BREVE ANÁLISIS DE LA LEY 4/2015 DE 27 DE ABRIL, DEL ESTATUTO DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO.

Derechos de las víctimas

Este martes día 28 de abril de 2015 se publica en el Boletín Oficial del Estado la Ley 4/2015 de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, norma que, según establece la Disposición Final Sexta, entrará en vigor a los seis meses de su publicación, lo que supone demorar su vigencia efectiva hasta el día 28 de octubre del presente año.
A vuela pluma, cabe señalar que por vez primera el legislador apruebe una norma con rango legal pensando de forma clara y expresa en la víctima, tal y como expresamente demuestra la rúbrica o título de la ley. Y es que una de las principales lacras del ordenamiento jurídico-penal es una excesiva sobreprotección del detenido/imputado/acusado frente a la víctima del delito, aunque en ocasiones excepcionales se hayan aprobado textos legales estableciendo un régimen de protección no a las víctimas, sino a un sector o subconjunto específico (por ejemplo, las víctimas de la violencia de género o las víctimas de terrorismo) y ello siempre derivados o a consecuencia de la presión ejercida por los medios de comunicación o determinados lobbys. Tal proceder, algo que normalmente se justifica con pías admoniciones o argumentos filosóficos tendentes a incidir en el objetivo garantista de las normas penales respecto a toda persona detenida o acusada así como en un hecho tangencial pero que incide de forma directa, como es que, según esos mismos argumentos, las víctimas en realidad buscan “venganza” mientras que lo que ha de perseguirse es “justicia”. No se trataría, pues, según estos razonamientos, de que la víctima se convierta en una especie de conde de Montecristo, sino en depositar en el Estado el ius puniendi, que presuntamente ejercitaría con objetividad y con estricta adecuación a la legalidad buscando simple y llanamente un castigo al culpable, si bien ese castigo habrá de ser proporcionado a la gravedad de los hechos cometidos. Como tesis abstracta es impecable, pero su aplicación cotidiana ha degenerado hasta el punto de que el ordenamiento jurídico-penal ha orillado toda referencia u orientación hacia la víctima (la nueva norma lo reconoce cuando indica para justificar su aprobación: “se ha podido advertir, y así lo traslada nuestra sociedad con sus demandas, una cierta postración de los derechos y especiales necesidades de las víctimas del delito”) que es quien, como sujeto pasivo del ilícito penal, debiera recibir cuando menos ya que no atención, por lo menos cierta comprensión y respeto. Es por ello que el nuevo texto legal, en el apartado primero de su Preámbulo, señala de forma expresa su objetivo de partir “del reconocimiento de la dignidad de las víctimas, la defensa de sus bienes materiales y morales y, con ello, los del conjunto de la sociedad”. Conviene precisar, no obstante, y así se hace en el párrafo inicial del Preámbulo, que el objetivo no sólo consiste en establecer el régimen de derechos y obligaciones de la víctima en el seno del proceso penal, sino que trasciende del ámbito estrictamente procedimental para dotar a las víctimas de un reconocimiento y protección social, pues su finalidad última es “ofrecer desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, a las víctimas, no sólo reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino también minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición puede generar, todo ello con independencia de su situación procesal”.
La nueva Ley 4/2015 consta de treinta y cinco artículos, dos Disposiciones Adicionales, una Disposición Transitoria, una Disposición Derogatoria y seis Disposiciones Finales. No es este el lugar indicado para hacer una exégesis completa del nuevo texto, sino de indicar las principales características del mismo. Los principios generales que presiden la nueva regulación son los siguientes:

1.- Se trata de una norma con vocación integral, es decir, no limitada a regular los derechos de la víctima en el seno de un procedimiento penal, sino que trata de ofrecer un estatuto de la víctima tanto desde el punto de vista procesal como extraprocesal.

