HENDERSON v UNITED STATES: ¿PUEDE UN CONDENADO VENDER SU ARMA CUANDO SE LE PROHIBE SU POSESIÓN?

Firearm

El pasado 18 de mayo de 2015 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo pública su Sentencia Henderson v. United States, que pese a su aparente sencillez aborda una cuestión de suma importancia relativa a las potestades que un condenado puede tener sobre las armas de fuego que legalmente poseía. En efecto, si uno echa un vistazo al 18 United States Code 922 en su apartado g) comprobará que el mismo establece la siguiente disposición abrogativa: “se prohíbe el transporte interestatal o internacional, la posesión, el comercio o la recepción de cualquier arma de fuego o munición en los siguientes casos: 1) personas que hayan sido condenadas penalmente por un Tribunal de Justicia por un delito castigado con pena de prisión superior a un año”. Se trata, por tanto, de una medida accesoria a la propia condena penal que establece una prohibición no sólo de disponer, sino incluso de negociar con armas de fuego en los supuestos de condena a delitos graves. En estos casos, lo normal es que la Oficina Federal de Investigación (F.B.I) se incaute de las armas. Pero se plantea un curioso interrogante que es, precisamente, el que da lugar al presente caso: ¿Puede el condenado a quien afecta la prohibición disponer de su arma en el sentido de entregarla libremente a una tercera persona o incluso al propietario de una armería para que este último a su vez la venda? En la situación anteriormente descrita se encontró Tony Henderson, quien fue denunciado y condenado por distribución de drogas (en concreto, Marihuana) y como requisito para acordar su libertad bajo fianza se le exigió la entrega del arma que legalmente poseía, algo que efectuó sin problema, quedando la misma a cargo del F.B.I. Con posterioridad, el acusado aceptó los hechos que se le imputaban y fue condenado, lo que determinaba, en estricta aplicación de la normativa que hemos citado en el párrafo anterior, la prohibición de poseer armas de fuego. Ante ello, el condenado se dirigió por escrito al F.B.I para que su arma fuese entregada a un amigo, que se había ofrecido para comprársela, petición a la que la oficina federal se negó al informarle que: “supondría una violación de la normativa la venta de dicho dado que ello implicaría posesión de la misma”. Ante ello, Henderson acudió a los Tribunales, pero tanto el Juzgado federal como el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito rechazaron su pretensión dado que entendían, al igual que lo hizo el F.B.I., que la venta posterior a la condena implicaría derechos de propiedad sobre el arma.
Pues bien, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por unanimidad de sus nueve jueces, revoca la sentencia. Y lo hace mediante una distinción entre derecho real de propiedad y de posesión. “La norma proscribe únicamente la posesión de cualquier tipo. Pero no prohíbe al condenado la propiedad de armas de fuego.” (subrayado original de la sentencia). A continuación, la sentencia hace una distinción didáctica entre posesión actual y constructiva. “Existe posesión actual cuando una persona tiene control físico directo sobre el bien. Existe posesión constructiva cuando, aun no existiendo contacto físico entre persona y bien, aquélla tiene la potestad de control sobre el objeto”. Por tanto, razona el Tribunal, la normativa aplicable prohíbe no sólo la posesión directa de armas de fuego, sino la denominada “posesión constructiva”, es decir, aquélla en la que el propietario, aún sin contacto directo, mantiene el control sobre el objeto de su propiedad. Es evidente, y en ello están acuerdo todas las partes y el Tribunal lo reconoce expresamente, que el condenado no puede evadir la normativa mediante un acto fraudulento que le permita, sin estar en posesión directa, mantener un control sobre el arma. Pero la sentencia matiza que “la tesis de la Administración confunde el derecho de posesión de un arma con otro derecho real de diferente naturaleza: el simple derecho de venta o disposición sobre tal objeto”. En estos supuestos “el condenado no ejercita un interés posesorio, sino un claro derecho de enajenación: la capacidad de vender o trasferir sus armas que no va acompañado de control alguno sobre la misma”. Por tanto, y estableciendo una clara doctrina legal, el Alto Tribunal concluye que “un Tribunal, a la hora de enfrentarse a una situación como la de Henderson, puede aprobar la venta de armas con plena adecuación a la normativa vigente, mas solo si se acredita que el condenado ni ostentará control alguno directo o indirecto sobre las armas”.
En definitiva, una curiosa e interesante lección de derechos reales con el derecho penal y el administrativo de por medio en tan sólo ocho páginas donde no sólo se explican los razonamientos jurídicos, sino que se exponen detalladamente los antecedentes fácticos del caso, el devenir procesal de la acción y la normativa aplicable. Y además, en un lenguaje claro y accesible a cualquier persona. ¿Se puede pedir más?

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