LA BATALLA DE WATERLOO Y SUS CONSECUENCIAS EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PÚBLICO

Waterloo

Confieso que la fecha de la batalla de Waterloo se me quedó grabada a fuego gracias a una magnífica secuencia de la película Five fingers (título que en español se mutó a “Operación Cicerón”), magnífica cinta dirigida por Joseph Leo Mankiewicz y que narraba los juegos de espionaje entre británicos y alemanes en la segunda guerra mundial. Nada menos que el ayudante de la embajada inglesa, Ulysses Diello (encarnado magistralmente por el gran James Mason) contacta con un destacado miembro de la embajada alemana para ofrecerle secretos de estado ingleses a cambio, eso sí, de una buena recompensa. Cuando el alemán, tras ausentarse para contactar con sus superiores y recibir el beneplácito, regresa a su oficina y se dispone a abrir la caja fuerte para entregarle un anticipo a Diello se encuentra con que éste ya había vaciado la caja tras haberla abierto sin problema. “Ustedes los alemanes son muy poco imaginativos y siempre usan la combinación 3-0-1-3-3, la fecha de ascenso de Hitler al poder”, le explica irónicamente el inglés para, cuando ya se disponía a retirarse, se gira de forma súbita y le aconseja al teutón “¿Por qué no prueba con 1-8-6-1-5? Es la fecha de la batalla de Waterloo”.
En efecto, la batalla de Waterloo, de la que hace un par de días se ha celebrado el bicentenario, supuso enterrar definitivamente el imperio napoleónico. Tras el primer destierro a la isla de Elba, de la cual logró escapar, ese efímero “Imperio de los cien días” supuso el canto de cisne del gran corso, cuyos sueños de recuperar su pasada grandeza se enterraron definitivamente en la célebre batalla que inmortalizó el genio de sir Arthur Wellesley, duque de Wellington. Tales acontecimientos no sólo sirvieron de escenario para inmortalizar geniales obras de literatura; así, por ejemplo, si la huida de Napoleón sirvió a Alejandro Dumas de marco para situar los capítulos iniciales de su imprescindible novela El conde de Montecristo (y es precisamente tal hecho el que acarrea a la postre el injusto encarcelamiento de Edmond Dantés en el castillo de If), Víctor Hugo (hijo, por cierto, de un general bonapartista) en su magna e inmortal Los miserables dedica un capítulo a dicha batalla, a la vez que hace que uno de los personajes más despreciables de la obra, el siniestro Thenardier, llame a la posada que regenta “El sargento de Waterloo”. Pero la batalla de Waterloo no sólo inspiró brillantes páginas literarias, sino que tuvo consecuencias importantes en el derecho público de la época, tanto en su vertiente internacional, como constitucional como administrativa.

1.- Desde el punto de vista del Derecho internacional, se consagran definitivamente las fronteras de los distintos países europeos acordadas un año antes en el Congreso de Viena (por cierto, quien desee contemplar una visión humorística y dulzona de tan magno acontecimiento no puede dejar de ver la divertidísima El Congreso se divierte, una cinta filmada en 1931 por Erik Charell y que cuenta con un insuperable Conrad Veidt como Metternich). Las alteraciones territoriales que siguieron a la Revolución francesa y, sobre todo, al Imperio napoleónico sufren una ligera marcha atrás, salvo en el caso del Sacro Imperio Romano Germánico, que no logró restaurarse. Se intenta, infructuosamente, retornar a la clásica idea del “equilibrio europeo”, pero la emergencia del reino de Prusia, y sobre todo la aparición en la segunda mitad de la centuria del nuevo Imperio Alemán y sus tensiones con Francia harán imposible mantener ese delicado y precario equilibrio entre las naciones.

