UN FIN DE AÑO JUDICIAL JURÍDICAMENTE INDIGESTO……Y EL QUE NOS ESPERA!!

Nervios

Finaliza el mes de julio y con él, como cada anualidad, el periodo de actividad ordinario en los órganos judiciales, que cierran sus puertas metafóricamente salvo para supuestos excepcionales. Una vez superado el mes de agosto, se iniciará oficial y formalmente el nuevo año judicial con la tradicional apertura del año judicial presidida por el Rey. Nos diferenciamos en esto de los Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo tiene un año judicial mucho más reducido, dado que se extiende desde el primer lunes de octubre hasta el último día hábil de junio, contando, pues, con tres meses de vacaciones judiciales.
Si existe una palabra que sirva para definir el estado de ánimo de cualquier jurista durante los pasados años, el presente y casi con total seguridad de los futuros, es la de espanto cuando no la de crisis nerviosa. Espanto y crisis que se manifiestan inevitablemente cada vez que uno se asoma diariamente a las páginas de los distintos boletines oficiales y se encuentra con normativa nueva, reformas, derogaciones, retoques, adiciones, supresiones y otras similares. Apenas uno ha digerido una modificación legal cuando las páginas del BOE escupen más y más normativa que modifica la norma recién modificada. Valga un ejemplo de la diarrea legislativa padecida durante los últimos diez días única y exclusivamente a nivel estatal: Ley 21/2015 de 20 de julio por la que se modifica la Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes; Ley 22/2015 de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas; Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial; Ley 23/2015 de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social; Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia; Ley 24/2015, de Patentes; Ley Orgánica 9/2015 de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional; Ley 25/2015 de 28 de julio de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social; Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia; Ley 25/2015 de 28 de julio de modificación de la Ley 33/1998 de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersonas y armas de efecto similar; Ley 28/2015 de 30 de julio para la defensa de la calidad alimentaria y Ley 29/2015 de 30 de julio de cooperación jurídica internacional en materia civil. Por si ello fuera poco, este mes de julio entraron en vigor la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal.
Pero es que en el periodo que se iniciará a partir de septiembre la situación permanecerá invariable con numerosas modificaciones y novedades de calado. El día 1 de octubre de 2015 entrará en vigor la Ley 15/2015 de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria (salvo el nuevo régimen del recurso de casación contencioso-administrativo instaurado por su Disposición final tercera, que entra en vigor el día 22 de julio de 2016). Pero es que en el horno de las Cortes Generales se están asando lentamente nuevas normas de gran calado jurídico: el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional, el Proyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas, el Proyecto de Ley del Sector Ferroviario, el Proyecto de Ley de Carreteras y, sobre todo y de forma destacada, el Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Por si ello no fuera suficiente para causar una indigestión jurídica, a punto de entrar en la cocina legislativa se encuentra el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Casi nada!!! Los únicos que gozarán de esta situación son los preparadores y editores de temarios de oposiciones (que se frotarán las manos dado que muchos de ellos habrán de acometer una revisión en profundidad) y las editoriales jurídicas que tienen justificada la avalancha de nuevas ediciones recopilatorias de textos legislativos (que si antes envejecían en lustros, ahora lo hacen en semanas) y manuales, glosas o comentarios de las constantes modificaciones normativas. Si bien ni tan siquiera las editoriales se encuentran a salvo de este auténtico terror legislativo, dado que se está produciendo en el mercado de libros jurídicos impresos un curioso fenómeno, cual es que un manual o estudio que se presenta como novedad sale ya “viejo” al mercado, algo que puede solventarse en el formato electrónico merced a las actualizaciones sin que ello ocasione molestia alguna, pero que en el tradicional formato papel conlleva la necesidad de tachar y anotar las novedades.
Hace apenas un par de años, en octubre de 2013, el Presidente del Tribunal Supremo del Reino Unido, Lord Neuberger, hacía una serie de reflexiones de las que nos hicimos eco en esta bitácora. El magistrado inglés identificaba “justicia” con conocimiento de las leyes, si bien precisando el término “conocimiento” no en un sentido físico u objetivo, sino material. El ciudadano debe ser consciente de sus derechos para que pueda existir justicia material, pero ese conocimiento no queda limitado a la existencia de la ley, sino a su propio contenido material. Pues bien, hasta en esto el legislador español incurre en desviaciones. Son cada vez más los textos legales que son, por utilizar expresiones del gran administrativista Jesús González Pérez, “densos, amazacotados, oscuros”. Normas con títulos kilométricos y contenido material inabarcable, con redacción penosa que no sólo desconoce las más elementales reglas de la gramática castellana, sino que son auténticas ceremonias de la confusión. Ello acarrea inevitablemente el caos jurídico, dado que una norma confusa es caldo de cultivo para interpretaciones de lo más dispar. A tan maltrecho panorama normativo, donde el principio de seguridad jurídica es continuamente banderillado, estoqueado y puntillado, sólo faltaba que alguien entrase abiertamente a matar, y ello lo ha hecho con su maestría habitual nada menos que el Tribunal Constitucional español, cuando identifica independencia judicial con la facultad del juez de separarse del criterio de órganos superiores. Se consagra, así, una especie de cantonalismo judicial, agravado porque en muchos casos un asunto se agota en la instancia al no tener acceso a recurso. Deficiente legislación y cantonalismo judicial, resultado, caos jurídico.
En fin, que ante ese aterrador y desmoralizante panorama uno necesita más que nunca desconectar durante unos días, y qué mejor que en esta época estival para apartarse del mundanal ruido jurídico y sumergirse en un veraneo reparador.
Felices vacaciones a todos, amigos!!!!

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