LA COMPLICIDAD DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN EL ABUSO DE LA JUSTICIA GRATUITA: EL «SADOMASOQUISMO JURÍDICO»

Sadomasoquismo jurídico

Todos los abogados que están inscritos en el turno de oficio y prestan el servicio público de Asistencia Jurídica Gratuita habrán sufrido en sus propias carnes el ver cómo es absolutamente inviable la pretensión de la persona cuyos intereses le han sido encomendados para su defensa. En este sentido, la propia Ley 1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita contempla en su artículo 32 la posibilidad de que el letrado encargado por el colegio de la defensa del beneficiario del derecho pueda alegar justificada y motivadamente dicha insostenibilidad, y lo hace en los siguientes términos: “Cuando el Abogado designado para un proceso considere insostenible la pretensión que pretende hacerse valer, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los 15 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca tal comunicación, o sin que el Abogado pida su interrupción por falta de la documentación necesaria para evaluar la pretensión, éste queda obligado a asumir la defensa.” En tales casos, se prevé la emisión de un dictamen tanto del Colegio de Abogados como del Ministerio Fiscal y si cualquiera de ambos estimase defendible la pretensión se nombrará un segundo abogado, a cuya disposición se pondrán ambos informes (artículo 34 párrafo primero de la Ley 1/1996). Uno se pregunta por qué del informe del Ministerio Fiscal, pues lo lógico y racional es que si éste considera defendible la pretensión, en estricta Justicia debiera ser el propio integrante del Ministerio Fiscal quien asumiera la defensa de los intereses del justiciable, pues es muy fácil, cómodo y seguro dejar que sea otro quien reciba los bofetones en Sala (la otra alternativa sería que se facultase al segundo letrado para aportar en autos los informes emitidos por el Colegio o por el Ministerio Fiscal, o indicar expresamente que la articulación de la pretensión se hace siguiendo escrupulosamente las líneas marcadas por el Colegio de Abogados o el Ministerio Público). Pero en esta, como en tantas otras ocasiones, los Colegios Profesionales han venido a contribuir de forma expresa a los abusos cometidos por personas que solicitan el beneficio de justicia gratuita para defender pretensiones carentes de sentido. Incluso algún informe concreto de algún mal llamado Colegio Profesional está redactado en tales extremos que hace absolutamente inviable cualquier viso de que prospere una insostenibilidad de la pretensión. Y para demostrar el grado de corrupción jurídica y conceptual a que han llegado estos entes arcaicos, pongo un ejemplo concreto que ha llegado a conocimiento del redactor de este blog.
Un ciudadano a quien se demanda por impago de rentas de un arrendamiento urbano solicita el beneficio de justicia gratuita; pero lo hace tras haber sobrepasado con creces el plazo de diez días a que hace referencia el artículo 440.3 de la Ley 1/2000 (en la redacción dada al mismo por la Ley 4/2013) para comparecer a pagar o a oponerse. Aquí existe ya una primera metedura de pata del Secretario (vaya por Dios, uno de los más formalistas y estrictos de la localidad) que suspende el curso del procedimiento en tanto en cuanto dure la tramitación del procedimiento de concesión del beneficio, cuando en puridad lo que debiera es haber dictado ya el Decreto de finalización del procedimiento en estricta aplicación del artículo 440.3, que no deja en esto el menor lugar para la duda cuando establece que: “Si el demandado no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o allanarse, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el juicio de desahucio y se procederá el lanzamiento en la fecha fijada” (la “hazaña” del Secretario no terminó ahí, sino que una vez le fueron designados a la solicitante abogado y procurador de oficio, extremando el rigor argumentó que la designa no era suficiente e hizo acudir al pobre ciudadano a las dependencias judiciales a realizar el apoderamiento apud acta en favor del procurador designado por el Colegio, una vez realizado lo cual procedió a notificarle el Decreto de finalización del procedimiento). Pero en fin, a lo que íbamos; una vez celebrada la entrevista con su cliente el letrado en cuestión elaboró un informe de insostenibilidad toda vez que la propia cliente reconoció que, en efecto, debía las cantidades que se le reclamaban ya que no había podido abonarlas por su situación personal. La motivación de dicho informe se basaba en la redacción del párrafo primero del artículo 440.3 de la Ley 1/2000, según el cual al comparecer para oponerse en estos casos, el demandado ha de alegar sucintamente “las razones por