PAISAJES (JUDICIALES) CON FÚTBOL AL FONDO: ENCUENTROS DE INTERÉS GENERAL Y COMPETENCIA PARA SU DECLARACIÓN.

Fútbol

La recentísima Sentencia de 3 de marzo de 2015 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso número 709/2013 contiene una curiosa discusión jurídico-administrativa competencial con el deporte rey como telón de fondo. El asunto demuestra, una vez más, que los efectos de la Justicia en el ámbito contencioso son, cuando menos, de dudosa eficacia temporal, dado que el acontecimiento sobre el que se pronuncia tuvo lugar hace cuatro años. El fondo del asunto radicaba en la adecuación a Derecho de la Orden de 21 de enero de 2011 de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Universidades del Gobierno de Canarias, que declaraba de interés general el partido de fútbol de la división de plata del futbol español a celebrar entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas correspondiente a la vigesimoprimera jornada de la temporada 2010/2011 del Campeonato Nacional de Liga. La orden se amparaba en el brevísimo Decreto 219/2008, de 11 de noviembre, por el que se atribuye la competencia para determinar los acontecimientos deportivos que se consideran de interés general aprobado por el Gobierno canario (por cierto, entre los firmantes del mismo se encuentra, por suplencia del Presidente autonómico, el entonces Vicepresidente del gobierno canario y hoy Ministro de Industria, José Manuel Soria), que contenía dos únicos preceptos según los cuales se atribuía a la consejería competente en materia de deportes la competencia para declarar: ”la determinación de los acontecimientos deportivos que, por su especial relevancia o trascendencia social o por corresponder a selecciones deportivas de la Comunidad, se consideren de interés general en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, que deberán retransmitirse en directo, en emisión abierta y para todo el territorio de la Comunidad Autónoma”, competencia que se ejercería por el titular de la Consejería “previo informe del Consejo para las emisiones deportivas y previa audiencia de los interesados”. El breve preámbulo del Decreto se amparaba en la Disposición Adicional Única de la Ley 21/1997 de 3 de julio, reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos (que tanta polémica generó en su día), cuyo tenor literal era el siguiente: “Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, podrán determinar los acontecimientos deportivos que, por su especial relevancia o trascendencia social o por corresponder a selecciones deportivas de la Comunidad, consideren de interés general en su respectivo ámbito territorial, que deberán retransmitirse en directo, en emisión abierta y para todo el territorio de la Comunidad Autónoma.” (se comprobará que la normativa canaria era un calco de la normativa estatal sin otro aditamento que la especificación autonómica). Ahora bien, el anterior texto legal fue derogado al aprobarse la Ley 7/2010 de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, pero el Decreto autonómico canario mantenía formalmente su vigencia al no haber sido derogado. Pues bien, la Liga Nacional de Fútbol Profesional impugna en vía contencioso-administrativa la Orden de 21 de enero de 2011 que declara de interés general el partido ya indicado entre el Tenerife y Las Palmas. En virtud de Sentencia 14/2013 de 8 de enero de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictada en recurso número 27/2011, se da la razón a la Liga de Fútbol Profesional. En el fundamento jurídico sexto de dicha sentencia, la Sala plantea jurídicamente el asunto en los siguientes términos: “Dado que el Decreto 219/2008 se dicta en desarrollo y ejecución de la Ley 21/97 derogada expresamente por la Ley 7/2010 habrá que determinar si el mismo mantuvo su vigencia a pesar de la derogación de la ley en la que se fundamentaba su dictado o, por lo contario, derogada aquella quedó igualmente sin efecto, tal como sostiene la recurrente” y entendía que al tratarse el Decreto canario de un reglamento ejecutivo, la derogación de la ley que le servía de base “determinaba, al tratarse de normas reglamentarias de desarrollo, que la misma haya quedado sin cobertura normativa con rango de ley”, razón por la que estima el recurso no sin añadir esta especie de daga florentina: “Y aun cuando no estuviera derogado carecería de competencia por cuanto del contexto de la ley las competiciones estatales corresponden al Estado y solo será competente la comunidad autónoma cuando dichas competiciones o espectáculos deportivos se circunscriban al territorio de la CCAA o se trate de selecciones autonómicas. Además, esta Sala entiende, que se ha efectuado un uso indebido de la interpretación del último párrafo de la exposición de motivos de la Ley 21/1997 ya derogada, interpretación extensiva sin que sea eso lo realmente regulado”.

