PROFUNDIZAR EN LA DEMOCRACIA: IDEAS PARA LA REFORMA CONSTITUCIONAL A PARTIR DE UNA OBRA CLÁSICA DE HANS KELSEN.

Democracia

En el año 1920, el jurista austríaco Hans Kelsen publicaba una breve obra que, con el título Von Wesen und Wert der Demokratie (De la esencia y valor de la democracia) pretendía ser una enconada defensa del sistema parlamentario liberal-democrático. Lo cual era un notable mérito, pues en el contexto histórico en que se publicaron las dos ediciones de la obra (la primera, como hemos indicado, del año 1920 y la segunda nueve años más tarde) no era ni mucho menos propicio para una defensa del sistema liberal dado que todo parecía indicar que los sistemas parlamentarios del occidente europeo se batían en retirada ante el auge de los autoritarismos. Las heridas abiertas con el fin de la Gran Guerra que el Tratado de Versalles en vez de cauterizar infectó aún más, la aparición del totalitarismo soviético (la negación de la democracia desde la izquierda revolucionaria) y, a consecuencia de los dos anteriores y como reacción frente a los mismos, del fascismo italiano y del nacionalsocialismo alemán, no parecía ser el ambiente más idóneo para una defensa del sistema parlamentario. Pues bien, en el año 1920, el mismo año en el que se aprueba la Constitución austríaca (que tanto debe a Kelsen) aparece este breve tratado que se mueve entre la teoría jurídica y la ciencia política. Se trata de una obra breve, diez capítulos que apenas alcanzan las doscientas páginas, y que cuenta con una reciente traducción española debida a Juan Luís Requejo Pagés y publicada en la editorial asturiana KRK dentro de su colección “pensamiento”. El profesor Requejo es autor de un breve nota preliminar que conjuga a la perfección sincretismo y rigor pues, como debiera ser todo estudio introductorio, sin extenderse sobre el particular se limita a hacer unos breves apuntes sobre la historia de la obra glosada, el contexto histórico en el cual se elaboró la misma y apuntar brevemente las características principales de la obra y el objetivo último de Hans Kelsen con su redacción.

Pues bien, pese a que toda obra, máxime una de filosofía política o teoría general del Derecho es evidentemente fruto de unas coordenadas socio-temporales muy concretas, sin embargo paradójicamente esta Esencia y valor de la democracia pueden extraerse varias lecciones. Y dado que en plena precampaña electoral con vistas a las elecciones generales que se celebrarán el día 20 de diciembre casi todos los partidos hablan de reforma constitucional, convendría que los principales líderes leyeran esta obrita. Confieso que Hans Kelsen no es precisamente santo de mi devoción, más que nada porque fue este autor quien ideó un organismo, el Tribunal Constitucional, que al menos en nuestro país ha resultado desastroso. Pero la lectura de esta obra me ha deparado una serie de interesantísimas reflexiones, de las cuales me detengo exclusivamente en dos.

I.- Democracia, libertad y orden. Se trata de tres palabras que hoy en día, como ocurre con el amor en la célebre tonada, se han roto de tanto usarlas. Por una parte, se pretende calificar un régimen como democrático única y exclusivamente porque el Parlamento es elegido mediante sufragio universal, de igual manera que se ha tratado de contraponer democracia y libertad a orden. Pues bien, es un craso error. No hay libertad sin orden, y sin un sistema donde no esté garantizada la libertad mal podrá hablarse de democracia. Así, el propio Kelsen, nada sospechoso de ser contrario a la democracia, señala al inicio del primer capítulo de la obra (dedicado, precisamente, a la libertad) que: “A partir del supuesto de que somos –idealmente- iguales se puede derivar la exigencia de que nadie debe dominar a los demás. Sin embargo, la experiencia demuestra que si queremos ser realmente iguales tenemos que permitir que se nos domine.” Por desgracia, en nuestro país está cada vez más arraigado el anarquismo más feroz, aquel que invoca la libertad cuando se esgrime como escudo protector frente a un tercero pero del que se trata de abatir cuando quien lo esgrime es un tercero. Un ejemplo práctico: quien se divierte un sábado de madrugada dando voces en plena calle, invocará su derecho a divertirse frente al derecho al descanso de los vecinos; pero curiosamente esa misma persona será quien invoque el derecho al descanso y niegue el derecho a la diversión de terceros cuando, en plena resaca mañanera dominical, los sones de la banda municipal le impidan conciliar el sueño tras llegar a su domicilio a primeras horas de la mañana tras una velada jaranera. Por ello, como indica el propio Kelsen “Se ha de haber sociedad y Estado es necesario que exista un ordenamiento vinculante de la conducta recíproca de los hombres, que haya autoridad”. Y en cuanto a la democracia, ésta no puede limitarse a garantizar periódicamente el sufragio para la elección de miembros del Parlamento, pues como indica el pensador austríaco citando a Jean Jacques Rousseau al referirse al pueblo inglés: “sólo es libre durante la elección de los miembros del Parlamento; celebrada la elección, vive en la servidumbre y no es nada” (curiosamente, recuerdo haber leído una frase parecida del gran maestro de administrativistas, Jesús González Pérez, en uno de sus libros –no recuerdo en este momento cuál de ellos- pero venía a decir que el administrado era ciudadano un día cada cuatro años y súbdito el resto del tiempo). Lo cual lleva a la necesidad de profundizar en la esencia de la democracia.

