LA LEY ELECTORAL ESPAÑOLA: INCONGRUENCIAS Y PREVISIONES INJUSTIFICABLES.

Elecciones

El Boletín Oficial del Estado del día 23 de marzo de 1977 publicaba el Real Decreto-Ley 20/1977 de 18 de marzo, sobre Normas Electorales. Dicho texto normativo tenía como único objetivo regular las elecciones que el día 15 de junio de ese mismo año se celebrarían para elegir los miembros del Congreso de los Diputados y el Senado, órganos éstos creados por la Ley 1/1977 de 4 de enero de Reforma Política. Como bien exponía el preámbulo del Real Decreto-Ley, esa normativa estaba pensada única y exclusivamente para esas primeras elecciones democráticas a celebrar el día 15 de junio, y la Exposición de Motivos del mismo no puede llamar a engaño sobre la provisionalidad de la regulación: “La Ley para la Reforma Política, de cuatro de enero de mil novecientos setenta y siete, atribuye al Gobierno la potestad de regular las primeras elecciones para constituir un Congreso de trescientos cincuenta Diputados y elegir doscientos siete Senadores. Es necesario, por tanto, establecer las normas que han de regir el proceso electoral, sustituyendo la compleja normativa vigente en la materia, fruto de otras circunstancias históricas y de opciones políticas diferentes. Las normas electorales reguladoras de estas primeras elecciones han de responder a tres imperativos….”. Así, dicha normativa electoral regulaba en su artículo 20 el sistema de elección de Diputados (según un criterio de representación proporcional según la ley D´Hont) y en su artículo 21 el de los senadores (mediante el sistema de lista abierta y voto limitado); sistema que es el que se mantiene actualmente en vigor. Pero también se regulaban una serie de cuestiones relativas al propio procedimiento electoral, como eran las siguientes:
1.- La obligatoriedad de la condición de miembro de una Mesa Electoral (artículo 27.1) sin perjuicio de poder excusarse en ciertos casos. La condición de miembro de la mesa se adquiriría mediante insaculación entre la lista de electores (artículo 26.2).
2.- La regulación de la campaña electoral, que debería finalizar a las cero horas del día inmediatamente anterior a las elecciones, es decir, lo que popularmente se conoce como “jornada de reflexión” (artículo 38).
3.- La obligación del Estado de sufragar los gastos electorales a través de una doble vía: una importante contribución (un millón de pesetas de las de entonces) por cada escaño obtenido en el Congreso o en el Senado y una cantidad irrisoria en términos absolutos pero nada desdeñable en conjunto (cuarenta y cinco pesetas) por cada voto que obtuviese una formación política con representación parlamentaria.
Dicha norma, que como ya hemos indicado tenía un carácter provisional y circunscrito únicamente a las primeras elecciones celebradas en junio de 1977 prolongó sin embargo su vigencia durante nada menos que ocho años, siendo complementada por la Ley 39/1978 de 17 de julio, de las Elecciones Locales. Ambas fueron expresamente derogadas por la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de julio, de Régimen Electoral General texto legal que, con sucesivas reformas, remiendos y aditamentos es la que continúa vigente en materia de sufragios para elección de Diputados españoles al Parlamento Europeo, a Diputados y Senadores así como a miembros de las Corporaciones Locales. No obstante, los tres puntos anteriores que destacábamos en el Real Decreto-Ley 1/1977 se mantienen: la obligatoriedad de los miembros de las mesas electorales (donde, curiosamente, se mantiene hasta la anterior numeración del articulado, pues se regula en el artículo 27.1 de la Ley Orgánica), la duración de la campaña hasta las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación (artículo 51.3) y, sobre todo, la injustificada e injustificable contribución estatal doble a la campaña electoral, donde en las elecciones estatales se otorga la friolera de 32.508,74 euros por escaño obtenido (artículo 227.1.a) y 1,08 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura que hubiese obtenido escaño de Diputado (artículo 227.1.b). No solo eso, sino que incluso se impone al Estado la obligatoriedad de realizar adelantos de esas subvenciones a los partidos que en las elecciones anteriores hubieran obtenido representación (artículo 127.bis, introducido por la Ley Orgánica 1/2003 de 10 de marzo). A ello debe añadirse que, en un claro síntoma del “complejo de déspota ilustrado” (recordemos el lema de la ilustración dieciochesca, “todo por el pueblo, pero sin el pueblo”, al que trataban siempre como menor de edad), el legislador de la segunda década del siglo XXI sigue considerando a la opinión pública como influenciable y menor de edad, dado que la Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero modifica el artículo 69.7 de la Ley Orgánica 5/1985 prohibiendo durante los cinco días anteriores al de la votación la difusión de sondeos electorales.
Visto lo anterior, es evidente que existen regulaciones que, aún justificadas en el año 1977 por las circunstancias históricas, sociales y políticas del momento, no parecen de recibo actualmente. Veámoslo:
