INTERRUMPIR EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS A VOCES COMO PROTESTA NO ES UN EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

Tráfico

En el interesantísimo diálogo epistolar que mantienen Tomás Ramón Fernández y Alejandro Nieto, dos pesos pesados del Derecho Administrativo español, y que sirvió de base para el magnífico libro El derecho y el revés: diálogo epistolar sobre leyes, abogados y jueces, el segundo de los autores citados mantiene que el papel del abogado no radica en la búsqueda de la Justicia (con mayúsculas) sino en la defensa de los intereses de su cliente, lo que implica que su obligación no sólo profesional sino deontológica es orientar los hechos para presentarlos ante el juez de la forma más óptima para su defendido de igual manera que su análisis normativo lo presidirá estará presidido por la máxima de bucear en el ordenamiento jurídico para buscar los preceptos que permitan una resolución judicial lo más beneficiosa posible a los intereses a que los que sirve y por los cuales será retribuido. Esta natural parcialidad en la óptica tanto del análisis fáctico como jurídico que realiza el abogado no sólo es lógica, sino comprensible por cualquiera que se dedique a la práctica cotidiana de la abogacía. Ahora bien, con ser ello cierto, esa defensa a ultranza del cliente no puede conducir a realizar manifestaciones contrarias al más elemental sentido común y que no sólo un jurista práctico, sino un simple lego en Derecho rechazaría de plano.

Vienen las anteriores consideraciones a raíz del curioso supuesto resuelto por la Sentencia 96/2015 de 3 de junio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón dictada en autos de Procedimiento Abreviado 43/2015, que se enfrenta a la impugnación realizada por un particular frente a la desestimación por silencio del recurso de reposición interpuesto contra una resolución municipal que le había impuesto una multa de 200 euros por “perturbar el descanso y la tranquilidad de los vecinos y viandantes mediante cantos, gritos, peleas, llamadas indiscriminadas a timbres o cualquier otro acto molesto o similar. Dar grandes voces y circular por el medio de la calzada parando el tráfico de vehículos”, precisando que en el caso concreto la multa pecuniaria se había impuesto debido a que “en el caso de autos, la actuación del actor según se hace constar en la denuncia consistió en dar grandes voces y circular por el medio de la calzada parando el tráfico de vehículos. Estos hechos fueron ratificados en el informe emitido por el agente denunciante en el que señaló que el denunciado tuvo que ser requerido en varias ocasiones para que cesase en su comportamiento molesto tanto a los peatones como al tráfico rodado que había en el lugar.” Sanción que se había impuesto en estricta aplicación del artículo 41.b) de la Ordenanza Municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales, precepto según el cual “El comportamiento de los ciudadanos en la vía pública y zonas de pública concurrencia y en los vehículos de servicio público debe mantenerse dentro de los límites de la buena convivencia ciudadana. En especial, y salvo autorización municipal, no está permitido perturbar el descanso y la tranquilidad mediante cantos, gritos, peleas, llamadas indiscriminadas a timbres que perturben la tranquilidad de los vecinos o cualquier otro acto molesto similar.” Y conste que si he definido el caso como “curioso” no se debe a la normativa aplicable, a la conducta sancionada o a los razonamientos de la sentencia, sino a la peculiar línea defensiva esgrimida en esta ocasión por la defensa de la parte actora.

Y es que se podrá estar de acuerdo o no con la prevención contenida en dicha ordenanza, pero mientras haya sido publicada oficialmente es una norma plenamente aplicable, frente a la cual únicamente caben dentro del ordenamiento jurídico dos vías reaccionales: o la impugnación directa del precepto en cuestión dentro del plazo de dos meses desde su aprobación, lo que se dilucidaría mediante un procedimiento ordinario en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, dado que estamos ante una disposición general emanada de la entidad local (artículo 10.1.b de la Ley 29/1998) o la impugnación indirecta a través del cuestionamiento de su legalidad o constitucionalidad de dicho precepto cuando se recurra en vía judicial un acto concreto de aplicación (artículo 26.2 de la Ley 29/1998). Ahora bien, lo que entiendo no cabe es alegar, frente a una sanción impuesta a consecuencia de la realización de conductas incursas en dicho tipo infractor, oponer lo que el sancionado en el caso que comentamos opuso en vía judicial para justificar su actuación, que no fue otra cosa que, agárrense…..¡esgrimir la libertad de expresión!. El fundamento jurídico primero de la sentencia (que, siguiendo la incorrecta práctica habitual y cotidiana de los juzgados de este orden jurisdiccional, contiene en realidad un resumen fáctico), expone los argumentos del demandante: “señala que gritar en la vía pública es un acto que perturba el descanso y la tranquilidad, pero que en este caso está justificada cuando lo que se ejercita es un derecho fundamental contenido en el art. 20 CE, invocando asimismo el art. 21. Se indica que el día en que supuestamente se cometió la infracción […] se encontraba manifestando su malestar ante la negativa por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de reconocerle beneficiario de la renta activa de inserción, encontrándose en la más absoluta pobreza, viviendo de la caridad y sin poder hacer frente al alquiler social de Vipasa, con el miedo de verse de nuevo en la calle, es por ello que quiso hacer partícipe de su situación a la sociedad. Se añade que su conducta no resultó antisocial, sino que consistió en poner en conocimiento de la gente que circulaba por la vía pública su situación desesperada de indigencia provocada por un desempleo de larga duración y la ausencia de recuso económico alguno”.

