CITY OF LOS ANGELES v PATEL: SON CONSTITUCIONALES LAS INSPECCIONES POLICIALES DE LIBROS DE REGISTROS HOTELEROS SIN LA OBTENCIÓN PREVIA DE ORDEN JUDICIAL?

 

Libro registro hotel

En el derecho constitucional estadounidense, existen dos vías tendentes a declarar la inconstitucionalidad de una norma, vías que tienen un alcance distinto. Así, cuando se utiliza lo que en el argot jurídico-constitucional se denomina facial challenge, se está impugnando la totalidad de un precepto, lo que implica que la sentencia que se dicte en el proceso es nula; si, por el contrario, se acude a una as-applied challenge, lo que se está cuestionando es la inconstitucionalidad de determinadas interpretaciones del precepto, lo cual no implica necesariamente la declaración de nulidad. En definitiva, que en el segundo de los casos estaríamos ante un supuesto equivalente a lo que en nuestro ordenamiento se denominan “sentencias interpretativas de rechazo”, cada vez más frecuentemente utilizadas por nuestro Tribunal Constitucional, y donde se declara la adecuación de un texto a la Constitución, vinculándolo a una determinada interpretación y proscribiendo, por tanto, otras. Viene todo este pequeño excursus como introducción al caso que tiene entre manos el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el caso City of Los Angeles v. Patel, donde la Ciudad de los Ángeles impugna vía certiorari la Sentencia dictada el 24 de diciembre de 2013 por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en el caso Patel v. City of Los Ángeles.

Veamos cuales son los hechos del caso, que parten de la normativa local de la ciudad de Los Ángeles. La misma impone a los establecimientos hoteleros la llevanza de un libro-registro de personas hospedadas, registro que ha de contener una serie de datos personales de los huéspedes, como nombre, apellidos y dirección; marca, modelo y matrícula del vehículo en caso de ubicar el mismo en el parking del hotel; hora de llegada y fecha prevista de salida; importe satisfecho y medio de pago (en caso de pago en metálico, debería consignarse el documento de identificación presentado en el establecimiento hospedero) así como número de personas alojadas en cada habitación. Pero no sólo eso, sino que la normativa dispone que tales datos “estarán a disposición de cualquier agente del Departamento de Policía de los Ángeles para su consulta”, consulta que habrá de hacerse “de forma y modo que cause la menor interferencia posible con el desarrollo de la actividad hotelera”. En otras palabras, que lo dispuesto en dicha norma implica nada más y nada menos que los agentes de policía tendrán acceso a los registros del hotel sin necesidad de obtener una orden judicial para su consulta. La negativa a exhibir el registro hotelero a los agentes de policía está calificada como delito menor (misdemeanor) y castigado con seis meses de prisión y multa de mil dólares.

Los demandantes, propietarios de un establecimiento hostelero (que, como indica la sentencia, “han estado y continúan sujetos a inspecciones policiales sin orden njudicial de conformidad con la normativa”), impugnan la constitucionalidad plena no de la normativa que les obliga a mantener el libro de registro, ni tan siquiera impugnan la adecuación al texto constitucional de los datos que obligatoriamente se han de consignar en el mismo; pero sí cuestionan abiertamente la obligatoriedad de exhibirlo a agentes de la autoridad sin orden judicial, dado que entienden que con ello se vulnera la cuarta enmienda constitucional, precepto éste que, recordemos, establece: “El derecho del pueblo a la salvaguardia de sus personas, domicilios, papeles y efectos frente a pesquisas y aprehensiones arbitrarias será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en una causa probable, estén corroborados mediante juramento o promesa y describan específicamente el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas” (cito por la traducción de la Constitución estadounidense efectuada por Ignacio Fernández Sarasola y obrante en el libro Textos básicos de la Historia Constitucional comparada, editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales). Como pude observarse, el precepto estadounidense es mucho más garantista y protector que el equivalente hispano, el artículo 17 de la Constitución). El caso es que el Juzgado de Distrito rechaza la pretensión de los demandantes y confirma la validez de la norma impugnada.

Pues bien, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito revoca dicho pronunciamiento y declara la inconstitucionalidad del precepto impugnado. No deja de ser contundente el inicio del punto segundo de la sentencia de apelación, que zanja el fondo del asunto de manera clara, sin perjuicio de que razona y desarrolla in extenso la cuestión en los párrafos subsiguientes: “La primera cuestión planteada por los apelantes es si el precepto que permite a un agente de policía inspeccionar los datos de los clientes del hotel sin la orden judicial correspondiente es inconstitucional por vulnerar la cuarta enmienda constitucional. No es difícil concluir que la vulnera”. La sentencia razona que : “Las inspecciones al amparo de dicha normativa implican tanto una intrusión física en los documentos del hotel y una intrusión en la intimidad de los intereses privados protegidos en tales documentos […] La confianza que la sociedad tiene en la protección de la intimidad se considera razonable porque las empresas de ordinario no permiten el acceso, ni se espera que lo permitan, a la sensible información comercial obrante en sus documentos…”. La sentencia cuenta, no obstante, con dos votos particulares discrepantes, si bien uno de ellos lo hace sobre la base de que debería haberse declarado no la inconstitucionalidad radical del precepto, sino una sentencia interpretativa de rechazo; en definitiva que lo que procedería es no un facial challenge, sino un as-applied challenge.

Pues bien, la Ciudad de Los Ángeles impugna dicha sentencia ante el Tribunal Supremo, lo cual hace en un extenso escrito de ciento cincuenta páginas (que, como podrá observarse, se inicia con el planteamiento (en forma de preguntas) de las cuestiones jurídicas sometidas al Tribunal Supremo, al que sigue un índice que muestra la estructura interna del recurso. En este caso, la representación de la Ciudad de los Ángeles, dado que existe una división jurisprudencial entre dos Tribunales de Apelación, plantea dos cuestiones jurídicas: “1.- La cuarta enmienda constitucional permite la impugnación sobre la base de un facial challenge de leyes y reglamentos? II.- Posee un hotel la expectativa de intimidad bajo a cuarta enmienda en un registro hotelero en el cual el suministro de información por los huéspedes está requerida por la ley y cuando la normativa autoriza a la policía a inspeccionar el registro hotelero? En caso afirmativo, es la normativa impugnada totalmente constitucional a no ser que consigne expresamente la necesidad de obtener la autorización judicial previamente a la inspección policial de los datos?”. Es evidente que se trata de una cuestión jurídica muy interesante donde, en efecto, está en juego el derecho a la protección de datos personales de los clientes de un hotel, que pueden ver cómo algunos de sus datos más sensibles con consultados por las fuerzas del orden sin necesidad de autorización judicial, algo que en principio proscribe la cuarta enmienda. Veremos qué resuelve en su día el Tribunal Supremo, que, como ya indicamos anteriormente, parece tener una peculiar relación con el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, a quien en no pocas ocasiones suele enmendar la plana.

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