SANTIAGO PEDRAZ Y EL “CASO ZAPATA”. UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL CORRECTA LASTRADA POR RAZONAMIENTOS IMPROPIOS.

Santiago Pedraz

Sin duda alguna el tema que acaparó los medios de comunicación durante los últimos días de la primera semana de julio fue el Auto de 2 de julio de 2015 del Juzgado Central de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional dictado en el seno de las diligencias Previas 86/2015, y en virtud del cual el juez Santiago Pedraz decretaba el archivo de la denuncia presentada contra Guillermo Zapata, concejal del Ayuntamiento de Madrid, a consecuencia de unas polémicas frases colgadas en la web unos años atrás. Para elaborar este post he optado por escuchar varios comentarios, leer los tweets, analizar la resolución judicial de forma meditada y dejar transcurrir unos días para intentar que mis comentarios fuesen más objetivos al ser elaborados no al calor de los acontecimientos, sino de forma algo más fría y desapasionada. En este sentido, creo que en cuanto a la parte dispositiva del Auto es decir, en el fallo, la solución adoptada jurídicamente es la correcta, pero tengo la impresión, tras haberlo desmenuzado un par de veces, que en varias ocasiones el juez Santiago Pedraz ha intentado emular (sin éxito) a John Marshall y, sin salirse de la ley, adoptar un par de puntapiés a los querellantes, e incluso en alguna ocasión introduciendo razonamientos más propios de un escrito de defensa que de una resolución judicial. También tengo la impresión de que el director de un programa radiofónico que suelo escuchar diariamente se ha excedido en sus críticas a este Auto, y no porque el mismo no fuera criticable (que lo es, como veremos) o porque no quepa discrepancia alguna en cuanto al mismo, sino porque se aprovechó esa circunstancia para unas imputaciones genéricas fuera de lugar que, además, se extendieron hacia Irene Villa (la única persona que ha dado una auténtica lección de tolerancia, de saber estar y de humanidad que muchos deberían aprender y, si es posible emular) si bien en este último caso se dio un cierto freno y marcha atrás.
Veamos. Los hechos denunciados son resumidos perfectamente en el antecedente de hecho del caso (por cierto, dado que no existe mas que un único antecedente más que “primero” debería ser “único”), donde se identifica la querella presentada y los hechos denunciados, que según los querellantes supondrían un delito de humillación de las víctimas de los delitos de terrorismo y de sus familiares. Pero al adentrarnos en los razonamientos jurídicos uno empieza a sorprenderse, y no sólo por la existencia de notas a pie de página (frecuentes en las resoluciones judiciales estadounidenses, mas no así en las españolas) o el inaudito uso de Wikipedia para definir el término humor negro (página 4, sexta nota al pie), sino por algunos comentarios que dan la impresión de que el juez se excedió en sus funciones y bordeó peligrosamente las fronteras que separan la independencia judicial de la parcialidad. Me explico:

1.- En el razonamiento jurídico primero el magistrado razona los motivos por los que archiva la querella sin necesidad de recibir la declaración del imputado sobre la base de que ya cuenta con todos los elementos necesarios para el juicio y que “de seguir con la causa, y en concreto practicar la diligencia de declaración del Sr. Zapata, sólo supondría un plus de perjuicio moral para el mismo (pena de telediario, pena de paseíllo, etc.” Mi pregunta es bien simple, y voy a utilizar los mismos razonamientos que el propio autor de la frase esgrime más adelanta: este criterio debería aplicarse en todos los casos similares, y no sólo en este, y no creo que se pueda prescindir de un trámite única y exclusivamente por el “perjuicio moral” que, en puridad, conllevaría que cualquier persona, ya sea política o no, de cierta relevancia mediática se viera eximida de prestar declaración sobre la base del posible perjuicio que ello le acarreara.

