REFLEXIONES SOBRE LA ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA IMPUGNACIÓN DE LA DECLARACIÓN SOBERANISTA DE CATALUÑA.

Tribunal Constitucional

Si algo demuestra la reciente Sentencia de dos de Diciembre de dos mil quince del Pleno del Tribunal Constitucional dictada en el seno del procedimiento de impugnaciones autonómicas número 6330-2015 es la naturaleza clara y estrictamente política de dicho organismo así como su falta de ligamento a todo tipo de orden o sistemática en cuanto a la agenda. Y no lo decimos por el acierto o desacierto en su resolución en cuanto al fondo, sino porque en esta ocasión, cuando el objeto de impugnación es la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015 sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, el máximo intérprete de la Constitución ha pulverizado todos los records, y diríase que ha pretendido emular en todo a Aquiles: desde la fecha de admisión a trámite del procedimiento (once de Noviembre, el mismo día que la impugnación tuvo su entrada en el registro del organismo) hasta su resolución por sentencia (dos de Diciembre del mismo año) han transcurrido veintiún días naturales o, lo que es lo mismo, quince días hábiles, dentro de los cuales ha tenido que efectuarse el emplazamiento de las partes, presentarse los escritos de defensa por parte de los autores del acto impugnado y fijarse día y hora para la votación y fallo. Celeridad que contrasta con la calma oriental de la que dicho organismo hizo gala en el caso de la impugnación de la Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio del Estatuto de Autonomía de Cataluña, asunto que resolvió mediante la discutible y discutida Sentencia 31/2010 de 28 de junio del Pleno del Tribunal Constitucional, para lo que precisó la friolera de cuatro años (el asunto tuvo entrada en el registro de dicho organismo el día 31 de julio de 2006). Ello sirve para demostrar que el Tribunal Constitucional no tiene óbice e inconveniente alguno en manipular su agenda de trabajo cómo y cuándo le viene en gana, lo cual no es, precisamente, algo digno de elogio. Teniendo en cuenta además, que la resolución impugnaba se encontraba automáticamente suspendida durante cinco meses (por la mera invocación por el Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución) y que en apenas dieciocho días se celebran comicios para la elección de las Cortes Generales, esta inusual celeridad desprende por todos los poros del Tribunal Constitucional un penetrante tufillo electoralista, algo que no contribuye, precisamente, a dotarle de legitimidad.

Entrando de lleno en el fondo de la resolución, la misma tiene todos los vicios que caracterizan a las Sentencias de este legislador negativo, cuyos integrantes parece que no han sido dotados por el Creador con algo tan elemental como la capacidad de síntesis. La sentencia consta de treinta y tres folios de extensión, pero ha de tenerse en cuenta que la misma podría reducirse a doce, puesto que los dieciocho primeros contienen los antecedentes de hecho donde se transcriben (es un sarcasmo que se diga en la sentencia “sucintamente”) las pretensiones de ambas partes, pretensiones que se reiteran innecesariamente en el fundamento jurídico primero como si el lector no hubiera tenido bastante con los antecedentes fácticos. De los mismos llama poderosísimamente la atención la defensa que hace el Parlamento de la Generalidad de su resolución, donde indica que el acto impugnado, como Resolución política que es “carece de fuerza legal de obligar y tampoco pueden desplazar o anular, por sí mismas, la aplicación del principio de legalidad al que están sujetos el Gobierno y los ciudadanos”; en definitiva, que no es un acto obligatorio, sino un pío deseo o aspiración a la que se pretende llegar, siendo así que, en definitiva, “no son parte del derecho positivo”. Extraña, extrañísima defensa, en verdad, pero con evidente trascendencia procesal, puesto que, con carácter previo a dilucidar la conformidad o no del acto en cuestión con el orden constitucional, ha de verificarse si el mismo tiene naturaleza jurídica o netamente política.

