OBB PERSONENVERKEHR AG v SACH: INMUNIDADES JURISDICCIONALES DE LOS ESTADOS Y ALCANCE DE LA EXCEPCIÓN DE “ACTIVIDAD COMERCIAL”

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Confieso que cuando inicié la lectura de la sentencia Obb Personenverkehr Ag v. Sach, hecha pública el pasado día 1 de diciembre de 2015 me vino a la memoria de forma inconsciente la reciente Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España. Se preguntarán, quizá, la razón o motivo de esa asociación de criterios legales. Pues ello viene porque en nuestro país la norma que con carácter de Ley Orgánica se publicó en el Boletín Oficial del pasado día 28 de octubre tiene por objeto “regular las inmunidades ante los órganos jurisdiccionales españoles y, en su caso, los privilegios” de ciertas entidades enumeradas en el artículo primero entre los que, por cierto, se contiene una curiosísima extensión subjetiva, pues en lo referente a Jefes de Estado y de Gobierno así como a los Ministros de Asuntos Exteriores, la inmunidad no se limita al periodo del ejercicio de su cargo, sino “una vez finalizado el mismo”, deseando quizá con ello evitar enojosas complicaciones ad futurum. Por el contrario, la sentencia indicada al principio afecta a la interpretación de una norma estadounidense homónima a la recién aprobada en nuestro país; me estoy refiriendo a la An Act to define the jurisdiction of United States courts in suits against foreign states, the circumstances in which foreign states are immune from suit and in which execution may not be levied on their property, and for other purposes, cuya denominación abreviada es Foreign Sovereingn Inmunity Act (es decir, Ley de Inmunidades de Estados Soberanos), aprobada por el Congreso norteamericano entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 1976 y sancionada por el Presidente Gerald Ford veinte días más tarde, el 21 de octubre de ese mismo año, es decir, a menos de un mes de las elecciones presidenciales en las que el mandatario republicano sería derrotado por el demócrata Jimmy Carter. Esta norma legal es de suma importancia porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su sentencia Republic of Austria v. Altman (541 U.S. 677 [2004]) indicó que la misma se aplica con carácter retroactivo a situaciones que tuvieron lugar con anterioridad a su entrada en vigor, si bien se apoyó para ello en los trabajos legislativos, donde el Congreso había dejado bien claro que deseaba que las previsiones del texto legal se aplicasen a hechos anteriores a la aprobación de la norma.

El objeto de la Foreign Sovereign Inmunity Act es prácticamente el mismo que la ley española, esto es, garantizar la inmunidad jurisdiccional de los Estados soberanos, quienes no podrán ser demandados en los órganos judiciales tanto de la federación como de los distintos Estados, y así lo deja bien claro el parágrafo 1604 del United States Code, cuando establece que: “Subject to existing international agreements to which the United States is a party at the time of enactment of this Act a foreign state shall be immune from the jurisdiction of the courts of the United States and of the States except as provided in sections 1605 to 1607 of this chapter” (“De conformidad con los acuerdos internacionales de los que Estados Unidos es parte al momento de aprobarse esta Ley, un estado extranjero será inmune de la jurisdicción de los Tribunales de los Estados Unidos y de los Estados, salvo las excepciones contempladas en las secciones 1605 a 1607 de este capítulo”). Ahora bien, esa regla general, admite excepciones, una de las cuales es la contemplada en la sección 1605.a.2, según la cual el privilegio de inmunidad cede en el supuesto de: “in which the action is based upon a commercial activity carried on in the United States by the foreign state; or upon an act performed in the United States in connection with a commercial activity of the foreign state elsewhere; or upon an act outside the territory of the United States in connection with a commercial activity of the foreign state elsewhere and that act causes a direct effect in the United States” (“cuando la acción se base en la actividad comercial llevada a cabo en los Estados Unidos por dicho estado; o se base en un acto desarrollado en los Estados Unidos en conexión con la actividad comercial que un Estado extranjero lleve a cabo en cualquier lugar; o en un acto ocurrido fuera del territorio de los Estados Unidos en relación a la actividad comercial que un Estado extranjero lleve a cabo en cualquier lugar y que tenga un efecto directo en los Estados Unidos”). Esta excepción a la regla de inmunidad estatal fue la que hubo de interpretar el Tribunal Supremo en el caso concreto, que no deja de tener cierta miga.

