LA INTERPRETACIÓN DE UN TEXTO LEGAL SEGÚN EL JUEZ STEPHEN BREYER.

Stephen Breyer

Charles de Secondat, Barón de La Brede y señor de Montesquieu, consideraba al juez como la “boca que pronuncia la ley”, con lo cual para el celebérrimo autor francés la tarea de un magistrado se circunscribía a subsumir el caso concreto en la norma general. Dicha concepción de la judicatura suponía una escasa valoración práctica de la misma al reducir sus funciones a una mera operación caracterizada por su automatismo, algo extraño en un miembro del Parlamento de Burdeos (recordemos que en la Francia del Antiguo Régimen los Parlamentos eran órganos eminentemente judiciales). No obstante, siglo y medio después esa visión rituaria del poder judicial ha estallado en pedazos gracias a dos fenómenos concurrentes y complementarios: la auténtica diarrea legislativa que padecemos actualmente a todos los niveles y la cada vez más deficiente redacción de los textos normativos, algunos de ellos elaborados con penosa técnica legislativa. Con ello, la función del juez pasa de ser estrictamente aplicativa a ser en no poca medida interpretativa. Ahora bien, cuando un juez se enfrenta en un caso a un texto normativo de interpretación dudosa, ¿Qué herramientas posee a los efectos de desentrañar el sentido de esa norma jurídica aplicable al caso?
Lo expuesto en el párrafo anterior, es decir, la interpretación jurídica de un texto legal, es un tema clásico de la teoría del Derecho que no siempre los profesores de dicha disciplina logran explicar de forma precisa. En mi caso tuve la desgracia de que en lo referente a la dogmática interpretativa, materia integrada en la asignatura Teoría del Derecho y Metodología Jurídica, el docente fuera cierto catedrático (que, por cierto, compartía nombre y apellido con cierto ilustre prófugo de la justicia española en la primera mitad de los años noventa) cuyas clases nada magistrales se caracterizaban más por la oscuridad en la que permanecían los discentes tras la exposición matinal que por la claridad explicativa del profesor, ignorando quien suscribe si la situación habrá variado desde entonces, aunque sospecho que no. Por ello, me ha sorprendido notablemente que sea un juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos quien, en un libro de apenas doscientas páginas explique de manera rigurosa, amena y fácilmente accesible al público en general los instrumentos que posee el juez a la hora de desentrañar el significado último de un texto jurídico; y lo hace utilizando un estilo claro, nada ampuloso, accesible al lego en Derecho y fácilmente comprensible por cualquier persona que simplemente esté interesada en la materia. Me estoy refiriendo al libro Making our democracy work: a judge´s view, del juez Stephen Breyer. Esta obra (junto con una anterior, Active liberty: interpreting our democratic constitution), es una refutación de las tesis que su colega Antonin Scalia expusiese en la obra A matter of interpretation: federal courts and the law, veterano texto doctrinal que ha sido actualizado en el mucho más reciente Reading law: the interpretation of a legal text, escrito en colaboración con Bryan A. Garner. Se trata, pues, de dos tesis contrapuestas que parten de un mismo tronco. El propio Breyer lo expone con una claridad absoluta a la hora de refutar las tesis contrarias, así que dejemos que sea el propio magistrado quien la exponga con su propia voz: “En la actualidad los jueces americanos de dicha tendencia [se refiere a los opuestos a los originalistas] a la hora de interpretar con propiedad un texto legal dudoso, utilizan el lenguaje textual, la historia y el contexto, las tradiciones relevantes, precedentes, propósitos y consecuencias. Pero enfrentados a un lenguaje abierto y a una dificultad interpretativa, descansan principalmente en los propósitos y consecuencias. Al hacerlo, deben evitar interpretaciones que sean demasiado rígidas o demasiado generosas.” Sin duda alguna al jurista español le serán familiares estas herramientas, dado que en nuestro país esos criterios interpretativos han recibido nada menos que sanción legislativa en el artículo 3.1 del Código Civil, “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.” En definitiva, que los utensilios destinados a facilitar las tareas interpretativas son las mismas a una y otra orilla del Atlántico. Pero, retomando las consideraciones de Stephen Breyer, la diferencia entre las dos principales corrientes de pensamiento jurídico radica en que mientras los originalistas se circunscriben a las primeras (texto, historia, tradición y precedentes) orillan o apartan las otras dos (propósitos y consecuencias), mientras que los opuestos al originalismo priman estas dos últimas. Eso sí, descansar principalmente en los propósitos y en las consecuencias (es decir, en el objeto o pretensión última del legislador a la hora de aprobar la ley y en las consecuencias prácticas de la aplicación del texto legal) no implica en modo alguno hacer una interpretación “imaginativa” hasta el punto de desvirtuar el texto o redacción si esta es clara.
No obstante, hay un punto al que se refiere expresamente el juez Breyer en su obra y que entiendo que sus colegas españoles deberían tener bien claro. Se trata de las interpretaciones “políticamente correctas”, es decir, aquéllas ocasiones en que el juez trata de efectuar una lectura de la ley acorde con lo que entiende es el parecer mayoritario de la ciudadanía. Veamos que dice al respecto el juez Breyer en su obra: “¿Cómo han de resolver los Tribunales los casos difíciles para mantener la confianza de la ciudadanía? ¿Deben guiarse por lo que sus propios instintos políticos les dicen que el público aceptará e interpretar la ley en dicho sentido? La respuesta a esta pregunta debe ser no. El caso Dred Scott demuestra las consecuencias perniciosas de cualquier otra respuesta. Las sentencias elaboradas de conformidad con las tendencias políticas del momento debilitarían (cuando no eliminarían) las garantías constitucionales, especialmente en relación con individuos y grupos impopulares. Más aún, la razón última para situar la facultad de control constitucional en los Tribunales radica en asegurar la aplicación última de la Constitución cuando es políticamente impopular hacerlo.” En definitiva, que una Sentencia o resolución judicial jamás han de elaborarse al calor de la temperatura política del momento o en los presuntos criterios de la mayoría de los ciudadanos. La corrección política no puede, pues, erigirse en dogma interpretativo de una norma, por muy tentador y cómodo que pueda ser pues, a la larga, como bien indica la obra indicada, ello puede no sólo debilitar al Poder Judicial, sino la propia Constitución. Una lección que debe aprenderse, no en vano la obra comentada se titula, recordemos, “haciendo que nuestra democracia funcione”.

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