SOBRE DEMANDAS, CONTESTACIONES Y SENTENCIAS.

Justicia

La demanda es el acto procesal básico del proceso, no sólo en cuanto iniciador del mismo, sino en cuanto en el mismo se articula la pretensión a la que habrá de oponerse o allanarse el demandado. En este sentido, como bien indican José Ramón Chaves García y María Dolores Galindo Gil en su reciente e imprescindible Diccionario jurisprudencial del proceso contencioso-administrativo al analizar la doctrina de los Tribunales en relación a este acto procesal, el mismo “delimita el escenario de lucha pues se precisa quién acude al juez contencioso, con qué razón y qué se solicita. La demanda formaliza la pretensión y constituye la relación procesal con exposición de hechos y fundamentos de derecho.

Por ello, el artículo 399.1 de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, impone una serie de requisitos formales que ha de tener todo escrito de demanda: consignar los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados, exponer numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho y fijar con claridad y precisión lo que se pide. Es muy importante en este aspecto retener lo que en relación a los hechos dispone el artículo 399.3 de la Ley 1/2000: “Los hechos se narrarán de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar. Con igual orden y claridad se expresarán los documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que fundamenten la pretensiones y, finalmente, se formularán valoraciones o razonamientos sobre éstos, si parecen convenientes para el derecho del litigante.” Es decir, que se impone una narración clara, ordenada y sistemática de los hechos (lo que no implica necesariamente una desmedida extensión o descender a minucias o detalles irrelevantes) que no sólo tiene como finalidad “facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar”, sino que el órgano judicial que haya de resolver pueda hacerse una cabal idea de los hechos que son admitidos (y, por tanto, exentos de prueba), los controvertidos e incluso, los que expuestos en el escrito de demanda o contestación, pueden ser irrelevantes a los efectos de resolver el asunto concreto enjuiciado. En el orden contencioso-administrativo nada se estipula en cuanto a requisitos formales de la demanda, sin perjuicio de lo cual no sólo podría sostenerse la aplicación supletoria del artículo 399 de la Ley 1/2000 por mor de la Disposición final primera de la Ley 29/1998, sino por un simple ejercicio del sentido común, puesto que mal va a poder un juez o magistrado enjuiciar un asunto si los hechos no se exponen o son narrados de forma confusa y deficiente. Y si bien es cierto que, como exponen Chaves García y Galindo Gil, una demanda defectuosamente presentada por falta de claridad en los hechos o en los fundamentos jurídicos puede conllevar bien a un sobreseimiento por defecto legal en el modo de proponer la demanda (por aplicación supletoria del artículo 424 de la Ley 1/2000, si bien únicamente en casos extremos) o bien una desestimación si, aun mediando una confusa o irregular exposición, se permite conocer mínimamente lo pretendido y las circunstancias en base a las cuales se pide. Por ello, quien esto suscribe siempre que se ve en la obligación de interponer una demanda o un acto iniciador de un procedimiento (ya sea éste civil, contencioso o laboral) siempre trata de precisar con claridad y en párrafos separados y ordenados cronológicamente los hechos en que se basa su pretensión, manteniendo (o, cuando menos, tratando de hacerlo lo mejor posible) la separación entre hechos y fundamentos de derecho.

Lo más difícil es iniciar un caso de la nada, dado que ello precisa un trabajo de campo que desgraciadamente no siempre los órganos judiciales valoran si es que llegan a percatarse del mismo, cosa que, por cierto, no es frecuente. Y es que tras la redacción de una demanda existe una previa labor de arado, siembra, regado, recolecta y poda. En efecto, de la exposición inicial que hace el cliente así como de los documentos que éste le aporte el letrado deberá recopilar todos los que afecten al caso y descartar los superfluos o irrelevantes, ordenarlos cronológicamente, estudiarlos, analizar a fondo los mismos, en determinados casos incluso efectuar una pequeña labor de investigación adicional y una vez efectuado todo ello construir el armazón del caso mediante una exposición de los hechos a la que se tratará de subsumir en un precepto legal concreto que ampare las pretensiones del cliente.

