EL SENTIDO COMÚN COMO REQUISITO ESENCIAL DEL BUEN JURISTA.

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Ser buen jurista no consiste ni mucho menos en memorizar acríticamente textos legales, ni en saberse de memoria toda la legislación sobre una materia. La acumulación memorística de preceptos de la legislación positiva es una tarea hercúlea y meritoria, pero absolutamente inútil, tanto en épocas pretéritas como en la actualidad. Y si antaño uno incluso podía asumir la tarea de intentar utilizar la memoria para aprenderse textos legales cuya vigencia era frecuente se prolongaran en el tiempo durante décadas, hoy en día, cuando la legislación motorizada ha dado paso a la diarrea normativa donde el Boletín Oficial del Estado se ha convertido en una especie de aparato excretor que expulsa diariamente las impurezas tanto del legislativo como del ejecutivo (hasta el punto que los últimos días ha circulado por las redes sociales un divertidísimo texto hablando de “Trivialegis”) el jurista con un mínimo sentido práctico optará por desistir de memorizar preceptos que lo más probable es no duren apenas un año, y eso si es que llegan a tal lapso de vigencia. De ahí lo arcaico y trasnochado de los sistemas españoles de selección, que priman el memorismo rigorista sobre el sentido común o la comprensión de principios y reglas esenciales, que es lo preciso hoy en día para manejarse en el inmenso Mar de los Sargazos en que se ha convertido el ordenamiento jurídico actual. Y conste que esto último no es una idea o invención de quien suscribe, sino que lo dice sin tapujos Luis Martín Rebollo en su Introducción a la recopilación de Leyes Administrativas de la editorial Aranzadi.

Pero la historia nos da ejemplos de personas que, sin tener una sólida formación jurídica como la tiene en la actualidad cualquier titulado universitario en Derecho, sí que han dado muestra de poseer un notable talento a la hora de ejercitarse en la aplicación de preceptos normativos, hasta el punto que algunas de ellas han pasado a la historia por méritos propios. Quiero hoy citar dos ejemplos muy dispares.

I.- Fernando Cortés (Hernán Cortés). Muy pocos conocen un dato esencial en la biografía del célebre conquistador nacido en Medellín: pasó dos años en la Universidad de Salamanca (de hecho, el capítulo inicial de la novela El dios de la lluvia llora sobre México, la magnífica evocación de la conquista de México debida a Lazslo Passuth, se inicia con la estancia de Cortés en dicho centro salmantino). Y aunque los autores discuten si finalizó o no los estudios, lo cierto es que éstos le dejaron un poso de cultura tanto general como específicamente jurídica, de la que dio un buen ejemplo en su célebre expedición que finalizó con la conquista de Tenochtitlán. En la magnífica introducción de Ángel Delgado Gómez que precede a las Cartas de Relación que Hernán Cortés redactó para informar de su gesta a los monarcas castellanos, se puede encontrar la siguiente frase: “Aunque no fuera un experto en jurisprudencia, Cortés logró formarse adecuados criterios jurídicos de acción mediante la percepción de los principios inspiradores de las instituciones de su época.” Y un ejemplo de ello fue el audaz gesto que protagonizó al fundar la Villa Rica de la Veracruz. Al erigir una nueva urbe en el territorio azteca y ponerla directamente a las órdenes del Rey de Castilla, se liberaba de la tutela del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, bajo cuya teórica autoridad había partido la expedición de Cortés hacia el Yucatán. Así, el aventurero extremeño lograba que únicamente hubiera de responder de sus actos ante el monarca castellano, y no ante el gobernador Velázquez. Un gesto que demostraba una enorme sutileza en el conocimiento de las leyes, pese a que Cortes careciese no ya de una sólida formación, sino ni tan siquiera de título universitario alguno.

