GLOSSIP v GROSS: CONSTITUCIONALIDAD DE LA INYECCIÓN LETAL EN OKLAHOMA

Inyección letal

El pasado día 29 de junio de 2015, al resolver el caso Glossip v Gross, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hubo de enfrentarse a un asunto que implícitamente suponía abordar el espinoso tema de la pena de muerte, vigente aún en algunos estados de la Unión. No es que la pena de muerte sea un problema única y exclusivamente norteamericano, pues como revela Amnistía Internacional, del total de condenas a muerte ejecutadas durante el año 2014, China lidera el ranking al tener el dudoso honor de ser el país que ha ejecutado a más personas que el resto de países del mundo juntos, aunque según se ve obligada a reconocer dicha organización “la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte en el país, pues los datos al respecto se consideran secreto de Estado”. No obstante, la sentencia que comentamos no aborda la constitucionalidad o no de la pena capital, constitucionalidad que reconoce, sino la adecuación al texto constitucional de una forma concreta de ejecución. De hecho, la resolución judicial comienza haciendo un resumen histórico de los métodos de ejecución empleados a lo largo de la historia en los Estados Unidos y los pronunciamientos del máximo órgano judicial en la materia. No obstante, y pese a afirmar la constitucionalidad de la pena de muerte, existe una previsión específica en el texto constitucional que necesariamente ha de tenerse en cuenta, y no es otro que la octava enmienda constitucional y su taxativa prohibición de toda “pena cruel e inusual” (la cláusula “cruel and unusual punishment”), lo que sí permite impugnar formas o modos concretos de llevar a cabo el cumplimiento de la pena capital. En este aspecto, la sentencia del caso que comentamos contiene un párrafo esencial y que es el principio que inspira la jurisprudencia del Tribunal Supremo: “Nuestras sentencias sobre la materia se inspiran en un principio consolidado, cual es que dado que la pena de muerte es constitucional, de ello necesariamente se deduce que debe existir un medio constitucional para llevarla a cabo. Y dado que cualquier método de ejecución implica cierto riesgo de sufrimiento, hemos sostenido que la Constitución no impone la eliminación de todo riesgo. Al fin y al cabo, aunque la mayoría de los seres humanos desean una muerte plácida, no todos tienen esa suerte. Y si se entendiera que la octava enmienda exige la eliminación de todos los riesgos de sufrimiento, ello conllevaría igualmente la proscripción de la pena capital”.
En el presente caso, varios prisioneros condenados a muerte en el estado de Oklahoma impugnaron ante un juzgado federal la forma de ejecución empleado por las autoridades estatales, consistente en una inyección letal integrada por tres componentes químicos, uno de los cuales, el midazolam, sostenían que era ineficaz para evitarles el sufrimiento (conviene indicar que la sentencia del Tribunal Supremo hace referencia a la campaña que los detractores de la pena de muerte hacen para que no se faciliten sustancias empleadas para las inyecciones letales, lo que según la resolución judicial obliga a los estados a buscar alternativas a los medios utilizados tradicionalmente). Los condenados a muerte lo habían sido por delitos repugnantes a cualquier mente civilizada, pues, por ejemplo, un empresario que se había servido de un sicario para acabar con la vida de uno de sus empleados (que fue asesinado a golpes con un bate de beisbol); otro de ellos había asesinado a su hija de nueve meses “porque no paraba de llorar” y, tras acabar con la vida del bebé, “comenzó a jugar a los videojuegos”; el tercero había violado y asesinado a una niña de once años. El Juzgado de Distrito rechaza tajantemente la pretensión al entender que la prueba de la ineficacia de la droga en cuestión empleada por el estado en las ejecuciones correspondía a los demandantes, y no habían acreditado el particular, resolución judicial que es impugnada ante el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito Judicial, que desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia. El Tribunal Supremo, en una sentencia adoptada por cinco votos frente a cuatro y de la que fue ponente el juez Samuel Alito, desestima el recurso “por dos razones distintas. Primero, los prisioneros no han logrado identificar un método alternativo de ejecución que implique un menor riesgo de sufrimiento, requisito que es exigible en todas las acciones judiciales instadas al amparo de la octava enmienda constitucional. Segundo, el Juzgado de Distrito no erró al considerar que los demandantes habían fracasado a la hora de demostrar que el uso protocolario de dosis masivas de midazolam conlleve un riesgo sustancial de sufrimiento severo”.
La sentencia del Tribunal Supremo parte del precedente establecido en el caso Baze v. Rees (553 US 35 [2008]) que avaló la constitucionalidad de la inyección letal en el estado de Kentucky, y según la cual “quienes cuestionen judicialmente un método de ejecución han de acreditar que el mismo presenta un riesgo seguro o casi seguro de provocar un sufrimiento innecesario” y que no basta con esa alegación, sino que han de mostrar o facilitar una alternativa que de manera cierta “reduzca significativamente el riesgo de sufrimiento severo”. Es decir, que no basta con la mera alegación, sino que ha de constatarse que el método utilizado no elimina el sufrimiento y que, además, existen métodos alternativos que reducen de forma clara el riesgo de dolor. Aplicando la doctrina al caso concreto, el Tribunal razona que “en primer lugar, los demandantes no han acreditado que cualquier riesgo ocasionado por el uso del midazolam es sustancial comparado con métodos alternativos de ejecución. En segundo lugar, no han logrado demostrar que el juzgado cometiese un error evidente al sostener que el uso del midazolan no causa sufrimiento o dolor severo”.

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