1.- El cargo de miembro de una mesa electoral por insaculación y de forma obligatoria carece hoy en día de sentido tanto teórico como práctico. Pudiera tenerlo en el año 1977, donde tras cuarenta años de régimen autoritario un gran sector de la población podría tener el lógico y comprensible recelo cuando no temor a formar parte de unos comicios electorales en un periodo, el de transición política, donde aún no se sabía la forma en que se articularían las lógicas aspiraciones democráticas. Pero hoy en día, superado con creces tal periodo, lo lógico sería que se priorizara el desempeño voluntario o incluso a determinados colectivos (como estudiantes universitarios, o personas inscritas como demandantes de empleo) que a buen seguro no pondrían reparos. Porque no deja de ser curioso que el ejercicio del sufragio sea voluntario pero la participación en las mesas electorales que son la articulación fáctica del voto, sea obligatoria.
2.- Tanto la fijación del cierre de campaña a las cero horas del día anterior al de celebración de los comicios como la prohibición de encuestas electorales los últimos días carecen totalmente de sentido, pues no existe argumento racional alguno para su mantenimiento como no sea la mera inercia histórica y acrítica. Ello supone nada más y nada menos que los poderes públicos consideran a sus ciudadanos, al a fuente de su poder, como personas sin carácter, pusilánimes o fácilmente influenciables de tal modo que se les ha de «proteger» de nefandas influencias mediante la prohibición de encuestas que dobleguen su voluntad e incluso mediante esa insulsa “jornada de reflexión” que no sirve más que como motivo de risión en nuestro entorno. Téngase en cuenta, además, que la prohibición de hacer públicos sondeos de opinión los cinco últimos días se traslada a la legislación electoral nada menos que en el año 2011, en plena era de la tecnología y de las telecomunicaciones. ¿Qué sentido tiene, pues, ocultar información?
3.- Lo que no es ya que carezca de justificación, sino que clama al cielo son las elevadas cantidades que, con cargo al erario público (es decir, de nuestros bolsillos) recibe cada formación política por partida doble: por escaño y por voto recibido. Cuando en puridad, quien debiera recibir la compensación es el votante que se molesta y se toma su tiempo en desplazarse al colegio electoral, guardar cola y depositar su papeleta en la urna, y no el político de turno que pasa la jornada cómodamente instalado en la sede electoral ejercitando el “buen comer y mejor beber” que diría el inimitable José María García. Pongamos dos ejemplos prácticos a raíz de los últimos comicios electorales:
A.- Partido Popular. Recibe 10.866.566 votos y 186 escaños. ¿Qué subvención electoral recibe? Pues la siguiente: de los cuales 6.046.625,64 corresponderían a las subvenciones por diputados y 11.735.891,28, lo que hace un total (salvo error u omisión) de 17.782.516,92 euros.
B.- Partido Socialista. Recibe 7.003.511 votos y 110 escaños. El cálculo base arroja que recibiría un total de 3.575.961,40 euros por diputados obtenidos y 7.563.791,88, lo que arroja un total de 11.169.753,28 euros.
Es decir, que en plena crisis económica, donde se piden sacrificios a la población y se predicaba la austeridad y la contención, las dos principales formaciones políticas recibieron entre las dos casi treinta millones de euros en concepto de subvenciones electorales, cantidades a las que habría que añadir las que anualmente obtienen de forma ordinaria. Mas no crean ustedes que esas nada desdeñables gavelas son privativas de los partidos mayoritarios, pues ninguno de ellos ha renunciado a tan golosas cantidades. Tampoco crean ustedes que las Comunidades Autónomas han prescindido de esa doble vía de financiación escaño/voto recibido, pues las legislaciones electorales autonómicas, sin excepción, se han acogido a tan favorable prebenda. Vean, si no, la Ley 14/1986 de 26 de diciembre, sobre elecciones a la Junta General del Principado de Asturias. El artículo 37.1 establece ese sistema dual de subvención por escaño y por votos obtenidos, que en las pasadas elecciones autonómicas del año 2012 ascendieron a 14.976,07 euros por escaño obtenido en la Junta y 0,75 euros por voto obtenido. No obstante, y pese a las penosas condiciones de la Hacienda Pública asturiana y el sangrado que efectúa a los ciudadanos dicha Comunidad (que busca dinero hasta debajo de las piedras exprimiendo a los asturianos hasta extremos inimaginables en un país civilizado) resulta que si el lector decide echar un vistazo a la Resolución de 31 de marzo de 2015 de la Consejería de Hacienda y Sector Público (publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del día 4 de abril de 2015) comprobará que esas cantidades se rectifican actualizándolas, pero no a los tiempos de crisis que corren, sino para corregirlas al alza, pues las fija en 15.290,57 euros por escaño obtenido y 0,77 euros por cada voto conseguido.

