ELONIS v UNITED STATES: AMENAZAS EN LA RED Y RELEVANCIA PENAL DE LAS MISMAS.

Amenaza virtual

Uno de los principales problemas que el auge de las redes sociales ha planteado es el de las amenazas que se vierten en las mismas. Pues bien, ese ha sido el presupuesto fáctico sobre el que ha tenido que pronunciarse el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su reciente sentencia Elonis v. United States, hecha pública el pasado día 1 de junio. Llama la atención, más que los antecedentes fácticos o la propia argumentación, el tiempo que se han tomado los magistrados para elaborar la sentencia, ya que la vista oral del caso tuvo lugar el día 1 de diciembre de 2014, lo que implica medio año para tomar una decisión.
Los antecedentes de hecho son tan sencillos como familiares para cualquiera. Un ciudadano, tras haber sido abandonado por su mujer, modificó sustancialmente su perfil de Facebook, haciéndolo mucho más radical y profiriendo amenazas a varias personas, no sólo a su antigua esposa, sino a varias personas más (en su detallada exposición fáctica, la sentencia en cuestión transcribe literalmente los mensajes). El ciudadano en cuestión es procesado por violar la normativa legal estadounidense, en concreto la contenida en el 18 U.S.C. 875 en su apartado c, según la cual: “Será castigado con pena de multa de las establecidas en el presente título, con pena de prisión no superior a cinco años o a ambas conjuntamente, la persona que amenace con secuestrar o causar daño a otra persona, ya fuese dicha amenaza proferida en comunicaciones interestatales o extranjeras”. La defensa pidió el archivo del caso basando su defensa en que en efecto, se profirieron las amenazas (hecho este indubitado porque constaban colgadas en el perfil del acusado) pero en modo alguno se tenía la intención de llevar a cabo las mismas. En definitiva, que no existía ánimo alguno de consumarlas, sino, por decirlo de alguna manera, se pretendía con ellas una mera labor de desahogo personal, solicitando que en las instrucciones al jurado se hiciese hincapié en dicho particular, algo que no logró, dado que la acusación sostenía que “carece de importancia la intencionalidad”, sino que lo relevante es la exteriorización de la amenaza. Elonis fue condenado a tres años y ocho meses de prisión y a tres años de libertad vigilada. Dicha condena fue recurrida, pero el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito la deniega, al sostener que lo verdaderamente importante no es la intención última, sino el proferir expresiones que cualquier persona razonablemente pueda interpretar como una amenaza real. El asunto llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
La sentencia del caso fue redactada por el propio chief justice, John Roberts, un jurista de primera (personas tan distantes ideológicamente de el como Jeffrey Toobin o el propio presidente Barack Obama, reconocen tanto su carisma y buen trato personal como su brillantísima carrera y capacidad jurídica) y contó con el apoyo de seis de sus compañeros de estrado. Pues bien, la sentencia comienza con una interpretación del texto legal aplicable (transcrito anteriormente) y lo hace de la siguiente manera: “La ley requiere que la comunicación se transmita y que contenga una amenaza. No especifica que el acusado deba tener una intención concreta en relación a la misma. En particular, no establece que el acusado deba pretender que su comunicación contenga una amenaza”. Frente a las tesis del recurrente, que se amparaba en la mera definición del vocablo “amenaza”, el Tribunal es claro y tajante, e incluso ofreciendo un ejemplo ilustrativo: “Tal definición se refiere al hecho, no a las intenciones del autor. Por ejemplo, si una carta anónima indica ´voy a matarte` expresa el ´intento de causar un daño´, con independencia de las intenciones del autor. El destinatario de la carta ha recibido una amenaza, incluso aunque el autor de la misma crea erróneamente que su mensaje será tomado a broma”. Ahora bien, el Tribunal Supremo tras rechazar las tesis del recurrente también discrepa de las tesis de la Administración, para quien la mejor prueba de que el tipo penal excluye todo elemento subjetivo es que en los tipos similares contenidos en el mismo artículo y que proscriben otros comportamientos análogos, sí que se contiene expresamente el término “intención”. Y lo hace de la siguiente forma: “El hecho de que el Congreso excluya el requisito “intento de extorsión” en el tipo penal de la sección 875 párrafo c demuestra que el legislativo no pretendía que dicho tipo se aplicase a las extorsiones. Pero ello no implica que el congreso, al mismo tiempo, pretendiera excluir que el acusado actuase con cierta intencionalidad a la hora de proferir la amenaza. Lo máximo que podemos concluir de una interpretación literal tanto de dicho tipo como de los otros del mismo artículo es que el Congreso pretendió castigar una amplia clase de amenazas, pero no estableció que para ser condenado el acusado debiera tener en su caso intención alguna de consumarlas”. De toda esta interpretación se deduce que el Tribunal Supremo interpreta el precepto legal en sentido meramente objetivo, léase, que el supuesto de hecho previsto por la norma es la mera plasmación o exteriorización de una expresión amenazadora, con independencia de las verdaderas intenciones del autor, pero el Tribunal a continuación recuerda que el hecho de que la norma esté redactada de tal forma y con esa intención no implica que no deba exigirse un cierto grado de intencionalidad: “Es doctrina reiterada de este Tribunal que la mera ausencia de una previsión sobre las intenciones últimas de la persona no debe interpretarse como que no sea exigible un cierto grado de intencionalidad, principio que no supone más que la constatación de otro más amplio, cual es el de culpabilidad”. La sentencia hace un excursus sobre el principio de culpabilidad para concluir que, en efecto, no puede prescindirse totalmente de la intencionalidad última del autor de la amenaza, pese a que la norma no lo prevea expresamente.
Tras exponer la doctrina general, se desciende al caso concreto enjuiciado. La condena de Elonis se basó exclusivamente en cómo percibiría la amenaza un ciudadano corriente, pero “ese criterio es válido para exigir la condena en vía civil, pero no es suficiente para sustentar una condena penal”. En definitiva, es esta última circunstancia la que sirve de base para que el Tribunal estime el recurso y revoque la sentencia impugnada: “A la vista de lo anteriormente expuesto, la condena de Elonis no puede ser considerada válida. A la hora de instruir al jurado se les informó que únicamente era necesario acreditar que un ciudadano corriente percibiría como amenaza las proferidas por Elonis, lo cual fue un error. La condena penal no puede descansar únicamente en el resultado de un acto sin considerar la intención última del autor.“ Pero, a continuación, el Tribunal hace una advertencia final sobre un punto clave que queda sin resolver por falta de planteamiento en el recurso y su impugnación: “No existe controversia acerca de que el principio de culpabilidad aplicado al precepto legal en cuestión se cumple si el acusado transmite una comunicación con el propósito de verter una amenaza, o siendo consciente de que la misma será interpretada como amenaza. En respuesta a una pregunta efectuada en la vista oral, Elonis sostiene que la mera imprudencia no es suficiente. Ni Elonis ni la Administración han expuesto este asunto en sus escritos o lo han desarrollado en la vista, por lo cual rehusamos abordarlo”. Aspecto este último que queda, pues, no resuelto y a la espera de un ulterior pronunciamiento de los órganos judiciales.

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