REAL DECRETO 1065/2015. BREVES COMENTARIOS AL DESARROLLO REGLAMENTARIO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN JUDICIAL TELEMÁTICA.

Expediente judicial electrónico

El Boletín Oficial del Estado de hoy día 1 de diciembre de 2015 publica el Real Decreto 1065/2015 de 27 de noviembre sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema Lexnet. Se trata de un texto relativamente breve (una exposición de motivos de dos páginas, veinticinco artículos divididos en cuatro capítulos, tres Disposiciones adicionales, tres Disposiciones transitorias, una Disposición derogatoria y cuatro Disposiciones finales así como cuatro anexos) que en total ocupan dieciocho folios por una sola cara. El objetivo de esta disposición reglamentaria es desarrollar las previsiones de la Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de información y comunicación en la Administración de Justicia y, sobre todo, a las previsiones de la reciente Ley 42/2015 de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, de ahí que en coherencia con lo dispuesto en el último texto legal citado, se fije como fecha de entrada en vigor “para los órganos judiciales y fiscales y para los profesionales de la justicia” el día 1 de enero de 2016 (Disposición final cuarta 1), si bien para el resto de ciudadanos “que no estén representados o asistidos por profesionales de la justicia y opten por el uso de los medios electrónicos para comunicarse con la Administración de la justicia y para aquéllos que vengan obligados conforme a las leyes o reglamentos” la entrada en vigor se demora un año más, en concreto hasta el día 1 de enero de 2017.

Esta norma reglamentaria así como las leyes que desarrolla (la Ley 18/2011 y, sobre todo, la Ley 42/2015) va a coger a muchos profesionales, pero también a muchos empleados públicos de la Administración de Justicia con el pie cambiado. Porque, a partir de ahora, todos los escritos que dirigidos a o emanados de de la Administración de Justicia han de revestir formato electrónico. Conviene tener en cuenta un dato esencial: esa obligatoriedad se impone no sólo a profesionales, sino a los propios empleados públicos de la Administración de Justicia, dado que, como indica de forma bien clara el artículo 5.2 del Real Decreto que comentamos: “los sistemas electrónicos de información y comunicación, al igual que el resto de sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia, deben ser usados obligatoriamente para el desempeño de su actividad por todos los integrantes de los órganos y oficinas judiciales y fiscales precisando el artículo 2.1.a) lo que ha de entenderse por órganos y oficinas judiciales y fiscales: “los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal y los funcionarios del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia y de los Cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, así como los equipos técnicos que presten soporte a la actividad judicial” Quiere esto decir que a partir del 1 de enero de 2016 ninguno de los órganos y oficinas enumerados en el artículo 2.1.a) puede negarse a practicar la notificación por vía telemática, aspecto en el que incidimos a raíz del caso que ha sufrido en sus propias carnes un compañero de profesión y que relataremos un poco más adelante.

El Real Decreto parte, en síntesis, de una realidad fija y un sistema dual. La realidad fija consiste en desterrar el papel de las oficinas judiciales mediante la imposición a partir del 1 de enero de 2016 de la presentación y recepción por vía telemática de escritos dirigidos a o emanados de la Administración de Justicia. El sistema dual es el establecido en función de la persona que se relaciona con ésta:

1.- Realidad primera: profesionales de la Justicia (que son, según el artículo 2.1.b, “Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Cuerpo de Abogados del Estado, Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas y Letrados del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones públicas, de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, así como los Colegios de Procuradores” así como los administradores concursales) así como titulares de los órganos y oficinas judiciales y fiscales, el canal ordinario a través del cual circularán los escritos es el sistema Lexnet, que la norma reglamentaria desarrolla in extenso en el Capítulo III (artículos 19 a 19). La norma general e imperativa, sin excepciones es, por tanto, “fuera papel, dentro Lexnet”. Cabe indicar que el propio artículo 16.1 establece que, en casos de que el sistema no preste el servicio en las condiciones establecidas, se expedirá previa solicitud un justificante que sirva para acreditar tal circunstancia y evitar que ello pueda motivar la preclusión de un trámite.

2.- Realidad segunda: ciudadanos que, sin estar asistidos o representados por profesionales de la Justicia, decidan relacionarse por medios electrónicos así como colectivos que, según el artículo 4 del Real Decreto (que reproduce casi en términos literales el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 de 27 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) estén obligados a utilizar tales medios. En este caso, se abre una doble posibilidad para estos ciudadanos o colectivos, ya que pueden dirigirse a la Administración de Justicia bien mediante el Servicio Compartido de Gestión de Notificaciones Electrónicas y la Carpeta Ciudadana provistos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas “siempre que los medios tecnológicos lo permitan” (artículo 8.2 del Real Decreto) o bien, que será lo más lógico y seguro, a través de la Sede judicial electrónica, regulada y desarrollada en el Capítulo IV (artículos 20 a 25) del Real Decreto comentado.

Ello exigirá un esfuerzo a todos los operadores jurídicos, pero seguramente redundará en beneficio de todos, y ayudará a liberar mucho espacio físico de las oficinas judiciales. Claro que el mismo esfuerzo que, con toda la razón, se exige desde las Administraciones a los empleados públicos y profesionales, habrá de exigirse a los distintos entes públicos para que doten a la Justicia de los medios necesarios para que esta implantación de las comunicaciones electrónicas sea fácticamente posible, y no sólo una utopía jurídicamente deseable.