II.- Samuel Freeman Miller. Con la muerte de Roger B. Taney en 1864 finalizó la época de los grandes chief justices, y durante una larga etapa que se prolongó hasta bien entrado el siglo XX, las figuras predominantes pasaron a ser los associate justices, como Stephen J. Field o Samuel Freeman Miller, siendo así que este último accedió a la condición de juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en julio del año 1862, permaneciendo en el cargo hasta su muerte en el año 1890. Lo sorprendente es que Miller había cursado inicialmente los estudios de medicina, obteniendo el título en 1838 y ejerciendo como médico a lo largo de una década. No obstante, en 1845 tomó la insólita decisión de iniciar estudios de derecho por su cuenta y riesgo, y así durante el bienio 1845-1847 se dedicó a ello mientras continuaba ejerciendo como doctor en medicina, colegiándose como abogado en 1848 con tan sólo dos años de estudios legales como único bagaje cultural en su haber. Pues bien, con esta en principio reducidísima formación legal, Miller fue uno de los más brillantes jueces de la institución judicial. Y en su obra The Supreme Court, William H. Rehnquist nos indica la cualidad esencial que poseía este gran jurista americano y que le hizo destacar sobre algunos de sus colegas en principio mucho más sólidamente preparados: “La gran cualidad de Miller, de la que carecían algunos de sus más eruditos colegas, era el sentido común. Puede resultar extraño que el sentido común deba situarse entre los principales atributos de un juez en una profesión que hoy en día requiere cuatro años de instituto, tres de universidad e incluso el superar el examen de acceso a la abogacía para el ejercicio profesional. Pero se ha dicho con total acierto que esa modo de educación agudiza la mente al precio de reducirla, mientras que en la batalla jurídica entre letrados, donde cada uno de ellos busca obtener una respuesta distinta sobre la base de las mismas premisas, un buen juez debe en todo momento estar dispuesto a interrumpir a un letrado y decirle ´su argumento es perfectamente lógico pero el resultado al que llega me parece absurdo.` Y en una época donde el peso de los casos resueltos precisaba una buena dosis de autoridad superior a la que actualmente se precisa, Miller nunca dudó en utilizar tal aproximación”. Suyo fue el encendido voto particular de la sentencia Gelpcke v Dubuque, donde el Tribunal Supremo decidió saltarse, en aras de aplicar la justicia material, una regla esencial cual es la de respetar en casos que afectan a derecho estatal la opinión de los Tribunales Superiores estatales, cosa que se hizo con un argumento, estilísticamente brillante pero jurídicamente muy poco sólido debido a la pluma del ponente Noah Swayne: “Nunca inmolaremos la verdad, la justicia y el Derecho porque un tribunal del estado haya construido un altar y decretado el sacrificio.”

Una buena prueba de que el sentido común es un atributo del que a veces los jueces prescinden lo ofrece la Sentencia de 7 de diciembre de 2005 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón dictada en autos de Procedimiento Abreviado 96/2005, y que resuelve la impugnación hecha por un opositor en relación a la valoración de su examen en las pruebas para acceder mediante promoción interna a una plaza de sargento de la policía local. Cuando el interesado impugnó su calificación ante el Tribunal de Selección solicitó el acceder a su examen para comprobar su valoración con respecto al resto de los aspirantes, se encontró con que el resto de los exámenes se habían destruido ya, pese a que las bases que regían el concurso indicaban lo siguiente: “Transcurrido el plazo hábil para recurrir contra el nombramiento o la contratación y dos meses más sin que se hubiere interpuesto recurso, se procederá de oficio, mediante diligencia que constará documentada en el expediente, a la destrucción de las solicitudes y ejercicios en cualquier sistema selectivo, así como la documentación aportada al concurso o concurso-oposición por los/las aspirantes, que, al concluir dicho plazo, no hubiesen solicitado su devolución”. Pues bien, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo anteriormente indicada sorprendentemente no entiende que se produzca una nulidad del proceso y que, por tanto, se haya producido indefensión, y lo hace con dos motivos extrañísimos: el primero, que si bien es cierto que la destrucción de exámenes no procedía, en realidad se estaba ante una “práctica habitual” (sic) y en segundo, que no se vulneró el derecho de defensa del opositor porque éste sí pudo acceder a su examen. He aquí el razonamiento de la sentencia: “En el caso de autos, no se discute el orden de prelación de los aspirantes, sino que la calificación es apto o no apto, de suerte que cualquiera que fuese el resultado de la prueba de los aspirantes que la superaron este dato en nada afecta a la eliminación del recurrente y sin que, a la vista de la seriedad y seguridad de las declaraciones prestadas por el psicólogo en el acto de la vista quepa deducir que la destrucción de los exámenes obedeció a otra razón distinta a la por él apuntada: práctica habitual, una vez que por los demás aspirantes no se había reclamado, sin que por tanto existan elementos de prueba de los que poder deducir una actuación arbitraria de dicho psicólogo o encaminada a beneficiar a ciertos aspirantes en detrimento de otros, cuestión esta que debe además destacarse teniendo en cuenta que la calificación fue otorgada por el Tribunal tras recabar del psicólogo las correspondientes explicaciones.” Aclaremos que el magistrado (de exquisito trato personal, todo hay que decirlo) lo es por oposición, es decir, que ha superado no sólo los estudios universitarios, sino los tres exámenes que validan a una persona para acceder a la judicatura. Pero, con todos los respetos, creo que en este caso al juzgador en cuestión le es plenamente aplicable, y con creces, la frase que, según indica acertadamente Rehnquist, debe estar dispuesto a pronunciar todo juez: “su argumento es perfectamente lógico pero el resultado al que llega me parece absurdo.”

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de Monsieur de Villefort Publicado en Opinión

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