En definitiva, que en materia electoral nos encontramos en la misma situación que estaría una persona que pretendiese acudir a su acto de graduación universitaria llevando el traje de primera comunión. Por mucho que se remiende, estire e intente hacerse visible, el mismo no sirve por el lógico transcurso del tiempo y la evolución no sólo del cuerpo humano de la persona que en su día lo portara, sino de la propia sociedad. Es evidente que la legislación de 1977 (pues la de 1985 respeta las líneas esenciales de la norma anterior) tuvo su razón de ser, pero es menester abordar ya de una forma seria, meditada y sobre todo, rigurosa, la reforma íntegra de la legislación electoral donde, entre otras cosas, se supriman las subvenciones a partidos políticos (sus gastos electorales que los sufraguen con sus propios recursos), la jornada de reflexión, las restricciones a la publicación de encuestas y, sobre todo, la obligatoriedad de los cargos de una mesa electoral. Y además debería aprovecharse para reformar el propio sistema de elecciones al Congreso de los Diputados, que fomenta el caciquismo partidista. Porque como bien decía un compañero abogado de Oviedo, si existe el mandato imperativo no hacen falta 350 diputados, bastaría con que cada formación política tuviese un único representante cuyo voto valiese por tantos como fuesen necesarios. Porque si los 186 diputados del Partido Popular y los 120 de Partido Socialista Obrero Español no están sujetos a mandato imperativo y sí a la disciplina impuesta por sus líderes, ¿No sería más económico y razonable tener únicamente a un representante cuyo voto valiese por 186 y otro cuyo voto valiese por 120, como ocurren en las Juntas de Accionistas de las sociedades mercantiles?

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1 comentario en “LA LEY ELECTORAL ESPAÑOLA: INCONGRUENCIAS Y PREVISIONES INJUSTIFICABLES.

  1. JUAN IGNACIO GARCIA JAIME

    Seguro que estas líneas no representan dificultad y tienen claridad suficiente, fáciles de leer y comprender en su totalidad.

    La máquina de vapor fue un importante avance en la revolución industrial, respecto a la situación anterior de solo disponer de la fuerza animal o la manual del propio hombre, máquina que, a su vez, se vio luego superada y sustituida por el motor de combustión interna; y este otro nuevo avance respecto a la máquina de vapor, está siendo igualmente superado y sustituido íntegramente por otros avances próximos que todos ya hemos oído y conocemos, y el motor de combustión interna -diesel y gasolina- deberá desaparecer.
    El llamado derecho de voto, es muy anterior a la propia máquina de vapor o coetáneo a ella en el mejor de los casos, y fue entonces un avance -como la máquina de vapor- respecto al absolutismo anterior, y en aquel momento la única posibilidad al alcance de la mayor parte de la sociedad y de las clases sociales de entonces, profundamente deprimidas que difícilmente podían acceder ni siquiera al engañoso y escaso voto, puesto que su realidad social, su situación económica, su situación vital, ausencia absoluta de educación y de formación mínima y alejamiento de los círculos de poder era tan grande y tan abismal e insalvable que incluso el mero voto se antojaba nada fácil para muchos seres humanos pertenecientes a las clases más inferiores y numerosas, tremendamente inalcanzable también el mero o simple y escaso voto que solo es bueno o favorable si lo comparamos con el absolutismo que le precedió.
    Una cosa mala aparece como buena si la comparamos con otra absolutamente peor. El voto solo es bueno si lo comparamos con el absolutismo anterior.
    Afortunadamente las circunstancias sociales actuales no son aquellas, son muy distintas, y afortunadamente el propio Ordenamiento Jurídico contempla hoy, mejorando y superando ya el simple y falso voto, algo radicalmente opuesto, contrario y muy superior al engañosamente llamado “derecho de voto” que lejos de ser Derecho favorable es sólo pérdida, entrega, renuncia y eliminación, y que ha sido reemplazado constitucionalmente por el Derecho Fundamental de todos los ciudadanos a Participar en los asuntos públicos, directamente. Art. 23.1 C.E., y ya se aplica de modo efectivo en las Mesas electorales de ciudadanos no políticos, de ciudadanos a secas.
    Y solo añadidamente a esa Participación Directa verdadera de todos los ciudadanos, esencial y única verdadera, se agrega como segunda posibilidad, la llamada participación indirecta falsa, mediante la vocal disyuntiva: – o – :
    “O” “por medio de” “representantes” “libremente elegidos”.