II.- Correcciones democráticas del parlamentarismo. El capítulo IV lleva por título “la reforma del parlamentarismo” y tiene como objetivo expresar las tesis del autor para intentarlo “fortaleciendo el elemento democrático”, pues parte de la circunstancia para él incuestionable de que en el Estado moderno es impracticable la democracia directa, pero sí es posible corregir ciertas desviaciones o disfunciones del sistema parlamentario para potenciar el elemento democrático. Entre los instrumentos que Kelsen propone a los efectos de inyectar dosis masivas de democracia en el sistema parlamentario se encuentran tres.

1.- El referéndum: “Iría claramente en interés del propio principio parlamentario que los políticos profesionales –que hoy, precisamente, son parlamentarios- embridaran su comprensible aversión contra el instituto del plebiscito y no sólo admitiesen –como ya ha ocurrido en algunas constituciones modernas- el llamado referéndum constitucional, sino también un referéndum legislativo, si no preceptivo, al menos facultativo.”

2.- La iniciativa legislativa popular: “un determinado número de ciudadanos con derecho de sufragio puede presentar una proposición de ley a cuya tramitación procedimental viene obligado el Parlamento. También podría darse a esta institución más espacio que el que se le dispensa tanto en las Constituciones más antiguas como en las más modernas. Cabría facilitar técnicamente la tramitación de la pretensión popular disponiendo que la iniciativa no ha de incluir un proyecto de ley elaborado, sino sólo unas directrices generales. Si el electorado no puede dar instrucciones vinculantes a sus hombres de confianza en el parlamento, al menos debe existir la posibilidad de que del seno del pueblo nazcan sugerencias con arreglo a las cuales pueda orientar el Parlamento la dirección de su actividad legislativa.” Comparto en líneas generales esta tesis del gran jurista austríaco con una salvedad: la de que la iniciativa se limite a unas directrices generales. Pues parece claro que si a ello se limita la iniciativa, esta corre el riesgo de ser desnaturalizada cuando el Parlamento ponga en marcha la iniciativa concreta, pudiendo siempre argumentar, frente a posibles desviaciones respecto al espíritu de la iniciativa, que ésta se limitaba precisamente a unas “directrices generales”. Además, es evidente que la realidad política, económica y social es hoy en día mucho más compleja que a la que Kelsen tocó vivir.

3.- Control de los diputados por los electores y eliminación de las inmunidades parlamentarias. Confieso que la lectura de estas líneas me ha impresionado, porque abstrayéndose del contexto en el que se elaboraron, el lector no avisado podría creer provienen de un artículo de opinión publicado en los dos últimos años: “un cambio de pareceres continuo y garantizado por la ley entre los diputados y el electorado podría reconciliar a las masas con el principio parlamentario. La irresponsabilidad del diputado frente a sus electores, que sin duda es una de las causas principales del descontento que hoy existe contra la institución del Parlamento, no es, como ha creído la doctrina del Derecho público del siglo XIX, un elemento consustancial del sistema parlamentario.” Esta afirmación se ha demostrado que es válida en países como Gran Bretaña o Estados Unidos donde, existiendo una evidente organización de partidos, sin embargo existe una cercanía mayor entre diputado y electores, hasta el punto que a veces se rompe la disciplina de partido precisamente porque una medida impuesta por la formación puede ser perjudicial para los electores del representante, quien ante la disyuntiva lógicamente se inclinará más por los electores so pena de perder su asiento, toda vez que si la elección se verifica mediante un sistema de listas abiertas y distritos uninominales, evidentemente aunque no se pierda el favor del partido sí puede perderse el fervor ciudadano.

