LOS ABOGADOS COMO “OFFICERS OF THE COURT”: EL CASO EX PARTE GARLAND.

Officer of the Court Badge

En uno de los episodios de la primera temporada de la benemérita serie Law & Order, el Assistant District Attorney de Manhattan, Benjamín Stone (interpretado por Michael Moriarty) se dirigía a una abogada que actuaba como public defender (es decir, abogada de oficio) en los siguientes términos: “We are both officers of the Court. We are both part of the same system.” Entra dentro de lo posible que un prosecutor en los Estados Unidos realice una afirmación similar, pero es absolutamente impensable que nuestro país un miembro de la fiscalía se dirija a un abogado, y menos a uno de oficio, en términos similares. Y no por mala educación (en la actualidad, la inmensa mayoría de los empleados públicos de la Administración de Justicia -del juez al último agente judicial- tienen un trato exquisito y profundamente respetuoso tanto hacia el público como hacia los abogados), sino quizá debido a que en el subconsciente de quienes prestan sus servicios en la Administración de Justicia por una relación de empleo yace la idea que la dureza del proceso selectivo que han tenido que superar justifica de alguna manera que no  pueda considerárseles en el mismo plano y en la misma situación que a quienes no lo han superado. Bien es cierto que en las generaciones más jóvenes ese síntoma de la “clase opositora” va desapareciendo, pero en los empleados públicos en edad madura y talluda aún pueden encontrarse (cada vez menos, dicho sea en estricta Justicia) ese síntoma. Pero esa subyacente según la cual, de alguna manera, ese sistema de selección que han superado autoriza a cierta consideración que implique, cuando menos, el situarse un peldaño por encima del resto, aún late débilmente. Esto no ocurre al otro lado del Atlántico, donde la vía de acceso a los puestos tanto de judicatura como de fiscalía e incluso de simples empleados públicos menores que prestan sus servicios en los Tribunales es la misma: sencillamente cubrir una simple instancia exponiendo los méritos y pasar un sistema de simple concurso, siendo los órganos judiciales los que tienen la última palabra. Sirva como ejemplo la página web de los órganos judiciales del estado de Maryland, donde existe un link específico donde se encuentar toda la información necesaria para optar a empleos estatales vinculados a la Administración de Justicia donde aparecen consignados los puestos a cubrir y donde se facilitan al interesado tanto en formato PDF como Word un modelo de instancia con los datos a cubrir.
No obstante, conviene tener una idea bien clara de lo que a estos efectos significa Officer of the Court, y ello porque no cabe confundir dicha categoría con la de Officer of the United States pues la distinción tiene su relevancia no sólo a nivel teórico, sino práctico. Si los primeros son todas las personas que prestan funciones en el ámbito del Poder Judicial, los segundos desempeñan sus tareas en el seno del Poder ejecutivo. Así, dentro de la categoría de Officers of the Court se integran los jueces, los empleados públicos que trabajan en los órganos judiciales, los prosecutors y los abogados de las partes. Que los abogados son considerados como Officers of the Court es algo que está inserto en la médula del sistema judicial estadounidense y que tuvo su reconocimiento explícito en el caso Ex parte Garland (71 US 333 [1866]), cuyos antecedentes de hecho están íntimamente vinculados a la Guerra de Secesión y que, curiosamente, propiciaron esta landmark decisión. Analicemos los hechos y los razonamientos de la sentencia con cierto detalle.
El 2 de julio de 1862 el Congreso de los Estados Unidos, en pleno conflicto bélico y con el resultado de la guerra aún incierto, aprueba la An act to prescribe an oath of office, and for other purposes (Ley imponiendo el juramento de acceso al cargo), en virtud de la cual, con carácter previo a acceder a cualquier empleo federal, ya fuese civil o militar, la persona que fuese a ocupar el cargo debía prestar un juramento (cuyo tenor literal se establecía en la propia ley) en el sentido de que no había combatido con las armas a la Unión, prestado ayuda o cooperación a los leales a la causa confederada ni tampoco ocupado cargo alguno en la Confederación; si se llegaba a demostrar que la persona había mentido a la hora de prestar el juramento, ello no sólo traería consecuencias de tipo administrativo (pérdida automática del cargo), sino penales (enjuiciamiento penal por comisión del delito de perjurio). Pues bien, dos años y medio más tarde, el 24 de enero de 1865, cuando la Unión tiene ya virtualmente