UNA CONFERENCIA DEL JUEZ STEPHEN BREYER SOBRE EL ESTADO DE DERECHO, SEGURIDAD NACIONAL, LIBERTADES FUNDAMENTALES Y DERECHO INTERNACIONAL.

Viñeta Seguridad Nacional - Libertades Civiles

El pasado día 8 de abril de 2015, Stephen Breyer, magistrado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pronunciaba en el Brigham Center for the Rule of Law una breve conferencia que, por la temática abordada, a buen seguro constituye un breve anticipo de su libro The Court and the World: American Law and new global relations, que saldrá a la luz el próximo mes de septiembre. El discurso (que el lector interesado puede encontrar aquí) comienza y termina con unas palabras que en el año 1947 pronunciara George Marshall, el por entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, abogando porque los Estados Unidos prestasen ayuda sustancial a Europa para evitar que ésta se enfrentar a “un deterioro social, económico y político de graves características”, palabras que ulteriormente fueron articuladas tanto fáctica como jurídicamente en lo que se conoció popularmente como Plan Marshall que, según indica Stephen Breyer “no supuso únicamente ayuda económica, sino una llamada a la cooperación internacional, pues trataba de asegurar la paz y la estabilidad política”. Este recuerdo inicial lleva al juez Breyer a disertar sobre un tema que, como miembro del Tribunal Supremo, conoce de primera mano: la influencia del Derecho internacional sobre el Derecho interno y, más específicamente, la difícil ecuación Estado de Derecho, defensa del Estado y garantías del particular en épocas de guerra o conflictos armados, centrando la disertación, obviamente, desde el punto de vista de los Estados Unidos. Y es que, según Stephen Breyer, el mundo de hoy “se caracteriza, entre otras cosas, por una economía internacional frágil, por crecientes divisiones económicas entre norte y sur, por un incremento de los riesgos medioambientales, inseguridad y en algunos lugares anarquía, terrorismo y fanatismo. Si hay alguna esperanza de resolver tan complejos problemas, el esfuerzo para ello ha de ser colectivo y no patrimonio de una sola nación”. Los jueces no pueden, desde la posición que ostentan dentro del Estado, dar la solución a los problemas, pero sí que pueden desempeñar una cierta función, hecho éste que permite a Breyer incidir en el aumento de casos en los que el Tribunal Supremo ha de enfrentarse a asuntos donde el componente internacional desempeña un papel decisivo.
El problema principal, y el núcleo duro de la conferencia, radica en la presente ecuación perfectamente sintetizada en estas líneas: “La Constitución otorga al Congreso y al Presidente la autoridad para proteger la seguridad de los Estados Unidos, pero otorga a la judicatura una considerable responsabilidad a la hora de proteger los derechos fundamentales. ¿Qué ha de hacer el Tribunal cuando entran en conflicto los intereses de la seguridad nacional y los derechos fundamentales de los ciudadanos?” Es el eterno problema que ya recibió una respuesta en forma de libro hace ya poco más de tres lustros, cuando el por entonces chief justice William H. Rehnquist publicara su interesante obra All the laws but one, donde de forma harto premonitoria (el libro está escrito antes de los atentados del once de septiembre) exponía de forma sencilla y asequible incluso para el profano en temas jurídicos la forma en que la judicatura estadounidense intentó resolver esa delicada ecuación a lo largo de la historia. En este sentido, Breyer coincide en apuntar a dos casos célebres que tuvieron lugar en plena guerra de secesión: Ex parte Merryman y Ex parte Milligan. Este último caso, en el que el Tribunal Supremo debía verificar si el juicio de varios civiles por Tribunales militares en plena guerra de secesión pero en un lugar alejado de la contienda era o no constitucional, el máximo órgano judicial estadounidense rechazó de forma tajante los argumentos del gobierno federal en el sentido que en tiempo de guerra la Constitución debía ceder, y la sentencia se hizo justamente célebre por un vibrante párrafo obra del juez David Davis: “La Constitución de los Estados Unidos es una norma para dirigentes y para el pueblo, tanto en la guerra como en la paz, y cubre con su escudo protector a todos los hombres, en todas las épocas y bajo cualquier circunstancia. Ninguna doctrina acarrea consecuencias más perniciosas que aquélla según la cual las previsiones constitucionales pueden ser suspendidas durante algún periodo de graves exigencias nacionales. Tal doctrina conduce directamente a la anarquía o al despotismo, pero la tesis de la necesidad en la que descansa es falsa, pues la propia Constitución otorga al Gobierno las prerrogativas necesarias para preservar su existencia”.
