LA LEY ELECTORAL ESPAÑOLA: INCONGRUENCIAS Y PREVISIONES INJUSTIFICABLES.

Elecciones

El Boletín Oficial del Estado del día 23 de marzo de 1977 publicaba el Real Decreto-Ley 20/1977 de 18 de marzo, sobre Normas Electorales. Dicho texto normativo tenía como único objetivo regular las elecciones que el día 15 de junio de ese mismo año se celebrarían para elegir los miembros del Congreso de los Diputados y el Senado, órganos éstos creados por la Ley 1/1977 de 4 de enero de Reforma Política. Como bien exponía el preámbulo del Real Decreto-Ley, esa normativa estaba pensada única y exclusivamente para esas primeras elecciones democráticas a celebrar el día 15 de junio, y la Exposición de Motivos del mismo no puede llamar a engaño sobre la provisionalidad de la regulación: “La Ley para la Reforma Política, de cuatro de enero de mil novecientos setenta y siete, atribuye al Gobierno la potestad de regular las primeras elecciones para constituir un Congreso de trescientos cincuenta Diputados y elegir doscientos siete Senadores. Es necesario, por tanto, establecer las normas que han de regir el proceso electoral, sustituyendo la compleja normativa vigente en la materia, fruto de otras circunstancias históricas y de opciones políticas diferentes. Las normas electorales reguladoras de estas primeras elecciones han de responder a tres imperativos….”. Así, dicha normativa electoral regulaba en su artículo 20 el sistema de elección de Diputados (según un criterio de representación proporcional según la ley D´Hont) y en su artículo 21 el de los senadores (mediante el sistema de lista abierta y voto limitado); sistema que es el que se mantiene actualmente en vigor. Pero también se regulaban una serie de cuestiones relativas al propio procedimiento electoral, como eran las siguientes:
1.- La obligatoriedad de la condición de miembro de una Mesa Electoral (artículo 27.1) sin perjuicio de poder excusarse en ciertos casos. La condición de miembro de la mesa se adquiriría mediante insaculación entre la lista de electores (artículo 26.2).
2.- La regulación de la campaña electoral, que debería finalizar a las cero horas del día inmediatamente anterior a las elecciones, es decir, lo que popularmente se conoce como “jornada de reflexión” (artículo 38).
3.- La obligación del Estado de sufragar los gastos electorales a través de una doble vía: una importante contribución (un millón de pesetas de las de entonces) por cada escaño obtenido en el Congreso o en el Senado y una cantidad irrisoria en términos absolutos pero nada desdeñable en conjunto (cuarenta y cinco pesetas) por cada voto que obtuviese una formación política con representación parlamentaria.
Dicha norma, que como ya hemos indicado tenía un carácter provisional y circunscrito únicamente a las primeras elecciones celebradas en junio de 1977 prolongó sin embargo su vigencia durante nada menos que ocho años, siendo complementada por la Ley 39/1978 de 17 de julio, de las Elecciones Locales. Ambas fueron expresamente derogadas por la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de julio, de Régimen Electoral General texto legal que, con sucesivas reformas, remiendos y aditamentos es la que continúa vigente en materia de sufragios para elección de Diputados españoles al Parlamento Europeo, a Diputados y Senadores así como a miembros de las Corporaciones Locales. No obstante, los tres puntos anteriores que destacábamos en el Real Decreto-Ley 1/1977 se mantienen: la obligatoriedad de los miembros de las mesas electorales (donde, curiosamente, se mantiene hasta la anterior numeración del articulado, pues se regula en el artículo 27.1 de la Ley Orgánica), la duración de la campaña hasta las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación (artículo 51.3) y, sobre todo, la injustificada e injustificable contribución estatal doble a la campaña electoral, donde en las elecciones estatales se otorga la friolera de 32.508,74 euros por escaño obtenido (artículo 227.1.a) y 1,08 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura que hubiese obtenido escaño de Diputado (artículo 227.1.b). No solo eso, sino que incluso se impone al Estado la obligatoriedad de realizar adelantos de esas subvenciones a los partidos que en las elecciones anteriores hubieran obtenido representación (artículo 127.bis, introducido por la Ley Orgánica 1/2003 de 10 de marzo). A ello debe añadirse que, en un claro síntoma del “complejo de déspota ilustrado” (recordemos el lema de la ilustración dieciochesca, “todo por el pueblo, pero sin el pueblo”, al que trataban siempre como menor de edad), el legislador de la segunda década del siglo XXI sigue considerando a la opinión pública como influenciable y menor de edad, dado que la Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero modifica el artículo 69.7 de la Ley Orgánica 5/1985 prohibiendo durante los cinco días anteriores al de la votación la difusión de sondeos electorales.
Visto lo anterior, es evidente que existen regulaciones que, aún justificadas en el año 1977 por las circunstancias históricas, sociales y políticas del momento, no parecen de recibo actualmente. Veámoslo:
1.- El cargo de miembro de una mesa electoral por insaculación y de forma obligatoria carece hoy en día de sentido tanto teórico como práctico. Pudiera tenerlo en el año 1977, donde tras cuarenta años de régimen autoritario un gran sector de la población podría tener el lógico y comprensible recelo cuando no temor a formar parte de unos comicios electorales en un periodo, el de transición política, donde aún no se sabía la forma en que se articularían las lógicas aspiraciones democráticas. Pero hoy en día, superado con creces tal periodo, lo lógico sería que se priorizara el desempeño voluntario o incluso a determinados colectivos (como estudiantes universitarios, o personas inscritas como demandantes de empleo) que a buen seguro no pondrían reparos. Porque no deja de ser curioso que el ejercicio del sufragio sea voluntario pero la participación en las mesas electorales que son la articulación fáctica del voto, sea obligatoria.
2.- Tanto la fijación del cierre de campaña a las cero horas del día anterior al de celebración de los comicios como la prohibición de encuestas electorales los últimos días carecen totalmente de sentido, pues no existe argumento racional alguno para su mantenimiento como no sea la mera inercia histórica y acrítica. Ello supone nada más y nada menos que los poderes públicos consideran a sus ciudadanos, al a fuente de su poder, como personas sin carácter, pusilánimes o fácilmente influenciables de tal modo que se les ha de “proteger” de nefandas influencias mediante la prohibición de encuestas que dobleguen su voluntad e incluso mediante esa insulsa “jornada de reflexión” que no sirve más que como motivo de risión en nuestro entorno. Téngase en cuenta, además, que la prohibición de hacer públicos sondeos de opinión los cinco últimos días se traslada a la legislación electoral nada menos que en el año 2011, en plena era de la tecnología y de las telecomunicaciones. ¿Qué sentido tiene, pues, ocultar información?
3.- Lo que no es ya que carezca de justificación, sino que clama al cielo son las elevadas cantidades que, con cargo al erario público (es decir, de nuestros bolsillos) recibe cada formación política por partida doble: por escaño y por voto recibido. Cuando en puridad, quien debiera recibir la compensación es el votante que se molesta y se toma su tiempo en desplazarse al colegio electoral, guardar cola y depositar su papeleta en la urna, y no el político de turno que pasa la jornada cómodamente instalado en la sede electoral ejercitando el “buen comer y mejor beber” que diría el inimitable José María García. Pongamos dos ejemplos prácticos a raíz de los últimos comicios electorales:
A.- Partido Popular. Recibe 10.866.566 votos y 186 escaños. ¿Qué subvención electoral recibe? Pues la siguiente: de los cuales 6.046.625,64 corresponderían a las subvenciones por diputados y 11.735.891,28, lo que hace un total (salvo error u omisión) de 17.782.516,92 euros.
B.- Partido Socialista. Recibe 7.003.511 votos y 110 escaños. El cálculo base arroja que recibiría un total de 3.575.961,40 euros por diputados obtenidos y 7.563.791,88, lo que arroja un total de 11.169.753,28 euros.
Es decir, que en plena crisis económica, donde se piden sacrificios a la población y se predicaba la austeridad y la contención, las dos principales formaciones políticas recibieron entre las dos casi treinta millones de euros en concepto de subvenciones electorales, cantidades a las que habría que añadir las que anualmente obtienen de forma ordinaria. Mas no crean ustedes que esas nada desdeñables gavelas son privativas de los partidos mayoritarios, pues ninguno de ellos ha renunciado a tan golosas cantidades. Tampoco crean ustedes que las Comunidades Autónomas han prescindido de esa doble vía de financiación escaño/voto recibido, pues las legislaciones electorales autonómicas, sin excepción, se han acogido a tan favorable prebenda. Vean, si no, la Ley 14/1986 de 26 de diciembre, sobre elecciones a la Junta General del Principado de Asturias. El artículo 37.1 establece ese sistema dual de subvención por escaño y por votos obtenidos, que en las pasadas elecciones autonómicas del año 2012 ascendieron a 14.976,07 euros por escaño obtenido en la Junta y 0,75 euros por voto obtenido. No obstante, y pese a las penosas condiciones de la Hacienda Pública asturiana y el sangrado que efectúa a los ciudadanos dicha Comunidad (que busca dinero hasta debajo de las piedras exprimiendo a los asturianos hasta extremos inimaginables en un país civilizado) resulta que si el lector decide echar un vistazo a la Resolución de 31 de marzo de 2015 de la Consejería de Hacienda y Sector Público (publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del día 4 de abril de 2015) comprobará que esas cantidades se rectifican actualizándolas, pero no a los tiempos de crisis que corren, sino para corregirlas al alza, pues las fija en 15.290,57 euros por escaño obtenido y 0,77 euros por cada voto conseguido.

