EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE NUNCA EXISTIÓ. EL MISTERIOSO ACUERDO DE 22 DE OCTUBRE DE 2015 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CGPJ.

Perplejidad

En el año 1956 el director Ronald Nieme se encargaba de llevar a la gran pantalla una historia verídica acaecida durante la Segunda Guerra Mundial. Con el título El hombre que nunca existió, narró de forma espléndida lo que los servicios secretos británicos bautizaron con el nombre de operation mincemeat (o “carne picada”) que no era otra cosa sino una gigantesca maniobra de distracción para evitar que el alto mando militar alemán alejase las miradas de la isla de Sicilia, lugar escogido para el desembarco de las tropas aliadas en el año 1943. La puesta en escena fue realmente brillante. Se arrojó a las aguas de Huelva un cadáver junto con una maleta de documentación que contenía no sólo la presunta identidad de la víctima (se trataba, según la misma del comandante Martin, de la Royal Navy) sino una documentación con visos de ser auténtica según la cual el desembarco aliado tendría lugar en Córcega o Cerdeña. El episodio fue orquestado por el capitán Ewen Montagu, oficial de inteligencia naval, y logró plenamente su objetivo: engañar plenamente al enemigo haciéndole tomar por cierto lo que no era sino una mascarada.

Viene el anterior excursus como anillo al dedo para entender el extrañísimo caso que ha tenido como protagonista al Consejo General del Poder Judicial y que en su desarrollo parece evocar el clásico episodio de espionaje británico del “hombre que nunca existió”. El Boletín Oficial del Estado del jueves día 12 de diciembre de 2015 publica dentro de la Sección de Autoridades y Personal, en el apartado oposiciones y concursos, el Acuerdo de 22 de octubre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de plaza de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, correspondiente al turno de abogados y juristas de reconocida competencia. Según consta en dicho acto administrativo, “la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día de la fecha, ha acordado anunciar una plaza de magistrado vacante en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, correspondiente al turno de Abogados y otros juristas de reconocida competencia. La plaza que se anuncia es de nombramiento discrecional y carácter jurisdiccional”, para a continuación detallar las bases que han de regir el proceso. Hasta aquí, nada excepcional. Pero lo realmente extraño ocurre al día siguiente, es decir, hoy viernes día 13 de noviembre de 2015, cuando se publica el Acuerdo de 12 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se deja sin efecto el Acuerdo de 22 de octubre de 2015, por el que se convoca la provisión de plaza de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, correspondiente al turno de abogados y juristas de reconocida competencia. Una rectificación adoptada con tanta celeridad forzosamente llama la atención, pero el estupor llega a límites insospechados cuando el atónito lector puede comprobar que la argumentación de este último acuerdo es la siguiente: “Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo de la Comisión Permanente de 12 de noviembre de 2015 por el que se deja sin efecto, por inexistente, el Acuerdo de 22 de octubre de 2015 que aparece publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviembre (epígrafe 12216) por el que se convoca la provisión de plaza de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, correspondiente al turno de abogados y juristas de reconocida competencia, disponiendo la cesación de esa apariencia mediante la publicación del presente acuerdo, rectificándose así el error producido con la publicación” (el subrayado es nuestro).

Bien, analicemos detalladamente el último de los Acuerdos, que es un auténtico atentado bien a la teoría básica del acto administrativo o bien a las más elementales reglas de la gramática castellana. Partamos de las reglas de interpretación del artículo 3.1 del Código Civil, según el cual prima la interpretación literal (“según el sentido propio de sus palabras”) de cualquier norma o precepto. Pues bien, según dicha interpretación, el Acuerdo de 12 de noviembre de 2015 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial deja sin efecto el Acuerdo de 22 de octubre de 2015, y la razón de que lo deje sin efecto es porque este último no existe (“por inexistente”). Extraño motivo, porque mal va a dejarse sin efecto algo que no existe. Cabe, en efecto, la revocación de los actos administrativos, de oficio o a instancia de parte, o simplemente que se dejen sin efecto. Es más, incluso la doctrina administrativa ha llegado a hablar de la “inexistencia” como una de las categorías de las nulidades de los actos. Así, por ejemplo, en el primer volumen del Curso de Derecho Administrativo de los profesores Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández se indica lo siguiente: “A estas dos categorías básicas [la nulidad y la anulabilidad] suele unirse una tercera, la inexistencia del acto. Su reconocimiento, que ha sido y es causa de polémica, responde a una razón –y a una necesidad- muy concreta. La Ley no suele hacer referencia a ciertos requisitos de los actos cuando se trata de exigencias verdaderamente elementales, obvias y evidentes. Si tales requisitos llegan a faltar en algún caso, el intento de sancionar su ausencia tropezaría con la vieja regla pas de nullité sans texte (no hay nulidad sin norma que expresamente la establezca.) Justamente para superar este obstáculo, que impediría eliminar actos o negocios rigorusamente inadmisibles, se dice que el acto al que faltan algunos de estos requisitos, más que un acto nulo, es inexistente como tal acto, ya que ni siquiera puede decirse que tenga apariencia de tal. Por lo demás, el acto inexistente puede ser pura y simplemente desconocido, sin que sea necesario acudir al juez, como puede serlo en ciertos casos cuando se trata de actos nulos de pleno derecho, ya que en estos últimos hay, al menos, una apariencia de acto que puede ser conveniente destruir.” Ahora bien, lo que no cabe duda, y así lo deja explicitado el ilustre maestro de administrativistas, es que en los supuestos de inexistencia no cabe en modo alguno anular o dejar sin efecto el acto, porque mal puede anularse o dejarse sin efecto algo que no existe.

¿Cómo debemos, pues, interpretar esa expresión “se deja sin efecto, por inexistente”? ¿Qué es lo que no existe? Dejando de lado que no puede referirse al Acuerdo anulado (del que no puede precisar la inexistencia porque se identifica con fecha y órgano del que emana, y tener un contenido material tan concreto, específico y con un contenido material determinado y unas bases reguladoras detalladas), ¿Debemos entender que lo que no existe es la propia vacante cuya provisión era objeto de la convocatoria? De ser así, en el seno del Consejo General del Poder Judicial deberían tomarse de inmediato las medidas oportunas para que el redactor material del último de los actos administrativos publicados bien se sometiese a un reciclaje profesional en lo referente a la teoría de las nulidades de los actos administrativos o bien fuese obligado a someterse a un curso acelerado de lengua castellana.

En fin, que no deja de ser curioso este “Acuerdo que nunca existió” y que deja en el aire una inquietante pregunta. Si el “hombre que nunca existió” era una mascarada que tenía como objetivo engañar al alto mando alemán…..¿Cual es el objetivo último de este acto administrativo inexistente? Misterio digno de una película del mago del suspense.

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