    (1). La participación indirecta, el falso y simple voto no es ya el Derecho Fundamental, y no es la primera ni la esencial, es solo la segunda tras la Participación Directa única verdadera y esencial.
    (2). Es además instrumental, medial, “por medio de”, no es el propio ciudadano el que Participa, en ella no Participa el propio ciudadano, sino otro sujeto distinto instrumental y medial que pasa a ser más importante y superior al ciudadano y que supuestamente lo utiliza. En ella el ciudadano no Participa, renuncia y solo puede mirar desde el otro lado del cristal lo que hacen con su derecho para perjudicarlo.
    (3). Es solo alternativa o disyuntiva, “O”. No puede ser convertida e impuesta como la única posible y la única existente por encima de la Directa, única verdadera y esencial que se elimina y desaparece.
    (4). Habrían de ser “representantes” por exigirlo el precepto, que no lo son y que ningún ciudadano necesita. No necesito que nadie me represente, ya me represento yo. La representación incluso la prohíbe el art. 67.32 C.E. Nunca es representación, no es representación, ni nadie la necesita, ningún ciudadano la necesita.
    (5). Y por último tampoco son “libremente elegidos” (redundancia: una elección que no sea libre ya no es elección) había de ser con libertad absoluta sin embudos ni reducciones a la libre elección con libertad de rango constitucional, que no puede ser restringida por ninguna norma inferior a la propia Constitución que la exige al decir “libremente elegidos” con libertad absoluta y no solo “entre unos pocos” que son claramente impuestos en contra de la libre elección y de la simple elección. “Elegir pero solo entre unos pocos que nosotros imponemos”. Es decir, mediante el embudo que elimina a la inmensa mayoría de ciudadanos que sencillamente desaparecen eliminados en favor de solo unos pocos, entre los que reducidamente habrá de hacerse la supuesta “elección” en la que no existe tal libertad de elegir “libremente”. LA PARTICIPACION INDIRECTA O VOTO NO CUMPLE NI TAN SIQUIERA LAS PROPIAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES DE ESA SUPUESTA “PARTICIPACION INDIRECTA, INSTRUMENTAL, FALSA Y ABSOLUTAMENTE REDUCIDA”. EL ENGAÑO ESTA ELEVADO AL CUBO, Y A LA QUINTA POTENCIA, COMO QUEDA ASI DEMOSTRADO con esa cadena de cinco engaños sucesivos y enlazados.