Sin embargo, y pese a tener muy claro ese principio general de que la Constitución es aplicable en circunstancias ordinarias y extraordinarias, el Tribunal Supremo ha oscilado a la hora de delimitar el grado de deferencia que ha de otorgarse a las medidas adoptadas por un mandatario en caso de conflicto. Pensemos en dos casos extremos. Así, en el asunto Korematsu v. United States, el Tribunal Supremo avaló el internamiento de la población nipona en campos de concentración de la costa oeste; como dato curioso, la autoridad que había ejecutado esa medida era nada menos que el gobernador del Estado de California, Earl Warren (quien tan sólo trece años después sería nombrado Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y se convertiría en símbolo o paladín de una nueva jurisprudencia liberal y garantista de los derechos fundamentales, hecho por el que se le recuerda hoy en día, y no por esta otra lamentable actuación) y el ponente de la sentencia que avaló tal proceder fue uno de los miembros del ala liberal del Tribunal Supremo, el antiguo senador por Alabama y ahora juez Hugo L Black. Sin embargo, en el caso Youngstown Sheet & Tube Co. V. Sawyer (popularmente conocido como el Steel Seizure Case –Asunto de Expropiación de las Acerías-) el Tribunal Supremo en una sentencia redactada igualmente por el juez Hugo Black rechazó que el Presidente, aun invocando intereses públicos derivados de la necesidad de dotarse de armamento en plena guerra de Corea, pudiese expropiar sin más las acerías del país cuando éstas iniciaron un parón de sus actividades por motivos laborales. Los casos más recientes de conflicto entre derechos fundamentales e intereses de la seguridad nacional son los que tienen lugar tras los atentados del once de septiembre y la reacción provocada sobre todo por la Patriot Act. Así, en el caso Rasul v. Bush el Tribunal reafirma que los derechos constitucionales son aplicables en la base de Guantánamo al ser territorio de soberanía estadounidense. En el asunto Hamdi v. Rumsfeld se reconoce que los ciudadanos estadounidenses a quienes el ejecutivo califica de enemigos combatientes gozan del derecho constitucional a impugnar su detención. En Hamdam v. Rumsfeld, al igual que ocurriera en el caso Milligan, se declaró inconstitucional el juicio de un civil por un tribunal militar. Y, sobre todo, en el importantísimo asunto Boumediene v. Bush se reconoce expresamente que los detenidos en la base naval de Guantánamo gozan del derecho constitucional a impugnar su detención en los tribunales estadounidenses.
La conclusión del juez Breyer es que, pese a los avances, no puede otorgarse una respuesta general para solventar esta delicada ecuación, sino que la solución forzosamente habrá de alcanzarse caso por caso, y lo hace en un párrafo donde, aún de pasada, cita a nuestro país de forma expresa: “A la hora de enjuiciar estos asuntos, el Tribunal habrá de ponderar tanto la seguridad nacional como los derechos fundamentales. Para ello habrá de considerar hechos foráneos e incluso resoluciones de tribunales de otros países. Y ello porque dichos tribunales y legislativos, a la hora de enfrentarse a circunstancias similares, pueden ofrecer ejemplos ilustrativos que nuestro Tribunal puede utilizar con provecho. Gran Bretaña, Israel, España y otras naciones han afrontado asuntos similares”.
En definitiva, que dado lo turbulento de los tiempos, es este un tema, el balance o equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos fundamentales, que seguirá dando mucho juego dentro y fuera de los Tribunales.

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