ganada la contienda, el Congreso de los Estados Unidos aprueba una ley que extiende el juramento no sólo a los empleos federales de carácter administrativo, sino a todos los miembros de la abogacía, dado que entre sus disposiciones se encontraba la siguiente: “A la fecha de aprobación de la presente ley no será admitido como abogado para ejercer sus funciones ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (y a partir del próximo cuatro de marzo en cualquier Juzgado de Distrito, Tribunal de Circuito o Tribunal de Reclamaciones) salvo que anteriormente haya prestado el juramento prescrito de la Ley imponiendo el juramento de acceso al cargo, aprobada el pasado 2 de julio de 1862. Y cualquier persona que preste falsamente dicho juramento será reo de perjurio.” Ello suponía, en la práctica, eliminar del ejercicio de la abogacía a todos los abogados y licenciados en derecho de los estados sureños que hubiesen sido miembros del ejército confederado o que hubiesen prestado ayuda, material o legal, a la causa rebelde. El principal escollo legal que existía es que en los Estados Unidos, bajo el amparo de la Judiciary Act de 1789 (vigente en aquellos momentos) quien establecía los requisitos o condiciones que debían reunir los juristas para ejercer como abogados en cualquier órgano judicial federal era el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Pues bien, A.H. Garland, ciudadano de Arkansas, se incorporó como abogado en 1860, pero al estallar la guerra de secesión ocupó desde mayo de 1861 hasta abril de 1865 un escaño en el Senado de los Estados Confederados de América, pese a lo cual en julio de ese mismo año 1865 logró obtener un perdón presidencial en los siguientes términos: “Se otorga a A.H. Garland PERDÓN TOTAL Y AMNISTÍA por todos los delitos cometidos relacionados con su participación, directa o indirecta en la citada Rebelión, si bien condicionada a lo siguiente: este perdón desplegará todos sus efectos el día en que el citado A.H. Garland preste el juramento establecido en la proclama presidencial del pasado 29 de mayo de 1865; y este perdón será nulo y sin efecto si el susodicho A-H. Garland de aquí en adelante entra en posesión de esclavos o hace uso de mano de obra esclava…” Dado que el juramento a establecido en la proclama presidencial de 24 de mayo de 1865 implicaba el juramento de lealtad a la Unión en adelante (es decir, después de prestado el juramento), Garland no tuvo inconveniente, ya finalizada la guerra, en jurar tal lealtad a la Unión, incorporada al expediente presidencial de amnistía y que, por tanto, desplegó todos sus efectos. Sin embargo, la Ley de 24 de enero de 1865 le impedía acceder a su profesión legal, dado que le inhabilitaba para ejercer como abogado toda vez que no podía, sin faltar a la verdad, jurar que no había tomado parte en la rebelión, dada su condición de senador confederado, así que impugnó dicha normativa al entender que dicho juramento imponía una obligación ex post facto y que, por tanto, era inconstitucional y nula.
Pues bien, aunque por una escueta mayoría de cinco votos frente a cuatro, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos da la razón a Garland. En una sentencia de la que fue ponente el juez Stephen F. Field y que contó con el apoyo de sus colegas James M. Wayne, Samuel Nelson, Robert C. Grier y Nathan Clifford, quedó establecido que la ley estaba, en realidad, penalizando conductas pasadas (es decir, que aunque sus efectos se desplegaban hacia el futuro, en la práctica estaba imponiendo requisitos adicionales con la finalidad de castigar determinados comportamientos anteriores a su entrada en vigor). No obstante, y a los efectos que nos ocupan, el Tribunal Supremo distinguió entre Officers of the United States y Officers of the Court, siendo así que los abogados se incluirían entre éstos, y no entre aquéllos. La consecuencia de esa clasificación es determinante, pues, según reza la sentencia, “Al amparo de la Ley de 1789, la admisión y expulsión de letrados es de forma evidente una potestad inherente a los Tribunales, y ejercida únicamente por dichos órganos; y, en la sentencia anteriormente citada, se dice que la misma descansa ´exclusivamente` en los Tribunales, lo que implica que su ejercicio no puede ser cuestionado por ningún otro departamento del Gobierno.” Son los órganos judiciales, pues, quienes tienen la exclusiva potestad de admitir a los abogados y, por tanto, de establecer los requisitos generales de acceso, sin que tal potestad pueda ser mediatizada no ya por el poder ejecutivo, sino ni tan siquiera por el legislativo.

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