COSTAS PROCESALES Y CRITERIO DEL VENCIMIENTO EN EL ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: ENTRE UN DISCURSO DE JOSÉ RAMÓN CHAVES, UNA REFLEXIÓN PERSONAL Y LA AMERICAN RULE.

Costas procesales

I.- UN DISCURSO DE JOSÉ RAMÓN CHAVES: VERSIONES Y PERVERSIONES DEL CRITERIO DEL VENCIMIENTO EN LAS COSTAS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVAS.

El pasado viernes día 24 de abril de 2015, José Ramón Chaves García, magistrado especialista en lo contencioso-administrativo con destino actual en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, fue admitido formalmente como miembro de número de la Academia Asturiana de Jurisprudencia y Legislación. Para su discurso de ingreso, escogió un tema de candente y rabiosa actualidad: el criterio de imposición de las costas procesales en la jurisdicción contencioso-administrativa; discurso que posteriormente colgó dentro de una breve entrada introductoria en su imprescindible blog contencioso.es. Esa disertación, que tituló muy significativamente Versiones y perversiones del criterio del vencimiento en las costas contencioso-administrativas es en realidad un pequeño tratado sobre la materia, demuestra que el autor no sólo es un auténtico conocedor de la materia, sino que además, es valiente, como lo prueba el que no rehúya efectuar determinadas aseveraciones que no son ni mucho menos frecuentes escuchar, y mucho menos de alguien procedente del mundo de la judicatura. La lectura de este trabajo se hace por tanto, a mi juicio, absolutamente imprescindible por tres motivos. En primer lugar, es didáctico; no sólo está escrito con un lenguaje claro sin que ello implique en modo alguno sacrificar rigor o erudición, sino que incluso a modo de introducción el autor nos esboza toda la evolución legislativa en la materia hasta llegar al sistema actualmente en vigor marcado por la redacción que al artículo 139.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio da la Ley 37/2011 de 10 de octubre. En segundo lugar, es eminentemente práctico, dado que no aborda cuestiones metafísicas, teóricas o exclusivamente doctrinales, sino que se ciñe a lo que realmente importa, que es la realidad práctica tal y como cotidianamente se vive en los órganos judiciales; así, utilizando la célebre distinción de la que en tantas ocasiones se sirve Alejandro Nieto, podemos decir que José Ramón Chaves se ha centrado en el derecho practicado, y no en el derecho estrictamente normado, de tal modo que el lector al finalizar la lectura tiene la sensación de haber obtenido una herramienta útil para su cotidiano quehacer, y no el haber realizado una lectura únicamente gratificante como mero ejercicio intelectivo. En tercer y último lugar, por la extraordinaria y rabiosa actualidad del tema, de lo que Chaves es perfectamente consciente y lo que le lleva a pronunciamientos judiciales muy recientes. Es, por tanto, un trabajo de lectura obligada para cualquier profesional que frecuente los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo. Poco, o en realidad nada nuevo se puede decir sobre el tema tras esta magnífica aproximación realizada por quien conoce muy a fondo y muy de primera mano la materia.

Sin embargo, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que las costas procesales pasan por el orden contencioso, quisiera manifestar o, mejor dicho, recordar una de las tesis que siempre ha mantenido el titular de este blog en lo relativo a la imposición de costas en dicho orden jurisdiccional así como exponer al lector una peculiaridad no muy conocida de uno de los principales ordenamientos o sistemas de derecho comparado que puede servir para reflexionar un poco más a fondo sobre este tema.

II.- UNA REFLEXIÓN PERSONAL: LA ADMINISTRACIÓN NO DEBERÍA SER BENEFICIARIA DE LAS COSTAS CUANDO SU DEFENSA LA EFECTÚA QUIEN TIENE LA CONDICIÓN EMPLEADO PÚBLICO.

