LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS DEL ARTÍCULO 247.3 DE LA LEC NO SE APLICAN…….A LA ADMINISTRACIÓN.

Magistrado

La Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, contiene en su artículo 247 un mandato o exigencia para todos los intervinientes en un proceso (es decir, partes y letrados): han de ajustar sus actuaciones en todo momento a las normas de la buena fe procesal. Es más, el incumplimiento de este deber puede ser sancionado por los distintos juzgados y Tribunales, que están facultados para imponer sanciones económicas no sólo a las partes, sino a sus defensores. Así, el artículo 247.3 establece que “Si los Tribunales estimaren que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, podrán imponerle, en pieza separada, mediante acuerdo motivado y respetando el principio de proporcionalidad, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía del litigio.” Es cierto que dicho precepto habla de “partes”, pero no es menos cierto que el artículo 247.4 extiende su aplicación a los profesionales, al estipular que “Si los Tribunales entendieren que la actuación contraria a las reglas de la buena fe podría ser imputable a alguno de los profesionales intervinientes en el proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, darán traslado de tal circunstancia a los Colegios profesionales respectivos por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de infracción disciplinaria”. Y lo que es más importante, para el ejercicio de dicha potestad no es preciso solicitud de parte, sino que los preceptos legales citados admiten (siendo además, lo normal) que las piezas separadas de correcciones disciplinarias se inicien de oficio por el propio órgano judicial.

