LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN GRAN BRETAÑA.

British Parliament

En los países formados en la tradición del common law no existe como tal una Administración al modo en que ésta se ha formado en Francia tras la Revolución y ulteriormente se exportó a las naciones de la Europa continental. Por el contrario, como bien indica Eduardo García Enterría en su luminoso estudio Revolución Francesa y Administración contemporánea, tanto Inglaterra como las naciones surgidas bajo la férula británica fueron coherentes con el principio de división de poderes tal y como originariamente lo formularon John Locke y Charles de Secondat, limitando la organización estatal a Ley, Tribunales y orden público. No es ya que no exista una Administración (el propio Eduardo García de Enterría recuerda en su clásico Curso de Derecho Administrativo que el ordenamiento inglés incluso desconoce el término “estado”, dado que invariablemente se utiliza el de “Corona” o “Su Majestad”), sino que el concepto de potestad reglamentaria, elemental en los derechos continentales, es absolutamente desconocido tanto en Inglaterra como en sus rebeldes hijos emancipados, los Estados Unidos de América. En efecto, en el Reino Unido los órganos del poder ejecutivo no gozan de una potestad reglamentaria similar a la que en nuestro país reconoce al Gobierno el artículo 99 de la Constitución, sino que han de actuar conforme a lo que jurídicamente se califica como delegated legislation, es decir, delegación legislativa, aunque tal expresión no debe confundirse con lo que en nuestro país se entiende por tal. De igual manera, en los ordenamientos del common law la normativa emanada en ejercicio de esa delegated legislation no sólo es controlada por los Tribunales, sino que suele existir un mecanismo de control de la misma por el propio legislativo, algo que en nuestro país no existe de forma explícita aunque implícitamente se contemple en el artículo 82.6 de la Constitución cuando, al regular precisamente las delegaciones legislativas, se haga referencia a fórmulas adicionales de control. Pero, insisto, el término “delegación legislativa” no tiene el mismo significado en Gran Bretaña que en nuestro país. Si en España con ello se quiere significar que el Gobierno hace uso de una delegación para aprobar una norma con rango de ley, en el Reino Unido con ello se está haciendo referencia a la aprobación de normas secundarias (algo similar a nuestros Reglamentos) en el ejercicio de las potestades que le confiere un texto legal.
Nos concentraremos en esta ocasión en el Reino Unido. El 26 de marzo del año 1946 se aprobó la An Act to repeal the Rules Publication Act 1893, and to make further provision as to the instruments by which statutory powers to make orders, rules, regulations and other subordinate legislation are exercised, que viene a ser una especie de equivalente a los preceptos que nuestra Ley 50/1997 dedica al procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general y a la forma y ordenación jerárquica de dichas resoluciones. Así, el artículo 1.1 de dicha norma define lo que en la terminología jurídica anglosajona recibe la denominación de Statutory Instrument, (más o menos equivalente a nuestros Reglamentos), y que únicamente se otorga a “Su Majestad en Consejo” (en cuyo caso el instrumento normativo recibirá la denominación de “Orden en Consejo”) o en el Ministro de la Corona, en cuyo caso formalmente se articulará como “Instrumento Estatutario”. Es curioso que una norma aprobada en 1946 siga hablando de “His Majesty in Council”, cuando este órgano ha dado paso ya desde el siglo XVIII al Gabinete. Pero, sin duda alguna, el lector interesado en comprobar cuan diferente es el ejercicio de las facultades normativas de los entes ejecutivos en Inglaterra respecto a nuestro país, lo mejor que puede es acudir a la fuente original, es decir, al Parlamento británico, pues la Cámara de los Comunes ha elaborado en agosto del año 2011 un didáctico resumen de apenas seis páginas con el título Delegated legislation: brief guide. Dicho resumen se inicia con una elocuente expresión: “Es difícil hacer observaciones generales respecto a la delegación legislativa, dado que la misma se utiliza para una amplia gama de objetivos y es objeto de varias formas de control parlamentario”. También es llamativa para el jurista continental esta otra afirmación: “Los Tribunales pueden controlar si el Ministro, al elaborar un instrumento estatutario, ha utilizado correctamente la potestad que le ha sido delegada por una ley del Parlamento, o si se han respetado las garantías procedimentales estipuladas en el texto legal, pero no puede cuestionar la validez de dicho instrumento por ningún otro motivo”. En definitiva, que el control judicial se limita única y exclusivamente a constatar la adecuación de la norma a la ley habilitante (es decir, verificar que no se ha incurrido en exceso o ultra vires) y a una verificación del respeto a las formas procedimentales. Sin más.
Por último, también cabe destacar un aspecto que puede resultar chocante a la mentalidad del jurista europeo: el hecho de que un Ministro del Gabinete pueda, en determinadas circunstancias y mediante un instrumento denominado Legislative Reform Order, modificar la regulación contenida en un texto legal. Dicha facultad ha sido consagrada a nivel legislativo en la Legislative and Regulatory Reform Act, aprobada el 8 de noviembre de 2006, y cuya kilométrica denominación es, cito textualmente: “An Act to enable provision to be made for the purpose of removing or reducing burdens resulting from legislation and promoting regulatory principles; to make provision about the exercise of regulatory functions; to make provision about the interpretation of legislation relating to the European Communities and the European Economic Area; to make provision relating to section 2(2) of the European Communities Act 1972; and for connected purposes.”.
En definitiva, que se trata de dos sistemas absolutamente distintos en los cuales se da una curiosísima circunstancia: una misma expresión terminológica nos lleva a realidades distintas en función del sistema jurídico en el cual se aplique. Así, cualquier jurista español entenderá por “delegación legislativa” el ejercicio que el Gobierno haga de una autorización del Congreso para elaborar normas con rango de Ley, y que el ejecutivo agotará con la aprobación de un texto que adoptará la forma de Real Decreto Legislativo (ya sea un texto articulado o un texto refundido). Ahora bien, esa misma expresión utilizada en el ámbito anglosajón implicará el uso que el Gabinete o cualquiera de los Ministros haga de las autorizaciones que una ley habilitante le otorga para aprobar normas subordinadas a la ley (más o menos equivalentes a nuestros reglamentos) y que tienen su fuente no en una potestad reglamentaria que genéricamente le atribuya la Constitución (dado que, entre otras cosas, en Gran Bretaña no existe constitución escrita) sino la concreta atribución que le confiere un texto legal específico.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Cultura

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