Pretender que el ejercicio de libertad de expresión justifica que una persona pueda caminar por medio de la calzada entorpeciendo el tráfico de vehículos no sólo es rechazable por reducción al absurdo, sino porque de aceptarlo ello nos llevaría al caos más absoluto. Personas en la misma situación que el sancionado hay a miles en este país, y no todas se dedican a invadir calzadas y a molestar a los demás. Pero es que si todas procediesen de la misma manera que el demandante en este asunto la convivencia en este país sería absolutamente imposible, dado que todas las personas que se encuentren en una situación delicada o que simplemente sufran un agravio injusto e injustificado se dedicarían a hacer lo mismo. En este sentido, el juzgador razona de forma impecable en el fundamento jurídico segundo de la sentencia que el derecho de libertad de expresión no fue conculcado en este supuesto, porque el mismo no es un derecho de carácter ilimitado. Transcribimos este párrafo esencial de la sentencia: “Por tanto la resolución recurrida no menoscaba el derecho a la libertad de expresión del actor. Es clara la facultad del recurrente de emitir opiniones sobre su situación económica. Sin embargo su actuación fue más allá, incidiendo su comportamiento sobre otras personas y sobre los vehículos que transitaban por la calzada en la que se introdujo, afectando su actuación a la seguridad vial de dichos vehículos, ya que tuvieron que detenerse (parando el tráfico de vehículos, se dice en la denuncia). El derecho a la libertad de expresión no es un derecho ilimitado, sino que halla su límite en los demás derechos e intereses constitucionalmente reconocidos (art. 20.4 CE) y entre tales derechos se encuentra el derecho a la seguridad (art. 17.1 CE) y más en concreto a la seguridad vial, en orden a prevenir los accidentes de tráfico, que pueden llegar a afectar a la vida e integridad física de las personas, (art. 15 CE). La actuación persistente del actor en su comportamiento, según se desprende del informe reseñado, que tiene carácter probatorio (art. 137.3 de la ley 30/92), produjo molestias a los peatones y al tráfico rodado, conllevando, de forma inherente un riesgo de posibles accidentes, ante su imprevista presencia en la calzada, por lo que, insistimos, no se constata en el caso la vulneración del derecho a la libertad de expresión.”

Ha de recordarse que la reciente Sentencia 177/2015 de 22 de junio del Pleno del Tribunal Constitucional recuerda en su fundamento jurídico primero que “el derecho a libertad de expresión no es, en suma, un derecho fundamental absoluto e ilimitado, sino que tiene lógicamente, como todos los demás, sus límites, de manera que cualquier expresión no merece, por el simple hecho de serlo, protección constitucional”, si bien a continuación delega básicamente en los jueces de instancia valorar, en atención a las circunstancias del caso concreto, si la conducta enjuiciada puede en efecto ser amparada por la libertad de expresión o no (“Así las cosas, el órgano judicial debe valorar, como cuestión previa a la aplicación del tipo penal y atendiendo siempre a las circunstancias concurrentes en el caso concreto, si la conducta que enjuicia constituye un ejercicio lícito del derecho fundamental a la libertad de expresión y, en consecuencia, se justifica por el valor predominante de la libertad de expresión”.) Y parece evidente que en el caso sometido a revisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón, ni aun forzando hasta extremos inimaginables la interpretación extensiva del derecho constitucional consagrado en el artículo 20 de nuestra norma fundamental puede sostenerse con un mínimo de seriedad y rigor que el caminar individualmente por medio de la carretera entorpeciendo el tránsito de vehículos se ampara en la libertad de expresión. Porque, con el mismo razonamiento, pudiera ocurrir que cuando ese mismo ciudadano invocante de la libertad de expresión se encontrase deglutiendo una hamburguesa, cachopo o cualquier producto cárnico otro ciudadano se lo quitase de las manos y lo arrojase al cubo de la basura invocando la “libertad de expresión” dado que con ello simplemente manifestaba su protesta por la matanza de ganado vacuno y defendiendo el régimen de ingesta vegetariana.

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