ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: EL EXTRAÑO CASO DE LA SALA QUE RECHAZA EXPEDIENTES DIGITALIZADOS.

El ordenador....¡Qué horror!

Hace apenas un mes se hacía pública la Sentencia de fecha 8 de mayo de 2015 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso número 422/2014, que, por cierto, dio lugar a un brillante comentario-resumen de José Ramón Chaves García en su bitácora de derecho administrativo. La verdad es que el fondo del asunto es increíble e inconcebible en cualquier país civilizado, pero lo que realmente pone de relieve, una vez que se ha analizado con detenimiento, es la deferencia existente en el seno del Poder Judicial cuando los demandantes son compañeros de quienes han de resolver el asunto, porque cuando menos existe un relajamiento de la aplicación de la ley en una ocasión. En efecto, en el antecedente de hecho sexto se puede observar que “no habiéndose solicitado por ninguna de las partes recibimiento del pleito a prueba, se concedió a la parte actora el plazo de diez días para la celebración de conclusiones”; la no celebración de prueba indica que no hay discrepancia en cuanto a los hechos, siendo así que como el único objeto de la prueba es resolver las discrepancias fácticas y el trámite de vista o conclusiones tiene por objeto efectuar un resumen de la prueba, al no haberse solicitado el recibimiento del pleito a prueba por ninguna de las partes el asunto hubiera debido quedar visto para sentencia.
No obstante, orillando el anterior aspecto formal, no deja de llamar la atención la consunción de tiempo que ha conllevado una disputa entre la Sección Tercera Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la Agencia Estatal de Administración Tributaria por el simple hecho de que ésta remitiese los expedientes en soporte CD, siendo así que la Sala en un Acuerdo de Pleno había rechazado tal formato y exigido se remitiesen en el tradicional soporte de papel. Que a estas alturas del siglo XXI se provoque un conflicto en el que intervienen sucesivamente la Sala del Tribunal Superior de Justicia, la Agencia Tributaria, el Consejo General del Poder Judicial y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por ese motivo tan trivial, deja patente con toda su crudeza el grado de obsolescencia de la Justicia española así como la reticencia de algunos órganos jurisdiccionales (no todos, dicho sea en estricta Justicia) a incorporarse a las nuevas tecnologías. Pero lo cierto es que el asunto plantea una serie de reflexiones que me atrevo a exponer en voz alta:

1.- La lectura de archivos en soporte PDF la puede hacer cualquier ordenador, ya sea portátil o de torre, que simplemente posea un lector de archivos PDF, muchos de los cuales (por ejemplo, el Adobe Acrobat Reader o el Nitro) pueden pueden descargarse de forma totalmente gratuita y legal por internet. ¿Quiere decirse que algo tan sencillo es imposible de realizarse en un órgano judicial? ¿Qué es lo que impide la lectura de los archivos digitalizados, la ausencia de ordenadores o la carencia del software de lectura? Me niego a creer lo primero; lo segundo sería una muestra de dejadez.

2.- Contrástese la actuación de la Sala con la de los particulares. A cualquier profesional se le exige ya la relación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria por medios telemáticos, sin que le sirva de excusa que carece de equipamiento para hacerlo. Es más, si se aprueba el Proyecto de Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, nos encontraremos con que su artículo 14.2 establece la obligatoriedad para determinados grupos o colectivos de relacionarse con la Administración exclusivamente por medios electrónicos; y así, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria en el ejercicio de dicha actividad profesional, y los empleados de las Administraciones públicas para trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. Y ello con independencia de que los colectivos posean o no los medios necesarios para comunicarse con la Administración por medios electrónicos (como lo acredita el hecho de que el artículo 14.3 faculta a las Administraciones para que, reglamentariamente, extiendan dicha obligatoriedad para ciertos colectivos de personas físicas “que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional y otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de medios electrónicos necesarios”). En sencilla prosa castellana ello implica que el legislador presume que las personas jurídicas y los profesionales tienen esa capacidad, mientras que las personas físicas no. Pero resulta que la Administración de Justicia (persona jurídica) parece ser que carece de esa sencilla capacidad no ya para relacionarse por medios electrónicos, sino para la simple reproducción de archivos digitales. ¿Cómo solventar estas dos aparentes contradicciones? ¿Planteará la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León una cuestión de inconstitucionalidad frente al artículo 14.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas si ésta llega a aprobarse con su actual redacción?