En el orden contencioso-administrativo la Administración comparece en lo que Jesús González Pérez califica de “más cómoda posición de demandada.” En efecto, la Administración no parte de cero, sino que tiene delante un escrito de demanda que es un edificio ya articulado, que podrá ser acertado o no, pero que está ya plenamente elaborado. Por ello, cuando la demanda rectora de un procedimiento contencioso-administrativo cumple los requisitos del artículo 399 de la Ley 1/2000, personalmente considero una auténtica falta de respeto que los defensores de la Administración demandada incluyan la típica cláusula “se niegan los hechos en todo lo que contradigan o se aparten del expediente administrativo.” Y ello porque cuando los hechos están debidamente separados y numerados, en nada cuesta al demandado indicar si está conforme o no con cada uno de los hechos concretos expuestos en la demanda. De igual manera que otro de los vicios que tienen algunos de los defensores de la Administración estatal es la de firmar sus escritos simplemente estampando una rúbrica bajo la expresión “el Abogado del Estado”, lo cual en principio es irregular dado que, en primer lugar, no existe un único Abogado del Estado y en segundo lugar, al no consignar nombres y apellidos, no se permite verificar si quien estampa su rúbrica en la demanda es, en efecto, una persona integrante del Cuerpo de Abogados del Estado. Se podrá objetar que esta es una interpretación excesivamente rigurosa, pero al igual que uno no puede firmar una demanda haciendo constar que lo hace “un colegiado del Colegio de Abogados/ Procuradores de—X” (dado que ello supondría de forma inmediata y lógica que el órgano jurisdiccional reaccionase otorgando un plazo para subsanar la omisión identificando el letrado/procurador en concreto que firma la demanda), sino que ha de indicar su nombre y apellidos y número de colegiado, lo mismo sería exigible a quienes acuden en defensa de los entes públicos.

Y en cuanto a las resoluciones judiciales, lo mismo cabría decir de las sentencias, que en el noventa por ciento de los casos no respetan lo dispuesto en el artículo 248.3 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, uno de los preceptos más sistemáticamente vulnerados por los órganos judiciales hasta el punto de haberse convertido en una especie de muerto en vida (muerto, porque hace tiempo que la práctica lo ha enterrado; vivo porque formalmente el precepto no ha sido derogado. El precepto en cuestión dispone que “Las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo.” Desafío a cualquier jurista a que encuentre una sola sentencia del orden contencioso-administrativo que contenga un apartado dedicado a “hechos probados”, aunque bien es cierto que este punto en concreto no es de existencia obligatoria al precisar el texto legal “en su caso”. Pero mantengo el desafío en otro punto: que verifiquen cuantas son las resoluciones judiciales con forma de sentencia que comienzan el primer fundamento jurídico haciendo un resumen fáctico que, por tanto, en puridad debiera constar en el apartado “antecedentes de hecho.” Veamos un ejemplo concreto y del más alto órgano judicial de nuestro país. La Sentencia de 26 de marzo de 2015 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso número 491/2013 (cuyo divertido fondo del asunto analizaremos en otro post dado que confirma la sanción de un año de suspensión de funciones impuesta al que la prensa ha calificado de “juez más vago de España”) dedica más de la mitad de los fundamentos jurídicos en concreto, del segundo al quinto reproducir los hechos declarados probados y el razonamiento jurídico esgrimido en el Acuerdo impugnado así como las argumentaciones tanto del demandante como del demandado, cuestiones éstas que en puridad son más hechos o antecedentes de hecho que razonamientos propiamente jurídicos. Contrástese esta ausencia de formalidad con la Sentencia de 26 de junio de 2015 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictada en el caso Obergefell v. Hodges (los cinco primeros folios no son propiamente de la sentencia, sino un resumen de la doctrina que no es redactado por los jueces, pero que antecede a toda sentencia publicada; la extensión de la sentencia en este caso, aun descontando esos cinco folios iniciales, se debe a que hubo nada menos que cuatro votos particulares)

En definitiva, que tanto demandantes, como demandados y jueces deben, en sus respectivos escritos, mantener ese equilibrio necesario entre resumen fáctico, razonamiento jurídico y parte dispositiva (suplico/fallo). Algo que, por desgracia, cada vez es menos frecuente. La Justicia es ciega, en ocasiones por culpa de las partes, es cierto, pero también justo es decir que existen ocasiones en que quienes hablan en su nombre parecen regodearse en hacerla tartamuda.

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