LOS “GUANTÁNAMO CASES”: HABEAS CORPUS, PRESIDENCIA Y TRIBUNAL SUPREMO ANALIZADOS EN UN LIBRO DE YOLANDA GÓMEZ LUGO.

Guantanamo

No abundan en el mercado español obras que aborden cuestiones de derecho estadounidense. Por ello el autor de estas líneas se llevó una grata sorpresa cuando el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales publicó este año 2015, dentro de su colección Cuadernos y Debates, el libro La suspensión del habeas corpus de los detenidos en Guantánamo. Poderes presidenciales y Tribunal Supremo, cuya autora es Yolanda Gómez Lugo. En el mismo se analizan los problemas jurídicos planteados a consecuencia de las medidas adoptadas por la Presidencia de los Estados Unidos tras los atentados del once de septiembre. En realidad, el núcleo de la obra lo constituye el análisis del caso Boumediene v. Bush, que ocupa todo el capítulo quinto del libro. No obstante, los que le preceden contienen tanto un relato fáctico muy completo de las diversas medidas adoptadas en el seno de la lucha contra el terrorismo internacional así como la intervención de los tres poderes federales (básicamente el ejecutivo y el judicial, dado que el legislativo se mantuvo en un prudente silencio hasta el año 2006 salvo la Resolución de 18 de septiembre de 2001 en virtud de la cual se autoriza genéricamente al Presidente para el uso de la fuerza armada) y un planteamiento de las cuestiones jurídicas más importantes que saltan a la luz en estos difíciles años.

A mi juicio, conviene destacar positivamente del libro los siguientes aspectos:

1.- Claridad expositiva. No siempre es fácil trasladar a un público (incluso al que posee conocimientos jurídicos) de otra tradición jurídica totalmente distinta problemas y situaciones de otro ordenamiento, y máxime uno tan alejado del español como es el estadounidense. Pues bien, la autora consigue que el lector pueda adquirir una comprensión cabal de las instituciones básicas, los problemas jurídicos así como las distintas tesis o teorías que se exponen y de las cuales depende la solución adoptada. Así, por ejemplo, en el capítulo primero se exponen las teorías existentes sobre la naturaleza jurídica de la suspensión del derecho de habeas corpus.

2.- Narración fría de los hechos acaecidos. Con carácter previo a entrar de lleno en el núcleo principal del libro, la autora nos expone fríamente el acontecer fáctico de las medidas adoptadas tras los atentados del once de septiembre por cada una de las autoridades federales. No se renuncia a efectuar una valoración o toma de postura sobre éstas, pero siempre subordinada a una narración objetiva. Queda, de todas formas, claro que el intento presidencial de sustraer las medidas adoptadas en la lucha contra el terrorismo no carecía de precedentes (desde Lincoln a Truman existieron conflictos entre Congreso, Presidencia y Tribunales acerca de las competencias de cada uno de los poderes de la federación) y que el núcleo básico de la controversia jurídica radicaba en la extensión de las facultades o prerrogativas presidenciales, en concreto de la cláusula presidencial referente a las prerrogativas como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas así como de la mucho más sinuosa de los poderes implícitos, en la que pretendió ampararse George Bush a instancia de la Oficina de Asesoramiento Legal (Office of Legal Counsel).

3.- Exposición del conflicto entre los tres poderes. Lo que inicialmente fue un conflicto entre dos de los poderes (el judicial y el presidencial) se convierte a partir de 2006 en un trío con la intervención del Congreso, hasta entonces silente. Cuando las cámaras legislativas, tras un lustro de silencio deciden intervenir mediante la adopción de medidas legales tendentes a apoyar la lucha presidencial, la hasta entonces lucha a dos se convierte en conflicto a tres bandas, que da lugar al caso Boumediene v. Bush, objeto de un profundo y lúcido análisis en la presente obra.

Con todo lo anteriormente expuesto el lector, incluso el lego en Derecho, puede hacerse una cabal idea del conflicto jurídico planteado en este decisivo periodo de la historia americana, donde el legítimo deseo de proteger la seguridad de la nación chocó con los derechos de los ciudadanos debido a un exceso presidencial no en cuanto a los medios utilizados, sino en cuanto a la forma de hacerlo. Y las lecciones que uno aprende de este libro pueden sintetizarse en dos ideas básicas:

1.- El intento de expandir las facultades presidenciales en etapas de conflicto no son exclusivas de la presidencia de George W. Bush. Alguien tan intocable por la historiografía como el presidente Abraham Lincoln se vio desautorizado en un par de ocasiones por la judicatura federal. La primera, cuando invocando sus potestades como Comandante en Jefe autorizó por simple orden presidencial al general Scott para que si lo estimase necesario suspendiese el derecho de habeas corpus. Ello dio lugar al caso Ex parte Merryman, donde el chief justice Roger B. Taney, actuando como juez de circuito, dejó bien claro que tal facultad no correspondía al Presidente, sino al Congreso; y aunque Lincoln hizo caso omiso a dicha resolución, lo cierto es que el legislativo federal dio por bueno el razonamiento a posteriori, aprobando en 1863 una ley que autorizaba al presidente a acordar dicha suspensión. La segunda, cuando en 1864 inició la práctica de enjuiciar a los civiles en Tribunales militares, algo que fue desautorizado nuevamente, en esta ocasión por el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Ex parte Milligan. De esta última sentencia, de la que fue ponente el juez David Davis (por cierto, jefe de campaña de Lincoln y que había llegado a la cúspide de la judicatura de la mano de su asesorado) destaca una frase demoledora para las tesis presidenciales: “La Constitución de los Estados Unidos es una norma para gobernantes y gobernados, tanto en la guerra como en la paz, y protege con su escudo a toda clase de hombres, en cualquier tiempo y bajo todas las circunstancias. Ninguna doctrina tiene efectos más perniciosos que aquellas según la cual las previsiones constitucionales pueden suspenderse por el gobierno bajo determinados supuestos. Dicha tesis conduce directamente a la anarquía o al despotismo, pero la teoría de la necesidad en la que se basa es falsa, dado que el gobierno, en el marco constitucional, ostenta todas las facultades precisas para garantizar su existencia, como felizmente ha demostrado el resultado del gran esfuerzo realizado para combatir a quienes la rechazaban”. Pero no sólo fue el republicano Lincoln, sino los demócratas Franklin D. Roosevelt o Harry S. Truman quienes invocando sus facultades presidenciales hicieron uso de la misma en tiempos de conflicto bélico. Truman incluso invocó sus poderes presidenciales para expropiar, en plena guerra de Corea, unas acerías que habían visto paralizada su actividad debido a una huelga de trabajadores. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos desautorizó al presidente en el caso Youngstown Sheet & Tube Co v. Sawyer.