3.- Quizá es posible que la actitud de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León refleje o simbolice a un grupo nada desdeñable de jueces y magistrados que ven con enorme recelo las nuevas tecnologías. En efecto, hay jueces que continúan elaborando de forma manuscrita las sentencias (con la inevitable consecuencia de tener que ser volcadas al sistema informático por los sufridos funcionarios, que deberán transcribirla nuevamente al efecto en el correspondiente procesador de textos), y otros que, sin atreverse a manifestar expresamente el disgusto de forma expresa, no ponen muy buena cara cuando se presenta la documentación en formato digital.

4.- No deja de ser curiosa la forma en el el Tribunal supremo hace de Poncio Pilatos. Anula el acto administrativo impugnado (Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que asumía las tesis de la Agencia Tributaria) por nulidad de pleno derecho por motivos realmente curiosos; pero en cuanto al fondo del asunto, es decir, el hecho que motiva la controversia, la Sala del Alto Tribunal rechaza expresamente entrar. Otra buena muestra de la forma de entender la Justicia en nuestro país: se atiende estrictamente a la forma, pero el núcleo de la controversia se deja irresuelto. Sinceramente, en la respetuosa opinión de quien esto suscribe, ninguna de las partes en liza (ni Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ni Consejo General del Poder Judicial, ni Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo) han sabido estar a la altura de las circunstancias, y si de algo se han cubierto no es precisamente de gloria.

En todo caso, lo que demuestra este curioso asunto es que nuestra Administración de Justicia sigue anclada en medios, sistemas e instrumentos que la acercan más al siglo XIX que al XXI. Buena prueba de ello es que unas circunstancias tan nimias haya llegado a consumir tanto tiempo y recursos.

En fin, dicho sea animus iocandi y con todos los respetos para la Sala, no descartemos que cualquier día en las covachuelas de la Justicia se vuelvan a escuchar las palabras: “Mozo: papel, pluma y tinta”. O mejor, como le dicen en la viñeta con la que se encabeza este post dos personajes a un autoparodiado Francisco Ibáñez: “¿No te iría mejor una pluma de ganso, tío?” “¿Y para qué usas papel, hombreee? Habiendo rollos de pergamino….”

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Un comentario el “ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: EL EXTRAÑO CASO DE LA SALA QUE RECHAZA EXPEDIENTES DIGITALIZADOS.

  1. Es un asunto en verdad complejo y hay varias cosas que se me ocurren como punto de partida. 1) La sentencia del supremo es correcta y no puede ir más allá, porque el objeto del proceso no es el expediente digital, sino una insólita e intolerable intromisión del CGPJ en las decisiones, buenas o malas, de los tribunales. 2) La AEAT tendrá que utilizar las vías judiciales de recurso como todo el mundo. 3) La sala de Valladolid, según se ha publicado, lleva años pidiendo al ministerio un modesto proyector con el que deliberar de manera mínimamente productiva. 4) Lo que la AEAT llama expediente digital no es sino un volcado de “pantallazos” en PDF (no “buscable”) que no cumple ninguno de los requisitos legales para la documentación electrónica. 5) No conozco de cerca magistrados de lo contencioso, pero me resulta difícil creer que alguien se niegue a mejorar su forma de trabajar si lo que se le ofrece es mejor que lo que tiene, y entiendo muy bien que alguien rechace una pseudodigitalización como la que está llevando a cabo el ministerio, en la que los abogados presentamos escritos por vía telemática y el juzgado los recibe, los imprime y los pone en una carpeta. ¿Estamos locos o qué?

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