“SENTENCIAS EN MASA”. REFLEXIONES A RAÍZ DE UNA CONFERENCIA.

Copias

Un sufrido compañero de profesión me contó hoy la positiva experiencia que tuvo hace apenas dos días cuando asistió a una conferencia que el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma ofreció en el Colegio de Abogados, conferencia que tenía por objeto comentar y valorar jurídicamente varias de las novedades de la jurisprudencia tanto de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo como la del Tribunal Superior de Justicia que el conferenciante presidía. En honor a la verdad, mi interlocutor me reconoció abiertamente que la conferencia fue amena, didáctica, eminentemente práctica y, sobre todo, verdaderamente ceñida a las novedades jurisprudenciales más relevantes en la materia (y en algunos casos francamente novedosas, al tratarse de sentencias que apenas tenían tres semanas de antigüedad), cuyo contenido material fue jurídicamente desmenuzado y desgranado, todo ello en un clima de abierta y franca cordialidad por el magistrado, quien demostró tanto su buen don de gentes como el dominio que tiene de la materia. Pero en el seno de la conferencia, mi compañero y amigo comprobó con amargura que si algo quedaba patente una vez más es que un sector de la judicatura incurre en interpretaciones escandalosamente favorables a la Administración (además sin disimulo), a la vez que existen ciertos vicios internos en las Salas que únicamente se explican por motivos extrajurídicos, siendo así que si esos mismos vicios los utilizan los letrados son objeto de abierta crítica. Detallaré justificadamente tales cuestiones en función del comentario de mi distinguido colega.

1.- En materia de costas. El ponente se hizo eco de la nueva situación en el orden contencioso tras la modificación del artículo 139 de la Ley 29/1998 operada por la Ley 37/2011, así como la práctica habitual ya en los distintos órganos que integran el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de limitar las cantidades. Ahora bien, recalcó y subrayó que en las ejecuciones de sentencia no se imponen costas. Bien ¿Ello no supone un clamoroso llamamiento a la Administración para que no ejecute las sentencias firmes hasta que tenga encima de la mesa la Diligencia de Ordenación otorgándole el plazo de veinte días para alegar “lo que a su Derecho convenga”. Tan sólo minutos antes había justificado la imposición de costas en favor de la Administración basándose en que el particular obligaba a la Administración a responder a las pretensiones, lo cual implicaría que en las ejecuciones debieran imponerse las costas a quien obliga al ejecutante a instar del órgano judicial el cumplimiento forzoso. Pero ya se sabe, y me remito a las reflexiones expuestas en el post anterior.

2.- En materia de expropiaciones. El conferenciante ilustró sobre expropiaciones que se realizaban para grandes obras o proyectos y que afectaban a numerosas parcelas, dando lugar a diferentes procesos. Lo lógico, nos decía con total razón el magistrado, es que cada proceso cuente con su informe pericial, lo que determina que en ocasiones los valores o indemnizaciones no coincidan al ser unos informes más beneficiosos que otros, lo que contrastaba con el deseo (de lógica y justicia impecable) de la Sala de otorgar las mismas valoraciones a los terrenos similares. Pues bien, ello sirvió para una curiosa justificación de la petición por los actores de la incorporación de informes periciales obrantes en otros autos y que afectaban a la misma expropiación. Mi amigo me indicó que tanto él como el compañero que se sentaba a su lado se miraron atónitos, pues lo lógico sería cortar el problema de raíz acordando simplemente la acumulación de procesos, bien a instancia de las partes o bien de la propia Sala (con fundamento en el artículo 37.1 de la Ley 29/1998) dado que, aunque se trata formalmente de actos distintos, se daría en ellos una “conexión directa” vinculada a un mismo proyecto expropiatorio. ¿Por qué esa reticencia a la acumulación? Pues tiene una explicación que ofreceré seguidamente.

Esto último me lleva a un tema curioso. Mi compañero estaba algo dolido porque el magistrado se refirió en cierta ocasión puntualmente a las “demandas de corta y pega”. Pues bien, cierto es que existen demandas que se limitan a copiar y pegar, pero el señor Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo omitió pudorosamente (o quizá lo hizo de forma consciente por un sentido del corporativismo) no ya las sentencias de “corta y pega”, sino de las “sentencias plagio descarado”, o “sentencias en masa” donde una misma redacción se multiplica como si las sentencias fueran expedidas por una fotocopiadora. Ejemplos hay a patadas, pero por citar dos recientes, compárese por ejemplo el tenor literal de las Sentencias de 31 de marzo de 2015 de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictadas en recursos número 314 y 315/2014 y se podrá comprobar que ambas son literalmente idénticas con la única variación de las partes recurrentes, pues hasta el acto administrativo impugnado es el mismo. O compárense, por ejemplo, las Sentencias de 27 de marzo de 2015 de la misma Sección y Sala del Tribunal Supremo dictadas en recursos número 3662 y 3151/2015. Los ejemplos podrían multiplicarse. ¿Por qué la Sala no acuerda la acumulación y resuelve en un único asunto con una única Sentencia? No cabe argumentar que es preciso que lo soliciten las partes, porque como ya hemos indicado anteriormente el órgano jurisdiccional puede hacerlo de oficio. No cabe tampoco decir que no existe “identidad sustancial” entre los supuestos cuando en el caso de las dos primeras sentencias citadas el acto impugnado es el mismo. ¿Qué justifica, pues, este proceder? Simple, lisa y llanamente lo que hemos indicado anteriormente: estadística y productividad. Estadística, porque así los órganos judiciales pueden manipular artificialmente el número de asuntos; productividad, porque dicho concepto es uno de los complementos retributivos de los magistrados o, por utilizar la terminología legal al efecto, las “retribuciones variables por objetivos” a las que se refiere el Capítulo III de la Ley 15/2003 de 26 de mayo reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. Evidentemente, en caso de acumular varios pleitos en uno sólo el órgano habría de resolver en una única sentencia. Pero, dicho sea con todos los respetos y en estrictos términos de defensa, aunque sea humanamente comprensible no lo es jurídicamente multiplicar de forma artificial el número de asuntos resueltos de tal manera que aunque formalmente se resuelvan nueve materialmente sólo se resuelva uno.

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