LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: LA CRIATURA ILEGÍTIMA Y NO DESEADA DE LOS REVOLUCIONARIOS FRANCESES.

Noel, marqués de Mayne

Uno de los mejores estudios que abordan el nacimiento de la moderna Administración pública es el breve ensayo que con el título Revolución francesa y Administración contemporánea publicara hace ya más de medio siglo el profesor Eduardo García de Enterría. El maestro de administrativistas no escatimaba elogios al impulso que los revolucionarios hicieron para consagrar al más alto nivel el principio de separación de poderes y el de legalidad como mecanismos garantes de la libertad individual ante el poder público, de tal forma que toda la construcción dogmática del principio de división de poderes y de legalidad estaba orientada, pues, no como un fin en sí mismo, sino como un simple mecanismo de garantía de los derechos individuales. No obstante la pasión y el entusiasmo que el profesor Enterría destila en cada una de las líneas de tan breve e imprescindible ensayo, el mismo transmite no obstante (o, cuando menos, a mi así me lo ha parecido) una idea trascendental de enormes consecuencias prácticas que aún hoy estamos sufriendo: la Administración pública es un hijo ilegítimo y no deseado por dicha Revolución, pero al cual una vez que ha venido al mundo se le otorga una sobreprotección excesiva que se va a sobreponer a los propios revolucionarios. Razonaremos nuestra tesis.
En los dos primeros capítulos de la obra citada se nos exponen las bases ideológicas que inspiran a los revolucionarios franceses, principalmente John Locke, Charles de Secondat (barón de Montesquieu) y Rousseau. Ahora bien, el esquema organizativo que tales ideólogos plasmaron en sus obras se reduce, según don Eduardo, a una tríada constituida por Ley, Tribunales y Orden público. En otras palabras, que el Estado debía limitarse a aprobar leyes, solventar las disputas surgidas y garantizar el orden tanto a nivel interior como exterior. En dicho esquema no entraba, pues, una Administración poderosa como hoy la conocemos, y buena prueba de ello, como indica el maestro de administrativistas, es la experiencia inglesa, donde no existe una Administración al estilo continental y donde la organización del poder público se adecúa a las bases filosófico-políticas de John Locke, articuladas jurídicamente en el Bill of Rights de 1689, en el Act of Settlement de 1701 y en la práctica política que poco a poco va transformando la monarquía constitucional existente tras la Glorious Revolution en una monarquía parlamentaria. Esta tradición jurídica del common law o, más propiamente, del rule of law, fue la que permitió al jurista británico Albert Von Dicey contraponer orgulloso el sistema inglés del rule of law al francés del droit administratif, algo a lo que dedicó gran parte de su clásica obra Introduction to the study of the law of the Constitution. Según el sistema inglés (insistimos, el más acorde o ajustado a las bases filosóficas de la separación de poderes), trasplantado con ciertos matices a las colonias americanas independizadas y ya constituidas en Estados Unidos de América, el poder ejecutivo carece de potestades exorbitantes y se sitúa, jurídicamente hablando y ante los Tribunales, en la misma posición que los particulares.
Sabemos que en el continente no se ha seguido este esquema, y, por tanto, el surgimiento de la poderosa Administración contemporánea se explica por el profesor Enterría como una disidencia revolucionaria, es decir, como un apartamiento voluntario de las bases filosóficas que auspiciaron el inicio de la revolución. Esa Administración cuyo nacimiento no estaba ni prevista ni justificada, va a surgir como un poderoso instrumento que concentrará en sus manos todos los poderes anteriormente dispersos en varias manos, de tal manera que de los restos cadavéricos del Antiguo Régimen surge la moderna Administración con muchas más funciones y potestades, al unificar en su seno la dispersión anterior. Así, por ejemplo, la enseñanza (anteriormente en poder de las órdenes religiosas) va a ser asumido por esa poderosa Administración que se verá con unos poderes como hasta entonces nunca se han visto, según explicó el gran Alexis de Tocqueville en su clásica obra, desgraciadamente inconclusa, El Antiguo Régimen y la Revolución, fuente principal en la que se apoya el profesor Enterría. Ahora bien, según nos explica don Eduardo, ya que esa criatura no