FISCALES ESTATALES NORTEAMERICANOS Y SU NEGATIVA A LA DEFENSA DE LEYES QUE CONSIDERAN INCONSTITUCIONALES.

Justice

El pasado mes de abril la Revista de Derecho de Yale publicaba un extenso trabajo del artículo que, con el título Fifty States, fifty Attorneys General, and fifty approaches to the duty to defend, analiza las principales funciones de dichos defensores de la legislación estatal. El artículo, interesantísimo por varios motivos, sin duda alguna dejaría atónito al público español (jurista y no jurista) simplemente por la lectura de sus párrafos iniciales: “Cada vez de forma más frecuente los fiscales generales de los estados rehúsan aplicar leyes estatales con el argumento de que las mismas vulneran tanto la constitución federal como la del propio estado. Su rechazo patente a defender la legislación estatal que prohíbe matrimonios homosexuales, los fiscales demócratas parecen situarse a la vanguardia de este movimiento. No obstante, se encuentran en buena compañía, dado que los fiscales republicanos han rehusado aplicar otras leyes estatales. Los argumentos para esta actuación no han sido muy sofisticados. Los fiscales que han rehusado aplicar la prohibición de celebrar matrimonios homosexuales poco más que han reproducido los argumentos esgrimidos por el Fiscal General de los Estados Unidos, Eric Holder, a la hora de negarse a defender la Ley de Defensa del Matrimonio [Defense of Marriage Act]. Dichos fiscales argumentan que las leyes estatales que prohíben matrimonios entre personas del mismo sexo son inconstitucionales y su defensa, por tanto, es innecesaria y quizá inadmisible”. Unas líneas más adelante, continúan los autores de este artículo incidiendo en los argumentos que ofrecen tales servidores públicos para avalar jurídicamente su proceder: “Para justificar su negativa a defender las leyes estatales, invocan sus juramentos de cumplir y hacer cumplir las constituciones federal y estatal”. Aunque no todo es propiamente Derecho, sino que también interviene la política y un factor nada desdeñable, que los propios autores señalan contraponiendo la naturaleza de los fiscales federales con los estatales: “los fiscales integrados en el Departamento de Justicia hacen inciden en defender e incrementar su influencia en las disputas legales entre poderes y en depositarlas en los Tribunales exaltando la supremacía judicial en asuntos constitucionales. El deber de defensa refuerza el estatus e independencia de los fiscales federales, y por ello actúan de esa forma. Por el contrario, casi todos los fiscales generales de los estados son políticos electos, y muchos intentan optar a cargos superiores. Dado que generalmente el mandato de estos fiscales no es muy largo, son más reacios a someterse a los Tribunales” (en el original se utiliza el verbo genuflect, mucho más revelador). En definitiva, que según los autores los fiscales federales son más “profesionales”, tienen un contacto más cotidiano con los Tribunales y, por tanto, como parte de dicho sistema tienden a reforzar el papel de los Tribunales en las disputas sobre la constitucionalidad de una ley. Los fiscales estatales, por el contrario, son elegidos periódicamente mediante sufragio universal y, al tener un mandato limitado y ser conscientes de que su periodo en el cargo no se extenderá mucho, son menos dóciles con los Tribunales.
Cabe recordar que el cargo de Fiscal General de los Estados Unidos (United States Attorney General) fue creado por la Judiciary Act aprobada el 24 de septiembre de 1789. Inicialmente el cargo era compatible con el ejercicio privado de la abogacía, y de hecho alguno de sus titulares se quejó por escrito en carta amargamente sobre los pocos incentivos que tenía el puesto dado que no sólo su remuneración era escasísima, sino que carecía de poderes sobre los fiscales federales, que dependían funcional y orgánicamente del Departamento de Estado. La situación cambió drásticamente cuando el 1 de julio de 1870 se aprueba la Ley de Creación del Ministerio de Justicia (Act to Stablish de Department of Justice), que cambia drásticamente el panorama existente. Con dicha ley, el Fiscal General se sitúa al frente de dicho Departamento y tiene facultades de supervisión