LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DEL REINO EN LAS SIETE PARTIDAS: EL PUEBLO COMO GARANTE DE LA MISMA.

Siete Partidas

La semana pasada el autor del blog tuvo la suerte de adquirir en una tienda de libro antiguo un ejemplar histórico: el primer libro escrito por el maestro Eduardo García de Enterría. Se trata de la primera edición del benemérito Dos estudios sobre la usucapión en Derecho administrativo, publicada en 1955 por el Instituto de Estudios Políticos en su colección Estudios de Administración. El autor se identificaba como Letrado del Consejo de Estado y Profesor Adjunto de la Universidad de Madrid, pues aún no había alcanzado la Cátedra debido a que, según cuenta Laureano López Rodó en el primer volumen de sus Memorias, el entonces Ministro de Educación, el ya fallecido y hoy unánimemente venerado don Joaquín Ruiz Giménez (quien, por cierto, en esas fechas se había referido a doña Carmen Polo de Franco como “hada madrina de la cultura”), se había negado a convocar las cátedras correspondientes. Nos lo cuenta don Laureano de la siguiente manera, ofreciéndonos un jugoso panorama de la situación existente a mediados de los años cincuenta del siglo XX  en lo que a las Cátedras de la asignatura de Derecho Administrativo se refiere: “Por desgracia, las posibles arbitrariedades que yo denunciaba se produjeron con cierta frecuencia. Concretamente, las Cátedras de Derecho Administrativo las tuvo bloqueadas Ruiz Giménez durante los casi cinco años que fue Ministro (julio de 1951 a febrero de 1956). En las últimas oposiciones a Cátedra de dicha asignatura convocadas por Ibáñez Martín obtuvieron plaza, en 1951, Fernando Garrido Falla y Manuel Clavero Arévalo. Se presentó también a esas oposiciones Aurelio Guaita Martorell, quien hizo muy buenos ejercicios, hasta tal punto que, por acuerdo del Tribunal, su Presidente, don Carlos García Oviedo, se dirigió al Ministerio para instarle a que convocara nuevas oposiciones de Derecho Administrativo por haber candidatos suficientemente preparados. Pues bien, Joaquín Ruíz Giménez, lejos de atender esta petición se negó a convocar cátedras de esa asignatura –sacó a oposición más de cien cátedras de otras disciplinas- de modo que hubo que aguardar a que le sustituyera Jesús Rubio García-Mina para que Eduardo García de Enterría y Aurelio Guaita pudieran ser catedráticos.”

Pero a lo que íbamos. En el primero de los estudios, el que lleva por título El dogma de la reversión de las concesiones, cuando en la página 55 se habla del principio de la indivisibilidad e inalienabilidad del Reino y su formulación expresa en el Derecho medieval, señala que: “el carácter de lex fundamentalis de este precepto a través de la fórmula del pacto con el regnum parece manifestarse en el hecho de que se ponga expresamente bajo el cuidado del pueblo”. Puesto que el profesor Enterría cita expresamente las leyes que consagraban estos principios, incorporadas a las Siete Partidas, el humilde redactor de estas líneas tuvo la curiosidad de consultar dichas normas de nuestro derecho histórico. En efecto, el Título XV de la Segunda Partida lleva por rúbrica Qual debe ser el pueblo en guardar al Rey en sus fijos. En dicho título uno encuentra la Ley II, intitulada Como el fijo mayor ha adelantamiento, e mayoría sobre los otros sus hermanos. Dicha norma tiene claramente un carácter sucesorio, dado que, como su título indica, supone única y exclusivamente la designación del primogénito del monarca como heredero y sucesor en la Corona. Pero en dicha ley llaman dos cosas la atención. En primer lugar, la justificación de la indivisibilidad del reino, algo que se consagra con lo siguiente: “los omes sabios e entendidos, catando el pro comunal de todo, e conosciendo que esta partición no se podría fazer en los reinos, que destruidos no fuesen, según nuestro Seños Iesu Christo dixo, que todo reyno partido seria estragado, tuvieron por derecho que el señorio del reyno, no lo oviesse si no el fijo mayor después de la muerte de su padre. E esto usaron siempre en todas las tierras del mundo, do quier que el Señorio ovieron por linaje: e mayormente en España”. Pero, en segundo lugar, se contiene en los dos párrafos finales de esta norma una clara apelación al pueblo, en quien se deposita la salvaguarda última de la norma sucesoria y del principio de indivisibilidad del reino, tipificando incluso como reos de traición a quienes intentasen atentar contra la integridad del mismo: “Onde todas estas cosas es el pueblo tenudo de guardar, ca de otra guisa non podría el rey ser complidamente guardado si ellos assi non cuardassen el reyno. E, porende qualquier que contra esto ficiesse, faria traycion conoscida e debe aver tal pena, como de suso es dicha, de aquellos que desconoscen Señorio al rey.”