La sentencia, como suele ser habitual en el máximo órgano judicial estadounidense, narra con una precisión digna de elogio los hechos. Carol Sachs, una residente en Berkley, California, adquiere a través de internet en territorio estadounidense un pase de Eurail, y lo adquiere a través de The Rail Pass Experts, una agencia de viajes sita en el Estado de Massachussets. La resolución judicial aclara que el grupo Eurail está integrado por treinta compañías ferroviarias europeas, una de las cuales es OBB Personenverkehr AG (OBB) que opera en el interior de Austria; también aclara que dicha entidad pertenece al Grupo Holding OBB, creado por la República de Austria. Cuando la californiana se encuentra en la estación de ferrocarril de Innsbruck, al disponerse a acceder al vagón de su vehículo tiene un percance, pues cae a los railes y el movimiento del tren le aplastó ambas piernas, que tuvieron que serle amputadas. Carol Sachs demanda a la compañía OBB por daños y perjuicios, pero lo hace en el juzgado de distrito de California, siendo así que la compañía demandada invoca la inmunidad jurisdiccional que le es aplicable al ser una mera extensión comercial del estado austríaco, y puesto que la Foreing Sovereing Inmmunities Act extiende dicho privilegio procesal no sólo al Estado propiamente dicho, sino a las “agencias o entes instrumentales” resultaría que la entidad demandada estaría subjetivamente amparada por el texto legal. Curiosamente este hecho, es decir, la aplicación de la inmunidad a la compañía no es objeto de discusión, pues la parte demandante no discutía el hecho de que la entidad OBB fuese un “estado extranjero” a los efectos de la ley; la controversia jurídica se centraba en dilucidar si en este caso era o no de aplicación una de las excepciones, es decir, uno de los contados supuestos donde esa inmunidad cede, y ese supuesto no era otro que la actividad comercial. En concreto, la tesis de la demandante era que “su acción se basa en la actividad comercial llevada a cabo en los Estados Unidos por un estado extranjero.” El juzgado de distrito rechaza la demanda y acoge el privilegio de inmunidad, decisión que es confirmada por una sección del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito Judicial, si bien esta último con una enorme división interna de tal calibre que provocó una intervención del Pleno de dicho órgano colegiado que, sorprendentemente, corrige a la Sección y revoca la sentencia acogiendo la tesis de Carol Sachs y condenando a la empresa por negligencia basándose en que, en su condición de compañía de transportes, tenía la obligación de cuidar de las personas que ostentan la condición de viajeros, condición que Sachs había acreditado con la adquisición del billete de Eurail.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en una sentencia de la que fue ponente el propio chief justice John Roberts y que logró un apoyo unánime, enmienda a su vez la plana al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Lo hace amparándose en el caso Saudi Arabia v. Nelson (507 US 349 [1993]), un curioso asunto donde un matrimonio de ciudadanos estadounidenses demandó al reino de Arabia Saudita y al Hospital Rey Faisal (propiedad del gobierno saudí) solicitando una indemnización por daños y perjuicios derivados del arresto, prisión y torturas a que el gobierno saudí sometió a los demandantes cuando el esposo trabajaba como médico en un hospital de dicho reino árabe, invocando precisamente la excepción de “actividad comercial” que haría ceder la inmunidad jurisdiccional de Arabia Saudí en los tribunales estadounidenses. Pero el Tribunal Supremo, en una sentencia de la que fue ponente el juez David Souter y que contó con el apoyo de siete de sus colegas (aunque uno de ellos, Harry Blackmun, emitió un voto particular en parte concurrente y en parte discrepante) rechazó las tesis de los demandantes, de igual manera que en esta sentencia del año 2015 el Tribunal Supremo a través de la sobria pluma del chief justice Roberts rechaza que en este caso exista una actividad comercial que permita el enjuiciamiento del estado austríaco en los órganos judiciales estadounidenses. El Tribunal no discute lo trágico del acontecimiento, pero rechaza de plano que pueda tener la más mínima vinculación con los Estados Unidos: “Bajo tales criterios [se refiere a la doctrina jurisprudencial del caso Nelson, que desarrolla en las líneas precedentes] los hechos en que se basa la demanda de Sachs han ocurrido totalmente en el extranjero. Toda su pretensión se basa en el mismo trágico episodio ocurrido en Austria, invocando una conducta negligente y situaciones propiciatorias del hecho que han ocurrido en Austria, y que han producido unos daños que han tenido lugar en Austria”. Es más, en un gesto que puede sonar extraño a oídos de un jurista continental, John Roberts se hace eco de una tesis expuesta por un juez del Tribunal Supremo en una correspondencia privada, en concreto en la carta que el juez Oliver Wendell Holmes dirigió el 19 de diciembre de 1915 a Felix Frankfurter (que alcanzaría más tarde la condición de juez del Tribunal Supremo, pero que en esos momentos era profesor en Harvard) y en la cual decía que el dato esencial a tener en cuenta en materia de daños puede encontrarse en el “punto de contacto”, es decir, “el lugar en el cual el niño se causa la herida”. El Tribunal Supremo rechaza que el mero hecho de haber adquirido el billete de tren en los Estados Unidos determine por sí solo que la regla general de la inmunidad ceda por incurrir en la excepción de “actividad comercial”.

Una breve sentencia, por cierto, de muy reducida extensión (apenas diez páginas que se elevan a trece si se incluye el breve resumen o syllabus que antecede a toda resolución judicial del Alto Tribunal) de muy fácil comprensión y de nada difícil lectura.

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