las, a su entender, no debe en todo o en parte la cantidad reclamada”, es decir, lo que la ley procesal exige es que se motiven las circunstancias por las que el demandado considera que no debe todo o parte de las cantidades, no que exponga las razones por las que no ha podido hacer frente a las mismas. Pues bien, he aquí la inigualable respuesta del Colegio: “Esta Junta, aun entendiendo las dificultades del caso planteado y las escasas probabilidades de éxito, no puede considerar indefendible para la pretensión…Y ello porque aun cuando se reconozca el impago de las rentas debidas y reclamadas, deberá comprobarse por la letrada designada otros posibles factores, como, por ejemplo, que se está reclamando la cantidad correcta. Así mismo, debe recordarse que la designación e intervención de un letrado en defensa de los intereses de una persona no se limita a la consecución de un eventual pronunciamiento favorable, sino que el letrado designado debe actuar además de garante del estricto cumplimiento de la legalidad en lo que a su cliente concierne, lo que no podría garantizarse de no estar personada en autos y debidamente representada por Procurador y asistida de Letrado. Y en todo caso, tras la terminación del proceso, debe garantizarse igualmente el derecho de la justiciable a que el Letrado la asista durante el probable proceso de ejecución vigilando el cumplimiento de la legalidad durante dicho hipotético segundo proceso”.
Es difícil acumular más desaciertos en tan escasas líneas. Y ello por lo siguiente:
1.- El Colegio confunde pretensión procesal con defensa de la legalidad, que son dos cuestiones totalmente distintas.
2.- Se volatiliza en la práctica el concepto de insostenibilidad de la pretensión, dado que aun en supuestos donde el propio beneficiario del derecho reconoce no tener la razón, el Colegio viene a imponer su defensa simplemente en aras del “estricto cumplimiento de la legalidad”, derecho éste para cuya defensa el interesado tiene otras vías (por ejemplo, la denuncia al Ministerio Fiscal, quien según el artículo 3 del Estatuto Orgánico tiene encomendada la defensa de la legalidad).
3.- Se hace, sin atreverse a decirlo expresamente, una interpretación de un texto legal que desborda con creces la redacción del mismo. En efecto, el artículo 33 de la Ley 1/1996 únicamente exige que el letrado considere la pretensión (es decir, lo que pretende el beneficiario, y que se articulará en el petitum de su demanda o contestación) como insostenible y justifique los motivos por los que lo considera insostenible. Pero ni la ley ni los criterios hermenéuticos de interpretación del artículo 3.1 del Código Civil permiten avalar el alcance absolutamente draconiano que hace el Colegio hasta el punto de identificar pretensión procesal con defensa de la legalidad.
Me consta por conocimiento personal que el letrado en cuestión ha renunciado a la defensa de muchos clientes particulares precisamente por considerar que la pretensión de los mismos carecía de viabilidad en un proceso judicial, y ello por una razón: el patrimonio de un letrado, al igual que el de cualquier persona, es su credibilidad. Y ésta se pierde (de manera, además, casi irreversible) cuando se incurre en comportamientos absolutamente intolerables, como articular una defensa temeraria de las pretensiones del cliente. Una cosa es que el letrado vea mínimas o escasas posibilidades en una determinada línea de defensa (en cuyo caso sí la tesis del Colegio sería acertada), pero cuando no existe ninguna vía de defensa (por ejemplo, el caso de un cliente a quien se le reclaman determinadas cantidades que reconoce adeudar) no puede obligarse al letrado a hacer un ejercicio de sadomasoquismo jurídico.
Pero, en fin, ya se sabe para qué están los Colegios profesionales: para apuñalar una y otra vez por la espalda a aquéllos cuyas cuentas corrientes esquilman trimestralmente.

2 comentarios en “LA COMPLICIDAD DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN EL ABUSO DE LA JUSTICIA GRATUITA: EL «SADOMASOQUISMO JURÍDICO»

  1. José Luis

    Doy fe de ello, a mí me ha sucedido en más de una ocasión. Mi Iltre. Colegio no pierde ocasión de ponerse en evidencia, yo me pregunto si sirven para algo más que para presidir y/o recibir homenajes y hacer la pelota a los poderosos.

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  2. Berta

    Totalmente de acuerdo. Que pena de colegios¡¡ Por lo menos el de Madrid. En 30 años de profesión no me he sentido ni apoyada ni representada. Eso sí, al menos hace 30 años eran pocos, ahora cada vez hay más gente trabajando en el colegio… desconozco cuál es el sistema de contratación. Pero no preguntes una duda… nadie sabe nada.

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