ROPER v. SIMMONS: DIEZ AÑOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL LA EJECUCIÓN DE MENORES DE 18 AÑOS.

Death penalty juveniles

Hace justo una década el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo pública el 1 de marzo de 2005 su sentencia en el caso Roper v Simmons, que dejaba sin efecto la doctrina contenida en el caso Stanford v. Kentucky. Por una exigua mayoría (cinco votos frente a cuatro), el Roper el Tribunal Supremo norteamericano fijó como doctrina legal que la imposición de la pena de muerte a menores de 18 años vulneraba las previsiones constitucionales. Y lo hizo precisamente en un caso donde no sólo no existía duda alguna en cuanto a la culpabilidad del condenado, sino que la declaración de hechos probados muestra el repugnante comportamiento de un menos que buscó abiertamente asesinar a una persona por el simple placer de hacerlo, anunciando con anterioridad sus intenciones y vanagloriándose ulteriormente de su hazaña.

La lectura de los hechos declarados probados en la sentencia demuestra abiertamente el grado de abyección al que son capaces de llegar de algunos seres humanos, por muy corta edad que tengan. El “angelito” en cuestión era Christopher Simmons, un joven de 17 años que hablando con dos amigos de 15 y 16 años respectivamente les propuso, como si tal cosa, cometer un robo y asesinar ulteriormente a la víctima, pero no de cualquier forma, sino atándola y arrojándola al río; según consta en la sentencia, Simmons aseguró a sus amigos que “se librarían” del castigo al ser menores. Dicho y hecho. Simmons y otro de sus amigos (el tercero, aunque llegó a reunirse con sus amigos rehusó ejecutar el plan y se marchó), allanaron una vivienda a través de una ventana abierta, ataron y amordazaron a la propietaria y, al comprobar el “angelito” Simmons que conocía a la mujer en cuestión por un accidente de tráfico en que ambos (asaltante y víctima) se habían visto involucrados, reafirmó su decisión de asesinarla, cosa que hizo y de la forma prevista: atándola de pies y manos y arrojarla de esta forma al río. Tras ser detenido (entre otras cosas porque este espécimen iba vanagloriándose de su “logro”), renunció a sus derechos Miranda y presentó voluntariamente una declaración completa. Siendo declarado culpable, el fiscal solicitó la pena de muerte. No deja de ser sorprendente que en la vista que tuvo lugar para decidir la imposición de la pena, se llamase como testigos a los familiares del condenado, y la sentencia recoge la comparecencia en los siguientes términos: “Particularmente, la madre de Simmons testificó sobre la forma responsable que éste demostró a la hora de cuidar tanto a sus dos hermanastros más jóvenes y a su abuela, así como su capacidad de mostrar amor hacia ellos” (sic), aunque no consta que la madre explicase cómo una persona capaz de demostrar ese amor fuese presumiendo en público de haber matado a un semejante, con una premeditación y una frialdad que clamaba al cielo. Al ver el asunto tan negro, el abogado de Simmons decidió parapetarse ante el único escudo protector que podía colocar frente a la espada de Damocles que se ceñía sobre su cliente: su edad. A esa edad, (sostenía el letrado) su cliente no podía beber bebidas alcohólicas (sic) servir como jurado e incluso visionar ciertas películas porque, asómbrense ustedes, “el legislador ha estipulado sabiamente que a determinadas edades los individuos no son responsables”, olvidando que no estábamos ante un tierno infante, sino ante un adolescente que frisaba 17 años. Evidentemente la excusa no cuela y es condenado a muerte. Entonces se inicia una nueva maniobra: cambia de abogado defensor y busca revocar la condena sobre la base de una defectuosa asistencia letrada, y en esta pretensión el nuevo defensor llama como testigos al antiguo abogado de Simmons, a sus amigos, vecinos e incluso a los psicólogos que le habían examinado. No prospera tal maniobra, y se confirma la sentencia condenándole a la pena capital. En el ínterin, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dicta el caso Atkins v. Virginia, que prohíbe la ejecución de personas mentalmente discapacitadas. Simmons se ampara en la doctrina del caso para solicitar que su condena a la pena capital sea revocada. El Tribunal Supremo del Estado de Missouri estima su solicitud y anula la sentencia de muerte, sustituyéndola en su lugar por “cadena perpetua sin posibilidad de remisión, salvo por acuerdo del Gobernador”. Esta sentencia del Tribunal Supremo de Missouri es recurrida ante el Tribunal Supremo.