Esta tesis fue desarrollada hace casi un par de años en una entrada (cuyo título era ya de por sí significativo: “¿Deben las Administraciones ser beneficiarias de las costas cuando acuden defendidas por funcionarios? Refutación a la tesis de la igualdad procesal” ) a la cual me remito expresamente, pues el autor se afirma y ratifica en los argumentos allí desarrollados. En síntesis, dicho post trataba de combatir el argumento principal en el cual se amparan quienes defienden el criterio del vencimiento en el orden contencioso-administrativo, es decir, la igualdad de trato a las partes procesales. Tan manido argumento cede no ya de facto, sino incluso de iure. La Administración no se encuentra en la misma posición que los particulares, ni en su cotidiano quehacer (precisamente el Derecho Administrativo es un derecho exorbitante del derecho común) ni en el orden procesal, donde la jurisdicción contencioso-administrativa no deja de ser un fuero privilegiado plagado de prerrogativas y trampas siempre orientadas a beneficiar a una misma parte, que casualmente siempre es la Administración. Pero es que, además, la propia norma legal que regula la Asistencia Jurídica al Estado reconoce en su Exposición de Motivos que quienes integran el Servicio Jurídico del Estado son en realidad unos defensores “privilegiados”. No ya desde el punto de vista de su status socio-procesal, sino desde el punto de vista estrictamente legal; así, el punto tercero de la Exposición de Motivos de la Ley 52/1997 de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado, comienza con esta significativa frase: “Los capítulos II y III de la Ley (artículos 5 a 10 y 11 a 15) tratan de sistematizar y concretar con el adecuado rango normativo, la posición procesal, ante los diversos órdenes jurisdiccionales, del Estado y Organismos públicos del él dependientes, así como de los órganos Constitucionales, reduciendo al mínimo las reglas especiales extravagantes al Derecho procesal común”. Es decir, que existen reglas especiales “extravagantes” del Derecho procesal común de la que son beneficiarios los defensores públicos (por escasas o mínimas que sean, lo cierto es que existe, como se reconoce con toda su crudeza). No se puede predicar, por tanto, la igualdad entre partes desiguales pues, como la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha indicado hasta la saciedad, lo que el principio de igualdad exige es un trato idéntico a situaciones idénticas. Y un defensor de un ente público no es igual a un defensor de una persona jurídico-privada. Empezando (y no es baladí) por la propia exención de la colegiación obligatoria, auténtico cepo al cual están sujetos el resto de los mortales que se dedican a la abogacía.

He de indicar que me ha llevado una gratísima sorpresa al ver que José Ramón Chaves acepta de forma explícita este particular en el punto 3.1 de su discurso. En efecto, la lectura del siguiente párrafo no puede llevar a otra conclusión: “En nuestro sistema jurídico impera el régimen de derecho administrativo de inspiración francesa frente al Common Law sajón. En términos deliberadamente simplificados, en España las Administraciones Públicas actúan investidas de un estatuto de prerrogativas en atención a los intereses generales que sirven, que ha determinado la existencia de una rama jurídica autónoma, el Derecho Administrativo, bajo principios y técnicas propias, con la consiguiente implantación de una jurisdicción contencioso-administrativa adaptada en su fisonomía procesal a las singularidades de aquél. Una cosa es que la jurisdicción contencioso-administrativa actual se haya ganado la etiqueta de auténtica jurisdicción independiente y otra muy distinta que la igualdad ante el proceso de las partes sea exquisita. De ahí que la simple transposición del criterio del vencimiento en materia de costas judiciales del ámbito de enjuiciamiento civil hacia el contencioso-administrativo es una técnica cómoda e igualitarista pero no equitativa por la existencia de factores diferenciales en este ámbito que provocan efectos paradójicos, por no decir, perversos en términos de justicia material.” Mas el autor no se detiene en esa afirmación genérica, sino que desgrana a continuación todas las singularidades, especialidades y privilegios existentes en la jurisdicción contencioso-administrativa. Privilegios que, lógicamente, en estricta justicia impedirían trasladar sin más la norma o criterio del vencimiento civil al orden contencioso.

