TEXAS v. UNITED STATES: UN JUZGADO FEDERAL DE TEXAS SUSPENDE CAUTELARMENTE LAS MEDIDAS EJECUTIVAS DE OBAMA PARA REGULARIZAR INMIGRANTES ILEGALES.

Obama on inmigration

El pasado lunes día 16 de febrero de 2015 el juez federal Andrew S. Hanen, del Juzgado Federal del Distrito Sur de Texas, suspendía cautelarmente en el caso State of Texas et al. v. United States et al. las actuaciones de Barack Obama tendentes a evitar la deportación de un determinado número de inmigrantes que, pese a residir ilegalmente en territorio estadounidense, gozaban de cierto arraigo en el territorio. Al asunto en sí ya le habíamos dedicado un post anterior, para cuya elaboración habíamos acudido directamente al mensaje presidencial, dada la escasa o nula fiabilidad que el redactor de estas líneas otorga a la prensa española a la hora de informar de todo cuanto está relacionado con el actual presidente norteamericano. Recordemos que Obama, en su mensaje, dejaba claro que aumentaría los efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad en las fronteras para evitar la entrada masiva de inmigrantes; no le tembló el pulso a la hora de reconocer que se expulsaría del territorio a quienes incurrieran en comportamientos delictivos; e incluso dejó meridianamente claro que no se trataba de reconocer los mismos derechos a los inmigrantes que a los nacionales, sino que se trataba única y exclusivamente de una acción o medida concreta: suspender el procedimiento de expulsión para determinados inmigrantes que residiendo de forma ilegal en territorio norteamericano se encontrasen de alguna manera “integrados” familiar o laboralmente.

Dadas las peculiares relaciones existentes entre los poderes en el ordenamiento jurídico estadounidense, donde tanto el legislativo como el ejecutivo gozan de legitimidad popular directa y donde las atribuciones del Presidente son de mera ejecución, la nada velada amenaza presidencial de actuar por iniciativa propia ante la inacción legislativa, provocó la inmediata reacción de los congresistas. Pues bien, resulta que veintiséis estados acudieron a los Tribunales impugnando la actuación ejecutiva, asunto que recae en el Juzgado Federal del Distrito Sur de Texas, dando lugar al caso States of Texas et al. v. United States of America et al. El objeto del pleito consiste en que se requiera al ejecutivo así como a los funcionarios del Departamento de Seguridad interior para que se abstengan de ejecutar el programa Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents, cuyo objetivo era regularizar la presencia de alrededor de cuatro millones de individuos que “actualmente se encuentran de forma irregular en nuestro país”, facilitando a los mismos diversas ayudas tanto federales como estatales.

En una extensa resolución de ciento veintitrés folios, el juez suspende de forma cautelar la actuación administrativa impugnada. Y lo hace, precisamente, porque “cuando menos Texas ha aportado evidencias que permiten acreditar que los demandados han elaborado claramente una norma sustantiva sin cumplir con los requisitos procedimentales exigidos en la Ley de Procedimiento Administrativo”. En otras palabras, que se otorga la medida cautelar porque uno de los Estados ha acreditado que existe base suficiente para, cuando menos, avalar una posible sentencia estimatoria. Evidentemente, habrá quien sin echar un vistazo a la resolución y guiándose por los titulares sostendrán que se trata de una resolución que echa por tierra las (presuntas) benéficas intenciones del presidente. Ahora bien, una atenta lectura del apartado I de la resolución judicial echará por tierra esas afirmaciones, pues el juez aborda perfectamente el tema centrando perfectamente el asunto en el núcleo esencial, que es estrictamente jurídico y no político o material. Y así, el juez indica que “Aunque el Tribunal no se encuentra ni ante una Ley del Congreso ni ante una Orden Ejecutiva, las anteriores afirmaciones expresadas por los chief justices son aplicables a este asunto. La cuestión última que ha de resolver el Tribunal es la siguiente: Permiten las leyes estadounidenses (incluida la Constitución) al Secretario de Seguridad Interior la potestad de actuar en esta materia? […] Primero, este caso no aborda la bondad (o falta de ella) de la actuación del Departamento de Seguridad Interior (DHS) […] Aunque el Tribunal necesariamente se verá forzado a considerar determinados factores relacionados con la sentencia y a abordar las relaciones entre los poderes del Legislativo y el Ejecutivo en lo referente a la discrecionalidad del Secretario para actuar en esta materia, no se discute el fondo o contenido material de la actuación”. En definitiva, que se trata de un asunto estrictamente jurídico, de relaciones entre los distintos poderes y, más concretamente, si un órgano del ejecutivo puede actuar a iniciativa propia en esta materia sin contar con la necesaria cobertura legal. Para nada se entra en el fondo del asunto. Y aunque la resolución, como ya hemos indicado, no es más que una medida cautelar (preliminary injunction) y no una sentencia sobre el fondo, el propio Obama ya ha indicado que va a recurrir la misma, realizando a la vez una de esas grandilocuentes manifestaciones a las que es tan aficionado: “La ley y la historia están de nuestra parte” (sic).