2.- La situación existente bajo el presidente Bush no ha cambiado con su sucesor, Barack Obama. Lo del presidente Obama es, realmente, de escándalo en nuestro país. La prensa le ensalza hasta extremos rayanos en lo ridículo, de igual forma que en octubre de 2009 (es decir, cuando apenas llevaba nueve meses de ejercicio efectivo en el cargo) le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz. Pues bien, en el libro comentado podemos ver que Yolanda Gómez Lugo, tras exponer las medidas adoptadas por Obama en la lucha contra el terrorismo (que sería injusto decir que no supusieron un cambio, pero que no llegaron ni con mucho a alcanzar las promesas efectuadas en la campaña electoral) llega a la siguiente conclusión: “En mi opinión, el Presidente Obama da un giro de ciento ochenta grados en el diseño de su política antiterrorista apartándose de su planteamiento inicial en el que había anunciado el cierre de la prisión militar de Guantánamo, y según el cual parecía haber optado por el sistema de justicia penal frente a la alternativa del modelo militar de detención y enjuiciamiento aplicable a los prisioneros en Guantánamo. Por el contrario, al ordenar este proceso de revisiones periódicas de los detenidos conforme al derecho de guerra e invocar la AUMF como fuente de autoridad para ordenar la creación de tribunales militares, la Administración apuesta claramente por el modelo de justicia militar para tratar jurídicamente a los beligerantes enemigos sin privilegios y defender la seguridad nacional, frente al sistema penal por el que inicialmente se decantó. Desde esta óptica, parece que la política antiterrorista del actual Gobierno norteamericano es bastante similar a la estrategia seguida en el pasado por el Presidente George W. Bush basada en la militarización de la lucha contra el terrorismo y el ejercicio de poderes presidenciales si bien desde la perspectiva jurídica es posible apreciar un elemento que aparta la gestión seguida por ambos ejecutivos. Efectivamente, a diferencia de la Administración anterior, la actual dispone de un marco legal aprobado expresamente por el Congreso que autoriza al presidente para proceder a las detenciones militares sine die y ordenar el enjuiciamiento de los prisioneros mediante comisiones militares.” Autorización que genéricamente existía desde septiembre del año 2001 (la Autorization Use of Militari Force –AUMF- invocada tanto por Bush como por Obama) y específicamente desde el 2006 (normativa anulada parcialmente por el Tribunal Supremo en el caso Boumediene v. Bush y que el Congreso aprobó nuevamente respetando el marco establecido en dicho leading case).

Quizá la única objeción que se pueda plantear a este importante libro sea no explicar, siquiera de forma resumida, la composición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de la que la autora se limita a indicar que era “mayoritariamente republicana”. No obstante convendría haber puntualizado que de los siete magistrados nombrados por mandatarios republicanos, dos de ellos (John Paul Stevens y David Souter) ya habían girado a posturas más liberales previamente al año 2000, y tras el polémico caso Bush v. Gore, otros dos (Sandra Day O´Connor y Anthony Kennedy) se inclinaron igualmente a posturas más liberales. De hecho, Jeffrey Toobin sostiene que gran parte de las sentencias de los denominados Guantanamo cases se deben a la profunda decepción que Sandra Day O´Connor experimentó respecto a George Bush y su primer attorney general, John Ashcroft. Hubiera sido igualmente deseable que se enunciara siquiera el caso Al-Kidd v. Ashcroft, donde se planteó el tema de la responsabilidad derivada del uso indiscriminado de los mecanismos de lucha contra el terrorismo para la práctica de detenciones indiscriminadas. No obstante, estos dos mínimos “peros” no empequeñecen la magnífica obra que hemos glosado en este post.

Una última cuestión. En el año 1998, el entonces chief justice William H. Rehnquist sacaba al mercado editorial su obra All the laws but one: civil liberties in wartime, estudio histórico-jurídico que abordaba los conflictos entre medidas presidenciales en tiempos de conflicto bélico y derechos individuales. No podía imaginar Rehnquist que en los últimos años de su mandato al frente del Tribunal Supremo se escribiría con letras de molde un capítulo más en ese eterno conflicto entre seguridad y libertad que se plantea en épocas de conflicto. Aunque no deja de ser curioso que unos años atrás, en 1992, el mismo Rehnquist escribiese otro estudio titulado Great Inquest y dedicado a analizar los procedimientos de impeachment que el Senado norteamericano efectuó al juez Salmon P. Chase (en 1804) y al presidente Andrew Johnson (en 1868), sin que por entonces el autor de dicho estudio pudiese imaginar que él mismo presidiría en 1998 el procedimiento de impeachment frente al presidente William Jefferson Clinton.

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