Pero, sobre todo, tras este razonamiento se incluye un párrafo que contiene la desautorización más rotunda del sistema de inmunidades del que gozan aún hoy los parlamentarios españoles, siendo absolutamente denigrante que en el año 1978 los constituyentes incluyesen el aforamiento y las prerrogativas de diputados y senadores cuando apenas medio siglo antes el gran jurista austríaco escribía lo siguiente: “Ante todo, debería suprimirse o cuando menos limitarse esa irresponsabilidad de los diputados que se denomina inmunidad y que no les protege frente a los electores, sino frente a las autoridades estatales y en particular frente a los Tribunales, y que desde siempre ha constituido un componente inquebrantable del sistema parlamentario. Que un diputado sólo pueda ser perseguido judicialmente por la comisión de un delito y, sobre todo, que sólo pueda ser detenido si el Parlamento lo autoriza, este privilegio, nacido en la época de la monarquía estamental, es decir, en la época del más crudo enfrentamiento entre el Parlamento y el Gobierno real, puede estar aún justificado en la época de la monarquía constitucional, cuando todavía existía, aunque en un sentido diferente, aquélla oposición entre el Parlamento y el Gobierno y no se había suprimido por completo –aunque ciertamente se había mitigado sustancialmente gracias al principio de la independencia de los Tribunales- el peligro de que los parlamentarios fueran privados de su oficio por un Gobierno que abusara de su poder. Pero en una república parlamentaria, donde el Gobierno no es más que una comisión del Parlamento y está sometido al control más incisivo de la oposición y del conjunto de la opinión pública, donde la independencia de los Tribunales no está menos garantizada que en la monarquía constitucional, no tiene ningún sentido querer proteger al Parlamento frente a su propio Gobierno […] No hay ningún supuesto que justifique ya este tipo de protección.”

Pues bien, cuando uno observa en pleno año 2015 las manifestaciones de los distintos grupos y formaciones políticas en lo que a la reforma constitucional se refiere, muy pocos profundizan en las ideas anteriores. Todas ellas se centran en medidas no voy a decir que innecesarias, porque utilidad tienen. Es evidente que el Senado pide a gritos su reforma (para convertirse en una auténtica Cámara de representación territorial) o su supresión; es evidente que instituciones como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional están pidiendo a gritos su jubilación al no haber cumplido los objetivos para los que fueron creados, de igual manera que hay otras instituciones que deberían ser definitivamente enterradas por la inanidad en la que se mueven, como el Defensor del Pueblo. Pero no he visto a ninguna formación profundizar en los aspectos ya indicados por Kelsen en 1920. No he visto que a ninguna formación le preocupe reformar la iniciativa legislativa popular para ampliar los supuestos en que es posible y hacerla más eficaz obligando a las Cámaras a tramitarla (y, por tanto, vetando expresamente la facultad de la Cámara de negarse a tomarla en consideración). De igual manera que no he visto tampoco que a nadie interese plasmar constitucionalmente la posibilidad de introducir el referéndum para la aprobación de determinadas leyes, como, por cierto, sí existía en el franquismo, aunque no se hiciese uso de él más que en dos ocasiones.

Una última consideración. Si a principios de los años noventa del siglo XX, cuando quien suscribe se encontraba cursando su primer año de la carrera de Derecho, alguien le hubiese dicho que veinte años después iba a adentrarse voluntariamente en la lectura de una obra de Hans Kelsen, seguramente el redactor de estas líneas hubiese pensado que el autor de tal afirmación no se encontraba en sus cabales. Y ello porque ese año, precisamente, en la asignatura “Teoría del Derecho y metodología jurídica” el catedrático de la asignatura pretendió inocularnos el pensamiento kelseniano con un libro sobre el tema del que, por esas casualidades de la vida, el catedrático (que comparte nombre y apellido con un célebre –por nada honrosas circunstancias- ex director general de la Benemérita) era autor; libro, por cierto, de lectura bastante indigesta y que poco o nada inducía a sumergirse en su lectura. Siempre he dicho que un buen docente no precisa de animar al alumno al estudio, porque si el profesor imparte la asignatura de una forma amena y, sobre todo, haciéndola verdaderamente interesante al destinatario de la docencia, sabrá despertar la curiosidad del alumno y que sea éste quien busque por su cuenta reforzar e incluso ampliar los conocimientos adquiridos en el aula mediante lecturas complementarias. Confieso que eso me sucedió cuando tuve la suerte de contar como profesores con auténticos maestros como Joaquín Varela Suanzes, Leopoldo Tolivar Alas o Joaquín García Murcia. Desgraciadamente, junto a estos auténticos maestros en el más amplio sentido de la palabra, existía algún que otro personajillo como el catedrático de Teoría del Derecho que, demostró (al menos pude comprobarlo personalmente en dos ocasiones –no en carne propia, sino como testigo de su comportamiento con otro compañero de estudios, a quien escarneció en público en una de sus poco recomendables “clases”-) que si como profesor era bastante malo, como persona era infinitamente peor que como docente.

 

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de Monsieur de Villefort Publicado en Política

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