deseada ha visto la luz los revolucionarios tratan cuando menos, de someter su actuación a Derecho, y de ese intento nace el moderno Derecho Administrativo, un derecho, eso sí, tendente a garantizar los privilegios de ese ente ya de por sí poderoso. De tal forma, los revolucionarios transformaron la división de poderes en estricta separación, de tal manera que esa separación sirve para acrecentar aún más los ya desorbitados poderes administrativos: si por una parte se prohíbe a los jueces inmiscuirse en asuntos administrativos (bajo el célebre principio juzgar a la Administración sigue siendo administrar, que justificará el control de la Administración por órganos administrativos especiales) por otra servirá para justificar la potestad normativa de esa Administración, permitiéndola dictar normas jurídicas (si bien de carácter inferior y subordinado a la ley). Es evidente, por tanto, que la Administración pública tal y como hoy la conocemos es un hijo ilegítimo de la Revolución. Y sería otro hijo ilegítimo de la Revolución, el gran corso Napoleón Bonaparte, quien le diera la articulación definitiva al dotarle de los rasgos esenciales que hoy en buena parte mantiene. Pero ese hijo ilegítimo y no deseado ha pasado a convertirse en nuestros días en el mayor enemigo de lo que tanto los filósofos e ideólogos de los siglos XVII y XVIII como los propios revolucionarios franceses estimaban como el fin esencial de la revolución: la libertad individual a la que todo (división de poderes, principio de legalidad) debía estar orientado.
Lo anterior me lleva a recordar una historia bastante conocida aunque en versiones deformadas. A finales del siglo XVIII, un brillantísimo estudiante de la Universidad de Ingolstadt pretendió exceder a sus colegas e incluso a sus propios maestros en su pretensión de crear vida donde sólo existía muerte. Así, con restos de cadáveres y el uso adecuado de la electricidad provocada por una tormenta crea un ser vivo, aunque no ciertamente humano. Ese ser monstruoso, dotado de una fuerza mucho mayor que la de los humanos, inicia dolorosamente su aprendizaje y llega a ser consciente de que no encaja en el mundo al que ha sido alumbrado, así que pide a su creador que le dote de una compañera junto a la que pasar sus días, totalmente apartados de la compañía de los seres humanos. Cuando su creador se niega, la criatura emprende una venganza sangrienta, liquidando a todos los familiares de su creador quien, ciego de ira, emprende una persecución para destruir a la criatura a la que dio vida. Pero ésta, que ha desarrollado sobremanera su intelecto, logra siempre dar esquinazo a su implacable perseguidor quien no logrará cumplir su misión y acabará sus días en el confín de la tierra sin haber logrado acabar con la vida de la criatura que él mismo había creado. No sin antes ser recogido, en los estertores de su última agonía, por un barco inglés cuyo capitán es testigo de la narración que, en sus últimos momentos, le hace este desdichado personaje. Cuando éste fallece y los miembros de la tripulación de la nave se disponen a dar cristiana sepultura a sus despojos, asisten atónitos a la aparición de la criatura quien, en un rasgo típicamente romántico, decide inmolarse junto con quien le dio la vida. El creador se llamaba Víctor Frankenstein, y es el protagonista de la novela Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Wolstoncraft Shelley. Pues bien, nuestra Administración pública tiene muchos rasgos en común con la criatura coprotagonista de la célebre obra gótica que acabamos de glosar. Ambas son creaciones del ser humano, y ambas nacieron en cierta forma sin ser deseadas (Frankenstein deseaba crear un ser humano, no un monstruo, de ahí que pese a ser literalmente el “padre” de la criatura no deseaba en modo alguno pregonar su paternidad). Ambas intentaron ser sometidas por el ser humano que las creó, y en ambas ocasiones ese intento de someterle acabó en un rotundo fracaso, dado que en ambos casos la creación se sobrepuso al creador. Porque es un hecho innegable que hoy en día la Administración ha dejado de ser un instrumento para garantizar la libertad individual, pasando a convertirse en un ser que únicamente se mantiene merced a su instinto de conservación que le hace pervivir a costa de aquéllos cuya libertad estaba llamada a proteger.

Anuncios
de Monsieur de Villefort Publicado en Historia

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s