2.- Desde el punto de vista del Derecho político y constitucional, la derrota final de Napoleón supuso el regreso de los viejos monarcas destronados por el corso o, en algunos casos, de sus herederos. Se inicia el auge del legitimismo, y nombres como Luis XVIII de Francia (el antiguo Conde de Provenza, hermano del guillotinado Luis XVI), Fernando VII de España o Fernando I de las Dos Sicilias vuelven a ceñir sobre sus sienes las coronas que en su día les fueron retiradas.
Pero ese regreso de los monarcas no significó la vuelta al Antiguo Régimen. La Revolución había producido una serie de conquistas algunas de las cuales era ya imposible de anular. Se trataba de cohonestar el principio legitimista con todo aquello que la Revolución trajo y que podía conservarse, pero sin los excesos revolucionarios. Se da pie así a un nuevo liberalismo muy distinto del que alumbrara o inspirara los acontecimientos que desembocaron en los hechos de 1789. Se trata de un liberalismo mucho más práctico y apegado a la realidad que el filosófico y abstracto liberalismo dieciochesco, que pasó de rechazar los dogmas políticos británicos a asumirlos como propios, que aceptó el bicameralismo y un monarca dotado de robustos poderes entre los cuales se encontraba en derecho de disolución de las Cámaras y el nombramiento del Gobierno, pero que no tenía en sus manos la dirección política del Estado, que perdía en beneficio del Gabinete responsable ante la Cámara Alta. Esta nueva filosofía liberal ha sido magníficamente descrito por Luis Díez del Corral en su clásica obra El liberalismo doctrinario, y los principales rasgos del mismo pueden encontrarse en el excelente artículo resumen que el profesor Joaquín Varela efectuase en su artículo El liberalismo francés después de Napoleón: de la anglofobia a la anglofilia. Ese nuevo liberalismo se plasma en textos mucho más concretos, concisos y realistas que las ampulosas y abstractos textos dieciochescos. En nada se parecen la Carta de 1814 (incluso la reformada tras la Revolución de 1830) a la Constitución francesa de 1789, como en nada se parece la Constitución española de 1837 a la de 1812. Incluso la Constitución Belga de 1831 (por cierto, aún vigente) recoge estas nuevas orientaciones o principios filosóficos.

3.- Desde el punto de vista del Derecho administrativo. Curiosamente, en este punto se producen pocas mutaciones, dado que a grandes rasgos el régimen administrativo puesto en planta en la época imperial se mantiene. Las grandes creaciones de Bonaparte, como el Code Napoleon, el Consejo de Estado y el régimen prefectorial no sufren modificaciones de calado. Pero la batalla de Waterloo y la caída de Napoleón sí que van a traer una consecuencia que a estas alturas del siglo XXI aún sigue dando que hablar, aunque en líneas generales el debate sobre el mismo esté ya superado: el concepto de acto político. Lo explica perfectamente el profesor Eduardo García de Enterría en el volumen primero de su Curso de Derecho Administrativo a la hora de explicar la naturaleza del acto político, coincidiendo en tal explicación José Luís Carro y Fernández Almayor en su artículo que sobre esta materia publicara con el significativo título de La doctrina del acto político (Especial referencia al Derecho italiano). El Consejo de Estado francés, como creación napoleónica, tras la derrota de su creador pasó por uno de los momentos más delicados de su historia, y criticado por unos y otros vio peligrar su propia existencia. Para evitar inmiscuirse en temas políticamente delicados, elaboró el concepto de acto político como excusa para no pronunciarse sobre ellos. La primera decisión en que el Consejo de Estado francés acudió a esta nueva creación fue el 1 de mayo de 1822 en el arrêt Lafitte, donde debía pronunciarse sobre un hecho técnico pero de gran calado político; Napoleón había otorgado una renta de 670.000 francos a su hermana Paulina, renta que ulteriormente fue adquirida por un banquero (Lafitte, que es el que da nombre al caso), pero una ley de la nueva monarquía borbónica privó a la familia Bonaparte de todos los derechos adquiridos, entre los cuales se encontraba esta renta. Lafitte impugna tal decisión al Consejo de Estado, quien rechaza conocer el asunto por entender que la naturaleza estrictamente política del asunto le impedía entrar en el fondo. No obstante, una vez superada la crisis y cuando dicha institución vio garantizada su existencia, fue apartándose de dicha doctrina, siendo significativo que el primer asunto en el que se rechazase la excepción del acto político fue precisamente en el arrêt Prince Napoleon, de fecha 19 de febrero de 1875, y que se enfrentaba al recurso que el príncipe Napoleón José Bonaparte efectuó en relación a la decisión de no incluir su nombre en la lista de generales de división publicada en el Anuario Militar.

Muchas y variadas fueron, pues, las consecuencias de la célebre batalla de Waterloo, no limitadas al aspecto puramente militar, para el cual aconsejamos al lector la consulta del excelente monográfico que a tal batalla dedica el número 16 de la revista Desperta ferro – Historia moderna.

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