El último de los principios, es decir, la obligación del pueblo de salvaguardar la integridad del reino, es ulteriormente desarrollado en la Ley V del mismo título y Partida, ley que lleva por rúbrica Como el Rey e todos los del reyno deven guardar que el Señorio sea siempre uno e non lo enajenen ni departan. Comienza dicho texto legal con una manifestación clara y tajante: “E vero establecimiento fiziero antiguamente en España, que el señorio del reyno no fuesse departido nin enajenado.” Tras exponer las razones que justifican ese principio de inalienabilidad (entre las que destaca el hecho de la propia honra del pueblo “por quato mayor fuere el señorio e la su tierra, tanto serian ellos mas preciados e honrrados”), se invoca al pueblo nada menos que como garante de ese principio, hasta el punto que, como indica el profesor Enterría al glosar dicho precepto, impone ese derecho de resistencia frente al Rey en estos casos como una obligación positiva sancionada penalmente: “E porede, todas estas cosas q dichas avemos, debe el pueblo guardar, que el Señorio sea toda via uno, e no cosientan en ninguna manera q se enagene, nin se departa. Ca los q lo fiziessen, errarían en muchas maneras. Primeramente contra Dios, departiendo lo que el ayuntara. E despreciándolo, teniéndolo en vil, lo q les el diera por hora. E yendo cotra la palabra, q el dixo por Ysaias, profeta, no enajenaras tu honrra nin la daras a otri. E aun cotra si mismos errarían, si ellos cosejassen al Rey, e le diesen carrera para esto facer: o non lo estorvassen quato podiesse, q non fuesse fecho. E los q assi non lo ficiessen, errarían en traycion, e deven aver tal pena como aquellos aquie plaze e guisan que su Señor sea deseredado.”

Ha de tenerse en cuenta que las Siete Partidas, recopilación de leyes auspiciada por el monarca castellano-leonés Alfonso X el Sabio, datan de la segunda mitad del siglo XIII, es decir, de la Baja Edad Media, cuando aún no existía el Estado propiamente dicho (se hablaba de “Reynos”) y cuando el término soberanía aún no se había acuñado (lo haría Jean Bodin en la segunda mitad del siglo XVI). Por tanto, el monarca no tenía aún concentrado en su mano todo el haz de potestades que el soberano del Estado absoluto de los siglos XVI a XVIII concentraba en sus manos. El monarca bajomedieval, que lidiaba con un haz de señoríos feudales frente a los cuales intentaba luchar mediante el incremento de villas de realengo dependientes directamente de la Corona, limitaba su labor prácticamente a la defensa del reino y la Administración de Justicia, según indicaba hace ya tiempo Santos Coronas González. Es decir, que incluso en una época donde lo característico del reino medieval era la fragmentación interna en señoríos jurisdiccionales, no sólo se consagraba a nivel legislativo la indivisibilidad del reino, sino que se depositaba en el pueblo la garantía última de dicha integridad territorial, justificando incluso el derecho de resistencia frente al monarca cuando éste intentase saltarse esa barrera, sino que consideraba reos de traición a quienes colaborasen a fragmentar el territorio. Toda una lección.

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