III.- EL SISTEMA NORTEAMERICANO O AMERICAN RULE. NO IMPOSICIÓN DE COSTAS COMO CRITERIO GENERAL, SALVO PREVISIÓN LEGAL EXPRESA EN CONTRARIO.

Conviene indicar, con carácter previo, que en los Estados Unidos, al igual que ocurre en Gran Bretaña, la Administración no tiene un fuero privilegiado en forma de jurisdicción especializada, sino que ha de someterse al mismo orden jurisdiccional que cualquier otro sujeto de derecho. También conviene indicar que los defensores de los órganos y organismos públicos no tienen ningún tipo de prerrogativa o especialidad respecto a los defensores de cualquier otra persona física o jurídica. Tras dejar bien sentado lo anterior, y entrando ya en la materia que nos interesa, el sistema procesal estadounidense se caracteriza por una peculiaridad que afecta precisamente al tema de las costas procesales y que, precisamente por su excepcionalidad, es conocido en el argot jurídico como American rule, cuyo principio y justificación pasamos a exponer aunque únicamente sea para que, por vía de contraste, pueda servir de reflexión sobre esta materia.

La singularidad estadounidense, como ya hemos indicado anteriormente, radica justo en esta materia, en el de las costas procesales, dado que el criterio general aplicable es justamente el contrario que en los ordenamientos continentales: cada parte soporta sus propias costas a no ser que una ley especial establezca lo contrario. En este aspecto, el ordenamiento jurídico americano se aparta radicalmente del ordenamiento inglés del que proviene, donde el criterio de imposición es, al igual que en España, el vencimiento objetivo. Un interesante estudio sobre el origen y evolución de este peculiar criterio legal estadounidense en materia de costas es el ya veterano pero extenso trabajo publicado por John Leubsdorf con el título Toward a history of the American rule on Attorney´s fee recovery, aunque si el lector desea una exposición mucho más breve o meramente introductoria sobre el tema puede consultar la síntesis que en apenas folio y medio hace Therese A. West con el título Everybody pays: Attorney´s fees and the American rule. De este último trabajo me interesa destacar un par de citas tomadas de resoluciones judiciales emanadas de tribunales estadounidenses, en las cuales se razona o motiva el por qué de la especialidad americana:

1.- La primera, es la relativa a la propia justificación del principio general de no imposición: “la litigación es cuando menos incierta, y no debería penalizarse a alguien por el simple hecho de instar un proceso”, de tal forma que de no aplicarse el principio “la gente sin recursos se vería disuadida de defender judicialmente sus derechos si el castigo por perder el pleito incluyese los honorarios del letrado contrario”. Aunque en el artículo comentado no se cita la procedencia, conviene indicar que la autora se está refiriendo claramente a la sentencia Fleischmann Distilling Corp. v. Maier Brewing Co (386 U.S. 714 [1967]) resolución judicial emanada del propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos y hecha pública el 14 de febrero, de la que fue ponente el mismísimo chief justice Earl Warren, quien obtuvo el apoyo de otros siete de sus colegas (únicamente Potter Stewart votó en contra). Dicha sentencia es muy ilustrativa dado que no sólo expone claramente cuál es la regla general o American rule, sino que se adentra brevemente en sus orígenes, evolución y resistencia de los Tribunales a importar el criterio del vencimiento. Citaremos el párrafo íntegro para entender mejor la frase en su contexto: “Aunque algunos estudiosos han instado a establecer en nuestro país la práctica inglesa, nuestros Tribunales generalmente se han opuesto a cualquier intento en ese sentido. La regla general ha sido que cada parte abonará los honorarios de su propio abogado salvo disposición legal expresa en contrario. Este Tribunal estableció por primera vez dicho principio en el caso Arcambel v. Wiseman (3 Dall 306 [1796) y lo ratificó en ulteriores sentencias como Haguenstein v. Lynham,100 U. S. 483 (1880); Stewart v. Sonneborn,98 U. S. 187 (1879); Oelrichs v. Spain, 15 Wall. 211 (1872); Day v. Woodworth, 13 How. 363 (1852). En defensa de este principio, se indica que pues la litigación es cuando menos incierta, no debería penalizarse a alguien por el simple hecho de instar un proceso y que la gente sin recursos se vería disuadida de defender judicialmente sus derechos si el castigo por perder el pleito incluyese los honorarios del letrado contrario; vid Farmer v. Arabian American Oil Co.,379 U. S. 227, at 379 U. S. 235 (1964); id. at 379 U. S. 236-239 (concurring opinion of Mr. Justice Goldberg)”. No obstante, junto a este criterio el Tribunal Supremo norteamericano ofrece un argumento adicional para avalar el criterio general: “el tiempo, los gastos y las dificultades de prueba a efectos de determinar qué debe entenderse por adecuados honorarios profesionales constituirían límites sustanciales para la administración judicial. Oelrichs v. Spain, 82 US 231