2.- Entrando de lleno en el fondo del asunto, el juez identifica el precepto aplicable, que es el del artículo 578 del Código Penal. Como indicara el fundamento jurídico segundo de la Sentencia 656/2007 de 17 de julio de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictada en recurso número 2402/2006 (resolución ésta citada por el propio Santiago Pedraz en el último párrafo del folio 3 del auto), dicho tipo penal, introducido por la Ley Orgánica 7/2000 de 22 de diciembre, contempla en realidad dos conductas distintas. Transcribimos en su integridad dicho fundamento: “En realidad se contemplas dos conductas diferentes. De un lado, en el párrafo primero se ubica la apología propiamente dicha definida como enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución. Corresponde a la ratio legis de reforzar la tutela en los delitos de terrorismo sancionando conductas que les favorecen en cuanto significan apoyo a estas graves infracciones punibles. Así el termino enalterar, según el Diccionario de la Real Academia, es sinónimo de ensalzamiento y ensalzar significa a su vez, engrandecer, exaltar, alabar. Exaltar, es elevar a alguien o a algo a gran auge o dignidad, realzar el mérito o circunstancias de alguien. Alabar es elogiar, celebrar con palabras. Se coloca así al sujeto pasivo en una posición preferente de virtud o mérito convirtiéndolo en referente y ejemplo a imitar. El sujeto activo con su comportamiento coloca a las acciones punibles, y a sus autores como modelo otorgándoles un valor de asimilación al orden jurídico, pese a contradecirlo frontalmente. El otro verbo que utiliza el articulo, es justificar, que según el mismo Diccionario, es probar una cosa con razones convincentes o con testigos o documentos y también rectificar o hacer justo algo. En definitiva, argumentar a favor del sujeto, disculpar sus acciones y aproximarlas o incluirlas en los actos permitidos por el ordenamiento jurídico, pese a vulnerarlo de modo directo. Esto es, como ha dicho esta Sala, en reciente sentencia 149/2007 de 26.2, hacer aparecer como acciones licitas o legitimas aquello que solo es un comportamiento criminal, bien entendido que el objeto de ensalzamiento o justificación puede ser cualquiera de las conductas definidas como delitos de terrorismo o cualquiera de las personas que hayan participado en su ejecución y puede cometerse también ensalzando a un colectivo de autores o copartícipes en esta clase de actos delictivos. Y de otro lado, en un segundo párrafo, considera también punible un supuesto por completo diferente cual es; “la realización de actos que entrañen descrédito (esto es, diminución o perdida de la reputación de las personas o del valor y estima de las cosas), menosprecio (equivalente a poco aprecio, poca estimación, desprecio o desdén), o humillación (herir el amor propio o dignidad de alguien, pasar por una situación en la que la dignidad de la persona sufra algún menoscabo) de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, esto es se trata de perseguir conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas al tiempo que incrementan el horror de sus familiares. Actos todos ellos que producen perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal (Exposición Motivos, apartado III, Ley 7/2000 de 22.12).” Dicha sentencia, que enjuicia el archivo de una querella interpuesta frente a un grupo musical en una de cuyas canciones se imputaba un menosprecio a las víctimas del terrorismo, es fundamental por dos motivos muy a tener en cuenta:

A.- En lo que se refiere a las víctimas, las circunscribe a las víctimas “directas”, es decir, a “las personas que sufran lesiones corporales graves o daños graves en su salud física o mental como consecuencia de cualquier delito terrorista; y en caso de muerte, a titulo de víctimas “indirectas” diversos familiares (cónyuge o persona que viniera conviviendo con el fallecido deforma permanente, hijos o padres, según los casos)”. Así pues, el concepto de “víctima” no ha de predicarse de un todo o colectivo (sentido ámplio), sino de las víctimas directas (sentido estricto), es decir, quienes han sufrido en sus propias carnes la acción del terrorismo así como los familiares directos de dicha persona.

B.- Distingue claramente lo que es reproche moral del reproche jurídico, es decir, la zafiedad o repugnancia de la licitud. Y lo hace de forma muy clara, didáctica y tajante: “el texto de la letra, por más repulsa social que merezca, no expresa sino opiniones con excesos verbales hirientes y desafortunados, especialmente rechazables por el momento y ocasión, tanto en el año en que la canción se grabó 1993, como en la actualidad, sobre la actuación de determinados miembros de las fuerzas de seguridad en prevención de atentados contra sus personas, pero que tienen cabida en el derecho a la critica y en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, y son tolerables en una sociedad democrática que no pueden verse coartados por la acción penal ejercitada”.

Otra de las sentencias dictadas en el auto, en concreto la Sentencia 340/2013 de 15 de abril de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictada en recurso número 1839/2012 (también citada en el auto glosado) insiste en esa dualidad de conductas tipificadas en el artículo 578, y en este sentido señala el fundamento jurídico segundo in fine que: “no debe confundirse este delito de enaltecimiento o justificación, que es por el que aquí se condenó, con el de realización de actos con el propósito de “desacreditar, menospreciar o humillar” a las víctimas del terrorismo, modalidad alternativa y completamente independiente aunque contemplada en el mismo precepto, que exige un dolo específico o ánimo directo, de desprestigiar o rebajar la dignidad de las víctimas, cuya comisión no puede consistir en la ejecución de actos que, teniendo una finalidad específica distinta, de alguna manera y de forma indirecta, puedan producir dolor o angustia en las víctimas o sus familiares, cuyo sosiego y paz merece la consideración de bien jurídico protegido específico en esta concreta figura penal distinta de la del enaltecimiento

