MARBURY v MADISON: EL CASO QUE NO ESTABLECIÓ EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES.

Marbury v. Madison

El mes de julio del año 1974 en la sede del Tribunal Supremo de los Estados Unidos los nueve magistrados se encontraban inmersos sin quererlo en el epicentro de una tormenta política de primera magnitud de tal forma que todas las miradas de los ciudadanos estadounidenses se concentraban en el más alto órgano judicial de la federación. Debía resolverse el caso United States v. Nixon, que podría resultar decisivo para el futuro del Presidente. El por entonces chief justice, Warren E. Burger había elaborado un borrador de sentencia que ya circulaba por las oficinas de sus colegas, en el que citaba el caso Marbury v. Madison como origen último de la potestad de control constitucional de las leyes. El día 18 de julio, el juez Byron White decidió remitir a Burger un informe (memo, en la terminología legal) en el cual, entre otras cosas, se decía lo siguiente: “Como soy de quienes piensan que es la propia Constitución la que establece el control judicial de las leyes, especialmente si se interpreta a la luz de lo escrito en su día por quienes la redactaron, siempre tuerzo el gesto cuando se dice que fue este Tribunal quien creó dicha facultad, o cuando se sostiene que la misma ´ se declaró por primera vez en Marbury v. Madison`… Aunue quizá esto sea solo idiosincrasia personal”. White aprovechaba la ocasión no sólo para lanzar varias dagas florentinas al chief justice con ocasión de su borrador de sentencia, sino para declarar abiertamente que la potestad judicial de declarar inconstitucionales normas con rango de ley tenía su base en la propia Constitución, y no había sido creada por el caso Marbury.
White tenía razón. El caso Marbury, o caso del mandamus, como fue conocido en su época, fue más que nada un asunto de complejidad jurídica muy relativa y que en cuanto al fondo era un arma de naturaleza política lanzada por los federalistas contra los republicanos, que acababan de hacerse con el control de los poderes legislativo y ejecutivo. Su importancia fue, pues, totalmente extrajurídica, y pese a ser bastante popular muy pocos saben que el caso enfrentó a un federalista con el Secretario de Estado; que el defensor del demandante fue Charles Lee, antiguo attorney general que tenía muy fuertes lazos de amistad con el juez John Marshall, por entonces ya chief justice; que el demandado no compareció para su defensa; que John Marshall estaba involucrado directamente en el caso, pues en el nombramiento de Marbury como juez de paz, junto a la firma del presidente en funciones John Adams figuraba la del Secretario de Estado, que no era otro que el propio Marshall, pues había ocupado dicho puesto desde mediados del año 1800 hasta el 4 de marzo de 1801 (fecha de la toma de posesión del nuevo presidente Thomas Jefferson), y durante el mes de febrero y los cuatro primeros días de marzo compatibilizó dicho cargo ejecutivo con el de chief justice. De hecho, la propia sentencia deja al lector algo estupefacto. Marshall lanza un capote inicial a su amigo Charles Lee, al indicar que el caso “ha sido defendido muy hábilmente” por el letrado del actor, para a continuación indicar que las especialidades del caso hacen preciso separarse “en cuanto a la forma, que no en cuanto al fondo” del planteamiento efectuado por el demandante. ¿Y en qué consiste esa alteración? Lo lógico, tanto a principios del siglo XIX como hoy en día, lo lógico es que en primer lugar se resuelvan las excepciones procesales para, a continuación, y de no existir ninguna, se entre en el fondo del asunto. Esa es precisamente la variación inusual en este caso. Marshall desgrana muy hábilmente todas las cuestiones planteadas en cuanto al fondo, y en todas ellas da la razón al demandante. Pero llegado a ese punto, cuando todo parece que la sentencia va a ser estimatoria, la sentencia da un giro copernicano y en sus últimos párrafos introduce de oficio una excepción: el artículo de la Judiciary Act de 1789 que otorga la competencia al Tribunal para conocer de esa pretensión es inconstitucional por vulnerar la Carta Magna, dado que el Tribunal Supremo es un tribunal esencialmente de revisión, y únicamente conoce en primera instancia los contadísimos supuestos que establece el Artículo III de la Constitución de los Estados Unidos, entre los que no se encuentra una acción directa contra el Secretario de Estado.
¿Cuál es la importancia de Marbury, entonces? Pues que se trata de la primera ocasión en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declara la inconstitucionalidad de una ley federal. No era la primera vez que se planteaba esa cuestión. Como indica Charles Warren en su ya clásico (está casi a punto de cumplir el siglo) The Supreme Court in the United States history, los Tribunales de Circuito declararon en varias ocasiones la nulidad de leyes estatales sin que nadie opusiese ningún impedimento. Es más, el propio Tribunal Supremo en el caso Hylton v. United States (3 US 171 [1796]) hubo de examinar la constitucionalidad de una norma con rango de ley, en concreto una de carácter tributario; y si bien tras un examen de la misma la mayoría de magistrados avaló la constitucionalidad de la ley, como indica Bernard Schwartz en su History of the Supreme Court: “El mero hecho de que los jueces entrasen a considerar si la ley federal era contraria a la constitución demuestra que consideraban que el Tribunal poseía la facultad del control constitucional de las leyes”.
Pero el caso Marbury nos demuestra una cosa más, y es lo diferente que se ven las cosas desde uno y otro lado del estrado. John Marshall es hoy en día célebre por ser el ponente de la sentencia que pasa por ser la que atribuyó al Tribunal Supremo el control de constitucionalidad de las leyes. Pues bien, en el año 1796 llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos el caso Ware v. Hylton (3 US 199 [1796]) donde se cuestionaba la validez de una ley aprobada en 1777 por el estado de Virginia que expropiaba las cantidades debidas a súbditos británicos por ciudadanos americanos, dado que aquéllos entendían que dicha previsión estatal vulneraba el articulado del Tratado de París de 1783 que, según el Artículo VI de la Constitución estadounidense, se había convertido en “supreme law of the land”. Uno de los abogados encargados de la defensa de los deudores americanos era precisamente John Marshall quien, a la hora de defender a sus clientes, sostuvo que “el poder judicial no ostenta la potestad de cuestionar la validez de una ley, a no ser que dicha prerrogativa esté expresamente conferida por la Constitución”. Marshall perdió el caso, dado que el Tribunal, aunque muy dividido en este asunto, acabó dando la razón a los acreedores británicos y anulando, por inconstitucional, la ley estatal virginiana. Ello prueba no sólo que el Tribunal Supremo ya se había enfrentado a la tarea de enjuiciar la constitucionalidad de una norma de rango legal (y lo que es más, a anularla) sino a que los toros se ven de manera diferente a uno y a otro lado de la barrera. Hoy en día John Marshall es conocido como el gran chief justice que argumentó hábilmente que el Tribunal Supremo ostentaba la facultad de control constitucional de las leyes; pocos, muy pocos le recuerdan como el hábil abogado virginiano que argumentó que el poder judicial no podía cuestionar la validez de las leyes.

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