sobre los fiscales federales, que son los encargados de representar y defender a los Estados Unidos en cualquier tribunal ya sea estatal o federal con una única excepción: esa ley de 1870 crea el puesto de Solicitor General, cuya única misión es la representación y defensa de los Estados Unidos ante el Tribunal Supremo. Como puede verse, la división que en nuestro país existe entre Fiscalía y Abogacía del Estado no existe, y la representación y defensa de los Estados Unidos se ejerce por un único cuerpo, con la única excepción del Tribunal Supremo, donde sí que la representación y defensa la ejerce un cargo específico, el Solicitor General, cuya relación con dicho órgano judicial es tan estrecha que ha sido denominado en algunas ocasiones el “décimo juez”.
Quizá fuese hora de que en nuestro país se adoptase el sistema estadounidense, que evitaría entre otras cosas duplicidades innecesarias y acabaría con una indeseable dualidad Fiscalía/Abogacía del Estado que no tiene sentido en los tiempos actuales, ni sobre el papel ni en la práctica. Porque la Fiscalía tiene como principal función “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley” (artículo 1 de la Ley 50/1981 de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) y se supone que la Administración “sirve con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho” (artículo 106 de la Constitución), lo que implica que en principio la defensa de la Administración podría hacerla la fiscalía, que es la encargada de la defensa de la “legalidad” en abstracto, pues sobre el papel esa es la labor de la Administración, actuar dentro de la “legalidad”.
Todo lo anterior me trae a la memoria un episodio de la serie Ley y Orden, en concreto el octavo capítulo de la decimooctava temporada, y que tenía por título Ilegal. En dicho capítulo un joven policía en prácticas que había disparado su arma en una manifestación de protesta era acusado de haber causado la muerte de una de las manifestantes. El fiscal de distrito, Jack McCoy, encomendaba el caso a uno de los fiscales que, al presentar el caso ante el gran jurado, lo hizo de una manera deliberadamente defectuosa para que éste no pudiera presentar cargos contra el agente. Cuando el fiscal de distrito observa tal comportamiento, y pese a las presiones que se ejercieron sobre el para que dejase correr el asunto y no encausase al policía, actúa de manera tajante: expulsa al negligente fiscal y encarga el caso a su ayudante habitual, Michael Cutter, quien no duda en proceder contra el agente, aunque modulando la acusación puesto que la propia fiscalía aceptaba expresamente que el homicidio era involuntario. La defensa del agente se cebó sobre el fiscal de distrito, a quien acusó de usar su cargo para ejercer desde el mismo una política liberal. McCoy, pese a que su gabinete le aconsejó “un par de declaraciones a la prensa o una llamada a personas influyentes”, manifestó ante su ayudante Cutter que se defendería “donde mejor sé hacerlo”, lo que quería decir que se defendería en la sala de vistas del juzgado, donde había ejercido durante más de quince años. En una escena que sería inconcebible en nuestro país (que un fiscal se siente como testigo en un caso no tiene precedentes, pero que lo haga a iniciativa propia sería poco menos que ciencia ficción en nuestro país) cuando la abogada defensora del policía intentó acorralarle, se encontró súbitamente reducida al silencio cuando McCoy responde a preguntas sobre su política: “Donde haya una ley la haré cumplir, donde haya un crimen lo perseguiré y donde haya una víctima hablaré por esa víctima. Esa es mi política”. Dudo mucho, a la vista del artículo anteriormente pueda la propia fiscalía estadounidense decir que “donde haya una ley la haré cumplir”, dado el rechazo de algunos fiscales a ejecutar leyes estatales basándose en el argumento de que las mismas son inconstitucionales.
Para finalizar este post, y como una imagen vale más que mil palabras, he aquí los escasos diez segundos en los que el fiscal McCoy (que fue magníficamente interpretado por el actor Sam Waterston durante dieciséis años) defiende de forma contundente sus principios rectores.

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