En definitiva, que en materia electoral nos encontramos en la misma situación que estaría una persona que pretendiese acudir a su acto de graduación universitaria llevando el traje de primera comunión. Por mucho que se remiende, estire e intente hacerse visible, el mismo no sirve por el lógico transcurso del tiempo y la evolución no sólo del cuerpo humano de la persona que en su día lo portara, sino de la propia sociedad. Es evidente que la legislación de 1977 (pues la de 1985 respeta las líneas esenciales de la norma anterior) tuvo su razón de ser, pero es menester abordar ya de una forma seria, meditada y sobre todo, rigurosa, la reforma íntegra de la legislación electoral donde, entre otras cosas, se supriman las subvenciones a partidos políticos (sus gastos electorales que los sufraguen con sus propios recursos), la jornada de reflexión, las restricciones a la publicación de encuestas y, sobre todo, la obligatoriedad de los cargos de una mesa electoral. Y además debería aprovecharse para reformar el propio sistema de elecciones al Congreso de los Diputados, que fomenta el caciquismo partidista. Porque como bien decía un compañero abogado de Oviedo, si existe el mandato imperativo no hacen falta 350 diputados, bastaría con que cada formación política tuviese un único representante cuyo voto valiese por tantos como fuesen necesarios. Porque si los 186 diputados del Partido Popular y los 120 de Partido Socialista Obrero Español no están sujetos a mandato imperativo y sí a la disciplina impuesta por sus líderes, ¿No sería más económico y razonable tener únicamente a un representante cuyo voto valiese por 186 y otro cuyo voto valiese por 120, como ocurren en las Juntas de Accionistas de las sociedades mercantiles?

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