No deja de ser paradójico que se hable de la incertidumbre del proceso en un ordenamiento jurídico donde el valor del precedente es algo inserto en la propia médula del sistema judicial, hasta el punto de que el principio stare decisis (o, lo que es lo mismo, carácter vinculante de la jurisprudencia de órganos superiores) es el que rige la actuación de los distintos órganos judiciales. Imagínense lo que habría tenido que discurrir Earl Warren si tiene que resolver la misma cuestión sobre la base del ordenamiento jurídico y realidad jurídica cotidiana de nuestro país, en el cual cada juzgado es literalmente una taifa donde en muchas ocasiones (dado el cada vez más elevado umbral para tener acceso al recurso) el titular del órgano judicial es únicamente responsable ante Dios y ante la Historia, algo que ha venido a avalar explícitamente de forma incomprensible la Sentencia 37/2012 de 19 de marzo del Pleno del Tribunal Constitucional al incluir de forma sorprendente dentro del derecho a la independencia judicial el separarse de forma expresa (siempre y cuando se justifiquen los motivos) de los órganos superiores e incluso de la propia doctrina del Tribunal Supremo (debe ser, entonces, que para el máximo intérprete de la Constitución en los países del common law no existe independencia judicial), salvo en los casos de sentencias dictadas en interés de ley, únicas que vinculan. Este criterio no hace del proceso “algo, cuando menos incierto”, sino una auténtico juego de azar similar a la lotería.

2.- La ausencia de criterios estables para determinar los honorarios de los profesionales de la abogacía. “No existe un criterio estable para la fijación de los honorarios. Algunos letrados exigen mucho más que otros. Algunos clientes están dispuestos a abonar más que otros. Pueden utilizarse más abogados que los necesarios. Cuanto tanto cliente como abogado saben que tales honorarios serán satisfechos por la otra parte, existe riesgo de abuso.” Tampoco se cita el caso concreto del que procede esta cita, aunque el caso en cuestión es Kenny v. United States, sentencia de fecha 15 de febrero de 1954 y procedente en esta ocasión del Juzgado Federal de Distrito de Nueva Jersey. Ciertamente, en nuestro país tampoco existe un criterio estable para la fijación de honorarios. Hasta hace relativamente poco tiempo existían los Criterios de Honorarios Profesionales que aprobaban los distintos Colegios de Abogados, pero pronto los jueces empezaron a considerar los mismos meramente orientativos y no vinculantes para indefectiblemente ponderarlos a la baja con criterios tales como la “complejidad del asunto” el “trabajo realizado” e incluso, en algunas ocasiones, incluso al “tiempo dedicado” (como si el Juez tuviera forma objetiva de acreditar el tiempo que el letrado dedicó a un asunto).