2.- Se parte de un concepto amplio de víctima, ya que el artículo 2 dispone que la norma se aplica tanto a víctimas directas (el sujeto pasivo propiamente del delito) y a la víctima indirecta (en el caso de delitos que impliquen la muerte o desaparición de una persona a consecuencia de la comisión del ilícito), sin que ello suponga que sean aplicables a los simples perjudicados. Por otro lado, el artículo 1 precisa que la ley se aplica a las “víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España, con independencia de su nacionalidad, de si son mayores o menores de edad o de si disfrutan o no de residencia legal”.
3.- Tras exponer en el artículo 3 de forma genérica los derechos básicos de la víctima del delito, los mismos son desarrollados en el Título I. Por cierto, es hilarante y no deja de ser significativo de la degeneración moral de nuestra sociedad que tenga que consagrarse nada menos que a nivel legal el derecho de las víctimas a “recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio”; y no porque no tengan derecho a ello, sino porque el trato respetuoso debiera ser norma o comportamiento general no sólo de las autoridades, sino de cualquier persona hacia su prójimo, sin necesidad alguna de consagrar un principio ético o educativo en un texto legal.
Por cierto, entre los derechos, el artículo 8 regula lo que se denomina de forma un tanto extraña “periodo de reflexión en garantía de los derechos de la víctima” y que trata de evitar lo que se ha visto en tantas ocasiones en telefilms y películas norteamericanas: que en casos de catástrofe los letrados acudan en busca de las víctimas a ofrecer su asesoramiento legal cuando las circunstancias emocionales de las víctimas no son las más propicias. En texto legal viene a introducir una “vacatio” de 45 días para que los profesionales de la abogacía puedan ofrecer el asesoramiento legal, pues según dispone el primer párrafo de dicho precepto: “Los Abogados y Procuradores no podrán dirigirse a las víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas que cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente y que puedan constituir delito, para ofrecerles sus servicios profesionales hasta transcurridos 45 días desde el hecho”, estipulando la Disposición Final Quinta que los Colegios de Abogados y Procuradores deberán adaptar sus estatutos a esta nueva previsión en el plazo de un año. No obstante, obsérvese que el texto prohíbe ese ofrecimiento directo únicamente en casos muy concretos en los que han de darse dos circunstancias cumulativas: tratarse de “catástrofes o calamidades públicas” y que las mismas hubiesen producido “un número elevado de víctimas”; por tanto, no está prohibida dicha práctica en casos de accidentes de tráfico o en supuestos donde el número de víctimas no sea “elevado”. Curioso, pero así es. Queda por verificar qué ha de entenderse por número “elevado”.
4.- El Título II regula los derechos de las víctimas en el seno del proceso penal. Entre esos derechos destaca la posibilidad de que la víctima impugne, aunque no haya sido parte en el proceso, las resoluciones del juzgado de vigilancia penitenciaria relativas a la concesión del tercer grado o beneficios penitenciarios al condenado (artículo 13). El artículo 14 contiene una interesante previsión, al establecer una prelación de gastos priorizando los de la víctima sobre los del Estado en los casos en que la condena derivase del ejercicio de la acción penal por ésta cuando el Ministerio Fiscal no hubiese formulado acusación.
5.- El Título III regula la protección de la víctima del delito y los medios encaminados a hacer efectiva dicha protección. Entre ellas, el artículo 20 consagra la prohibición de contacto directo entre la víctima y sus familiares por un lado y el sospechoso de la infracción o acusado de otra “en las dependencias se desarrollen los actos del procedimiento penal, incluida la fase de investigación”, o la protección de la intimidad que recoge el artículo 22 y que obliga no sólo a Jueces, Tribunales y Fiscales, sino a autoridades y funcionarios a proteger la intimidad de las víctimas, obligándoles de manera especial a “impedir la difusión de cualquier información que pueda facilitar la identificación de las víctimas menores de edad o de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección”.
6.- Desde el punto de vista orgánico-administrativo, se establece la creación de una Oficina de Asistencia a las Víctimas, cuya organización competerá al Gobierno o a las Comunidades Autónomas que hayan asumido las competencias en materia de Justicia.
7.- La Disposición adicional primera impone una evaluación anual, que llevará a cabo el Ministerio de Justicia y cuyos resultados se publicarán en la página web. Dicho informe servirá de base para que el Gobierno remita anualmente a las Cortes un informe con la evaluación y propuestas de mejora en el sistema de protección de las víctimas.

En este supuesto, la ley no es de aplicación retroactiva, sino que se aplica estrictamente a actuaciones que tengan lugar con posterioridad a su entrada en vigor (Disposición Transitoria única).

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