3.- Con todo lo anterior, el Juez tenía bien fácil la resolución del asunto sin necesidad de  grandes o ampulosos razonamientos: si tenemos en cuenta que según la jurisprudencia, víctimas del terrorismo únicamente son las “víctimas directas”, y a ello se añade que se exige un dolo específico para la comisión del delito, no debiendo confundirse una manifestación desafortunada o repugnante con el delito, la querella no puede prosperar. Por ello, con ese razonamiento jurídico (que, insisto, puede compartirse o no y del cual se puede legítimamente discrepar, pero la jurisprudencia es la que es) el sobreseimiento era claro. No obstante, en sus tres últimas páginas el Auto del juez Pedraz se desliza por una pendiente incomprensible en una resolución judicial y uno más bien la encuadraría en el escrito de defensa del concejal Zapata:

A.- La resolución bucea en el núcleo esencial de lo que denomina “humor negro”, filosofando sobre su naturaleza esencial en fuentes tan fidedignas y solventes como Wikipedia. Entiéndase bien esta crítica, el magistrado no incurre, como algunos le han imputado en un exceso verbal reprochable, en un menosprecio a las víctimas, con las que el magistrado es muy respetuoso (“Es cierto que este tipo de humor puede producir perplejidad o indignación en un amplio sector social, sobre todo en aquel a quien ha afectado el terrorismo, y como en el caso a la Asociación Dignidad y Justicia que defiende intereses legítimos de víctimas del terrorismo”), pero sí ciertamente que esta reflexión es tangencial respecto al fondo del asunto, amén de ser innecesaria para la resolución.

B.- Lo que realmente me induce a pensar que el Juez se ha excedido en esta resolución es el lamentable folio quinto que, como indicábamos anteriormente, es más propio de un escrito de defensa que de un Auto: “Y, desde luego, lo que no puede hacerse es perseguir solo a determinadas personas y no a otras (Derecho penal del enemigo) como parece acontecer en este caso, por cuanto tanto en la querella como en las denuncias se hace constar que el Sr. Zapata es concejal del Ayuntamiento de Madrid. De perseguirse tal conducta (obsérvese la pendiente resbaladiza) habría que hacerlo respecto de todos los que han publicado “chistes” similares en las redes sociales e Internet. Así, supuesto el caso de que la presente causa “prosperara”, tras ello la Fiscalía (no se olvide que este es un delito perseguible de oficio) habría de proceder a la búsqueda intensiva en esas redes; para a continuación abrirse (en esta Audiencia Nacional) las respectivas causas (miles) para cada uno de los autores. Siguiendo la “pendiente resbaladiza”, cualquier persona o colectivo que defienda intereses de afectados por un delito de terrorismo como éstos, o bien cualquier persona o colectivo de una determinada ideología, religión o creencia, situación familiar, etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, podrá denunciar la publicación de chistes de humor negro al respecto.” Razonamiento impecable pero que de llevarse a sus extremos implicaría la total impunidad de determinados comportamientos por lo generalizado de los mismos (¿Por qué se inspecciona fiscalmente a unos determinados obligados tributarios y no a otros? ¿Por qué se sanciona administrativamente a unos colectivos por comportamientos que a otros se les tolera?; o, por seguir el propio razonamiento del juez en el fundamento jurídico primero, ¿por qué esa “pena de banquillo” o de “telediario” se aplica a unos sí y a otros no?). Dejando de lado que no cabe aplicar la igualdad en la ilegalidad y que no cabe oponer para decretar un archivo el hecho de que en otros casos no se haya perseguido, insisto, este razonamiento no es propio de una resolución judicial y demuestra que en el animus del juez había cierto poso de prevención.

No quiere el autor de estas líneas decir ni mucho menos que el juez Santiago Pedraz actuara como el personaje de Ernst Janning en el caso Feldenstein-Hoffman (“Ya tenía decidido mi veredicto antes de entrar en la sala para juzgarle”), pero ciertamente con la redacción de su auto ha facilitado la munición necesaria para ser blanco de los ataques por parte de quienes discrepen de una resolución que, en cuanto al fondo, considero jurídicamente correcta. Porque, insisto, como ha dicho el propio Tribunal Supremo, no cabe identificar una frase desafortunada, inmoral o repugnante con ilícito penal o, en otras palabras, no son sinónimos el reproche moral y el penal.

Tengo todos los respetos por Santiago Pedraz, a quien tengo en el más alto concepto como persona y como juez. Pero me parece que en esta ocasión ha querido emular a John Marshall en el caso Marbury, aunque la actuación se ha quedado en eso, en un mero intento, porque aunque Pedraz es un jurista muy brillante aún le queda mucho para llegar a la altura de quien hoy sigue siendo considerado the great chief justice.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s