NUEVA VUELTA DE TUERCA SOBRE EL ABORTO EN LOS ESTADOS UNIDOS.

Abortion protest

Si hay un asunto controvertido en una y otra orilla del Atlántico es sin duda alguna la interrupción voluntaria del embarazo. En ambas zonas geográficas, por mucho que se trate de disimular lo cierto es que tanto partidarios como detractores de la medida cuentan con argumentos para defender sus respectivas tesis, y el sector de la población que apoya a cada uno de los bandos es muy similar. Lo que difiere es la vía de solventar el problema, que si en la Europa continental se ha hecho a nivel legislativo, en los Estados Unidos se ha efectuado por vía jurisprudencial. En efecto, casi todos están familiarizados con el caso Roe v. Wade (410 US 113 [1973]), donde por una mayoría de siete votos frente a dos el Tribunal Supremo, en una sentencia redactada por el juez Harry Blackmun (a quien se atribuyó la ponencia dado que en su etapa anterior como abogado había sido asesor jurídico de la Clínica Mayo y por tanto se le suponían ciertos conocimientos vinculados al ámbito médico) declaró la inconstitucionalidad de las leyes que tipificaban penalmente la interrupción voluntaria del embarazo, englobando la decisión de la mujer a abortar en el derecho a la intimidad (right to privacy), estableciendo lo que se denominó “trimester framework”, en virtud del cual durante el primer trimestre de la gestación el Estado no puede intervenir en la materia, dado que la decisión de continuar con el embarazo o no corresponde en exclusiva a la mujer, pese a lo cual una vez superada esa barrera cronológica el poder público sí podía establecer una regulación legislativa, que llegaba a ser incluso decisiva al facultar que en el tercer trimestre se proscribiese el aborto con la finalidad de proteger al nasciturus..
Sin embargo, pese a ese pronunciamiento, los estados optaron por una política legislativa en virtud de la cual, sin penalizar el aborto, sí que en la práctica lo dificultaban al establecer una serie de requisitos o condicionantes para su práctica. Una de esas regulaciones, en concreto la aprobada en 1992 por el estado de Pennsylvania llegó al Tribunal Supremo dando lugar al caso Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Robert P. Casey et al (505 US 833 [1992]), donde una mayoría inicial de siete votos frente a dos partidaria de dejar sin efecto la doctrina del caso Roe (que dio lugar a un borrador de sentencia del chief justice Rehnquist) se trasmutó en una algo más favorable adoptada por una mayoría de cinco frente a cuatro gracias a una maniobra de última hora del juez David Souter, que logró atraer a su bando a Sandra Day O´Connor y Anthony Kennedy. La sentencia final mantiene lo que denomina la “esencia” del caso Roe sin embargo se sustituye el criterio de los ciclos trimestrales por el de “viabilidad” y sobre todo, se introduce un concepto básico en el derecho constitucional americano, el de “restricciones injustificadas” (undue burden), según el cual no se pueden aprobar leyes que establezcan restricciones injustificadas en derechos fundamentales. Con todo, de los cinco requisitos previos que la legislación de Pennsylvania imponía para la práctica de un aborto, cuatro superaron el nuevo estándar de constitucionalidad y fueron considerados válidos, rechazando únicamente el que imponía a las mujeres casadas que se justificase habían notificado a sus maridos la decisión final adoptada.
No obstante, los Estados han continuado aprobando leyes que, sin proscribir formalmente la interrupción voluntaria del embarazo, imponen una serie de condicionamientos tanto a las mujeres como a los médicos que en la práctica dificultan la opción interruptiva. Un buen ejemplo lo tenemos en el caso Whole Woman´s Health et al. v. Kirk Cole et al, cuya solicitud de revisión acaba de ser presentada ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a fin de que éste decida si acepta conocer o no el asunto. El caso se inicia cuando el 18 de julio de 2013 el estado de Texas aprueba una ley según la cual se establecen una serie de requisitos materiales (entre ellos, que el médico que practique un aborto trabaje en un centro hospitalario que se encuentre a una distancia no superior a 30 millas del lugar donde se practique la interrupción del embarazo), que en la práctica supondrían, según los recurrentes, el cierre del setenta y cinco por ciento de los centros donde se practican dichas interrupciones.
Como puede verse, el asunto dista mucho de encontrarse cerrado en la práctica, porque la realidad ofrece ejemplos llenos de matices, donde tanto población como los Estados y el Poder Judicial mantienen continuas relaciones de tira y afloja sobre la materia, dando lugar a una rica y viva historia legislativa y jurisprudencial.

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