El párrafo que hemos traducido anteriormente se refiere a las afirmaciones de los chief justices. Ello se debe a que el juez empieza citando dos sentencias del propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos que reconocían el problema de la inmigración ilegal. La sentencia se abre con una cita del caso Plyler v. Doe (457 US 202 [1982]), cuya sentencia se hizo pública el 15 de junio de 1982, si bien aquí quien se pronuncia no es el chief justice, dado que el mismo se encontraba entre los disidentes. En efecto, en el caso Plyler, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró, por cinco votos frente a cuatro, la inconstitucionalidad de una ley estatal de Texas que no reconocía la educación pública a inmigrantes ilegales; y con la peculiaridad de que el voto particular disidente (redactado por el juez demócrata Byron White -ojo, nombrado a instancias del presidente John F. Kennedy, y defensor a ultranza de los derechos civiles- y al que se adhirieron el chief justice Warren Burger así como los jueces William Rehnquist y Sandra Day O´Connor) si bien opinaba que la ley era materialmente cuestionable en cuanto a su contenido, jurídicamente tales objeciones no implicaban necesariamente su inconstitucionalidad. Pues bien, esa sentencia contiene una severa crítica a la situación existente: “La situación crea el espectro de un grupo permanente de residentes indocumentados, a quienes algunos les aconsejan permanecer aquí como mano de obra barata, pero negándoles los beneficios que nuestra sociedad ofrece a los ciudadanos y residentes legales. La existencia de esa subclase ocasiona problemas muy difíciles a una Nación que se enorgullece de sujetarse al principio de igualdad ante la ley.” La segunda cita corresponde a la mucho más reciente sentencia National Federation of Independent Business v. Sebelius, hecha pública el 28 de junio de 2012, y donde en esta ocasión, en efecto, el chief justice Roberts fue el decisivo para que el Tribunal Supremo, por cinco votos frente a cuatro, avalase la constitucionalidad de la reforma sanitaria de Obama. En dicha sentencia se indica que “No nos pronunciamos sobre el acierto o no del contenido material, dado que ello corresponde a las personas elegidas por la Nación. Se somete a nuestra consideración única y exclusivamente si el Congreso tiene la facultad de legislar sobre la materia”. Esta referencia a la potestad del Congreso norteamericano para legislar puede sonar extraña a un jurista español, pero es absolutamente acertada, pues la Constitución de los Estados Unidos otorga al legislativo federal la potestad legislativa, sí, pero únicamente en asuntos tasados y enumerados en el primer artículo de la Constitución, siendo los legislativos estatales quienes ostentan en general las competencias no expresamente atribuidas al Congreso de los Estados Unidos.

Por cierto, que al jurista español le causará estupor que en un asunto de tanta trascendencia se conceda una medida cautelar, si la comparamos con la cicatería de la jurisprudencia española que incluso ha reconocido expresamente que como la medida cautelar de suspensión es una excepción a la autotutela ejecutiva, ha de otorgarse de forma excepcional. Así lo indica de forma expresa el fundamento jurídico quinto de la Sentencia de 17 de mayo de 2012 de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso número 5762/2012 al indicar que: “Según reiterada jurisprudencia de esta Sala [entre otras, sentencias de 19 de septiembre de 1995 (recurso 171/1993), 13 de enero de 1997 (recurso 4432/1994) y 1 de febrero de 2000 (recurso1875/1997)], la medida de suspensión de la ejecución de los actos administrativos sigue siendo en nuestro Derecho una medida de excepción al principio general de autotutela de las Administraciones Públicas, por lo que únicamente debe adoptarse bien cuando la ejecución pueda producir de forma indubitada daños o perjuicios de reparación imposible o bien cuando las específicas circunstancias en cada caso concurrentes determinaran que la no suspensión pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso interpuesto”.

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