Que el artículo 247.3 es aplicable a los profesionales no ofrece duda alguna, como lo acredita, por ejemplo, la Sentencia 4938/2014 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso número 171/2013, que confirma la resolución del Consejo General del Poder Judicial desestimatoria del recurso de alzada interpuesto por un graduado social frente a una multa que le fue impuesta por un juez de lo social invocando el artículo 247.3. La Sentencia no ofrece dudas en este aspecto, pues en su fundamento jurídico cuarto establece tanto el destinatario de la multa como la naturaleza jurídica de la misma: “No tiene duda esta Sala, y nadie lo discute en el recurso, que la multa que el Juzgado de lo Social núm. 4 de Palma de Mallorca impuso al recurrente al amparo de lo previsto en el artículo 247.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , constituye una corrección disciplinaria por el incumplimiento de la buena fe procesal que le era exigible en la actuación procesal que desplegó en un proceso de despido en el que intervino en calidad de Graduado Social. Según viene declarando esta Sala y el mismo Tribunal Constitucional, la naturaleza de estas correcciones disciplinarias impuestas a los intervinientes en un procedimiento es jurisdiccional y no gubernativa”. Pues bien, como explicaremos en este post, a la hora de aplicar este precepto a defensores de la Administración algunos juzgados flaquean y no dudan en utilizar argumentos de lo más extraño para no hacer uso de esta facultad. Expongo a continuación unos hechos y la solución que a los mismos dio el órgano judicial encargado de velar por la correcta adecuación de las partes a las reglas de la buena fe procesal.
Proceso contencioso-administrativo ordinario, donde tras haber remitido la Administración el expediente administrativo, el actor formaliza la demanda. Pues bien, a la hora de contestar a la misma el defensor de la Administración (que, para más inri, había sido nada menos que Titular de la Asesoría Jurídica municipal durante un lustro) solicita la suspensión del plazo para contestar a la demanda al amparo del artículo 55 de la Ley 29/1998, solicitando se completase el expediente que él mismo había remitido….¡con documentos obrantes en expedientes distintos del remitido! Impugnada dicha solicitud, el Secretario Judicial, mediante Decreto, rechazó tal pretensión, al sostener que los documentos solicitados no formaban parte del expediente y, por tanto, no cabía la solicitud de completar el mismo, sin perjuicio de que Administración pudiese aportar tales documentos como prueba documental junto con la contestación, dado que eran, además, documentos que obraban en su poder. Pues bien, a la hora de retomar el plazo, el letrado inicial, que se encontraba de baja (no siendo descartable que utilizase el ardid para ganar unos días y quitarse de en medio, dado que era perfecto conocedor de la fecha en que por motivos personales había de causar baja durante un tiempo), hubo de ser sustituido por otra funcionaria que, en esta ocasión, solicita la suspensión al amparo del artículo 55.2 de la Ley 29/1998 que, recordemos, estipula: “Si el defensor de la Administración demandada estima que la disposición o actuación administrativa recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, podrá solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo de veinte días para comunicar su parecer razonado a aquella. El Secretario judicial, previa audiencia del demandante, acordará lo que proceda”. Evacuado el correspondiente traslado el actor no se opuso siempre y cuando por el Juzgado se requiriese a la defensora de la Administración para que justificase las actuaciones realizadas ante la propia Administración a la hora de exponer sus dudas sobre la legalidad del acto. Pues bien, antes de que el Secretario resolviese, la solicitante de la suspensión da el freno y marcha atrás y se despacha con este sorprendente escrito: “Por error se había solicitado en base al artículo 54.2 de la LJCA la suspensión del Procedimiento Ordinario pero el motivo de la suspensión solicitada era evitar generar una situación de indefensión al Ayuntamiento en tanto no se resuelva la causa de abstención alegada por esta letrada municipal mediante escrito presentado en el Registro municipal” (sic). En consecuencia, y lógicamente el Secretario Judicial rechaza la suspensión, pero ya desde la primera solicitud hasta la última habían transcurrido más de dos meses con el pleito suspendido, y con la Administración teniendo la demanda en su poder sin que corriese el plazo de contestación, tiempo más que de sobra para analizarla debidamente en un plazo que multiplica por tres el legal. Lógicamente, dado que el letrado demandante no cree en tal cúmulo de “errores” solicitó, por primera vez en sus tres lustros de ejercicio profesional, la imposición de sanciones del artículo 247.3 a la Administración demandada.
Y es aquí donde el órgano judicial en cuestión, uno de los más deferentes con las Administraciones públicas, viene a acudir una vez más en ayuda del ente público. Transcribimos literalmente el razonamiento obrante en el fundamento jurídico segundo del Acuerdo de 28 de junio de 2014 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón: “Alega la parte actora el uso abusivo y torticero de la solicitud de suspensión del plazo para contestar a la demanda por la representación procesal del Ayuntamiento de X, al haberse llegado a invocar hasta 3 causas diferentes de suspensión, al utilizar de modo desviado contra ellas (resoluciones judiciales) instrumentos procesales que tienen otra finalidad. El art. 247.3 de la LEC se refiere como sujeto pasivo de la multa, sólo a la parte, esto es, a quien ha comparecido y actúa en juicio como titular de la relación jurídica u objeto litigioso. La parte actora solicita que la sanción se imponga a la Administración demandada, esto es, al Ayuntamiento de X. Ocurre que no existe constancia probatoria de que el Ayuntamiento demandado, por medio de alguno de sus órganos, haya solicitado o sugerido a los letrados consistoriales que han intervenido en el proceso la presentación de los escritos interesando la suspensión del mismo a que se refiere la parte recurrente, de modo que el retraso que se ha generado en la tramitación y resolución de dichos escritos no puede imputarse a la Administración demandada, y es por ello que ha de desestimarse la solicitud”. El juez demostró, pues, buen corazón con el ente público: el mismo no es responsable de los ardides de los funcionarios encargados de su representación y defensa en juicio. El argumento es realmente sorprendente, aunque no tanto viniendo del órgano judicial del que procede. No obstante, dicha argumentación deja abiertos varios interrogantes:

1.- El magistrado deja implícito (no tiene el coraje o el valor de decirlo explícitamente) que en cuanto al fondo, la actuación de la Administración demandada no es, ciertamente, acorde a las exigencias de la buena fe procesal.

2.- El razonamiento esgrimido llevaría en la práctica a volatilizar la aplicación del artículo 247.3 a las partes, dado que es harto infrecuente que las órdenes que se den a los letrados, sean éstos públicos o privados, se efectúen por escrito.

3.- Olvida el magistrado que el procedimiento del artículo 247.3 respecto de los letrados puede incoarse de oficio, sin precisar de solicitud ex parte, como deja bien claro el artículo 247.4. Por lo tanto, si la actuación era imputable a los letrados consistoriales y no a la Administración, el juzgado debiera en puridad haber incoado una pieza separada de sanciones frente a aquéllos. Pero, en fin, esto sería pedir peras al olmo en dicha sede, donde la célebre frase pronunciada en vísperas del combate de Trafalgar por el almirante francés Villeneuve al marino español Churruca cuando éste le oponía la bajada del barómetro como argumento para evitar el combate, en esta ocasión haría estricta Justicia al caso.

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