La Comunidad Autónoma de Canarias no podía, obviamente dejar las cosas como estaban, y prevaliéndose de que se trata de un ente público, que está exento de caución, tasa y depósito, impugna la sentencia. Pues bien, el Tribunal Supremo ha hecho en su resolución un mix convirtiéndose en una especie de trasunto de Richard Castle y Alfred Hitchcock. Veamos la razón:

1.- Tras perderse uno en la lectura de los fundamentos jurídicos primero a octavo (que son una especie de revival o explicación del asunto, con párrafos artificialmente separados, por cierto), los fundamentos de derecho noveno y décimo contienen una desautorización de la argumentación de la Sala, pero esa rectificación se hace por motivos técnicos: la derogación de la Ley 21/1997 en la que el Decreto autonómico tenía su base no implica la derogación expresa o tácita de éste o, por utilizar las palabras del Alto Tribunal, “el efecto en el ordenamiento autonómico será el desplazamiento o inaplicación de la norma autonómica acogida a la anterior básica”, y por ello en el undécimo fundamento de derecho se indica que “Al sostener la Sentencia de instancia que el efecto no es el de desplazamiento sino el derogatorio, es por lo que se estima el recurso de casación y se casa y anula la Sentencia”. Victoria en toda regla y por motivos exclusivamente formales del gobierno canario. Mas, como diría el divertidísimo Richard Castle: “Peeeeeeeero

2.- Es entonces cuando la Sala emula al “mago del suspense” y cuando todo parecía ya encauzado, súbitamente se produce un acontecimiento que da a la situación un giro de 180 grados. En este caso el detonante es la invocación por la Sala del artículo 95.2.d de la Ley 29/1998 (“Si se estimare el recurso por todos o alguno de los motivos aducidos, la Sala, en una sola sentencia, casando la recurrida, resolverá conforme a Derecho, teniendo en cuenta lo siguiente: En los demás casos, la Sala resolverá lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate”) para entrar a conocer “en plena jurisdicción” si la interpretación que el Decreto autonómico ha hecho de la derogada Disposición Adicional Única de la extinta Ley 21/1997 puede hacerse con la vigente Ley 7/2010, ya en pleno vigor al dictarse la Orden impugnada. Ya hemos visto que en la Sentencia de instancia se apuntó obiter dicta que la interpretación autonómica de la Disposición Adicional Única era cuestionable…..Pero el Tribunal Supremo no se mete en el mar de los Sargazos y es muchísimo más pragmático y entona un “podía ser pero ya no” con el siguiente razonamiento: “aun admitiendo, como sostiene la Administración canaria, que la Ley 21/1997 permitía declarar un evento deportivo como de interés general en el ámbito de su territorio pese a tratarse de una competición nacional, como es la Liga de Segunda División, tal interpretación no cabe con la vigente Ley 7/2010”. Y en los breves fundamentos jurídicos decimotercero y decimocuarto reitera tal conclusión en los siguientes términos: “Por tanto, tras la Ley 7/2010 ya no cabe la interpretación que se hizo del Decreto 219/2008 mediante la Orden impugnada en la instancia. Con la Ley 21/1997, vigente al tiempo de dictarse el Decreto 219/2008 podía plantearse la cuestión litigiosa, pero una vez derogada aquella ley por la Ley 7/2010 sólo es el Estado quien declara de interés general un acontecimiento deportivo con arreglo al elenco que recoge. Tal elenco será ampliable, pero de las dos Competiciones Nacionales Profesionales organizadas por la Liga Nacional de Fútbol Profesional, sólo uno se contempla como evento declarable de interés general y de la Primera División (cf. artículo 1 del Título IV del Reglamento General de la Liga de Fútbol Nacional). La consecuencia de lo dicho es que para decidir la declaración de un partido de las Competiciones Nacionales Profesionales como de interés general, la Ley 7/2010 prevé como presupuesto de hecho esa naturaleza estatal o nacional del ámbito de los dos Campeonatos Nacionales de Liga existentes, el de Primera y el de Segunda División. Por tanto, es voluntad de la ley básica que los partidos del Campeonato Nacional de Liga Profesional de Segunda División o Liga Adelante, no sean susceptibles de ser declarados de interés general para su emisión en abierto, salvo que el órgano estatal competente decida ampliarlo a tal caso. En definitiva, con la ley vigente huelga plantearse, por razón del ámbito territorial del partido, si la Comunidad Autónoma afectada puede hacer tal declaración pues no la tiene reconocida en la norma básica.” En definitiva, que únicamente cabe declarar de interés general un encuentro entre equipos de primera división y no de la segunda, y únicamente el Estado, y no las Comunidades Autónomas, es quien ostenta tal potestad. En consecuencia, el Tribunal Supremo logra la cuadratura del círculo jurídico: estima el recurso de casación interpuesto por el Gobierno canario frente a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a la vez que estima el recurso de la Liga de Futbol Profesional.

No quisiera dejar de hacer una puntualización final. Este es el clásico asunto en el cual tanto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos como los distintos Tribunales de Apelación resolverían utilizando lo que en el argot jurídico anglosajón se denomina “vacated and remanded”; es decir, que el órgano judicial superior estima el recurso anulando (“vacated”) la sentencia, pero en lugar de resolver directamente devuelve el asunto al órgano inferior (“remanded”) para que resuelva sobre la base de los razonamientos jurídicos establecidos por el Tribunal Superior. Quizá es que en nuestro país se es tan purista que piense que con ello se vulneraría el principio de independencia judicial (como si no estuviera bastante maltrecha ya de por sí). Pero en fín….

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