En fin, termino este post contando la anécdota que ha vivido en sus propias carnes un compañero abogado que hace un lustro ha desterrado el papel de su despacho y que desde principios de año recibe las comunicaciones judiciales vía Lexnet. Cuando hace casi tres meses (aún no se había publicado la Ley 42/2015, pese a que la misma ya se había aprobado por ambas Cámaras legislativas) hubo de efectuar una guardia, a la hora de tramitar unas diligencias urgentes de juicio rápido de esas que se eternizan y donde tienen a uno esperando una hora o más para notificar un auto de archivo, comunicó a la Secretaria Judicial (aún no se había mutado la denominación a la actual de “Letrado de la Administración de Justicia”) del Juzgado en cuestión (Violencia sobre la Mujer) que se le notificara dicha resolución vía Lexnet, a lo que ésta se negó hasta en un par de ocasiones justificando su postura con la siguiente frase: “Yo soy la Secretaria Judicial y yo decido cómo se realizan las notificaciones” (sic); dicho sea en estricta Justicia, mi compañero me insiste en que ni lo dijo de malos modos ni poniendo malas caras, pero la frase textual que se le dijo fue esa. Así que, ni corto ni perezoso, el letrado en cuestión, con una ingenuidad impropia de sus años y de su experiencia con todo tipo de Administraciones públicas, decidió solicitar la intervención del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, ante quien presentó un escrito exponiendo los hechos de forma objetiva, indicando de forma expresa que en ningún momento hubo malos modos ni malas formas y, sobre todo y por encima de todo, se indicó hasta en dos ocasiones en el escrito en que en modo alguno el mismo debía tomarse como escrito de denuncia a efectos de la apertura de un expediente disciplinario, sino únicamente para que la situación indicada no volviese a repetirse en el futuro y se le privase de su legítimo derecho a recibir las notificaciones por vía telemática, dado que la Ley 18/2011 le amparaba en sus legítimas pretensiones. Pues bien, ¿qué dirían ustedes que dice la Secretaria de Gobierno? Pues dice que lo que tenía que haber hecho el letrado es impugnar la decisión de la Secretaria Judicial, pero no acudir a un expediente disciplinario…..¡cuando en el escrito se insistía en que el mismo no tenía la consideración de denuncia a efectos disciplinarios y, lo que es más, la propia resolución lo consignaba expresamente! Para que el lector tenga una información completa, transcribimos literalmente el fundamento jurídico único: “Visto el contenido de la presente Información Previa, atendiendo a los términos de la misma se desprende que el objeto de la queja es poner de manifiesto la disconformidad del Sr. A.G con la forma en que se realizó la notificación de las resoluciones dictadas en las Diligencias Urgentes por delito nº — por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de X. Desde el punto de vista disciplinario, que es el que aquí nos interesa, dicha discrepancia ha de hacerse valer por la vía de los recursos y nunca por el cauce disciplinario elegido por el Sr. A.G. A mayor abundamiento, las atribuciones disciplinarias del Secretario de Gobierno han de ser respetuosas con la esfera competencial del Letrado de la Administración de Justicia de conformidad con la previsión del artículo 16-h del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, y por ello, cualquiera que sea el alcance que se atribuye a la potestad sancionadora del Secretario de Gobierno, no puede convertirse en un instrumento para corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que realice el Letrado de la Administración de Justicia en el ejercicio legítimo de sus competencias” Lo que demuestra que la Secretaria de Gobierno ha alterado motu proprio e inaudita parte la naturaleza jurídica del escrito presentado para presentarle como lo que no es, puesto que ella misma reconoce casi explícitamente que el objeto de la queja es la “disconformidad con la forma en que se realizó la notificación” es decir, que reconoce que no se trata de la solicitud de incoación de un expediente disciplinario, pese a lo cual prefiere presentarlo así para sacarse el muerto de encima. Pero lo que ya no tiene un pase es que se diga sin el más mínimo rubor que la única opción posible para cuestionar la actuación de la Secretaria Judicial es la “vía del recurso” ¿Cómo se impugna judicialmente un acto in voce de la Secretaria Judicial que dice “yo soy la Secretaria Judicial y yo decido cómo practico las notificaciones?” Quizá, como le dije personalmente animus iocandi al afectado, quizá lo más lógico hubiera sido responderle a la hoy Letrada de la Administración de Justicia con sus mismas palabras: “Pues yo soy el destinatario de la notificación y soy yo quien decido cómo la recibo”, negándose simplemente a recibirla sin más, dado que ello jamás podría haber derivado en una queja hacia el Colegio de Abogados por negarse a recibir una notificación en papel habiendo manifestado su intención de recibirla por vía telemática.

En fin, si situaciones como la descrita en el párrafo anterior no es fácil que vuelvan a repetirse (más que nada porque de actuar así los Letrados de la Administración de Justicia estarían incurriendo en un comportamiento contrario al ordenamiento jurídico y no podrían obligar a los operadores jurídicos a cooperar en una actuación abiertamente contraria a la normativa procesal) sí que revela que, pese a todo, sigue habiendo muchas reticencias al abandono del formato papel. Eso sí, casi con total seguridad quienes más reacios son a pasar al formato digital son los que ponen el grito en el cielo diciendo que el espacio físico judicial está colapsado con infinitos y voluminosos expedientes judiciales.

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