En esta ocasión, el voto decisivo fue el de Anthony Kennedy, que fue además el ponente de la sentencia. El texto de la resolución judicial aborda un análisis de la octava enmienda constitucional, que proscribe la “imposición de sanciones excesivas o penas crueles y desproporcionadas” (opto por traducir de esta manera la expresión “cruel and unusual punishmet”). La sentencia rechaza la tesis originalista y hace referencia a la evolución de la sociedad y de las costumbres, que inevitablemente tienen su reflejo a la hora de interpretar la normativa, puesto que “la evolución de los criterios acerca de la decencia marcan el progreso de una sociedad madura”. Tras hacer un repaso de la jurisprudencia del propio Tribunal, sobre todo del caso Stanford, se hace igualmente eco de la propia evolución social que ha tenido su acogida en las propias resoluciones del Tribunal Supremo. Y, por tanto, igual que se han revisado otras doctrinas, el Tribunal entra de lleno a abordar la contenida en el caso Stanford.

La evidencia de un consenso nacional contrario a imponer la pena de muerte a jóvenes es similar, y en algunos aspectos paralela a la evidencia que Atkins consideró necesaria para acreditar un consenso nacional contra la imposición de la pena de muerte a personas mentalmente discapacitadas. Tras el caso Atkins, 30 estados proscribieron la pena de muerte para incapacitados, de los cuales 12 han suprimido totalmente la pena capital y 18 la han mantenido, pero excluyendo a las personas con minusvalía psíquica”. La sentencia hace un recorrido estadístico e histórico (que plasma en los anexos). En el apartado B de este punto III, la sentencia establece sin el menor género de dudas que “Una mayoría de los Estados han rechazado imponer la pena de muerte a los menores de 18 años, y sostenemos que ello viene exigido por la octava enmienda. Dado que la pena de muerte es el castigo más severo, ha de aplicarse dicho precepto con especial énfasis. La pena de muerte debe limitarse a los criminales que cometen “una pequeña porción de los más severos crímenes” y cuya extrema culpabilidad los haga “merecedores de la ejecución”. La sentencia aborda tres “diferencias generales acreditativas que los delincuentes juveniles no pueden con total fiabilidad ser clasificados entre los peores criminales”. Entre ellas destacan la segunda (“los jóvenes son más vulnerables o susceptibles de influencias negativas o presiones exteriores, incluidas las de sus iguales”) y la tercera (“el carácter de un joven no está tan bien formado como el de un adulto”).

En definitiva, que la sentencia concluye de forma absolutamente clara y tajante: “La octava y la decimocuarta enmienda proscriben la imposición de la pena capital a criminales que en el momento de cometer el delito fuesen menores de dieciocho años

En definitiva, la sentencia no se pronuncia sobre la licitud de la pena capital, que implícitamente admite. El juez Antonin Scalia preguntó al abogado defensor de Simmons que le facilitara un dato concreto: un sólo país donde la pena de muerte se hubiera suprimido por haberlo decidido así en una elección, dado que todas las naciones que habían optado por suprimir la pena capital lo habían hecho por una decisión de las élites (utilizó expresamente esta palabra) y no de la gente, dado que en algunos la pena de muerte seguía siendo expresamente apoyada por la mayoría de las personas. En todo caso, lo que no deja de ser cierto es que el Tribunal Supremo ha ido poco a poco recortando el ámbito de aplicación de la misma en territorio norteamericano, limitándola a los crímenes más graves.

Personalmente me opongo a la pena de muerte, por el grado de irrevocabilidad que el castigo tiene. Pero no deja de ser cierto que determinados delitos, como el cometido por Simmons, son acreedores a un castigo acorde con la propia gravedad de la conducta punible.

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