacciona frente a dichos argumentacios no sólo recordando la jurisprudencia dictada por el alto órgano judicial en interpretación de dicho precepto (“conforme a la cual la responsabilidad declarada en el artículo 1903 del Código Civil es directa y cuasi objetiva: aunque el precepto que la declara sigue a un artículo que se basa en la responsabilidad por culpa o negligencia, no menciona tal dato de culpabilidad, y por ello se ha sostenido que contempla una responsabilidad por riesgo o cuasi objetiva, justificada por la trasgresión del deber de vigilancia que a los padres incumbe sobre los hijos sometidos a su potestad, con presunción de culpa, por tanto, en quien la ostenta, y con la inserción de ese matiz objetivo en dicha responsabilidad, que pasa a obedecer a criterios de riesgo en no menor proporción que los subjetivos de culpabilidad, sin que sea permitido ampararse en que la conducta del menor, debido a su escasa edad y falta de madurez, no puede calificarse de culposa, pues la responsabilidad dimana –como precisa la reciente Sentencia de 8 de marzo de 2006 , que cita a su vez otras anteriores- de la culpa propia del guardador por omisión del deber de vigilancia”), sino desautorizando expresamente la tesis de la Audiencia inculpando a los progenitores sobre la base de que no podían alegar desconocimiento de la situación real del menor (“Resulta indiscutible que la madre del menor causante del daño, que conocía -como también el padre de éste- los trastornos de conducta de larga duración que sufría su hijo, recabó el auxilio de las instituciones públicas para su tratamiento, que llevaron a cabo un seguimiento psicológico del mismo y elaboraron, a requerimiento de aquélla, un informe para solicitar el ingreso de éste en una residencia; pero no puede agotarse ahí el deber de diligencia exigible a un buen padre de familia para evitar el daño causado, que en sí mismo evidencia una insuficiencia de las medidas adoptadas por los progenitores, en cuya mano estaba promover de las instituciones una pronta solución ante lo que se revelaba claramente como un caso de personalidad inadaptada y socialmente peligrosa – como desgraciadamente se demostró-, si es que se sentían incapaces de controlar la conducta de su hijo”).

Si nos hemos detenido un tanto en las anteriores consideraciones, es para poner en antecedentes al lector, dado que una vez conocidas las tesis de la Sala de lo Civil sobre el particular, tal música sonará familiar cuando se expongan las razones por las que la Sala de lo Penal del mismo órgano desestima el recurso de casación del organismo madrileño. Y lo hace igualmente sobre la base del conocimiento fáctico de la realidad que tenía la Administración encargada de la tutela: “resulta relevante que ya con anterioridad a la aceptación del nombramiento, conocía la Agencia las circunstancias del presunto incapaz, especialmente su incumplimiento de la toma de medicación con la predisposición a descompensaciones periódicas y trastornos de conducta, conforme fue debatido en el procedimiento de incapacitación; según refiere la sentencia recaída en el mismo de fecha 8/6(2007. Sin embargo, pese al deber de vigilancia inherente a la tutela, no consta que, desde que tuvo lugar la aceptación de la misma hasta la producción de los hechos, que hubiera realizado actuación alguna para el efectivo ejercicio de sus obligaciones en relación con el tutelado, ni siquiera dirigida a su localización, pese a la situación de riesgo que podría entrañar para sí mismo y para terceros. Tanto más cuando las frecuentes descompensaciones cursaban con rapidez”. En definitiva, que la Administración no puede alegar inocencia y candidez cuando siendo parte en el procedimiento de incapacitación (derivado del cual asumió la tutela) conocía la situación real de la persona cuya tutela (y, por consecuencia, vigilancia, guardia y custodia) le fue encomendada.

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