    Por tanto, hoy, el mal llamado derecho de voto, con más de ciento cincuenta años ya ha sido superado, ya no es reconocido y mencionado en la Constitución; ya no es el Derecho esencial, el Derecho Fundamental, sino que hoy el Derecho Fundamental de los ciudadanos es Participar directamente en los asuntos públicos -y nunca lo había sido antes -ni en “la Pepa”, ni en la Luisa-, (y que no es ni invención ni ocurrencia, ni mero deseo o mera propuesta de quien escribe estas líneas y de muchos de quienes las lean, aunque desgraciadamente habrá muchos que desean -mero voluntarismo-que no avancemos y no salgamos nunca del mal llamado derecho de voto que nada tiene de Derecho sino de eliminación y sustitución de la inmensa mayoría de ciudadanos a favor de y por solo Unos Pocos Soberanos, beneficiados exclusivos del llamado derecho de voto pasivo -para ellos si es favorable-.
    Así que, el llamado “derecho de voto” es al avance social y democrático lo que la máquina de vapor a la revolución y desarrollo industrial. El mal llamado derecho de voto ya no es avance, -solo lo fue frente al absolutismo- ya no está mencionado en la Constitución; ya no es el tope, no es el límite, no es el máximo y lejos de ser avance es retroceso y solo dictadura de unos pocos y eliminación de la inmensa mayoría y es solo el engaño de unos pocos, que son de modo real y efectivo unos pocos Soberanos y no el Pueblo español, y lo vemos cada día en que solo dos o tres personas, o el grupo muy reducido de unos pocos, guiados cada uno de ellos por su inevitable e inexorable interés y conveniencia personal y privada inevitable, y hacen con la inmensa mayoría de ciudadanos -que han perdido y no tiene esa condición-, lo que a ese grupo reducido les dicta su implacable conveniencia, la particular y personal de cada uno de ellos. España entera lo dijo en todas las plazas y pueblos de España. “No nos representan, solo se representan a ellos mismos”. Le llaman democracia y no lo es.
    Nunca hemos conocido la democracia (salvo en las mesas electorales de ciudadanos no políticos) y estamos tan acostumbrados a la dictadura de unos pocos que nos parece normal, y que le llaman o le ponen la etiqueta de democracia y nos parece que lo es o quieren que nos lo parezca.
    Si hay democracia y Participación Directa de todos los ciudadanos en las Mesas (aunque desgraciadamente electorales) de la Ley electoral, aunque no la vemos, aunque no lo sepamos, y no somos capaces de verla y reconocerla ni de ver su legitimidad, su sencillez, la dignidad de los ciudadanos a quienes ha correspondido en cada ocasión, que no se han Presentado, ni podido Presentar, y que Todos estamos Presentados, y no pueden Presentarse unos pocos. Las Mesas electorales no cuestan dinero público a diferencia de los complejos procesos electorales para engañarnos y eliminarnos, de papeletas de engaño, campañas de engaño, dinero a los partidos, medios de comunicación y manipulación, de engaños … etc. Etc. ) Las Mesas son lo único que no cuestan prácticamente nada y lo único que es enteramente verdaderas y democráticas, en un proceso electoral ninguna otra cosa es verdadera. La Democracia no cuesta dinero, la dictadura de unos pocos nos cuesta mucho dinero nuestro y nuestra eliminación inmediata y total. La máquina de vapor fue un avance ya superado.
    El mal llamado y falso derecho de voto ya no figura en la Constitución de 1978, que reconoce por primera vez en nuestro Ordenamiento el Derecho Fundamental de todos los ciudadanos a Participar en los asuntos públicos directamente y se aplica en las mesas electorales de la L.O.R.E.G., y tribunales del Jurado de la L.O.T.J., aunque no lo sepamos, aunque no lo veamos y lo conozcamos.
    Los concejales municipales debemos ser ciudadanos no políticos por turno democrático, conforme a los artículos 25 y 26 de la L.O.R.E.G., por sorteo entre todos los ciudadanos vecinos del censo, que se aplica a las mesas electorales plenamente legítimas y plenamente democráticas aunque no lo sepamos. Los concejales municipales no deben ser políticos que nos eliminan a los ciudadanos con solo su voluntad y formalidad de Presentarse. En Democracia Todos estamos Presentados, arts. 25 y 26 de la Ley electoral, y nadie puede presentarse para eliminar a los demás sin otro merito que la formalidad de presentarse.
    Igualmente haríamos sucesivamente después con los parlamentarios regionales y finalmente Diputados y senadores que debemos ser ciudadanos no políticos, ciudadanos a secas conforme a los artículos 1.2 y 23.1 de la C. E., y eso si será Democracia y Soberanía del Pueblo español, y Participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
    En los asuntos públicos y en los asuntos de nuestra cama no puede haber representantes, ni los necesitamos, ni nadie nos representa en los asuntos públicos y en los asuntos de nuestra cama. Solo Participamos en los asuntos públicos y en los asuntos de nuestra cama, cuando estamos nosotros en las instituciones que deben ser democráticas y entonces si son democráticas y cuando estamos en nuestra cama.
    Gracias por la atención a estas líneas y el reenvío.
    Juan Ignacio G. Jaime.

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