De ahí que en el fundamento jurídico segundo el Tribunal Constitucional indica en la naturaleza jurídica del acto recurrido, sin perjuicio de que el mismo esté cubierto de tintes obvia y claramente políticos: “Se trata, por lo tanto, de un acto parlamentario que, sin perjuicio de su veste política, tiene también una indudable naturaleza jurídica; que pone fin, asimismo, a un procedimiento parlamentario, pues constituye una manifestación acabada de la voluntad de la Cámara de inicio o apertura de un determinado proceso político, con independencia de su posterior control parlamentario, y, en su caso, del resultado del mismo y que emana, además, de un órgano capaz de expresar la voluntad institucional de la Comunidad Autónoma. De otra parte, la Resolución es capaz de producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos, pues aunque pudiera entenderse carente de efectos vinculantes sobre sus destinatarios –la ciudadanía, el Parlamento, el Gobierno y el resto de instituciones de la Comunidad Autónoma- lo jurídico –como afirmamos en la STC 42/2014 (FJ 2) no se agota en lo vinculante […] la Resolución impugnada, sin perjuicio de su marcado carácter político, tiene capacidad para producir efectos de naturaleza jurídica, por lo que procede afirmar su idoneidad como objeto del presente proceso constitucional.” En definitiva: no estamos ante un acto de naturaleza política, sino ante un acto jurídico con capacidad de producir efectos de dicha naturaleza, sin perjuicio de su naturaleza claramente política, pero que no desdibuja su carácter principalmente jurídico, lo que supone despejar todo atisbo de duda en cuanto a la posibilidad de entrar a resolver en cuanto al fondo la impugnación sobre la constitucionalidad del mismo.

La Resolución 1/XI se impugnó por los Servicios Jurídicos del Estado “en su totalidad” y así lo aborda el máximo intérprete de la Constitución, al indicar que “el acto parlamentario impugnado es un todo que ha de ser enjuiciado como tal, a la vista de sus varios enunciados.” En este sentido, se parte de la doctrina recogida en la Sentencia 42/2014 de 25 de marzo del Pleno del Tribunal Constitucional (donde se estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto frente a la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña), donde se deja bien claro que el “pueblo de Cataluña” no es un “sujeto jurídico que entre en competencia con el titular de la soberanía nacional”, que no es otro que el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado, sin que pueda confundirse aquél con éste. El Tribunal no cuestiona que la Comunidad Autónoma de Cataluña pueda promover una secesión de España utilizando los mecanismos constitucionales, pero el acto impugnado deja patente que lo pretendido es orillar abiertamente el cauce constitucional. “La soberanía de la nación, residenciada en el pueblo español, conlleva, necesariamente su unidad y así lo proclama, como es notorio, el artículo 2 CE […] La unidad del sujeto soberano es fundamento de una Constitución mediante la que la nación misma se constituye, al propio tiempo, en Estado social y democrático de Derecho […] Se trata de un Estado también único o común para todos y en todo el territorio, sin perjuicio de su articulación compuesta o compleja por obra del reconocimiento constitucional de autonomías territoriales”. La conclusión es clara: “El artículo 1.2 es, así, base de todo nuestro ordenamiento jurídico (STC 42/2014 FJ 3, y jurisprudencia allí citada), de modo tal que, como se dijo en esta resolución del Tribunal, si en el actual ordenamiento constitucional sólo el pueblo español es soberano, y lo es de manera exclusiva e indivisible, a ningún otro sujeto u órgano del Estado o a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder público atribuirle la cualidad de soberano.” El Tribunal deja bien claro que “recae sobre los titulares de cargos públicos un cualificado deber de acatamiento a dicha norma fundamental, que no se cifra en una necesaria adhesión ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de realizar sus funciones de acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento jurídico.” En definitiva, no hay por qué extenderse más, y no cabe contraponer un “mandato democrático” de los ciudadanos de Cataluña (que, además, incluye a gran parte de la población de dicha comunidad que no están de acuerdo con ese “mandato”) para vulnerar flagrantemente el orden constitucional.

Todo ello nos lleva a ratificar la idea general que expusimos en el primer párrafo del presente post. No es ya por coincidencia o discrepancia con la resolución final, pero es evidente que en este caso el Tribunal Constitucional, con independencia de su acierto o desacierto, no ha contribuido con su actuación a ofrecer esa imagen de árbitro que debería tener y que, desgraciadamente, hace bastantes lustros que ha perdido.

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