Curiosamente existen críticas tanto al criterio estadounidense como al británico formuladas desde los propios países. La crítica al sistema americano radica en que con ese sistema se favorecen la presentación de demandas extravagantes, temerarias o sin la más mínima base y, por tanto, un cierto sistema de imposición de costas sería deseable, aunque esos gastos que la parte derrotada hubiese de asumir fuesen “razonables” (la expresión legal utilizada en la normativa es la de “reasonable attorney´s fees”); esta crítica, que llevó incluso a proponer ciertas modificaciones para matizar la regla general, ha calado en cierta medida al estipular determinadas leyes sectoriales que en ciertos pleitos la parte vencedora pueda recobrar parte de los gastos de su defensa, algo que ocurre, por ejemplo, en los casos de civil rights, o pleitos de derechos civiles. Por el contrario, la crítica inglesa al sistema del vencimiento objetivo incide en que el criterio del vencimiento puede tener efectos disuasorios de tal forma que un ciudadano que objetivamente tiene toda la razón de su parte desista de acudir a un pleito ante el temor de salir derrotado y que deba abonar los honorarios de defensa de la parte vencedora. A mi entender, ambas críticas tienen su parte de razón. El lector interesado en profundizar en este apasionante tema, es decir, el análisis comparativo de ambos sistemas, puede consultar el interesantísimo trabajo que con el título The English Versus the American Rule on Attorney Fees: An Empirical Study of Public Company Contracts se publicó en la Revista de Derecho de Cornell, concretamente en el número correspondiente al mes de enero del año 2013 que, aún referido a un ámbito material muy concreto y delimitado, no deja de contener interesantes reflexiones generales y comparativas entre ambos principios.

IV.- CONCLUSIÓN.

En el post al que hacía referencia en el punto segundo de la presente entrada, comparaba la situación de los entes públicos con la del personaje interpretado por el genial Tony Curtis en la película Boeing, Boeing, donde mantenía relaciones afectivas con tres azafatas de vuelo a la vez y se jactaba ante su atónito amigo (interpretado por el no menos genial Jerry Lewis) de que “poseo todas las ventajas de la vida matrimonial y ninguno de sus inconvenientes”. Eso es lo que el legislador ha pretendido realizar con la implantación del criterio del vencimiento en el orden contencioso: tener todas las ventajas del proceso civil y ninguno de los inconvenientes. Se ampara para ello, y así lo ha indicado expresamente algún integrante de los Servicios Jurídicos del Estado, en el principio de igualdad. No obstante, ya hemos indicado que no pueden tratarse de forma igual situaciones desiguales. Pues la aplicación en abstracto del principio de igualdad nos llevaría a situaciones absurdas, como las brillantemente ilustradas por el genial Francisco Ibánez en su álbum La Gomeztroika, donde con su inimitable sentido del humor transportaba a sus célebres e inmortales Mortadelo y Filemón a un país regentado por el militar Obdulio Gómez quien, al albur del éxito mundial que por entonces tenía la Perestroika impulsada por Mijail Gorbachov, decidía acometer su particular “Gomeztroica”, consistente en aplicar indiscriminadamente el principio de igualdad a diestro y siniestro. Así, por ejemplo, un tratante de porcinos que se alojaba en un hotel exigía en aras a ese principio de igualdad que sus puercos gozasen del derecho a hospedarse en las habitaciones, y el dueño de un caballo privaba de calzado a la pareja protagonista a la que, en aras al principio de igualdad, dejaba las herraduras de su equino. Pero, sin duda alguna, la viñeta más hilarante es aquélla en la que un matrimonio de jorobados se paseaba por la calle, y la esposa le decía a su marido: “Me parece bien lo del principio de igualdad. Pero creo que es algo exagerado hacerme pasear con una almohada en el costillar”.

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2 comentarios el “COSTAS PROCESALES Y CRITERIO DEL VENCIMIENTO EN EL ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: ENTRE UN DISCURSO DE JOSÉ RAMÓN CHAVES, UNA REFLEXIÓN PERSONAL Y LA AMERICAN RULE.

  1. Un gran talento, para la promocion de si mismo, el que tiene ese juez, que nunca hizo oposiciones para serlo. Asi va este pais.

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